Pareciera que Pdvsa es un barril sin fondo donde todo el mundo mete la mano, saca dinero y lo desaparece.

Esto ocurre según la información publicada recientemente por el portal Cuentas Claras, donde se denuncia otro caso de corrupción en la estatal petrolera, con la desaparición de otros 30 millones de dólares, y en el cual estaría implicado el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

La publicación reseña que El Aissami designó a Julio César Villarreal Abreu, como interventor de Multinacional de Seguros, quien presuntamente recibió esa cantidad de dinero, en efectivo, a principios de 2023.

El dinero era para gestionar un seguro administrado de salud para los trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y garantizar el acceso de los empleados de la estatal a las principales clínicas del país.

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“Fuentes de Pdvsa aseguran que a la fecha dicho seguro administrado no solo no se ha concretado, sino que se desconoce el destino del dinero», dice la investigación.

«El manejo de efectivo para el pago de gastos es una práctica cotidiana de Pdvsa y responde al esquema utilizado en los últimos años dentro de la trama asociada a la cripto-corrupción por la cual habría sido destituido Tareck El Aissami en marzo”, agrega.

El reportaje resalta que en la Gaceta Oficial N.º 41.811 de fecha 30 de enero de 2020, Tareck El Aissami, designó una Junta Interventora Especial de las empresas aseguradoras Multinacional de Seguros, Seguros Guayana, Interbank Seguros y Adriática de Seguros.

Los interventores que designó en ese momento resultaron ser: Ysmer Gómez, José Manuel Suárez Matheus, Nelson José García, Ender Montiel y Julio César Villarreal, este último asumió la presidencia de la Junta y posteriormente la Fiscalía le abrió una investigación por lavado de dinero.

Adicionalmente, Villarroel abandonó el cargo luego de la renuncia de El Aissami como ministro de Petróleo el 20 de marzo.

Según fuentes vinculadas a la Junta Interventora de Multinacional de Seguros, afirman que se desconoce el paradero de al menos 30 de los 35 millones de dólares que estaban destinados a la salud de los trabajadores de Pdvsa.

“Villarreal posee la doble nacionalidad española-venezolana y se presume que estaría en Madrid. Es por ello que un grupo de empleados de Pdvsa se dirigirá a las autoridades españolas para precisar el destino de los recursos”, resalta el portal.

#1Sep? ¿LA MANO PELUDA? Desaparecen otros 30 millones de dólares en PdvsaLos recursos serían para gestionar un seguro de salud para los trabajadores de la estatal petrolera.?: @ThaitirCalderon?️ Ya está disponible la emisión completa. ??https://t.co/dUUlOxEvU7 pic.twitter.com/UJylo4lXYO

La cifra aumentó, pese a que nunca hubo confirmación de un monto exacto, desde que comenzaron las investigaciones se manejaba que lo robado de la producción petrolera durante el último año esta acerca de los 3.300 millones.

Sin embargo, según datos proporcionados por la Fiscalía en el documento interpuesto ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados, el desfalco ascendió a $5.550.544.290,74, por los que se ha ordenado el enjuiciamiento de 22 personas detenidas por la justicia venezolana.

De acuerdo al escrito, este grupo de personas participaban de “una red de corrupción conformada por funcionarios públicos, que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control”.

Esta mil millonarias cifra se habría originado de las ventas de ese petróleo que no ingresó a la República, sino que se desvió a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.

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Se pudo conocer que el documento también detalla que los funcionarios no reportaban a las cuentas de Pdvsa los pagos por concepto de las asignaciones de estaciones de servicio y de las cargas de crudo.

Por el contrario, las empresas administradoras conciliaban directamente en las direcciones a cargo de estos imputados, a través de depósitos bancarios, plataforma Patria y efectivo.

Por si fuera poco, se autorizó la emisión de pagos a contratistas sin efectuar el debido registro permitiendo así que terceros se apropiaran de recursos del Estado venezolano, según el Ministerio Público

De igual forma, en otro documento interpuesto por la Fiscalía devela se solicitó el enjuiciamiento de Cristóbal Cornieles y José Maxcimino Márquez García, expresidente del Circuito Judicial Penal Caracas y ex juez 4º antiterrorista. Ambos acusados de obtener dádivas por favorecer la liberación dictada a favor de Oswaldo Cheremos, catalogado como socio del Tren del Llano.

“Yo no sé dónde está y tampoco tengo su número de teléfono”, respondió el diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Faría al ser consultado sobre el paradero del exministro y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami.

Sobre El Aissami pesa una investigación por la trama de corrupción descubierta en la estatal y denunciada por autoridades de la administración de Maduro.

El diputado Faría hizo la afirmación durante una entrevista en Globovisión, donde le preguntaron sobre del exlíder de la revolución caído en desgracia por hechos de corrupción.

“Puedes llamarlo y preguntarle dónde está. Yo no sé dónde está y tampoco tengo su número de teléfono. Pero sé que Rafael Ramírez está libre en el mundo y EE.UU. que persigue a todos, lo está protegiendo», indicó.

Al tiempo que cuestionó que esto «es una práctica muy usual después de que los señalan de narcotraficantes, terroristas y delincuentes cuando los van a castigar los protegen y eso se convierte en una cloaca», detalló.

Ante la insistencia de la periodista Franzis Torrealba, ratificó que “la investigación la lleva la Fiscalía General. No sé cuál es tu fijación con Tareck, pero llámalo”.

Recalcó que se realiza una investigación profunda sobre los hechos de corrupción.

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En materia económica, Faría aseguró que la economía venezolana seguirá creciendo, “pese a la ralentización que han reportado diversas firmas durante los últimos meses”.

Explicó que  “vemos en líneas generales una tendencia al crecimiento, la misma que se retomó a finales de 2021. Se mantiene, se ha desacelerado la recuperación por el bloqueo y la situación de especulación cambiaria, pero hemos superado esa coyuntura”.

A tres meses de haberse destapado la trama de corrupción  de PDVSA, Transparencia Venezuela y Ecoanalítica, realizaron un seguimiento al caso y determinaron que los fondos públicos comprometidos se ubican en 16.600 millones de dólares y  más de 100 empresas involucradas.

