La exvicepresidente de Comercio y Suministro Internacional de PDVSA, Génesis Sabrina Ron Solano habría sido capturada por funcionarios de la Policía Nacional de Anticorrupción.

Trascendió según policiales familiarizadas en el caso, Ron Solano participó en una sofisticada red de corrupción en la entrega de contratos de buques cargados de fueloil y coque que zarparon de territorio venezolano, informa el portal de noticias Alberto News.

Se trata de ganancias de las operaciones que no fueron reportadas a la estatal petrolera, causando pérdidas multimillonarias al Estado venezolano.

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De acuerdo al expediente, las autoridades investigan la participación de Diego García, pareja sentimental de Ron Solano, en el entramado de corrupción.

Para más señas, Ron Solano había sido designada en el cargo, según la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.760, del 28 de agosto de 2023, bajo la junta directiva presidida por el exministro Pedro Tellechea.

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó la extradición de Deivis José González Pérez, solicitada ante España, por el presunto desfalco de 35 millones de dólares a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

González habría cancelado 40 lanchas que nunca fueron entregadas a la petrolera, señala la sentencia N° 301 publicada el 6 de junio en la página web del TSJ.

El fallo relata que el caso data del 2012, cuando González Pérez fue procesado penalmente, durante su periodo como gerente de Operaciones Acuáticas en Pdvsa-Occidente.

En ese entonces, suscribió firmó un contrato directamente con la empresa St. Johns Shinp Building S.A. de origen panameño para comprar las 40 lanchas por un monto total de 44.297.490,80 dólares, es decir, a $1.107.437,27 cada una.

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La investigación arrojó que los pagos se realizaron como anticipos sin estar contemplado en el contrato original, lo que resultó en pagos millonarios sin las garantías necesarias.

Tras el pago completo, los vehículos no fueron entregados, por lo que se produjo un daño a la nación por $35.437.992,64.

Posteriormente, el Tribunal 8° de Control del Zulia emitió una orden de aprehensión contra González Pérez, en el 2015, por peculado doloso propio y asociación ilícita.

No obstante, no se supo más del hombre, hasta que el año pasado, en mayo, España notificó a Venezuela sobre la detención de González Pérez en Madrid, quien tenía una alerta roja de Interpol.

La Sala Penal revisó el expediente y determinó que se cumplían los requisitos para proceder con la extradición del individuo.

La Sala señaló que tanto Venezuela como España son partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que refuerza la cooperación en casos de corrupción transnacional.

Luego de que el fiscal, Tarek William Saab anunciará que la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Simón Alejandro Zerpa y de Samark López, las imágenes y videos se hicieron virales en redes sociales y medios digitales.

El fiscal mostró las imágenes de la detención de los “sujetos”, implicados una trama de corrupción de Pdvsa Cripto, de quien dijo que se trataban de unos bichos de la peor calaña.

Además, aprovechó la oportunidad de recalcar a las personas que no confiaban en la justicia venezolana que, estas eran las pruebas de que sí se estaba trabajando.

#9Abr⚖️ MP REVELA MOMENTO en el cual es detenido Tareck El AissamiEl fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, detalló los delitos por los cuales será imputado el exministro de Petróleo.?: Tarek William Saabpic.twitter.com/M7KRX445kk

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Ahora que “se metan la lengua” donde no les pegue el sol, comentó.

Una de las justificaciones que dio por la tardía resolución del caso, fue que no tenían las pruebas contundentes.

También recordó que para el esclarecimiento, en el caso del asesinato de Carlos Sanz, se tomaron el tiempo necesario para tener las pruebas irrefutables, y en el caso del  Cancerbero, también fue un proceso largo, hasta lograr todas las pruebas contundentes.

«En este caso no han pasado ni tres, ni cuatro ni ocho años. Las investigaciones nunca dejaron de ser serias hasta que logramos la delación y cooperación que nos llevaron con elementos de convicción a determinar responsabilidades», dijo.

«Estos canallas tendrán sanción ejemplar. En mala hora usaron sus cargos para aliarse con empresas de maletín para destruir la moneda venezolana y crear caos e inestabilidad», prometió.

