El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que el Congreso tiene el papel histórico de tramitar la convocatoria de una Constituyente, en alusión a las críticas de varios exmandatarios y otros políticos que aseguraron que el acuerdo de paz no le da facultades para convocarla.

“El papel histórico del Congreso hoy es tramitar su convocatoria, si no el poder constituyente, tarde que temprano, lo hará”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X en un mensaje que tiene restringidos los comentarios.

En un largo escrito Petro añadió: “En mi opinión le corresponde ya al poder constituyente del pueblo el hacerlo; también está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo: una asamblea constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente”, reseña la agencia Efe.

Petro propuso en marzo por primera vez la convocatoria de una Asamblea Constituyente que “debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”, según explicó en un acto en Cali.

Desde entonces, diversas fuerzas políticas han señalado que esa es una propuesta arriesgada y que el país debe defender la Constitución de 1991, una carta magna moderna en cuya redacción participó el M-19, la guerrilla de la que hizo parte Petro en su juventud, después de firmar un acuerdo de paz con el Gobierno.

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Los expresidentes César Gaviria, Juan Manuel Santos, Iván Duque, Álvaro Uribe y Ernesto Samper rechazaron la propuesta del Gobierno.

“Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder legislativo, con el poder judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos”, expresó Juan Manuel Santos.

Santos aseguró que “usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar una constituyente es un absurdo”.

El exmandatario, quien firmó el acuerdo de 2016 que desmovilizó a las FARC, respondió así a la idea que Petro verbalizó el pasado viernes, al asegurar que no solo quiere denunciar al Estado colombiano ante la ONU por el incumplimiento en la implementación del acuerdo de paz, sino que aseguró que este texto permitiría convocar una nueva constituyente.

“A través de las altas partes contratantes se podría citar a una Asamblea Nacional Constituyente”, aseveró el mandatario, que ha insistido en muchas ocasiones que no quiere hacerse reelegir en 2026, lo que está prohibido por la Constitución, pero ha hablado ya en varias ocasiones de crear una constituyente, sin una vía clara para hacerlo.

Ante estas insinuaciones, Santos dijo el domingo en un video que el acuerdo de paz no se puede modificar y que “una Asamblea Constituyente sólo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución”.

“Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder legislativo, con el poder judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos”, apuntó el nobel de paz de 2016.

Por su lado, el expresidente Ernesto Samper (1994-1998) aseguró en un comunicado que respalda una asamblea constituyente, pero que el acuerdo de paz firmado no la habilita.

“A la luz de estas normas vigentes no es posible legitimar la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el acuerdo de paz de La Habana suscrito entre el Estado y las FARC: sería una Constituyente de facto, un salto al vacío de la institucionalidad que empezaría por desconocer el Congreso y la Corte Constitucional”, manifestó Samper.

La jefa del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, rechazó la propuesta del presidente Pedro Castillo de convocar una consulta popular sobre una Asamblea Constituyente. Alva acusó al mandatario de querer convertir al país en una nueva Cuba o Venezuela.

Castillo anunció el viernes que, «siguiendo el curso constitucional», enviará un proyecto al Congreso. Esto para que se consulte a los ciudadanos en las elecciones locales del 2 de octubre si quieren una nueva carta magna.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que la convocatoria de un referendo sobre un cambio constitucional requiere previa aprobación del Congreso por mayoría absoluta.

Pero Alva consideró que la propuesta de Castillo es «inconstitucional» e «inviable».

Agregó que el gobierno podría ser objeto «de una denuncia» ante la justicia si propone un referéndum constitucional.

«Estamos tratando de que esto no se vuelva ni Cuba ni Venezuela», acotó. Acusó a Castillo de pretender «cerrar» el Parlamento, controlado por la oposición, reseñó AFP.

«El objetivo de este gobierno es cerrar el Congreso. Sin Congreso no hay democracia», señaló.

Alva dijo que «cualquier reforma constitucional, total o parcial, pasa por el Congreso. Según la Constitución, no existe la posibilidad de que el Ejecutivo convoque a una Asamblea Constituyente».

“Para eso la propuesta de referendo se necesita el refrendo de todos los ministros y como ya lo han dicho los especialistas, se trata de algo que no está en la Constitución. Y si lo hacen serían pasible de una denuncia constitucional. Cinco ministros son abogados. Tenemos a un expresidente del Tribunal Constitucional en el Gabinete, dudo mucho que César Landa firme ese proyecto de ley”, afirmó.

En otro momento calificó al Gobierno de “incapaz”. Consideró que el comportamiento del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, es una forma de distraer de las acciones del Gobierno.