El informe presentado por Transparencia Venezuela, titulado Trama Pdvsa-Cripto, analiza el origen de la trama de corrupción y, junto a Ecoanalítica, presenta una estimación del monto desaparecido que supera con creces los USD 3.000 millones inicialmente mencionados.

La investigación Trama Pdvsa-Cripto, incluye un análisis exhaustivo del origen del caso con “estimaciones actualizadas de los fondos públicos comprometidos, las cuales ubican en USD 16.600 millones, la cifra comprometida. El monto quintuplica los USD 3.000 millones mencionados por diversas fuentes, y supera los cálculos de investigaciones periodísticas independientes”.

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Otro dato revelado por Transparencia Venezuela destaca que “el estudio aborda además a los personajes relacionados a la trama y las más de 100 empresas involucradas”.

 Asimismo, el “impacto de la trama de corrupción en los derechos humanos de los ciudadanos, toda vez que estos recursos multimillonarios extraviados pudieron haberse destinado a solucionar los problemas más graves del país y atender las necesidades urgentes de la población más vulnerable”.

Destaca Transparencia Venezuela, que hizo unos planteamientos públicos al fiscal Tarek William Saab, pocos días después de las primeras detenciones, pero que “hoy están sin responder, pero que deben ser contestados”.

Las interrogantes de que hace la ONG son las mismas que se hacen los venezolanos. “¿Dónde estaban los funcionarios responsables de resguardar el dinero de todos los venezolanos? ¿Están detenidos todos los que son responsables? ¿Cómo se esfuman 16.600 millones de dólares sin que nadie se percatara? ¿Quién se quedó con el dinero público? ¿Por qué no se actuó cuando se puso en riesgo la primera operación?».

Con información Transparencia Venezuela

Tras los últimos hechos de corrupción develados por el propio Nicolás Maduro, se ha desatado una disputa por el poder económico y político a lo interno del gobierno.

El desfalco a Pdvsa pudiera ascender a los $23 mil millones.

¿Quiénes integran las fracciones que se disputan el poder en Venezuela?

Como “resultado de una investigación profunda, realizada por meses, que apunta a ciudadanos que ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país», la administración de Maduro giró instrucciones al Ministerio público a actuar sin contemplaciones.

Se trata de una solicitud de  la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela al Ministerio Público para procesar judicialmente a un número no especificado de ciudadanos que «ejercían funciones» en el poder público y que «podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».

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#17Mar #ÚLTIMAHORA COMUNICADO ?La Policía Nacional Anticorrupción del país, inicia solicitud al Ministerio Público de encauzamiento judicial de una serie de individuos que podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos. pic.twitter.com/Orel5JEK96

El comunicado dado a conocer a través de las redes sociales y de la televisora estatal, indica que la Policía Anticorrupción «ha iniciado -ante la Fiscalía- una solicitud de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».

El importante anunció no específico de quienes se trata y cuantas personas serían investigadas.

Destaca el comunicado: «Tenemos la instrucción expresa de que esta investigación se lleve hasta las últimas consecuencias, y no nos detendremos en el sagrado deber de enfrentar el flagelo de corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en estos actos criminales, sean quiénes sean y caiga quién caiga».

En el 2014 Nicolás Maduro, en el marco de una facultad extraordinaria otorgada por el Parlamento al jefe de Estado creo La Policía Nacional Anticorrupción.

El objetivo de esta instancia es encargarse de «operaciones secretas anticorrupción» y participaría en la promoción de valores y principios de transparencia en los ámbitos educativo, cultural e institucional, reseña EFE.

El empresario estadounidense de origen venezolano Jorge Nóbrega se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos. Lo hizo, al admitir que prestó servicios a la Fuerza Aérea de Venezuela en violación de las sanciones de EE.UU.

Nóbrega, detenido en agosto de 2021, reconoció que recibió cerca de 3,7 millones de dólares en una cuenta bancaria en Portugal procedentes de Pdvsa, reseñó Efe.

El tribunal de Miami puede imponer una pena máxima de cinco años de cárcel, seguida de una pena de libertad supervisada de hasta tres años. Además de una multa de hasta 250.000 dólares y la restitución de los fondos obtenidos en su acuerdo con las autoridades venezolanas.

En marzo de 2015, Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos.

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Tras la detención de Nóbrega se supo que este repuso una espuma anti-explosiones en los tanques de combustible de los aviones rusos Sukhoi-30 que posee la Fuerza Aérea de Venezuela. Lo hizo a través de la empresa Achabal Technologies, con sede en Miami y una filial en Venezuela.

El dinero llegó mediante transferencias a una cuenta bancaria en Portugal a nombre de Achabal Technologies y como remitentes se usó a «una estructura tripartita». La misma estaba compuesta por TIPCO, una compañía tailandesa fabricante de asfalto, y por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su filial Bariven SA.

El banco suizo Credit Suisse salió a defenderse de las acusaciones de que por décadas guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción. Por ello afirmó 90 % de las cuentas que revisó frente a estas denuncias estaban ya cerradas o en proceso de serlo. Entre estas cuentas hay varias de venezolanos vinculados a Pdvsa.

El banco argumenta que se trata de denuncias sobre la base de hechos «inexactos y sacados de contexto», reseña Efe.

Y es que las acusaciones surgieron de las informaciones publicadas por el periódico The New York Times. Este hizo realizó esta investigación donde pudo analizar los datos de 18.000 cuentas del segundo mayor banco de Suiza.

Esas informaciones las tenía el diario alemán Süddeutsche Zeitung que lanzó el reportaje denominado «Secretos Suizos».

En una declaración emitida desde su sede mundial en Zúrich (Suiza), Credit Suisse afirma que los hechos presentados son predominantemente «históricos».

Dijo que algunos datan de la década de 1940 y que de manera general lo que se afirma «es parcial, inexacto o con información fuera de contexto.