#9Abr⚖️ MP REVELA MOMENTO en el cual es detenido Tareck El AissamiEl fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, detalló los delitos por los cuales será imputado el exministro de Petróleo.?: Tarek William Saabpic.twitter.com/M7KRX445kk

#9Abr ¡MÁS DETALLES! ?Fiscal General @TarekWiliamSaab expresó que por el caso PDVSA-Cripto en su primera fase fueron acusadas 54 personas; todas detenidas, imputadas y acusadas.Además, indicó que hay 17 órdenes de aprehensión. pic.twitter.com/yxQSpifddB

#9Abr EN FOTOS ?El Ministerio Público dictó medida de detención contra Tareck El Aissami, Simón Zerpa y Samark López, por la trama PDVSA-cripto.? @VTVcanal8 pic.twitter.com/NwjINunusf

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Luego que las autoridades españolas anunciaran una serie de allanamientos en las zonas de Salamanca y La Finca de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, por una trama de blanqueo de capitales, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció avances en las investigaciones en la trama de corrupción de PDVSA.

A través de las redes sociales, indicó que el Ministerio Público,  a través de las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional, “avanza en las investigaciones contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón”.

“Contra los mencionados delincuentes existe orden de aprehensión, alerta Roja y Solicitud de Extradición”, agrega.

Tanto Rincón como sus hijos están señalados de los delitos de “soborno; evasión de procesos licitatorios; legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

Detalla que los implicados habrían incurrido en: irregularidades en procesos licitatorios y adjudicación directa de contratos con BARIVEN; desvío de fondos de PDVSA que fueron depositados a través de Credit Suisse y registros de actividad sospechosa por depósito y transferencias de altas cantidades de dinero obtenidas ilícitamente a través de las mencionadas acciones criminales.

#AHORA@MinpublicoVEN a través de las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional, #avanza en las #investigaciones contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón, por los #Delitos de: Soborno, Evasión de Procesos Licitatorios, Legitimación de Capitales y… pic.twitter.com/nW789xVYFj

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Más temprano se pudo conocer  que José Roberto Rincón Bravo, vinculado con la corrupción en la compañía petrolera PDVSA, y otro empresario todavía sin identificar fueron detenidos por las autoridades españolas.

La versión de la prensa indica que se trató de una operación contra el blanqueo de dinero procedente de Venezuela, en la que se registraron cuatro viviendas de lujo en Madrid.

Según la agencia EFE,  José Roberto Rincón Bravo, cuya residencia puede ser una de las registradas este viernes, ya fue detenido en 2018.

Se trata de otra operación policial contra el blanqueo de dinero procedente de la empresa estatal venezolana PDVSA, en una causa que investiga otro juzgado español, reseña EFE.

Un año después del escándalo de corrupción en Venezuela que llevó a su renuncia, el poderoso exministro de Petróleo Tareck El Aissami está desaparecido de la vida pública. ¿Dónde está? ¿Es investigado? Son preguntas sin respuesta del hermético chavismo gobernante.

Solo está claro que atrás quedaron sus días como hombre de confianza del presidente Nicolás Maduro, de quien fue vicepresidente (2017-2018), y de su antecesor Hugo Chávez.

El Aissami, de 49 años y sancionado por Estados Unidos, dimitió el 20 de marzo de 2023 tras el anuncio de investigaciones judiciales por una trama vinculada con la venta de crudo a través de criptoactivos, apuesta con la que el gobierno buscaba eludir las sanciones financieras de Washington contra Venezuela, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo: 297.000 millones de barriles.

Fueron arrestados 61 funcionarios, políticos y empresarios tras un desfalco de más de 15.000 millones de dólares, según informes de prensa.

«En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA [Petróleos de Venezuela], he tomado la decisión de presentar mi renuncia», escribió entonces en la red social X, expresando «apoyo» a ese proceso.

«¡Vamos con todo, caiga quien caiga!», prometió Maduro tras aceptar su renuncia.

Sin embargo, el nombre de El Aissami entró en una gaveta bajo llave. El exministro nunca más apareció en público y la renuncia es su última publicación en redes sociales.

Su desaparición alimentó teorías conspirativas: unos dicen que estaría detenido en una mansión en un fuerte militar en Caracas, otros que tiene graves problemas de salud. El gobierno ni lo nombra.

«El tema de El Aissami ha seguido el mismo patrón de hermetismo, desde el punto de vista informativo y comunicacional, que el de otras coyunturas como el fallecimiento del presidente Chávez (en 2013) o casos de crisis interna en la coalición oficial, así que solo hay especulaciones», comenta a la AFP el politólogo John Magdaleno.

