La presidente de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, habría sido detenida la noche de este sábado en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar.

La información fue confirmada la noche de este sábado 10 de febrero, por la organización de Derechos Humanos PROVEA, a través de sus redes sociales, en donde ofrecieron detalles de este hecho noticioso.

#11Feb? EN EL AEROPUERTO SIMÓN BOLÍVAR: denuncian desaparición de Rocío San MiguelEl paradero de la activista, quien se disponía a viajar al exterior, se desconoce desde hace horas. La ONG Provea denunció lo que calificó como un "nuevo abuso".https://t.co/16DnlpkE7f

Se pudo conocer que Rocío San Miguel, quien es una experta en temas de seguridad de la nación y temas militares, intentaba abordar un avión junto con su hija, cuando fue detenida por los organismos de seguridad.

«Confirmada la detención de la activista y defensora de #DDHH Rocío San Miguel. Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos», dice PROVEA en uno de sus últimos post en la red social X.

Rocio San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas pic.twitter.com/bsp42P7exm

«Rocío San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano. Su detención constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas», manifiesta PROVEA.

La ONG ha solicitado al gobierno de Nicolás Maduro una explicación sobre el motivo por el cual Rocío San Miguel fue detenida.

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Políticos y otras organizaciones no gubernamentales se han hecho eco de esta información, solicitando también al gobierno nacional detalles sobre el paradero de la presidente de Control Ciudadano, así como su estado de salud y el motivo por el cual ha sido supuestamente arrestada.

San Miguel habría sido detenida la noche del viernes.

Vale destacar que sobre la experta en temas militares y de seguridad nacional, hay una medida cautelar dictada desde el 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Rocío San Miguel ha sido un personaje muy controvertido, quien ha denunciado en diversas ocasiones supuestas situaciones irregulares, sobre todo las relacionadas con el mundo militar.

Recientemente, ha emitido opiniones e información sobre el impasse entre la administración de Nicolás Maduro y el gobierno de Guyana, ante la disputa por la zona en reclamación.

La ONG Control Ciudadano alertó que entre abril y mayo de este año contabilizó 105 personas “abatidas”, en manos de funcionarios de órganos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en operaciones que se desarrollaron en 17 entidades federales del país.

El registro que adelanta Control Ciudadano, es el resultado del monitoreo mensual de casos de “abatidos”, reseñados en los medios de comunicación de alcance nacional y regional, así como de los casos referidos por funcionarios u órganos de seguridad del Estado.

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El registro efectuado por la ONG muestra un aumento en la cifra de personas “abatidas” por cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional, en el período abril-mayo 2023, respecto del mismo período en el año 2022.

En el registro se destaca que en abril aparecen como responsables involucrados, con el mayor número de ejecuciones realizadas bajo la categoría de “abatidos”, en presuntos enfrentamientos con delincuentes: el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), seguido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En mayo, repiten la PNB, la GNB y el CICPC en ese orden, como los órganos más letales en la práctica de ejecutar presuntos delincuentes.

En el resultado de los datos recolectados, también aparecen las policías estadales y las policías municipales, como órganos responsables de esta práctica, que parece ser una política de Estado por la alta incidencia reportada.

Por otro lado, la organización enfatizó en que, en abril, al menos tres mujeres fueron abatidas por cuerpos de seguridad del Estado.

En la mayoría de los casos registrados por Control Ciudadano, no se conoce si las “muertes por enfrentamiento” fueron remitidas al Ministerio Público.

«Ese es un paso necesario para que se inicien las investigaciones y determinar la legalidad del uso de la fuerza mortal por parte de los órganos de seguridad del Estado».

La falta de información sobre las remisión de los casos ante el despacho del Fiscal General de la República, contribuye a que persista la percepción ciudadana de que los asesinatos cometidos por policías y militares, en el marco de operativos de seguridad en Venezuela, son pocas veces investigados o juzgados, a pesar de que la mayoría de los casos de “abatidos” tienen características de ser ejecuciones extrajudiciales. Esa situación estimula un ciclo de impunidad que alienta la práctica, en un contexto de violencia cada vez mayor en el país.

Control Ciudadano hace nuevamente un llamado al Ministerio Público, para que en todos los casos de “abatidos” en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se adelanten las investigaciones correspondientes, que permitan determinar responsabilidades (de ser el caso) y se publiquen estadísticas.

