Tras los últimos hechos de corrupción develados por el propio Nicolás Maduro, se ha desatado una disputa por el poder económico y político a lo interno del gobierno.

El desfalco a Pdvsa pudiera ascender a los $23 mil millones.

¿Quiénes integran las fracciones que se disputan el poder en Venezuela?

En los Estados Unidos han logrado recuperar al menos 1.500 millones de dólares procedentes de la corrupción chavista en ese país. Por ello organizaciones de venezolanos-americanos buscarán apoyo bipartidista para que se apruebe un proyecto de ley. El mismo debe crear un fondo para estos activos.

El dinero ha sido incautados a las personas vinculadas con el chavismo y que condenaron por corrupción en ese país.

Así lo dio a conocer María Alejandra Márquez, presidenta de la ONG Iniciativa Para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV).

Habló de la campaña que se realiza para lograr que esos activos retenidos en Estados Unidos sean protegidos en un fondo.

Se trata del proyecto de Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales del 2021 (PANA). Para ello pide el apoyo de representantes y senadores del Congreso de EE.UU..

“Esto para que exista presión ciudadana y pase en el Congreso”, dijo la activista, reseñó El Nuevo Herald.

Este proyecto también es una iniciativa de los senadores republicanos Marco Rubio (R-FL) y Ted Cruz (R-TX).

Colocarán los activos en un “Fondo de Restauración de Venezuela”. La idea es que el Departamento de Estado los use para fortalecer la democracia y la sociedad civil venezolana.

´”Cada caso que se decide, en el que los cleptócratas venezolanos resultan culpables, libera montos congelados. Tal como en el caso del extesorero de Venezuela Alejandro Andrade. De ese se recuperaron $1,000 millones. Esos montos no pueden regresar Venezuela. Un país institucionalmente en pedazos que no tiene cómo reclamar ese dinero”, dijo la activista.

Explicó que la única manera de salvaguardar ese dinero para la reconstrucción del país, es creando un fondo especial. Lo administraría el gobierno estadounidense, hasta cuando sea posible regresarlo a Venezuela.

«El patrón de gran corrupción instaurado en Venezuela, durante las dos últimas décadas, es el causante de la Emergencia Humanitaria Compleja que padecen los ciudadanos». La afirmación la hizo la ONG Transparencia Venezuela, al presentar el informe: Salud en Venezuela, cuando la corrupción es el virus.

La ONG sostiene que esta situación afecta en especial a los sectores más vulnerables de la población. El escrito asegura que «este fenómeno tiene un grave impacto sobre los derechos humanos de los venezolanos». Además de que «supera en magnitud al registrado en cualquier país de América Latina».

Una de las primeras conclusiones del informe es que: «el sistema sanitario ha sido uno de los más perjudicados por la desviación de recursos y fondos públicos».

Destaca que «la pandemia por COVID-19 profundiza la crisis y pone en relieve la escasez de medicamentos e insumos médicos. Además de la falta e inoperatividad de equipos esenciales. Y, en general, el deterioro de la infraestructura hospitalaria».

«Estas fallas y carencias constituyen una seria amenaza a la salud y la vida de los venezolanos», añade el documento. Lo que es pero, es que «todo ello ocurre pese a los reiterados anuncios de planes, proyectos e inversiones milmillonarias en rehabilitación y construcción de obras. Junto con la adquisición de fármacos e insumos y equipamiento de los centros de atención». 

Transparencia Venezuela identificó una tipología de la corrupción en el sector y expone una selección de casos, como resultado del seguimiento al sistema sanitario. también menciona investigaciones abiertas por autoridades nacionales y extranjeras.

Resalta también los hallazgos realizadas por reconocidos medios de comunicación. Todo tras superar  la opacidad y las restricciones impuestas por las autoridades en el acceso a información pública.

En los casos inventariados destaca la participación de militares y altos funcionarios del ministerio de Salud. Así como de institutos autónomos y empresas estatales.

Los funcionarios -muchos de ellos provenientes del sector castrense- se presume que habrían actuado en complicidad con dueños de empresas.

Usaron cuentas en diferentes países para lograr contratos millonarios. Todo para conseguir la importación, fabricación y transporte de medicinas. Además de materiales o equipos médicos, así como contratos de obras.

El estudio permitió hacer estimaciones sobre la pérdida de recursos sufrida por el país en estas operaciones. El daño ocasionado se incrementa por los contratos de gran envergadura.