“Este tema del premier Torres es una distracción, todos los temas del premier que hay, que insulta al cardenal, que habla de Hitler. Él no es tonto y eso de que es viejito, ese cuento nadie se lo cree, nadie aquí es ingenuo. Desde el primer día que asumí sabía que el objetivo es cerrar el Congreso”, agregó.

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El jefe de gabinete ministerial, Aníbal Torres, anunció horas después que el gobierno ya remitió el proyecto de Ley de Referendo.

«Nosotros solamente lo que estamos proponiendo es un proyecto de ley al Congreso para que se convoque a una Asamblea Constituyente», dijo Torres.

El proyecto contempla una consulta con una pregunta. «¿Aprueba usted la convocatoria a una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva constitución política?», dice.

De ganar el sí, el gobierno convocará a una Asamblea Constituyente. Una vez lista la nueva carta, otro referendo deberá aprobar o rechazarla la nueva constitución. Torres no brindó detalles de fechas.

La propuesta guarda relación con una promesa electoral de Castillo. La misma supuestamente estaba a un lado, desde que llegó al poder hace nueve meses.

El oficialismo culpa a la actual Constitución, promulgada en 1993 de ser responsable de las inequidades económicas que sufre Perú. Dicen que la misma «consagra un modelo de libre mercado».

La iniciativa de Castillo se produce en momentos en que se suceden protestas por el alza de los precios de los alimentos y combustibles.

A ello se suma que su popularidad está en su menor nivel con una desaprobación récord de 76% en abril. Esto, según sondeo de Ipsos, aunque el rechazo al Congreso es superior, ubicándose en 79%.

La sesión inaugural de la Convención Constitucional de Chile fue suspendida temporalmente este domingo. Esto, luego de que un grupo de constituyentes, activistas en las protestas sociales de 2019, interrumpieron la ceremonia.

Acusaban de «represión» a la policía que se enfrentaba a un grupo minoritario de personas afuera del Congreso de Santiago.

«Queremos hacer una fiesta de la democracia y no un problema, vamos a suspender la sesión por breves minutos», afirmó la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares.

Un grupo de los 155 constituyentes -que deben juramentar en la jornada histórica para este país-, salieron a la calle a exigir que las fuerzas especiales se retiraran de esa zona del centro de la capital, reseñó AFP.

Mientras tanto, en las calles cercanas a la sede donde se debe debatir sobre la nueva Carta Magna chilena, la policía lanzaba bombas lacrimógenas a algunos manifestantes.

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En los patios de la sede del Congreso en el centro de Santiago, se instaló el órgano constituyente que redactará la nueva Constitución.

El texto reemplazará a la nacida en 1980, en la dictadura de Augusto Pinochet, modificada una cincuentena de veces en los últimos 40 años.

La convención estará compuesta por 155 miembros, elegidos a mediados de mayo pasado. Como nunca antes a nivel mundial, las mujeres y hombres estarán representados paritariamente (77 y 78, respectivamente).

Tendrá una segunda peculiaridad: los 17 escaños reservados para las diez naciones originarias. Se trata del mayor número que se haya establecido a nivel internacional para los pueblos indígenas en una asamblea de este tipo.

Con una derecha arrinconada, la centroizquierda disminuida y la irrupción fuerte de los independientes de izquierda (la Lista del Pueblo), los convencionales tendrán un año como máximo para acordar un nuevo texto que permita a Chile encauzar su crisis política, institucional y social que amenaza su camino al desarrollo.

Es un día histórico para Chile, que nunca antes tuvo una Constitución nacida en democracia.

Los convencionales que representan a los distritos alejados de la capital mostraban, por redes sociales, sus fotografías en las redes sociales en sus viajes a la primera reunión de este domingo 4 de julio.

“Son días de mucha emoción, estamos felices y voy con el cariño de cada persona que nos ha apoyado en este lindo camino”, escribe la abogada Amaya Alvez, constituyente de Concepción, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Algunos convencionales se trasladan por tierra, como el abogado Christian Viera, representante de Curicó, en la zona central de Chile. “Emocionados y esperanzados con la posibilidad de un proyecto transformador”, publicó en Twitter.

#4Jul #Reporte ?? | URGENTE: Suspenden momentáneamente la sesión inaugural de la Constituyente en Chile por manifestación afuera de la sede.Vídeo cortesía Vía @Dayanakrays@ImpactoVE ? pic.twitter.com/PtCrbn8tRn

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada de manera fraudulenta por Nicolás Maduro en 2017 dejó de funcionar en la segunda semana de diciembre.

Pese a que tuvo una duración de más de tres años, lapso establecido sin base legal alguna, no cumplirá con su principal tarea: redactar una nueva Constitución. ¿La razón? Ese jamás fue su objetivo, sino arrogarse las tareas de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015.

El propio Diosdado Cabello, quien presidió el organismo la mayor parte del tiempo, lo dijo en declaraciones a VTV. 