La ONG Control Ciudadano denunció que el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa para 2023 en cuanto a gastos de personal, es una mentira, puesto que prevé una cantidad de efectivos que no existen en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

«El proyecto de presupuesto de la nación 2023 contempla a 4.408.103 militares como personal fijo a tiempo completo a cargo del Ministerio de la Defensa. No existe esa cantidad de efectivos militares en los cuatro componentes».

Así lo aseveró la presidenta de la ONG, Rocío San Miguel, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

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Acompañó su denuncia de una imagen del presupuesto en el que se específica la cantidad de militares incluidos y que coincide con un borrador del documento compartido por diputados días antes de la presentación en el Parlamento.

El proyecto, aprobado por la mayoría oficialista el pasado 15 de diciembre tras una breve discusión, establece un monto de 937.365.542 bolívares (56.604.199 dólares) para gastos de recursos humanos del Ministerio de Defensa.

Con esto, a juicio de San Miguel «se sigue mintiendo al país» y violándose la Constitución, pues insistió en que la FANB no cuenta con esa cantidad de militares activos.

En 2020 hubo una reforma de la Ley de las Fuerzas Armadas promovida por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, la cual incluyó a la Milicia Bolivariana como un «componente especial» de la FANB.

El proyecto de presupuesto de la Nación 2023, contempla 4.408.103 de militares como personal fijo a tiempo completo, a cargo del Ministerio de la DefensaNo existe esa cantidad de efectivos militares en los 4 componentesSe sigue mintiendo al país y violándose la Constitución‼️ pic.twitter.com/pnHLMsSekV

Este 2022 ha significado un aumento de accidentes de aeronaves militares en Venezuela. Van 4 siniestros aéreos en 2022, con un saldo de 8 militares fallecidos, sin que nunca se conozcan oficialmente las causas.

La denuncia la hizo la ONG Control Ciudadano, la cual lamentó que «la Fuerza Armada Nacional ha pasado de dos siniestros registrados en 2020, a tres en 2021 y cuatro en lo que va de 2022».

A través de un comunicado, la organización destacó que «ha venido denunciando la opacidad del Estado en informar a los venezolanos acerca de las causas de estos accidentes que comprometen la vida e integridad de efectivos de la Fuerza Armada Nacional».

Además, «afectan bienes que integran el patrimonio del Estado».

Control Ciudadano resalta que «solo en dos de estos cuatro accidentes con aeronaves militares este año, se ha emitido comunicado oficial».

Sin embargo, denuncia que «nunca son expresadas las causas de los accidentes ni los resultados de las juntas investigadoras, así como tampoco los correctivos efectuados».

«¿Por qué el Ministerio Público no abre investigación en estos siniestros?, se pregunta la ONG.

Respecto de los accidentes con aeronaves militares, Control Ciudadano ya había advertido que: «las funciones de control democrático son inexistentes para reconocer públicamente las causas de los accidentes con aeronaves militares en Venezuela».

Agrega que «las juntas de vuelo, en teoría rinden, cuenta en los componentes, pero no trascienden sanciones administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de los hechos y los correctivos».

Además, «tampoco se realizan investigaciones por parte del Ministerio Público en estos casos ni por parte de la Asamblea Nacional».

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Control ciudadano hizo una cronología de los accidentes registrados este año.

Helicóptero del Ejército, en febrero de 2022.

El 22 de febrero de este año, un helicóptero Mi-17V5 del Ejército Bolivariano, siglas 0764, se precipitó a tierra en Pavia, al noroeste de la ciudad de Barquisimeto, falleciendo dos de sus ocupantes y resultando heridos otros dos.

Según un comunicado emitido por el ministerio para la Defensa, resultaron heridos el piloto, mayor José Antonio Salinas Vásquez, y el copiloto, capitán Willver Osvaldo Sumoza Dobront.

En el accidente fallecieron el sargento mayor de tercera Dervis Eligio Sánchez Medina y la sargento segundo Angela José García Perdomo.

Precisa el comunicado, que el helicóptero se precipitó a tierra “aproximadamente a las 14:15 horas (…) específicamente al oeste de la población de Pavia, parroquia Ana Soto, municipio Irribarren del estado Lara (…) mientras cubría la ruta San Felipe – Zulia en una misión de abastecimiento a bases de protección fronteriza”.