Según la filtración, Credit Suisse abrió cuentas y sirvió como clientes en un periodo comprendido entre 1940 y la década de 2010.

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El banco supuestamente desoyó alertas de sus propios empleados sobre actividades sospechosas de sus clientes. Entre ellos hay acusados de corrupción en torno a la petrolera estatal de Venezuela (Pdvsa). También hay figuras gubernamentales en Oriente Medio o altos funcionarios de inteligencia de países colaboradores con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.

La investigación llevó al banco a «revisar una gran cantidad de cuentas potencialmente vinculadas con los temas expuestos. Aproximadamente 90 % de ellas están cerradas o estaban en proceso de cierre antes de que se reciban las peticiones de la prensa».

El banco señaló que 60 % de todas esas cuentas habían sido cerradas antes de 2015.

«Sobre el resto de cuentas activas, nos sentimos cómodos puesto que se ha actuado con la diligencia debida y se efectuaron controles conforme a nuestro marco actual. Seguimos analizando los hechos y tomaremos pasos adicionales si es necesario», aseguró.

Aunque señaló que toma las denuncias de forma seria y que continuará con sus investigaciones internas, la entidad financiera dijo que esto parece ser parte de un «esfuerzo concertado» para desacreditar no solo al banco, sino a la plaza financiera suiza, que ha aplicado profundos cambios en los últimos años.

El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó de la imposición de medidas a dos bancos del país. Se trata de Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH). Las sanciones se aplican por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión», indicó FINMA en un comunicado, reseñado por Efe.

Estas prácticas irregulares las cometió la Banca Zarattini entre 2014 y 2018 y la CBH en el periodo 2012-2020, señaló FINMA.

El organismo criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada. También porque no hicieron las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.

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El órgano supervisor aclara que ambas entidades ya tomaron medidas para evitar nuevas irregularidades. No obstante, señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de «personas expuestas políticamente».

En el caso de CBH, FINMA ordenó detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos. Además, debe «revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario».

Con estas acciones, el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con PDVSA, en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores. 

Entre el 2005 y 2017, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), perdió más de 3.000 millones de dólares por el pago de una flota de buques que nunca se construyeron.

La información se supo por una publicación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por  los portales Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual, junto con Connectas, plataforma periodística para las Américas.

El grupo emprendió una investigación a partir de la filtración de unos 350 documentos de auditoría interna de Pdvsa. Los mismos guardan los proyectos de construcción y fletes de buques petroleros.

Los papeles develan «una serie de irregularidades en los manejos de la flota de la estatal petrolera». Hablan de «la deficiente gestión de la flota de buques petroleros por parte de Pdvsa, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro».

Agrega que «en este período se perdieron al menos 3.700 millones de dólares debido al pago por buques que no se construyeron».

Menciona «sobreprecios, desorden administrativo y embarcaciones varadas, entre otras irregularidades, según la auditoría interna de la estatal petrolera».

Entre los presuntos responsables de este hecho figuran «Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa por más de una década». Él «lideró el fallido Plan de Siembra Petrolera».

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Además, mencionan a «Asdrúbal Chávez, primo del fallecido mandatario y máxima autoridad de la estatal petrolera en la actualidad. Y Wilmer Ruperti, empresario que auxilió al oficialismo con tanqueros durante el paro petrolero 2002-2003».

«Hugo Chávez encargó la construcción de 18 buques petroleros en Argentina, Brasil, Portugal e Irán por un monto de 1.200 millones de dólares. Pdvsa adelantó más de 500 millones de dólares y solo recibió un barco y con retraso. Dos tanqueros en Argentina y uno en Brasil permanecen varados», señala la investigación.

Asimismo, destaca que «Pdvsa pagó 177 millones de dólares en fletes a dos tanqueros comprados con 95 por ciento de dinero venezolano. Este negocio de fletes ocurrió en el marco de una empresa mixta entre Cuba y Venezuela».

Concluye que «Pdvsa desperdició miles de millones de dólares en la construcción de 18 buques; en el proyecto de un astillero que nunca se inició».

También lo hizo «en el sobreprecio en la compra de cuatro embarcaciones a una empresa japonesa». En el flete «sin soportes, pérdida de costo de oportunidad por barcos varados». Esto, además de «desvíos y sobre ejecución presupuestarias en petroleros, lanchas y remolcadores».

En ese periodo hubo «contrataciones sin control, no recobro de siniestros y de demoras en puertos imputadas a clientes».

A esto se suma «la compra de materiales saltando los procesos y alquiler del Petión y el Sandino para llevar petróleo a Cuba».

Un joyero venezolano ayudó presuntamente a blanquear 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) a la trama de dirigentes y empresarios cercanos a Hugo Chávez. Se trata del caso de lavado de dinero producto de la corrupción de Pdvsa en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Se trata de sujeto de 50 años, investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la jueza andorrana Stéphanie García, publico el diario El País. Esto, después de que los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) descubrieran el inexplicable flujo de dinero que entró en la cuenta que manejó en la BPA. La misma figuró a nombre de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

El hombre es uno de los propietarios de una joyería de lujo ubicada en el centro comercial San Ignacio de Caracas. Y en 2011 cobró más de 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) de tres de los actores principales del presunto expolio de PDVSA. Esto, por la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet.

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Entre los compulsivos compradores de los relojes de lujo figuran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía, quien pagó al joyero 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros). También destaca el empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo. Este abonó cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros).

Y, finalmente, Javier Alvarado, exviceministro de Energía y director de Corpoelec. Alvarado transfirió al joyero 141.480 dólares (122.437 euros). Los datos figuran en un informe de la Uifand de septiembre de 2020 al que ha tenido acceso El País.

El joyero, al igual que los exjerarcas chavistas, tenía desde agosto de 2011 cuenta en la Banca Privada d’Andorra.

Según la Uifand, recibió dinero de sus clientes en un depósito abierto a nombre de su sociedad instrumental Golson Ltd. La misma está radicada en Tórtola, capital de las Islas Vírgenes Británicas.

La cuenta andorrana de Coriat recibió 18 abonos mediante traspasos internos –un sistema que no deja rastro- por un total de 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros).

