Dirigentes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) anunciaron que en enero retomarán las protestas contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y la exigencia de que el Estado cumpla con el contrato colectivo.

Los maestros venezolanos cierran el año 2022 de forma «bastante paupérrima», lamentó la profesora Belkis Bolívar.

Denunciaron que debieron haber recibido unas primas, pero solo les pagaron dos semanas de la primera quincena de diciembre.

«A estas alturas no se ha tenido una respuesta satisfactoria del Ejecutivo Nacional sobre el contrato colectivo. Tampoco, sobre los aumentos salariales que se incorporarán con la contratación colectiva, y una deuda de casi 300%», señaló Bolívar en entrevista en Unión Radio.

Se refirió que el salario del docente de mayor categoría apenas alcanza a 830 bolívares, mientras que se necesitan hasta 427 dólares para adquirir la cesta navideña (36 salarios mínimos), según datos del Cendas-FVM.

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La discusión del contrato colectivo está paralizada, afirmo la dirigente docente. En diciembre «nos iban a pagar las primas que nos quitaron con el instructivo de la Onapre, pero no lo hicieron. Pagaron la quincena y no pagaron las primas», sentenció.

«Por eso, para el próximo año tenemos que volver a salir a reclamar el contrato colectivo y la seguridad social. No nos podemos seguir conformando con las redes sociales», acentuó.

Ya está pautado: el 9 de enero, a las 9:00 a.m. volverán a las calles, en una concentración en Parque Carabobo.

La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, denunció la imposición de una contratación colectiva en las universidades, por parte del ministro de Educación Superior de Nicolás Maduro, César Trompiz.

Se trata de «IV Convención Colectiva Única de los Trabajadores y Trabajadoras Obreros, Administrativos y Docentes de la Educación Universitaria (IV CCU)».

En un comunicado, García Arocha dijo que Trómpiz no ha querido discutir «salarios ni beneficios socioeconómicos».

Agregó que esa contratación se quiere hacer «interviniendo en materia de seguridad social. Y en el caso del personal docente y de investigación intentan establecer un régimen de ingreso a la carrera docente quebrantando la Ley de Universidades y la Constitución Nacional”.

En el comunicado, denuncia que el despacho instaló el pasado 28 de mayo, las negociaciones del proyecto.

Pero, lo hizo «sin considerar la participación de los legítimos representantes patronales y gremiales del sector universitario».

La rectora abogó «por un salario suficiente, prestaciones sociales que recompensen la antigüedad en el servicio. Además, que ampare en caso de cesantía y la exigibilidad del pago en forma inmediata».

Dijo que es necesario «el rescate de nuestra seguridad social y respeto a la libertad sindical».

Denunció que esta manera de actuar del ministro «forma parte del plan de intervención de las universidades nacionales, autónomas y experimentales».

Y destacó que la idea de Trompiz es «despojar a las universidades de su autonomía, así como ya lo hizo con la parte financiera». En este caso, recordó la migración, inconsulta, de la nómina de las universidades a la Plataforma Patria.

Acotó que es necesario «sumar esfuerzos y defender el derecho a la vida y a la salud», de los integrantes de las universidades.

Se refiere a «un plan de vacunación de toda la comunidad universitaria», con la finalidad de poder regresar a las aulas, al menos de manera semipresencial.