La aeronave estaba asignada al 722 Batallón de Helicópteros General de Brigada Florencio Jiménez del Comando de la Aviación del Ejército Bolivariano.

Un mes más tarde, el 25 marzo de este año, se pudo conocer del fallecimiento del piloto, mayor del Ejército, José Antonio Salinas Vásquez, uno de los dos sobrevivientes iniciales, de los cuatro ocupantes de la aeronave.

Avión se precipita en junio de 2022

El 18 de junio de este año, un avión Hongdu K-8W Karakorum, siglas 1504, de la Aviación Militar Bolivariana, se precipitó a tierra en el sector de los Cortijos, municipio San Francisco, del estado Zulia, logrando eyectarse sus dos ocupantes.

La aeronave era pilotada por el primer teniente (Aviación) José Alejandro Barazate Zambrano, mientras que el en asiento trasero, se pudo conocer, iba un oficial retirado de la Aviación Militar, identificado como Capitán Erick Wladimir Rivas Rodríguez.

Este se desempeñaba para el momento del siniestro, como gerente de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en el estado Zulia. Se desconocen las razones por las cuales iba en la aeronave.

El K-8W, avión de entrenamiento y ataque ligero, estaba adscrito al Grupo Aéreo de Operaciones Especiales N.º 15, con sede en la base aérea General en Jefe Rafael Urdaneta, ubicada en el Aeropuerto Internacional La Chinita, desde donde despegó minutos antes de sufrir el accidente.

El accidente del K-8W, para ese momento, representa el cuarto accidente de un avión de este modelo de fabricación china, con perdida total de la aeronave, que registra la Aviación Militar Bolivariana desde que fue introducido el sistema en 2010.

El siniestro se conoció a través de periodistas y medios de prensa privados de la localidad, debido a que el Ministerio para la Defensa ni ningún otro organismo oficial, suministraron información sobre el particular.

Otro avión aterriza de emergencia, en agosto de 2022.

El 2 de agosto, un avión Cessna T206H Turbo Stationair II siglas AMB-1257 de la Aviación Militar Bolivariana, adscrito al Escuadrón de Transporte N.º 93 “Maruhuaca”, aterrizó de emergencia en un punto cercano a la comunidad indígena Chamauka, en el municipio Alto Orinoco en el estado Amazonas.

La aeronave cubría la ruta entre Puerto Ayacucho y Parima B. En el siniestro, no se reportaron perdidas humanas que lamentar.

El accidente, nuevamente, se conoció a través de fuentes de Control Ciudadano y fue divulgado también por periodistas y medios de prensa privados, debido a que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, no suministró información sobre el particular.

Avión Cessna, 6 noviembre de 2022.

El 6 de noviembre de 2022, una Cessna 208B Gran Caravan, de la Aviación Militar Bolivariana, siglas el FAV 0956, perteneciente al Grupo Aéreo de Transporte N.º 9 «TUCANES», con sede en el Aeropuerto Cacique Aramare de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, se precipitó a tierra tan como informó Control Ciudadano.

En el accidente fallecieron 5 oficiales:

Cap José Enrique Castillo Tovar (Piloto)Cap.Jefferson José Aular SotoPtte. Roberto José Aponte AcostaTte. José Leonardo Rivas MárquezTte. Santiago D´Jesús Collado Grudas.

Según comunicado oficial emitido por el ministerio para la Defensa, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 06:56 horas, cuando la aeronave se precipitó a tierra, específicamente a 3 kilómetros al sur de la cabecera 4 de la Base Aérea “GJ. José Antonio Páez”, ubicada en el municipio Atures, Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

Conociéndose hasta el momento, que se han rescatado cuatro cuerpos sin vida, continuándose con las labores de búsqueda del quinto tripulante.

La ONG Control Ciudadano aseguró que la participación de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en las instancias es una «catástrofe». Además, representa un fracaso en el control del Estado.

«Estos 20 años de las dos primeras décadas del siglo XXI son una palmaria demostración del fracaso que significan los militares en el control del Estado. Sobre todo por su participación activa en el desarrollo del país».

La ONG presentó su informe sobre la FANB y su participación en la política venezolana. Asegura que los militares en el poder «han sometido» a la sociedad a un «martirio».