Pese a que la sociedad Golson Ltd emitió facturas por los pagos de los Rolex y Cartier, los investigadores de la Uifand creen que estas ventas millonarias sirvieron para blanquear dinero de los jerarcas chavistas. Y destacan que las facturas no especifican las referencias de los relojes ni sus certificados de autenticidad.

“Una empresa que se dedica a la asesoría energética, Josland Invesment S. A. (sociedad panameña de Villalobos), compra 32 relojes de lujo por 1.185.900 dólares (un millón de euros). Las operaciones que emplean este tipo de compras de productos de lujo han sido utilizadas históricamente para el blanqueo de capitales debido a que es un producto que raramente pierde valor en el transcurso del tiempo”, señala el informe del organismo público pirenaico.

La red de exviceministros del Gobierno de Hugo Chávez, investigada por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de Pdvsa, sigue dando de qué hablar. Esta vez se trata del exdirector financiero de la petrolera, entre 2005 y 2011, Eudomario Carruyo.

El diario español El País, publicó una investigación que señala a Carruyo por recibir un pago de 30,6 millones de dólares, a través de la Banca Privada de Andorra.

Los pagos los habría recibido entre 2008 y 2010, cuando formaba parte de la cúpula de Pdvsa, señala El país.

«Los fondos llegaron a través de transferencias de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía. También de Diego Salazar, primo del exministro de Energía, Rafael Ramírez y Luis Carlos de León, exabogado de la petrolera», dice la publicación que cita documentos que prueban las transacciones.

Los pagos se justificaron como trabajos de asesoría prestados por Carruyo al grupo de exjerarcas. Los tratos se cerraron mediante “contratos orales”. Los «falsos servicios de consultoría son tretas de la trama que saqueó Pdvsa para justificar sus comisiones ilegales», según los investigadores.

Un juzgado de Andorra procesó en 2018 a Villalobos, Salazar y De León. Lo hizo porque pertenecían presuntamente a una red de 28 personas que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas agraciadas con millonarias adjudicaciones de Pdvsa.

La trama ocultó sus beneficios, de 2.000 millones de dólares, en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.

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Carruyo percibió 30,6 millones a través de una cuenta en la BPA a nombre de su sociedad panameña Biford Investments S. A. Allí figuraba como representante junto a su esposa, Nancys Jacibis Perozo de Carruyo. El exdirectivo de PDVSA abrió este depósito para facturar supuestos servicios de su firma venezolana de ingeniería, Lugo Enterprise.

Así, Carruyo ingresó 10,4 millones de dólares de las sociedades panameñas controladas por el exviceministro Villalobos. Estas empresas son: Lomond Overseas S. A. ($5,5 millones), Monterrey Management Limited ($3,1) y Tristaina Trading S. A. ($1,8).

También, cobró $15,1 millones de Highland Assets Corp, una firma de Luis Mariano Rodríguez Cabello. Él es un presunto testaferro de Diego Salazar, sobrino del exministro de Petróleo Rafael Ramírez. Y dos millones de una cuenta en la BPA a nombre de la compañía panameña Worldwide Traders Line S. A. vinculada a Salazar y a su esposa, Rosycela Díaz Gil.

Luis Carlos de León, exabogado de Pdvsa abonó 2,9 millones entre 2009 y 2010 a Carruyo. Lo hizo a través de Cano Navy Corp, su sociedad panameña con cuenta en la BPA.

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El dinero de la trama llegó a las cuentas en la BPA de Carruyo en forma de traspasos internos, un sistema que no deja rastro. Y tras aterrizar en la entidad andorrana, se transfirió a otros depósitos del exjefe de finanzas de Pdvsa en el extranjero.

Así, Carruyo traspasó 20,1 millones en junio de 2011 a una cuenta en un banco de Dubái controlada por su sobrina, la venezolana Katerina S. P., de 34 años. Y remitió 6,5 millones en abril de 2010 a un depósito de un banco de Suiza donde figuraba como beneficiario.

El exdirector financiero de Pdvsa le dijo a la entidad que decidió cancelar sus cinco cuentas en la BPA después de la aparición de este banco en informaciones periodísticas. “[Carruyo] No quiere correr riesgos”, indicó la institución financiera andorrana en un documento interno.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) concluye en un informe de julio de 2020 que Carruyo utilizó a su sobrina Katerina S. P. como testaferro en dos cuentas en la BPA.

Se trata de depósitos vinculados a las sociedades panameñas Welnut Overseas S. A. y Terrystone Foundation. las mismas canalizaron el millonario caudal de fondos inyectado por la trama.

La familiar del político reconoció en una declaración jurada que su tío era el verdadero dueño de los fondos.

La treta de Carruyo de usar a su sobrina en sus cuentas en Andorra tenía por objeto evitar que el banco cerrara los depósitos del exdirectivo de Pdvas. Esto por su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP).

Los investigadores andorranos cuestionan el origen de los fondos que Carruyo ingresó en la BPA. Dudan de que la empresa de ingeniería y obra civil que supuestamente generaba el dinero —Lugo Enterprise— tuviera actividad real.

También critican los supuestos contratos con los que el exejecutivo de la petrolera trató de justificar sus millonarios ingresos. “Se desconocen los trabajos prestados, los pagos acordados, los importes”, recoge el informe de la Uifand.

Las pesquisas siembran dudas además sobre la procedencia de los 30,6 millones que aterrizaron en la constelación de cuentas de Carruyo.

La Uifand sostiene que el exdirectivo usó la cuenta en la BPA en la que cobró esta suma como “puente”, una pasarela para derivar después los fondos a otros depósitos.

Así, su cuenta a nombre de la sociedad Biford Investments S. A. ingresó 11,5 millones en 2010 de la red chavista y envió 11,2 millones a otra cuenta del exdirectivo de PDVSA en la entidad andorrana a nombre de la mercantil panameña Orfield Foundation S. A.