Lo que extraña es que un Estado tan eficiente para la detención de algunos, con El Aissami no ha dado. Nadie sabe nada y parece que así sea mejor para algunos. ¡Calladito se ve más «bonito»!, dirían.

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El Ministerio Público informó el año pasado del pase a juicio de 22 de los 61 arrestados. Los tribunales aún no han fijado fecha para las audiencias.

«Nos encontramos en la fase intermedia a la espera de celebrar la audiencia preliminar de las diferentes tramas», dijo a la AFP el fiscal general, Tarek William Saab, que evitó referirse en particular a El Aissami.

Cercanos colaboradores del exministro figuran entre los detenidos, entre ellos Joselit Ramírez, funcionario encargado de las operaciones estatales con criptoactivos.

«¿Qué pasó con las acusaciones de corrupción?», se pregunta el doctor en Ciencias Políticas y profesor universitario Daniel Varnagy. «No ha pasado nada (…), porque el objetivo era que una persona no esté en el centro del poder».

Hubo, considera Varnagy, una «depuración» en el chavismo: «Cuando alguien toma demasiado poder y pudiera modificar o cambiar toma de decisiones de los principales actores políticos (…), viene la purga».

Analistas consideran que su salida puede responder a una pugna entre facciones de poder.

«¡Por Dios! ¿Desde cuándo la corrupción, el desfalco, es un hecho político? ¿Dónde está la ideología allí? ¿Robar es una ideología?», dijo al momento de las detenciones el fiscal Saab.

Sobre la industria petrolera de Venezuela cursan numerosas investigaciones judiciales. 

Rafael Ramírez, muy próximo a Chávez, fue acusado de corrupción durante su gestión como ministro de Petróleo (2002-2014) y presidente de PDVSA (2004-2014); y está prófugo en Italia. 

Otros dos titulares de la cartera, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, fueron detenidos. Martínez falleció bajo custodia.

El Aissami, abogado de origen sirio-libanés, tomó el ministerio de Petróleo en abril de 2020 en plena pandemia de covid-19 para una «reestructuración», según su nombramiento. Prometió sin éxito levantar a un millón de barriles diarios (bd) la golpeada producción, que llegó caer por debajo de los 400.000, un mínimo en décadas.

Retomó operaciones con petroleras extranjeras como Chevron, en medio de un proceso de flexibilización de las sanciones estadounidenses.

Tras su salida, un militar, Pedro Tellechea, que era presidente de PDVSA desde enero de 2023, le sucedió. 

La producción hoy sobrepasa los 800.000 bd, aún lejos de los tres millones de 2008. Expertos vinculan el desplome con falta de inversión y multimillonaria corrupción.

Este sábado se conoció de la detención de otros dos altos funcionarios de Pdvsa, presuntamente implicados en la trama de corrupción en la empresa.

Se trata del presidente de Pdvsa Asfalto, Richard Lovera y del gerente de la planta de revestimiento Enatub, Douglas Vázquez.

Hasta el momento se desconocen los delitos que se les imputan.

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Desde que comenzaron las detenciones por corrupción en varias empresas del Estado, van decenas de altos funcionarios implicados, incluyendo al exministro de Petróleo, Tarec El Aissami, además de alcaldes, jueces y hasta diputados.

Recientemente, la Policía Anticorrupción detuvo al coronel del Ejército Oscar Albis Dávila Rondón, presidente de Bariven y PDVSA Industrial.

Igualmente, fue aprehendido otro coronel: Antonio Pérez Suárez, de quien el Ministerio Público (MP) dice que es el jefe de una mafia que operaba desde PDVSA.

#6May ?¡DETENIDO PRESIDENTE DE PDVSA ASFALTO! Detenido el presidente de PDVSA asfalto y Recuvensa, Richard Llovera, junto a Douglas Vásquez, el gerente de la planta de revestimiento Enatub. Fueron puestos a la orden de las autoridades ?Vía @jesusalbino pic.twitter.com/8NMUcCDyiO

Con una asignación de apenas 7,44% del Presupuesto 2023, «la crisis del sector salud amenaza con prolongarse y dejar a la inmensa mayoría de los venezolanos sin más opciones que acudir a una red hospitalaria colapsada, sin insumos ni personal especializado, ante la imposibilidad de costear un seguro privado».