En este sentido, explicó que parte de la catástrofe humanitaria y política que atraviesa Venezuela tiene su origen en la aplicación del artículo 328 constitucional. «Por un lado, incorpora activamente en el desarrollo nacional a los militares. Y, por otro lado, elimina la autorización parlamentaria de los ascensos, los cuales pasaron a depender de la voluntad del presidente».

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Por otra parte, Control Ciudadano explicó que, en un escenario de transición política en Venezuela, es «importante» plantear la «recomposición integral de la institución militar. Esto, simultáneamente con la recomposición de otros sectores vitales para el país, como salud, educación y la desestatización de la economía».

Señaló que, en la búsqueda de una opción a la crisis, «se expresa la preocupación e inquietud para que los militares formen parte de una salida pacífica negociada».

Sin embargo, denunció que hay «cerca de 130 presos militares por razones políticas y masivas deserciones en Venezuela». Por ello, es «inviable cualquier tipo de acercamiento o negociaciones específicas entre los militares, o un sector de ellos, con la oposición».

«La situación del sector seguridad y defensa del Estado venezolano es de tal grado de deterioro, que un esfuerzoespecífico del liderazgo opositor para insertar positivamente a los militares en un proceso transicional de Venezuela hacia la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos y la prosperidad material, debe comenzar por proponer la recomposición integral de las FANB, simultáneamente con la recomposición de otros sectores vitales como la salud, la educación y la desestatización de la economía», resalta el documento.

La ONG Control Ciudadano contabilizó 106 “abatidos” a manos de órganos de seguridad del Estado, durante enero de este año. Se trata de más de 3 personas asesinadas diariamente, en operaciones que se desarrollaron en 17 entidades federales del país.

«Venezuela parece avanzar en el desarrollo de una política de seguridad ciudadana, en la que prefiere ejecutar presuntos delincuentes». Todo «antes que procesarlos y reinsertarlos en la sociedad», denunció la ONG en nota de prensa.

«Estos 106 asesinatos, a manos de policías y militares, justificados por el Estado, por tratarse de presuntos ‘enfrentamientos con delincuentes’, presentan características, de ser ejecuciones extrajudiciales», denuncia.

Con ello, se «violan los derechos a la vida, la integridad personal y al debido proceso», aseveró.

Entre los casos de “abatidos”, destacan el asesinato de Jackson Eduardo May, de 28 años de edad, ocurrido en Petare. «Este crimen lo denunció su esposa Elena González, el 15 de enero de 2022. Ella aseguró que lo secuestraron presuntos funcionarios policiales y luego apareció en la morgue de El Llanito».

Control Ciudadano lleva un monitorea mensual de medios de comunicación. Y el resultado la cifra de «abatidos» pasó de 51, en diciembre de 2021, a 106. Esto es más del doble de asesinatos.

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La ONG encontró que son 17 estados donde aparecen reseñas de personas abatidas, en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad. Se trata de: Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Caracas, Falcón, Guárico, La Guaira, Miranda y Monagas. A ellos se suman: Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Siendo Aragua, Zulia, Yaracuy, Miranda y Carabobo.

Asimismo, Control Ciudadano detectó que los organismos con el mayor número de ejecuciones, bajo la categoría de abatidos son: el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Todas con 22, 21 y 19 muertos, respectivamente.

En el análisis de los datos procesados por Control Ciudadano, también aparecen las policías estadales de Carabobo, La Guaira, Yaracuy, Zulia y Trujillo involucradas en estos procedimientos.

Por su parte, las operaciones mixtas en las que participan varios cuerpos de seguridad del Estado, arrojaron un total de 10 abatidos.

Control Ciudadano hace nuevamente un llamado al Ministerio Público, para que en todos los casos de “abatidos” en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se adelanten las investigaciones correspondientes, que permitan determinar responsabilidades de ser el caso.

Para la Asociación Civil Control Ciudadano, en lo que va del 2022 la Policía Nacional Bolivariana (PNB) encabeza la lista de lo que potencialmente podrían ser ejecuciones extrajudiciales en todo el país.