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Un informe incorporado al sumario —unas pesquisas que arrancaron en 2012 y que suman ya más de 76.000 documentos— enmarca los ingresos en la BPA de Carruyo en los movimientos de una presunta organización delictiva que se sirvió para hacer caja de su proximidad al Ejecutivo del expresidente Chávez. “Políticos venezolanos habrían cobrado sobornos a fin de facilitar contratos de PDVSA a empresas extranjeras”, indica el documento.

La tesis coincide con la expuesta por la magistrada andorrana Canòlic Mingorance en septiembre de 2018 en el auto por el cual procesó a 28 miembros de esta organización.

La resolución presentaba a la red como un grupo integrado por exdirigentes venezolanos y funcionarios de la energética estatal que cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que resultaban después agraciadas con contratos de Pdvsa.

El paradero de Carruyo, que ha estado vinculado a distintas derivadas del saqueo de PDVSA, es desconocido desde hace años.

Ismael Oliver, abogado del exministro venezolano Nervis Villalobos, defiende que su cliente “no ha cometido ningún acto de soborno, corrupción o blanqueo de capitales en ningún país”. Y precisa que el exjerarca “no ha sido condenado por ningún tribunal”.

“Todas las operaciones que hizo el señor Villalobos en la BPA, su filial Banco de Madrid o cualquier entidad financiera fueron expresamente revisadas y fiscalizadas por el departamento de cumplimiento normativo de los bancos y son lícitas”, responde Oliver a este periódico por correo electrónico.

Sin embargo, las pesquisas apuntan que la trama movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra a través de una alambicada madeja de cuentas opacas y sociedades instrumentales —sin actividad— en paraísos fiscales como Suiza o Belice.

La Fiscalía de Venezuela cifró en 4.200 millones de euros el expolio de la petrolera estatal perpetrado por la red. Junto al exviceministro Villalobos, la organización incluyó en su cúpula a Javier Alvarado, el todo poderoso exviceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Un exdirectivo que está siendo investigado en España y EE UU y que fue arrestado en Madrid en 2019 a petición de un juzgado de Texas, que le reclamaba por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo. Las pesquisas del juez americano indagan un caso de corrupción de más de 50 millones de dólares conectado con la energética venezolana.

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Una investigación interna de los actuales gestores de PDVSA determinó que exdirectivos de esta firma defraudaron a la compañía, al menos, 500 millones de dólares.

El método pasaba por autoconcederse contratos de compra de material a sus propias sociedades. Para ello, amañaban presuntamente las licitaciones y blanqueaban su botín en España. De 48.000 contratos examinados entre 2009 y 2015, un total de 2.562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera. PDVSA presentó en España una querella contra ambos.

La denuncia se dirige, también, contra Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas. La Audiencia Nacional tramita la querella. Varios de los investigados residen en España, donde han adquirido propiedades millonarias.

La Fiscalía general de la Corte de Apelaciones de Roma aceptó este miércoles la solicitud de extradición de Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa. El también exministro de Petróleo de Hugo Chávez, se encuentra en Italia y en Venezuela tiene acusaciones por varios delitos de corrupción.

La información se conoció a través de VTV, donde dieron a conocer el dictamen de la Fiscalía italiana respecto al caso.

El procurador de Roma, Luigi Giuliano, indicó que el Fiscal General «no consideró suficiente la defensa» de Ramírez y estimó que el caso no era de persecución política.

Desde julio del año padado, el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, dio a conocer los motivos por los cuales acusan a Ramírez, por los delitos de  peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.

A su vez, en el 2020, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró procedente la solicitud de extradición de Ramírez Carreño a la república italiana.

En la sentencia N° 55-2020, emitida por la sala, se dijo que este «ciudadano será juzgado únicamente por su presunta participación en la comisión de los delitos antes mencionados». Y aseguraron que tendría «las debidas garantías consagradas en la Constitución de Venezuela».

El Ministerio Público, al solicitar la orden de aprehensión de Rafael Ramírez, precisó que el 03 de febrero de 2017 , Luis Parra Rivero, interpuso una denuncia, en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, contra el expresidente de Pdvsa.

En esta denuncia, Parra manifestó «la situación de las cancelaciones excesivas diarias de un contrato celebrado entre la empresa Pdvsa Servicios, S.A. y Petrosaudi Oil Services (Venezuela) LTD». Estos pagos se hicieron la bajo la administración de Ramírez.

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El fallo mostrado por VTV, refiere que Venezuela ha solicitado la extradición del exministro por delitos que “se consideran cometidos en el año 2007”. Aclara que la petición de extradición «corresponde» con el ordenamiento jurídico italiano.

“No existen elementos para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos. Tampoco existen elementos para creer concretamente que el procedimiento al que sería sometido en su país de origen no respetará los derechos fundamentales del imputado”, indica el documento.

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Rafael Ramírez tiene una orden de aprehensión en Venezuela y alerta roja de Interpol. Desde que salió del país y de la administración pública, se ha dedicado a denunciar la «corrupción» en la gestión de Nicolás Maduro.

Le acusa de haber arruinado no solamente a Pdvsa, sino al país. El señalamiento más reciente del exministro contra Maduro ocurrió en diciembre del año pasado, a propósito de la entrada en vigencia de la Ley Antibloqueo.

Dijo que Maduro «pretende usar la Ley Antibloqueo para rematar a escondidas lo que queda de las riquezas de Venezuela».

Dijo que la norma sirve «como un cheque en blanco para vender en secreto las escasas joyas que le quedan a Venezuela. Esto incluye la propiedades rentables de Pdvsa».

“Acabaron con todo en su afán de controlar a PDVSA. Lo hicieron y la destruyeron; ahora dicen que hay que privatizar el petróleo”. Ahora Maduro “pretende rematar los activos del país en secreto”, alertó.

“El truco es que van a dejar Pdvsa como un cascarón vacío. Van a decir que Pdvsa es 100 por ciento propiedad del estado pero que todas sus filiales, que son más de 327, están sujetas a privatización”, agregó.