Pero, en comparación las asignaciones a la salud, Pdvsa tiene previsto un gastos de 30% del total de los ingresos del país, alertó la ONG, Transparencia Venezuela (TV), la cual ha publicado informes sobre los casos de corrupción en la petrolera que, por cierto, no vienen de ahora, como los expuestos por la administración de Nicolás Maduro, sino que datan de al menos dos décadas.

«La gran corrupción instaurada en Venezuela en los últimos 20 años tiene como una de sus principales fuentes de financiamiento a Petróleos de Venezuela, la estatal mas grande del país y otrora referencia a nivel mundial», destaca TV.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la ONG, destaca que el monto del desfalco en Pdvsa, que algunos ubican en $3.000 millones, equivale a un tercio del presupuesto de la nación.

En un reciente informe, la ONG denuncia que el sistema hospitalario de Venezuela «presenta fallas estructurales, además de un evidente déficit de insumos, equipos y personal especializado».

«En medio de un escándalo de corrupción sin precedentes, se evidencia que con el colosal desfalco de fondos públicos se ha dejado de atender áreas sensibles para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, entre ellas la salud».», agrega Transparencia.

En un primer análisis del documento, determinó que «de los $9.765.665.449 que aprobó la Asamblea Nacional, se asignaron al Ministerio de Salud casi 727 millones de dólares, monto que equivale a, apenas, 7,44% del total.

Además, esta cifra se reduce aún más si se toma en cuenta que $315 millones, es decir, 43,4% del total de la asignación, se destinará a la ejecución de tan sólo 7 proyectos».

«Se espera que estos no corran la misma suerte de las 246 obras inconclusas documentadas por Transparencia Venezuela, de las cuales 22 son del sector salud», agrega.

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Para el grueso de los venezolanos, el dicho “salió peor el remedio que la enfermedad” es una verdad demoledora.

Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, denunció en días pasados que en el sistema de salud pública se ha producido una privatización indirecta por falta de atención del Estado.

De acuerdo con los datos que maneja la organización, cerca de 90 % de la población venezolana que acude a los centros de salud públicos, no puede pagar una clínica o no tiene un HCM o póliza privada de salud.

Además del deterioro de la infraestructura hospitalaria, Lorenzo explicó que cualquier persona que acuda a estos centros tiene que hacerse los estudios fuera de la institución, comprar materiales y adquirir los medicamentos para recibir tratamiento.

La situación para el paciente se complica aún más cuando se trata de una emergencia grave o una cirugía, pues en buena parte de los centros asistenciales no funcionan los servicios de laboratorios o rayos X, y son sus familiares quienes deben cubrir los gastos de los estudios externos y la compra de medicinas e implementos que van desde guantes y jeringas hasta costosas piezas ortopédicas para remediar lesiones óseas.

«En la DGCIM me quemaron la cara y me reventaron las costillas a patadas».

La denuncia la hizo Alfredo Chirinos, exgerente de Pdvsa, quien quien recibió la libertad recientemente junto a la también exgerente Aryenis Torrealba.

Torrealba y Chirinos fueron encarcelados en el año 2020 y condenados a 5 años de prisión en 2021 por los supuestos delitos de divulgación de información confidencial de la petrolera, recordó en el programa del periodista Vladimir Villegas.

«A mí me quemaron la cara, me reventaron las costillas a patadas y en ese momento pensaba, en todos los amigos con los que discutí que en este proceso la tortura se había acabado. A ellos les pido perdón acá. Duré 4 horas boca abajo recibiendo patadas. La juez me vió así el día que me presentaron y cuando le mostré todos los golpes me dijo que eso no importaba. Entonces, es un sistema de corruptos y de mafias que están en todos los entes del Estado», dijo.

Asimismo, destacó que la denuncia de tortura reposa en el Ministerio Público y su expediente no ha sido movido.

«Hace dos años hicimos la denuncia por tortura ante el Ministerio Público, explicando claramente toda la tortura que recibí, el expediente sigue ahí, no le han movido», expresó.

«El haber creído en instituciones del Estado para llevar esas denuncias de PDVSA fue un error», agregó.