En este caso, resalta la construcción y remodelación de infraestructuras hospitalarias o complejos farmacéuticos. También el mantenimiento de equipos médicos de alto costo. Muchas de estas obras quedaron inconclusos o presentan fallas. 

“La corrupción mata”, una de las expresiones utilizadas durante la audiencia en la CIDH, donde se evidencian en cifras que recoge el informe Salud en Venezuela.

La ONG subrayó que «los hospitales presentan deficiencias graves como consecuencia de proyectos que no cumplen con los estándares necesarios».

Asimismo, la «llegada de la pandemia aumentó las alarmas, pues no hay mantenimiento preventivo y correctivo en las edificaciones y equipos».

Esta realidad hizo que, entre mediados de 2018 y finales de 2019, fallecieran 4.858 personas en los recintos de salud por causas evitables. Solo en el hospital J.M. de los Ríos, durante el primer semestre de 2019, murieron seis niños que esperaban por trasplante de médula.

Uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos es la disponibilidad de camas en los centros de atención. Mientras que ls fallas de servicios básicos como agua, electricidad y combustible golpean especialmente al sector salud.

«Un ejemplo de ello es el apagón registrado en marzo de 2019, que dejó a más de 90% del territorio sin energía eléctrica. Hospitales que debían contar con plantas auxiliares quedaron a oscuras. Esto provocó la muerte de más de 20 pacientes, de acuerdo con la organización Médicos por la Salud».

Otra arista del problema es la fuga de talentos. Entre los más de 5 millones de venezolanos que han emigrado para escapar de la crisis, para septiembre de 2019 había más de 30.000 médicos.  

La dimensión del daño causado por la corrupción al sistema sanitario en Venezuela se hace más evidente al comparar con los de otros países de la región.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y registros de organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de la reaparición y expansión de enfermedades. Algunas son la malaria, sarampión y tuberculosis. También l incremento de infecciones por VIH y de la mortalidad materna e infantil.

Lea también: Embajador de España Jesús Silva se despide de Venezuela

Según la OPS, el número de casos de tuberculosis informados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 11.394 en 2018. Los más afectados son los presos y los pueblos indígenas. Mientras que, entre 2009 y 2018, el número de casos de malaria tuvo un alza de 1.000%, al pasar de 36.556 a 404.924. 

La peor parte se la llevan las personas con enfermedades crónicas potencialmente mortales. Cifras de Codevida revelan que la falta de medicamentos pone en riesgo a los 300.000 pacientes crónicos. Destacan los trasplantados, hemofílicos, oncológicos, con esclerosis y Parkinson.

Asimismo, en las últimas décadas, los pacientes renales no han dejado de protestar exigiendo respeto a sus derechos. Sin embargo, cerca de 5.000 venezolanos en diálisis murieron entre 2017 y 2019.

El seguimiento detallado y la sistematización de casos han permitido detectar 14 principales mecanismos de corrupción en el sistema sanitario. Uno de ellos es la presencia de individuos, compañías y grupos poderosos que usan la corrupción para influir en beneficio de sus intereses privados.

En este contexto, sobresale la designación en altos cargos y la asignación de contratos a militares.  No en vano, cuatro militares estuvieron frente al ministerio entre 2007 y 2013. Se trata de Jesús Mantilla, Carlos Rotondaro, Luis Reyes Reyes y Eugenia Sader. 

Otra modalidad de corrupción identificada en la investigación es la distribución de medicinas como instrumento de control político.

También son muestras de corrupción las compras innecesarias o ineficaces efectuadas por el ministerio de Salud y el Sefar. Igualmente la firma de contratos amañados que presuntamente favorecieron intereses particulares.

Una investigación periodística reveló que cuatro empresas extranjeras vendieron materiales e insumos médicos a Venezuela a precios por encima de su valor real. El esquema involucra al menos US$ 11,3 millones, entre 2016 y 2018.

De igual modo, la selección preferente de contratistas. En 2018 por el diputado Winston Flores, denunció el presunto desvío de US$ 100 millones. Esto por hechos de corrupción dentro del IVSS durante la gestión de Rotondaro.

La crisis humanitaria compleja en Venezuela hace que la gran mayoría de los ciudadanos dependa del sistema de salud público, uno de los peores del hemisferio. La discrecionalidad y el secreto en el manejo de los recursos es una caja negra que dificulta estimar cuánto daño se ha hecho al patrimonio de la nación.

No obstante, estudios de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional alertan sobre una pérdida de más de US$ 350.000 millones en las últimas dos décadas. Este desfalco del país no se investiga y por ello reina la impunidad.