“Redactar una Constitución es una de las premisas que pudiera cumplir (una Constituyente), otra es refundar el Estado y generar un conjunto de leyes para esa refundación del Estado y allí hemos cumplido. No necesariamente tienes que cumplir todas. La Constituyente del año 99 solo redactó la Constitución, las leyes las aprobaron las sucesivas asambleas nacionales”, argumentó.

Para la ONG Acceso a la Justicia, “la declaración de Cabello revela que la instancia ha sido un fraude constitucional desde su origen hasta su disolución. La figura terminó de llevarse tras de sí los últimos trazos de Estado de Derecho que quedaban en el país”.

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La ANC se instaló el 4 de agosto de 2017, tras una cuestionada convocatoria, en mayo de ese año y fraudulenta elección el 30 de julio siguiente.

La organización resalta que “casi la totalidad de su actividad estuvo centrada en ejercer de Parlamento, pese a no serlo. De tal forma que en estos más de tres años dictó o reformó una treintena de leyes, a algunas de las cuales le   colocó el calificativo de constitucionales”.

Entre esos instrumentos destacan la Ley contra el Odio. La normativa castiga con hasta veinte años de cárcel a quienes “inciten el odio”.

Acceso a la Justicia denuncia que esa ley “ha sido utilizada para procesar a ciudadanos que manifiestan en las calles o expresan su desacuerdo con las políticas gubernamentales a través de las redes sociales, o incluso, mediante mensajes escritos enviados por teléfono”.

Recuerda como “un caso emblemático, el de los bomberos de Mérida que grabaron un video haciendo una sátira, con un burro”.

Otros textos a los que la Constituyente dio este calificativo son los de Precios Acordados y el referido a los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (Clap). Esta última “ley constitucional pretende regularizar la adjudicación de alimentos que, de manera discrecional, ejecutan estas instancias controladas por el régimen de Maduro”.

La ONG sostiene que la Constituyente de Maduro “abrió las puertas a la expoliación de los recursos y bienes del país, mediante instrumentos como el que establece el Régimen Tributario del Arco Minero del Orinoco, y sobre todo, con la reciente y no menos polémica Ley Antibloqueo, que faculta al régimen para celebrar todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios:

Todo con el fin de «impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República», sin control legislativo o judicial. Esta ley también habilita al Poder Ejecutivo para desaplicar leyes, potestad que la Constitución reserva a los jueces, por lo que se trata de una abierta usurpación de funciones.

Acceso a la Justicia denuncia  que: “áreas fundamentales de la economía venezolana, como la explotación del petróleo y los servicios públicos, pueden ser cedidas total o parcialmente a inversionistas extranjeros, sin que se sepan quiénes son, cuáles son los términos de los acuerdos comerciales con ellos y, más aún, cómo se administrarán los recursos que se obtengan de los mismos”.   

«Las leyes constitucionales tienen carácter constitucional y para cambiarlas debes convocar otra Constituyente. Esas leyes están por encima de las leyes orgánicas», explicó Diosdado Cabello.

Sin embargo, en su investigación Acceso a la Justicia refuta esta interpretación de la Constitución. Recuerda que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe esta figura, por lo que se trata de otra violación a los principios básicos del derecho, según los cuales la Constitución está por encima de las leyes.

La ANC no solo dictó nuevos instrumentos sin tener facultad para ello. Además reformó instrumentos ya en vigor como las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA).También el Código Orgánico Tributario, lo cual también es tarea de la AN”.

Asimismo, aprobó los presupuestos nacionales y del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

“Hasta el momento no se ha informado que haya ejercido labor alguna de control sobre la actuación Maduro, tal como la interpelación a algún ministro. Esto último no se hace años, sea porque la AN estaba controlada por el oficialismo, o porque el Tribunal Supremo de Justicia se lo ha impedido a la que actualmente cuenta con mayoría opositora”, dice la ONG consultada.

La única medida que podría considerarse como un intento de «transformar el Estado», es la supresión de las alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure. Pero, esto, además de ser inconstitucional, trajo como consecuencia que las poblaciones de esos territorios no pudieran elegir a sus alcaldes.

Las gestiones de la Constituyente no redundaron en una mejora en las condiciones de vida de los venezolanos. Ni siquiera sirvió para su otro gran objetivo: «traer la paz», pese a que su presidente dijo lo contrario. Lo hizo en su discurso de cierre de las actividades del organismo, el 15 de diciembre pasado.