Chirinos ofreció disculpas en el programa Vladimir a la Carta a todos los venezolanos, por no percatarse que los entes a donde acudieron para denunciar el desfalco de Pdvsa eran también cómplices.

«Queremos pedirle disculpas a todos los venezolanos por no habernos dado cuenta que ante los entes que denunciamos eran cómplices de las mafias de PDVSA. Si quizás hubiésemos tomado acciones de masa con los trabajadores de PDVSA, hubiésemos logrado evitar que hoy faltaran a la nación 20 o 30 mil millones de dólares», manifestó.

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Chirinos enfatizó en que si no se corrige el sistema total, no se logrará acabar con la corrupción.

«Es un tema cíclico, cada dos años se repite, figuras en las que confió el pueblo salen involucradas en tema de corrupción. Hay que cambiar los métodos… Insisto, esto no puede ser un tema de agarrar 20, 40, 60 presos y no atacar el sistema que está llevando a que eso se siga repitiendo», precisó.

Finalmente, dijo, «hay una lucha contra la corrupción y creo en ella, pero no está siendo contra todos los corruptos».

«El derecho a un debido proceso, así como el derecho a la presunción de inocencia, asisten a cualquier persona privada de su libertad en el país».

El anterior es parte del comunicado emitido por unas 35 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), acerca de las detenciones que la administración de Nicolás Maduro ha ordenado en contra de varias personas relacionadas con hechos de corrupción en Pdvsa y la CVG.

«También es necesario recordar que el arresto, la detención o la prisión solo se pueden llevar a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o autorizados para ese fin», agregan las ONG en el escrito.

Recordaron que la garantía del respeto a estos derechos están previstos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado.

Los detenidos «fueron presentados ante tribunales pasado el lapso de 48 horas que establece el artículo 44 de la Constitución, en instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que no son sede judicial», alertaron.

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Igualmente, advirtieron que uno de los detenidos es un diputado, quien no fue sorprendido en flagrancia, requisito que establece la Constitución para este tipo de acciones.

Recuerdan que para la detención de un parlamentario hace falta el antejuicio de mérito establecido en las leyes, porque a los diputados los protege la inmunidad.

No obstante, las ONG señalan que el Estado venezolano tiene la obligación de investigar a todos los responsables de «corrupción estructural y de gran escala» que afecta al país, así como «desmontar los mecanismos y políticas institucionales que la han generado», entre ellas la «falta generalizada de acceso a la información y la ausencia de memorias y cuentas auditables».

Según cifras del fiscal de Maduro, Tarek William Saab, hasta la fecha hay 44 detenidos por su presunta vinculación en hechos de corrupción en Pdvsa, la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), el Poder Judicial y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Para Mercedes de Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, de nada vale que Nicolás Maduro se dé golpes de pecho con el tema de la corrupción en los organismos del Estado y en específico con el actual escándalo en Pdvsa, cuando desde hace años, tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General, han tomado medidas que hacen convierten a estas instituciones en cómplices de esos delitos.

«Un principio básico para que se combata la corrupción es que se impongan principios de transparencia como la publicación de los informes de gestión y tenemos tiempo sin escuchar que el Contralor General (Elvis Amoroso) diga algo sobre la falta de transparencia de Pdvsa, sobre la gestión, sus informes financieros o cuánto dinero está transfiriendo para el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) o al Banco Central de Venezuela (BCV)”, asevera.

Por ello, De Freitas insiste en que «la Contraloría y el TSJ son cómplices en la opacidad administrativa de Pdvsa».

«Desde 2003 se empezaron a tomar decisiones que destruyeron la institucionalidad transparente de Pdvsa y la que más o menos tenía la industria antes de ese año, si se compara con la que hoy no existe», agregó.

Reitera que estos organismo «no dan información y no dan respuesta sobre lo que ha pasado» en la institución petrolera.

Para De Freitas, hay una razón para que la administración de Maduro haya hecho público el caso de facturas incobrables por 3.000 millones de dólares en las cuentas de la compañía, porque «74% de los ingresos previstos en el presupuesto se contemplaba que provinieran de la exportación de crudo y combustibles».

En declaraciones a varios portales, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, pidió, además, derogar la Ley Antibloqueo o los artículos de este instrumento legal que consagran la falta de transparencia con disposiciones como la confidencialidad y derecho de reserva de información de contratos públicos.