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Si Pdvsa ha servido para algo en la era del chavismo es para la corrupción. Esto se comprueba a través de un reportaje del diario español ABC que revela que entre 2009 y el 2015 en la empresa hubo un desfalcó de unos 1.700 millones de euros

En esos años, Rafael Ramírez, hoy buscado por la justicia chavista, estaba al frente de la petrolera. El diario revela que en esos años se firmaron licitaciones «fraudulentas» por esa cantidad de dinero.

La periodista Isabel Vega cuenta que el medio tuvo acceso a documentos que desvelan cómo se firmaron licitaciones falsas que constituyeron «un saqueo de la mayor empresa pública de Venezuela».

En esos documentos encontraron «empresas que se repiten entre los aspirantes, que resultan ser del mismo dueño»: Las mismas «se van presentando o retirando a discreción; plazos de presentación de ofertas que se alargan en el último momento. Y también compras con sobreprecio de hasta 270%».

Así, hasta 2.092 millones de dólares (unos 1.720 millones de euros) en contratos públicos, dice el trabajo de ABC.

En los documentos figuran los nombres de Roberto Rincón y Abraham Sheira. Ambos están condenados en Texas, Estados Unidos, por conseguir adjudicaciones a base de sobornos.

«Ambos se declararon culpables, lo que puso en punto de mira a decenas de personas vinculadas a estos negocios, algunos de ellos residenciados posteriormente en España».

ABC dice que son, en total, 2.562 contratos, en los que el sobreprecio llega en algunos casos a 270% respecto al importe previsto».

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La empresa Bariven es la clave del tinglado, aunque haya cambiado de nombre. Al ser la central de compras internacional de Pdvsa, se encargaba de adquirir todo lo necesario para la logística en la producción de petróleo.

Pero, en la práctica también asumió otras compras relacionadas con actividades ajenas al sector, como el caso de alimentos. Todo a petición del entonces presidente Hugo Chávez.

ABC indicó, por ejemplo, que en Bariven se alteraban los plazos para favorecer a unas empresas por encima de otras. Esto va contra las leyes de licitaciones.

Una de esas empresas, en apenas un mes, logró obtener una orden de compra de más de 251 millones de dólares. Esto, contrariamente a empresas como Siemens o Solar Turbines Inc. que se tardaron un año en pasar por trámites similares y por montos mucho menores.

Hay un caso que resalta. En noviembre de 2011 Pdvsa convocó a más de 20 empresas porque necesitaba comprar generadores a vapor.

Al parecer 16 de las compañías presuntamente no respondieron al llamado. Pero, de las cuatro restantes tres eran del mismo dueño. Ganó Riable Process & Instruments, de Rincón, que realizó una compra de más de 100 millones de dólares con 58% de sobreprecio.

Riable es una de las empresas con mayor porcentaje de sobreprecio registrado: 270%. Por un generador valorado en 2,71 millones de dólares, los venezolanos terminaron pagando 7,95 millones de dinero público.

En el reportaje, ABC asegura que era imposible que Rafael Ramírez no supiera de la situación. Lo afirma porque, a raíz del control cambiario, las comprar por altas cantidades de dinero debían pasar primero por la aprobación de la junta directiva de Pdvsa. Luego, pasaban a consideración de Chávez.

Por los delitos de contrabando agravado, peculado doloso, terrorismo y asociación detuvieron a 10 trabajadores de PDVSA a los que responsabilizan de desviar millones de litros de combustible de manera ilegal.

La irregularidad afectó la distribución de combustible en los estados Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira.

La información la ofreció el Fiscal General de Nicolás Maduro, Tarek William Saab,en declaraciones a la prensa.

Detalló que están detenidos 10 funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por su presunta vinculación con el desvío de diesel y gasolina premium.

Los desvíos se realizaron desde la Planta de Distribución de Bajo Grande en Maracaibo.

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Las investigaciones revelaron que hubo pérdidas  “de aproximadamente 1 millón 931 mil 373 litros de gasolina premium (equivalentes a 50 cisternas)”.

Además de “1 millón 87 mil 878 litros de diesel (unas 28 cisternas), lo que afectó el despacho de combustible hacia Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira”.

Las pesquisas se realizaron a partir de denuncia una “interpuesta por el Gerente de Seguridad Integral de Operaciones y Mercado Internacional de Comercio y Suministro”.

Dado como resultado “que existe una pérdida significativa al momento de efectuarse la conciliación de los volúmenes recibidos en la planta y los que en realidad son despachados hacia las regiones de Occidente y Los Andes”.

Los responsables del presunto delito quedaron identificados como:  

Informó William Saad que serán imputadas por la presunta comisión de contrabando agravado, peculado doloso, terrorismo y asociación.

Javier Alvarado, viceministro de Energía de Hugo Chávez cobró 1,7 millones de euros de una editorial de libros de cocina. La editorial tiene su sede en Madrid (España) y pago, según El País, por “asesoramiento energético”.

La investigación señala que Alvarado era «el cabecilla de una red que ingresó comisiones millonarias de empresas. Lo hizo a cambio de facilitar adjudicaciones de Pdvsa. La trama camuflaba su actividad con servicios de consultoría.

El diario cita documentos que señalan que el exfuncionario recibió entre 2002 y 2012 una media anual de 175.000 euros. El dinero lo entregaba la firma SIMPEI S. L.

Se trata de una compañía dedicada a la edición de obras como 100 postres riquísimos: de Latinoamérica a tu mesa.

El último ejercicio que esta empresa declaró sus cuentas (2013), tenía dos empleados. también pérdidas de 8.155 euros, según el registro mercantil.

Durante el periodo que facturó a la editorial madrileña, Alvarado ocupó cargos ejecutivos en empresas energéticas públicas venezolanas.

Así, dirigió hasta 2006 PDVSA Occidente y presidió el Instituto Venezolano para el Petróleo. Entre 2007 y 2010, era director de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). También ocupó el cargo de viceministro de Energía Eléctrica y Petróleo del Ejecutivo de Chávez.

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El vínculo profesional entre SIMPEI S. L. y Alvarado, que se presenta en su currículum como “ingeniero electricista”, se recoge en un documento de septiembre de 2012.