En sus redes sociales la ONG indica que hasta la mañana del #11Ene han contabilizado 27 muertes que pudiesen ser extrajudiciales. Señala que la PNB lidera la lista, seguida de organismos como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

En lo que va de mes hasta #hoy, #11E, van al menos 27 “abatidos” en manos de cuerpos de seguridad del Estado y GNB, según registro de Control CiudadanoLa PNB lidera las ejecuciones potencialmente ilícitas#AlertaDeControlCiudadano #ObservatorioMilitar#ObservatorioDeSeguridad pic.twitter.com/WhbxHlb8MA

Aunque no ofrece detalles directos sobre las estadísticas, ni las regiones donde se han cometido estos hechos, Control Ciudadano indica que todas estas muertes han sido reportadas como enfrentamientos contra los organismos de seguridad.

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Vale destacar que para estas muertes se debe realizar una verificación científica sobre los hechos. Para ello, la propia Fiscalía y el CICPC deben llevar a cabo revisión de datos, evaluación de la planimetría, comprobación de los funcionarios actuantes, así como las pruebas científicas post mortem.

Otro dato que debe evaluarse es que tanto el CICPC, como la PNB y la GNB, son órganos de seguridad nacionales, que tienen jurisdicción en todo el territorio nacional. Por ende, su acción suele ser mayor en comparación a policías estadales o municipales.

Recientemente, Control Ciudadano hizo un cierre de los enfrentamientos policiales en el mes de diciembre pasado, en donde indican que la PNB libera también dicha estadística.

Para el mes pasado contabilizaron 51 abatidos. Todos mueren en presuntos enfrentamientos con los organismos de seguridad.

Vale acotar que en noviembre el número fue mayor. El Reporte de la asociación civil fue de 73 personas que perdieron la vida bajo las mismas circunstancias.

Solo en noviembre de 2021 hubo 73 “abatidos” a manos de funcionarios de organismos de seguridad del Estado y de la FAN. Esto, en operaciones realizadas en 13 entidades del país. «Estas muertes se pueden calificar, en su mayoría, como ejecuciones extrajudiciales».

La denuncia la hizo la ONG Control Ciudadano que califica los hechos como «violación del derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso».

Para Control Ciudadano, las cifras de abatidos «va en aumento». Por tal motivo, comenzó a visibilizar «un registro mensual de las muertes potencialmente ilícitas a manos de funcionarios policiales y militares·.

En nota de prensa la ONG aclara que la fuente de ese registro «es el monitoreo mensual de medios de comunicación».

“La práctica de ejecutar presuntos delincuentes se ha convertido en una política de Estado”, señala Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.

Agrega que «la regla de los cuerpos de seguridad de Estado y de la FANB, en procedimientos de seguridad, parece ser disparen a matar. Esto, no es solo violatorio de la Constitución, sino que aumenta los niveles de violencia en la sociedad”.

Recuerda que «el uso de la fuerza mortal debe ser excepcional como regla para combatir la delincuencia. Sin embargo, parece ir en aumento en Venezuela. Por ello, la legítima defensa en el ejercicio de la autoridad, parece desvirtuada, traspasando los límites legales».

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En noviembre, los estados Sucre, Zulia, Monagas, Miranda, y la capital Caracas, son las entidades con mayor incidencia de personas “abatidas”.

En Sucre, por ejemplo, hubo 22 muertes de presuntos integrantes de la banda el “Tren del Llano”. Todo, en el marco de un operativo efectuado a partir del 7 de noviembre, en San Juan de las Galdonas.

Se trató de una operación conjunta entre efectivos de la FANB, el Sebin y el BAE, del cual aún no se tienen cifras exactas.

La ONG señala que las autoridades no rindieron declaraciones sobre los resultados de la operación.

Resalta que, en el marco de la “unión cívico militar policial”, la administración de Nicolás Maduro ha incrementado las operaciones mixtas.

En estos casos, «no se establece claramente la línea de mando, oficial responsable de la operación ni las unidades y funcionarios bajo su mando». Ello «dificulta la determinación de responsabilidades, en caso de violaciones a los derechos humanos», resalta Control Ciudadano.

En el registro seguido por Control Ciudadano aparecen involucrados la GNB/CONAS en 40 % de los casos, Policía Nacional Bolivariana (PNB)/Policías Regionales, en 33 % y el CICPC en el 27 %.

La ONG resalta que «los asesinatos cometidos por policías y militares, en el marco de operativos de seguridad en Venezuela, son pocas veces investigados o juzgados».