Pero, aclara que,mincluso, antes de esta ley, «en Pdvsa se realizaban negociaciones con privados, con opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones y sin rendición de cuentas».

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Por otro lado, de Freitas alertó acerca de que «es mucho y muy difícil llevar a cabo todo lo que hay que hacer para adecentar a la administración pública venezolana. Hay que empezar pronto, mientras más tarde empecemos, más vamos a tardar, más se va a arruinar el país y será más difícil de cambiar”.

Dijo que «ante las grandes redes de corrupción que hay en el país es prioritario contar con un equipo capaz para investigarlas, apoyado en grupos internacionales con experiencia técnica y experticia financiera, pero que principalmente para iniciar los correctivos que deriven en una sana administración pública, es necesario cambiar todo el sistema de justicia».

Llegó la hora. La Audiencia Nacional de España comenzó los trámites previos para llevar a juicio al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catarina Varandas. ¿El delito? Blanqueo de fondos de procedentes de Pdvsa.

Según la agencia Efe, el procedimiento comenzó por decisión del magistrado Alejandro Abascal, a petición de la Fiscalía Anticorrupción en España.

La causa investiga el supuesto cobro de 4,5 millones de euros de Pdvsa por parte de Alejo Morodo, mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba como embajador en Venezuela.

El blanqueó ocurrió mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador, y dos socios venezolanos. Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, quien se quitó la vida poco después de prestar declaración por estos hechos.

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«La investigación desarrollada evidencia que dentro de los hechos investigados los dos casos, si bien mantienen conexidad inicial, están perfectamente diferenciados y dotados de elementos propios que permiten y aconsejan su enjuiciamiento por separado», señala el escrito citado por la agencia, donde se aclara que los casos serán tratados por separado.

Esto se debe «no sólo porque los hechos y las personas investigadas en cada uno de ellos sean diferentes, sino también por el distinto estado procesal en que se encuentran».

También se supo que la «investigación de defraudación fiscal correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 y 2017» no han prescrito «al tiempo de iniciarse esta investigación, con cuotas defraudadas superiores a los 120.000 euros».

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que parte de su entramado se empleó como «sociedades interpuestas» para canalizar las presuntas comisiones que se ocultaron en Suiza.

A todo ello añade movimiento de flujos de Trading S.L con empresas que pertenecen a sus hermanos. Ya en 2008 se ocultó una deuda de Cañeque cercana al millón de euros. Además, en esos años se produjeron aportaciones dinerarias de una nueva sociedad, Acervo 2000 S.L.

Se trataría de una mercantil ‘tapadera’ detrás de la cual están la mujer del embajador español en Venezuela y sus cinco hermanos. El documento concluye que los verdaderos motivos de estas operaciones de flujo de capital no eran mejorar Trading S.L, ya que no se produjo cambio de ningún tipo, reseña el portal VozPopuli.

La Audiencia Nacional de España decidió este miércoles archivar, de forma provisional, una de las investigaciones que por blanqueo de capitales se le seguía a varios exfuncionarios de Pdvsa, entre ellos al exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, su esposa Milagros Coromoto Torres y Alfonso Garrido Picón.

Se trata de la causa relacionada con el ingreso de unos fondos a favor del matrimonio, en el Banco de Madrid, con el argumento de que era un “contrato de asesoría” de parte de una sociedad controlada por el matrimonio y radicada en Madeira (Portugal).

Este contrato era ente la entidad Kingsway LDA, con otra institución radicada en Miami (Estados Unidos), Miami Export Equipment, dirigida por Luis Díaz y Luis Javier Díaz, por un importe de casi 10 millones de dólares.

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En el documento del tribunal, al final de esta nota, la jueza María Tardón acuerda «el sobreseimiento provisional» que es una de las cuatro investigaciones en las que se dividió el caso Pdvsa, por lavado de dinero, en España.

Se señala en el escrito que el contrato no respondía a servicios reales, sino a dar apariencia de legalidad al origen de los fondos controlados por el matrimonio y facilitar su introducción en el sistema financiero español mediante la compra de un inmueble en Madrid, entre otras operaciones.

Al analizar los hechos, la jueza recordó que la actuación ya fue «objeto de investigación en Portugal por supuesto delito de corrupción y blanqueo de capitales».