El administrador único de la editorial, Enrique Prieto Herrera, reconoce en este escrito haber pagado una media de 175.000 euros (208.100 dólares) anuales durante una década al exviceministro.

“Durante estos años, [Alvarado] ha realizado labores de consultor en materia de energía y petróleo, medio ambiente, energías alternativas y comercialización de productos eléctricos”, sostiene el editor de Entradas y guisos.

El exviceministro rechazó el pasado enero la conexión entre su millonario patrimonio y el saqueo de PDVSA. Y relacionó su fortuna con “una actividad profesional en el área de energía y medio ambiente”.

Justificó el uso de paraísos fiscales como una vía para blindar su patrimonio de las convulsiones financieras de Venezuela.

Y es que, a través de un laberíntico entramado societario, Alvarado adquirió inmuebles en Cartagena de Indias (Colombia). También en Madrid y Miami. Desvió 12,4 millones de euros a Suiza, Luxemburgo y Dominica, según la investigación del periódico.

Alvarado integró una red que percibía 10% de comisión por cada adjudicación de PDVSA concedida a una firma extranjera. El grupo ingresó 176,5 millones de euros de cinco compañías chinas. Las mismas resultaron agraciadas con contratos públicos en Venezuela. La organización camuflaba sus ingresos bajo supuestos servicios de consultoría empresarial.

A Alvarado los investigan en España y EE UU. Lo detuvieron en Madrid en 2019 a petición de un juzgado de Texas. El tribunal le requiere por los supuestos delitos de blanqueo de capitales. Y también por conspiración para el blanqueo en un caso de corrupción de más de 42 millones de euros.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España denegó su extradición a EE.UU.

Alvarado suma además otro frente judicial en España. Le investigan desde 2017 por el supuesto cobro de comisiones en una causa que indaga los contratos de la empresa asturiana Duro Felguera.

El exjerarca escondió su botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Allí manejó cinco cuentas y cuatro sociedades instrumentales que percibieron 46,5 millones de euros.

Uno de sus depósitos andorranos se abrió en julio de 2008, cuando el dirigente todavía formaba parte del Ejecutivo de Chávez.

Fiscales federales en Miami buscan una sentencia de prisión más severa contra Gustavo Hernández Frieri. Se trata de un administrador colombiano radicado en Estados Unidos, que se declaró culpable de lavar pagos de sobornos a un funcionario venezolano corrupto.

Hernández Frieri estaría obstaculizando los esfuerzos para la confiscación de una casa de 2.7 millones de dólares. Además de otros activos que acordó perder al aceptar el cargo de corrupción relacionado con Pdvsa en el año 2019, informó la agencia AP.

Según los fiscales, Hernández Frieri “un acusado recalcitrante e impenitente. No ha aprendido de su conducta criminal pasada”, dice su borrador de sentencia.

“Según su historial, el acusado no es un individuo que muestra respeto por la ley. Es alguien a quien no se le disuade fácilmente de cometer el mismo delito más de una vez. Se le debe hacer entender que el delito de lavado de dinero es un delito federal grave con graves consecuencias”, añadieron.

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Los fiscales aseguraron que maniobró para transferir su participación en un fideicomiso que posee una casa de 2.7 millones de dólares en Coral Gables en Miami a su exesposa en lugar de perderla como debería. Además, demostraron las 31 infracciones de tránsito acumuladas por Hernández Frieri desde el año 2001.

Michael Pasano, abogado defensor de Hernández Frieri, calificó la inusual solicitud de los fiscales buscar castigos más severos a alguien que prometió cooperar contra varios conspiradores y cuya declaración de culpabilidad evitó un largo juicio.

“El señor Hernández impugnará estos reclamos en su audiencia en la corte”, dijo Pasano a The Associated Press.

Está previsto que Hernández Frieri sea sentenciado el jueves de la semana entrante.

La organización criminal que blanqueó 159 millones de euros para los tres hijastros de Nicolás Maduro habría comprado un hotel en Madrid por 15 millones de euros. El portal OKDario informó que lo hizo para lavar dinero procedente de la corrupción de Pdvsa.

Se trata del Hotel Torrelaguna, situado en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. En la actualidad el establecimiento permanece activo, explotado por una cadena británica. Consta de cuatro plantas en superficie, con uso hotelero, y otras tres plantas subterráneas con 124 plazas de aparcamiento.

Los gestores de la sociedad Columbus One Properties SL firmaron el 14 de marzo de 2016 un contrato para comprar el hotel Torrelaguna. Para ello invirtieron una parte de los 600 millones de euros que la red obtuvo mediante un fraude cometido con el cambio de divisas en varios contratos de la petrolera PDVSA. Estos datos aparecen en los informes de la UDEF remitidos a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

De la suma total de 600 millones, al menos 159 millones estaban destinados a los tres hijos del primer matrimonio de Cilia Flores: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.

Así se desprende de la grabación que la Justicia norteamericana ha remitido a la juez María Tardón, correspondiente a una reunión celebrada el 1 de marzo de 2017 en la sede la sociedad Columbus One Properties SL, situada en la calle Orellana de Madrid.

Las autoridades de EEUU intervinieron además a uno de los gestores de Columbus One Properties SL una hoja de cálculo en el que consta el reparto de los 600 millones. De ese total 159 corresponden a los hijastros de Maduro, conocidos en Venezuela como los chamos.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó en julio de 2019  todos los bienes y cuentas bancarias de los tres hijos de Cilia Flores. Ellos han jugado un papel clave para que el empresario colombiano Alex Saab obtuviera contratos millonarios en Venezuela a cambio del pago de sobornos. Saab permanece retenido desde el pasado mes de junio en Cabo Verde, a la espera de ser extraditado a EEUU.

La sociedad Columbus One Properties SL estaba gestionada por los cuatro socios que se reparten su accionariado al 25%: Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde.

Los 600 millones de euros que blanquearon desde España proceden del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín Belisario.