Aunque es cierto que no ha habido protestas masivas como las de 2017, las manifestaciones de calle han aumentado. En 2018 se registraron 12.715 frente a 9.787 de 2017. En 2019 se produjeron 16.739, de acuerdo a los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

De hecho, problemas como la hiperinflación o las fallas en los servicios públicos lejos de superarse se han agravado. También la desnutrición y otros aspectos de la emergencia humanitaria compleja. Estos males afectan al país desde hace por lo menos cinco años. Ocurre precisamente por la ruptura institucional llevada adelante por el Gobierno de Maduro con tal de mantenerse en el poder.

Erigida entre masivas protestas y rechazo internacional, la todopoderosa Asamblea Constituyente de Venezuela llegó a su fin este viernes asegurando haber dejado «paz». Aunque, según expertos, a costa de anular al Parlamento opositor e ignorando su principal función: redactar una nueva Constitución.

Al sostener que su meta era pacificar al país al instalarse en 2017 en medio de manifestaciones que dejaron más de un centenar de muertos. El presidente socialista Nicolás Maduro justificó que la Constituyente no redactara una Carta Magna.

«El objetivo fundamental de esta Asamblea Nacional Constituyente (…) era restablecer la paz de la república, la seguridad interna, la unión nacional y la estabilidad del país. Hoy puedo decir: Asamblea Nacional Constituyente, ¡misión cumplida!», arengó Maduro en la última sesión del órgano oficialista.

La Constituyente «vino para hacer la paz», dijo poco antes Diosdado Cabello, número dos del chavismo, quien la presidía.

Sin embargo, en una crisis política que solo ha escalado, analistas aseguran que no trajo tal paz. Sino una arremetida contra el Parlamento de mayoría opositora. 

La Constituyente puso fin a sus funciones después de que el chavismo retomara el Congreso en las elecciones del 6 de diciembre, boicoteadas por los principales partidos políticos opositores y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. 

El 5 de enero se instala el nuevo Parlamento.

La Constituyente, aunque no sesionará más, seguirá «vigilante» hasta el 31 de diciembre, dijo Maduro.

Convocada por Maduro, la Constituyente fue elegida el 30 de julio de 2017 e instalada cinco días después.

Desde entonces se centró en «anular materialmente lo que hacía la Asamblea Nacional», controlada por la oposición tras su triunfo electoral de 2015, comentó a la AFP el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.

Lo hizo, agregó Daniels, de la mano del Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, que declaró en desacato a la cámara después de que la oposición asumiera la mayoría, lo que dejó todas sus decisiones sin efecto.

Y la Constituyente, conformada en su totalidad por chavistas, tomó de facto las atribuciones legislativas. 

«(Maduro) se quitó de encima un poder que no era favorable», subrayó el abogado constitucionalista Carlos Guevara.

El ente plenipotenciario promulgó 98 decretos, 84 acuerdos, 14 leyes constitucionales y 40 «actos de otra naturaleza», según Cabello.

La oposición no participó del proceso que conformó la Constituyente y la considera «ilegal».

«Fue un instrumento más de persecución» contra la disidencia, expresó Daniels.

La Constituyente sesionó en el salón elíptico del Palacio Legislativo, frente al hemiciclo donde debate el Parlamento. Desde allí, levantó la inmunidad de más de 20 diputados opositores, acusándolos de delitos como «traición a la patria» y «rebelión» por llamar a protestas o ser vinculados con un fallido alzamiento militar en abril de 2019.

«Jamás me imaginé (…) que me iban a pretender sacar del camino», confesó la diputada opositora Mariela Magallanes en una llamada desde Italia, donde se refugió después de que la Constituyente la acusara de atentar contra Maduro.

Como ella, muchos están exiliados en la actualidad y otros presos, como el legislador Juan Requesens, que cumple arresto domiciliario. 

Las acciones de la Constituyente salpicaron al jefe parlamentario Juan Guaidó, que reclamó en 2019 la presidencia encargada de Venezuela con respaldo de medio centenar de países liderados por Estados Unidos.

Le retiró el fuero a Guaidó por «usurpar» funciones de Maduro, aunque el dirigente sigue en libertad. 

Por ley, este «suprapoder» debía reescribir la Constitución de 1999, pero eso «nunca estuvo en el panorama», destacó Daniels. 

No se abordó el tema en tres años de gestión. 

La legitimidad de la Constituyente de 2017 fue cuestionada desde un inicio porque Maduro la convocó sin referendo previo, a diferencia de su mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez, con la Constituyente de 1999.

Maduro prometió en su momento someter a consulta popular la nueva Carta Magna, ahora inexistente.

Después de la elección de la Constituyente, la empresa Smartmatic, que brindó soporte tecnológico a los comicios, denunció que las autoridades electorales, acusadas de favorecer a Maduro, inflaron la participación en al menos 1 millón de votos, llevándolos a 8 millones en este país de 30 millones de habitantes.

Esto «hizo un daño irreparable a la institucionalidad», dijo Guevara.

Con información de AFP.