A su juicio, con la investigación, «no cabe excluir que nos encontremos ante la prestación de servicios realmente realizados y ante el pago de honorarios derivados de los mismos».

Agrega que los abogados de Villalobos aportaron documentos «justificativos de que la sociedad Kingsway LDA ha declarado ante la hacienda pública portuguesa los ingresos derivados de las transferencias realizadas por Miami Export Equipment».

Y sobre la presunta compra de inmuebles en la capital de España, Tardón destaca que de la forma en que se hizo el pago «no parece evidenciar una operativa sospechosa de blanqueo».

«No cabe, sino concluir que, tras una dilatada y extensa investigación, no resultan indicios bastantes para inferir, en los términos exigibles para continuar el procedimiento penal contra los tres investigados solicitantes del sobreseimiento, que la operativa que es aquí objeto de investigación -la introducción en España de 6.912.829,95 $ -importe total de las transferencias- pueda configurar el delito de blanqueo de capitales que, por ello, se les venía imputando», concluye la jueza.

La sentencia aclara en que se trata de un archivo «provisional» y que no libera por completo las otras investigaciones sobre el mismo caso.

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El abogado venezolano Carmelo Urdaneta, fue sentenciado este jueves en Miami, EE.UU., a 4 años de cárcel, menos de la mitad de lo que pedía la Fiscalía estadounidense.

Urdaneta está acusado de conspiración para lavar dinero por más de 1.200 millones de dólares como parte de una trama de corrupción que involucra a Pdvsa, informó Efe.

La fiscalía había pedido al tribunal una sentencia de 10 años de prisión para Urdaneta, que fue asesor del Ministerio de Petróleo y Minas- Pero finalmente fue condenado a algo más de cuatro años.

La ponencia dice que el sentenciado es «un sofisticado servidor público licenciado en derecho que conspiró para lavar más de 1.200 millones de dólares, en parte, a través de cuentas en los Estados Unidos».

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La jueza Kathleen Williams impuso además una multa de 35.000 dólares a Urdaneta y aprobó la incautación de sus activos valorados en 49 millones de dólares, incluido un apartamento de lujo y una cuenta bancaria en Suiza.

Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en EE.UU. por una supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014 y supuso para Pdvsa un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude.

La intención de los involucrados era «lavar» parte de esa cantidad mediante adquisiciones de bienes raíces y falsas inversiones en Miami, de acuerdo con la acusación, que data de 2018.

En la trama están presuntamente implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en EE.UU. y otras partes.

Urdaneta había llegado a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en julio de 2021 para declarase culpable del delito de «conspiración para lavar dinero», según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.

En virtud del acuerdo de colaboración con la Fiscalía, Urdaneta, de 48 años, respondió solo del cargo de conspiración para lavado de dinero, ya que otros dos cargos le fueron retirados.

«Un servidor público sofisticado, con un título en derecho, debería haber rechazado la tentación del soborno», escribieron los fiscales federales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden en el memorando de sentencia.

«Como parte del acuerdo de culpabilidad de Urdaneta, las autoridades estadounidenses incautaron un apartamento de 5,3 millones de dólares en Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach (al norte de Miami), junto con dos apartamentos en Miami Beach y todos sus activos en una cuenta bancaria suiza».

El acusado obtuvo personalmente más de «49 millones de dólares en pagos de sobornos a cambio de su actos y decisiones corruptos como Asesor Jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que era el ministerio venezolano responsable de la supervisión de la entidad petrolera de propiedad y control estatal del país, Petróleos de Venezuela, S.A. (‘Pdvsa’)», señaló la Fiscalía.

En su memorando, firmado por el fiscal Juan Antonio González y Lorinda Laryea, a cargo de la sección de Fraude de la Fiscalía, se indica al tribunal que «tal la conducta de un funcionario venezolano de alto rango amerita una sanción adecuada».

Urdaneta se entregó en 2020 a las autoridades a su llegada en un vuelo a Miami y salió en libertad bajo fianza de 1,5 millones de dólares.

En la misma acusación fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, según el documento judicial.

En 2018 fueron detenidos y acusados por conspiración para lavar dinero Krull, un alemán radicado en Panamá, y Hernández Frieri, un colombiano nacionalizado estadounidense que fue capturado en Italia.

Aparte de EE.UU., en las pesquisas de este caso han intervenido varios países, entre otros el Reino Unido, Italia y España.