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Utilizando técnicas de ingeniería financiera, los gestores de Columbus One Properties movían el dinero por varios paraísos fiscales, antes de invertirlo en la compra de inmuebles en España. La compra del hotel Torrelaguna se efectuó con tres pagos: el primero de 1,5 millones de euros, el segundo de un millón y el último de 12,5 millones, abonados el 14 de marzo de 2016, fecha en la que se escrituró la compra del inmueble.

Los fondos empleados para adquirir el hotel habían sido invertidos por el grupo Columbus One Properties en un programa de deuda cotizada que la sociedad irlandesa IA Capital Structures PLC gestiona en la Bolsa de Viena por un importe total de 5.000 millones de euros. Luego fueron transferidos a España en forma de crédito otorgado por la sociedad irlandesa a otra de las filiales del grupo: Columbus One Properties Management SL, que dirigen los mismos socios.

El hotel tiene una superficie total construida de 7.126 metros cuadrados, sobre una parcela de 1450 metros, que hace esquina entre las calles Torrelaguna y Condesa de Venadito, en el barrio de Ciudad Lineal (Madrid). Según el Registro de la Propiedad, el inmueble fue tasado a efectos de subasta en 10,3 millones de euros.

Es decir, la red que lavó dinero negro para los hijastros de Nicolás Maduro pagó por este edificio un sobreprecio de casi cinco millones de euros. Aunque su objetivo prioritario con la operación no era obtener una plusvalía, sino blanquear los fondos ilícitos procedentes de la corrupción de PDVSA para evitar que las autoridades internacionales detectaran su rastro.

Tras cerrar su compra, el grupo Columbus One Properties utilizó el inmueble para obtener un crédito hipotecario de seis millones de euros, concedido el 26 de mayo de 2016. La juez ha dictado una orden para impedir que el inmueble sea revendido de nuevo, tras constatar que fue adquirido con fondos procedentes de la corrupción.

Dos de los gestores de este grupo empresarial (Fernando Vuteff García y Darío Ramiro Ale Iturralde) fueron detenidos en España, mientras que otro de los implicados, José Vicente Amparán, huyó a Venezuela en un vuelo con escala en Turquía.

Petróleos de Venezuela, Pdvsa, es la empresa del país con la mayor cantidad de casos de corrupción con un desfalco millonarios a la nación. Así lo determinó la ONG Transparencia Internacional.

La misma define la gran corrupción como “el abuso de altos niveles de poder que beneficia a pocos a las costas de la mayoría y causa daños profundos y diseminados a individuos y a la sociedad . Y por lo general queda impune”.

La ONG, en un informe publicado por EvTv, señala que Pdvsa tiene al menos 92 casos de corrupción investigados. Esto solo en cuanto a sector económico.

Todo representa 81% del total del patrimonio público envuelto. Estos casos muestran daños patrimoniales al Estado estimados en poco más de US$42 mil 322 millones. «Si se compara con el Producto Interno Bruto venezolano para 2020, calculado en $48 mil 610 millones, la malversación de fondos en el sector petrolero representa 87% del PIB actual».

Dentro de los entramados más relevantes se encuentran: Pdvsa Litigation Trust, que reúne el mayor monto dentro del área petrolera con US$10 mil millones de la República en juego. También destaca la trama que involucra al Banco Espiritu Santo en Portugal. Allí se desviaron fondos de Pdvsa por US$4 mil 803 millones.

También destacan los acuerdos que envuelven a la filial en EE.UU, Citgo Corporation. por $4 mil millones. Además de la operación Money Flight o el fondo Alba-Petrocaribe.

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Otros hechos irregulares involucran a Bariven, una filial de la estatal encargada de la compra de insumos internacionales.

Según la Fiscalía venezolana, se registró sobreprecio entre 100% y hasta 98.000% en contratos, por lo que se ordenó una docena de arrestos, entre ellos el de Francisco Jiménez, expresidente de Bariven detenido en noviembre de 2017 y del cual se desconoce su estatus.

José Manuel Puente, economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), asegura que el país nunca había manejado tantos recursos. «Pero además nunca habíamos tenido tanto dinero sin control. Básicamente todos los controles institucionales han desaparecido. La Asamblea Nacional, que es el primer órgano contralor ya no revisa ni controla el presupuesto nacional. La Contraloría General perdió potestades, capital humano y, la contraloría social es casi inexistente”.

Un exfuncionario de Pdvsa huyó del país hacia los Estados Unidos. Está hablando con las autoridades de ese país para colaborar en la investigación de corrupción de alto nivel que ayudó a hundir a Venezuela en el colapso económico.

La información la publicó la agencia Bloomberg. Se trata de Carmelo Urdaneta, quien comparecerá en un tribunal federal de Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero.

La agencia cita a una fuente familiarizada con el caso. Se espera que Urdaneta sea procesado por los cargos que se presentaron contra él y varios venezolanos.

Urdaneta escapó de Venezuela la semana pasada y fue recogido por agentes federales estadounidenses en la frontera con Colombia. Ellos lo llevaron a Florida. Bloomberg señala que Urdaneta tiene abogados que lo representan en Miami.

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Urdaneta podría brindarles a los fiscales estadounidenses una visión del círculo de Nicolás Maduro y la élite empresarial que se hizo rica en Venezuela. Varios de estos personajes son el foco de una investigación estadounidense sobre corrupción en la principal industria del país.

Investigación por ocultar el movimiento de US$1.2 mil millones

Según la agencia, «los lavadores profesionales trabajaron durante años para ocultar el movimiento de US$1.2 mil millones robados mediante sobornos y fraudes de PDVSA». A Urdaneta lo imputaron junto con otros ocho exfuncionarios, tres de los cuales ya se han declarado culpables.

A Matthias Krull, exbanquero suizo de Julius Baer, lo sentenciaron a 10 años de prisión por su participación en el plan. Estados Unidos sancionó a más de 150 venezolanos conectados con un fraude masivo y de corrupción.

El Departamento de Justicia ha perseguido varios casos de corrupción relacionados con el país. A principios de este año, los fiscales federales en Nueva York anunciaron cargos contra Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos en un caso masivo de tráfico de drogas.