La asociación civil Control Ciudadano denunció las amenazas y hostigamientos por parte de funcionarios de Nicolás Maduro. La denuncia no solamente incluye a la presidenta de la ONG, Rocío San Miguel. También contra periodistas y defensores de derechos humanos. Todo por informar sobre el naufragio en Güiria.

A través de un comunicado, la asociación rechazó los señalamientos y acusaciones por parte de Mario Silva, ahora diputado por el Psuv, contra la periodista Yohana Marra y el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa. Además del presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía.

Silva califica a San Miguel como «golpista» y a Marra como una «palangrista». Además, las mencionó en Twitter y publicó una fotografía de San Miguel y otra de una periodista a quien se presume confundió con Marra.

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, replicaron el mensaje. Control Ciudadano considera que este hecho incita a una campaña de estigmatización, contra los comunicadores.

Por otro lado, la ONG repudió la apertura de «una investigación» por parte del régimen de Nicolás Maduro. La averiguación es contra quienes difundieron informaciones sobre esta tragedia.

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De paso, la ministra del Interior, Carmen Meléndez, también ratificó la investigación. Dijo que los medios generaban zozobra y terrorismo psicológico con estas informaciones.

“(…) Se está investigando la participación de voceros del extremismo venezolano en la generación de zozobra que han utilizado esta tragedia humana como un dispositivo mediático con fines macabros y perversos, causando más dolor a quienes ya padecen los efectos del cruel bloqueo criminal promovido por los mismos que pretenden sacar rédito político de este trágico y extraño accidente”.

“Rechazamos, en ese sentido, la campaña emprendida por las corporaciones mediáticas cómplices de una estrategia de guerra contra el pueblo venezolano basada en el terrorismo psicológico y la manipulación de la realidad”, añade el comunicado del Ministerio.

Control Ciudadano señaló que este señalamiento constituye una amenaza judicial y una advertencia, dirigida a silenciar la información sobre la tragedia ocurrida en Güiria y a promover la autocensura entre periodistas, defensores de derechos humanos y familiares, para evitar la difusión de información que permita conocer la gravedad y alcance de lo ocurrido.

La ONG Control Ciudadano, dio a conocer el estudio Relaciones Militares de Venezuela con otros Estados 2019-2020. Se trata de un compendio de información relacionada con las alianzas militares del régimen con otros Estados, con esta finalidad: adquirir equipos y evadir las sanciones de los Estados Unidos.

«Alianzas de cooperación para la formación de personal militar, la adquisición de equipos, con estados afines ideológicamente a Nicolás Maduro, caracterizan la interacción de Venezuela con otros países, en el ámbito militar», expresó la presidenta de la ONG, Rocío San Miguel.

«Control Ciudadano presenta este estudio como una contribución al análisis de los temas vinculados a la Fuerza Armada Nacional». También «al conocimiento del sector de Seguridad y Defensa, con base en el principio de transparencia», expresó.

Se trata de una investigación de tipo documental. Allí se hizo un seguimiento exhaustivo sobre los diferentes acuerdos y estrategias entre el Estado venezolano y otros países en el ámbito militar. 

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Para la elaboración de este informe se consultaron fuentes de información documentales de carácter público. También de publicaciones oficiales de Venezuela, de otros países y de organismos internacionales. Asimismo, se consultó la prensa local e internacional, destaca la ONG, en nota de prensa.

Explica que, «en algunos casos las relaciones militares se caracterizan por el establecimiento comisiones técnicas de cooperación. Además de reuniones bilaterales para definir acuerdos en el área militar».

Añade que también incluyen «actividades de formación para funcionarios militares, visitas de tropas militares de otros países a Venezuela y de aquí a otros países».

Destaca, sobre todo «compras de naves o armas, o recepción de insumos para ayuda humanitaria».

En otros casos, subraya el informe, «las relaciones se caracterizan por la conflictividad».

Control Ciudadano estableció que, este año, el régimen de Maduro tuvo contactos en en el ámbito militar con: Bielorrusia, Canadá, China, Colombia, España, Cuba, Estados Unidos, Irán, Rusia, Suiza, Turquía. Y también países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Para leer el informe haga click en el siguiente enlace:

https://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/Informe-RELACIONES-MILITARES-DE-VENEZUELA-CON-OTROS-ESTADOS.pdf