La Corte Constitucional dejó sin efectos la expulsión de siete de los 59 migrantes venezolanos que habían sido sacados del país por su presunta participación en desmanes durante el paro nacional de 2019.

La decisión tomada por el alto tribunal va en el sentido de pedirle a Migración Colombia, una vez sea notificada, que reinicie el proceso contra cada una de las siete personas, garantizándoles el debido proceso.

“Y, en caso de no encontrar elementos probatorios que justifiquen la expulsión y la prohibición para volver a entrar al país; la entidad deberá anular dichas actuaciones”, reseñó El Colombiano.

La prensa local señala que “Si no hay los suficientes motivos para haberlos sacado, tanto Migración Colombia como la Policía Metropolitana de Bogotá deberán ofrecer excusas públicas por el trato que les dio a los migrantes de origen venezolano; y por el exceso en las actuaciones que tuvieron las autoridades en esa ocasión”.

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El caso se remonta a las marchas de hace dos años, cuando el director de Migración de ese entonces, Christian Krüger, dijo a los medios de comunicación que estas 59 personas afectaron la seguridad del país con actos de vandalismo; en medio de las marchas que empezaron en noviembre de 2019.

En aquella oportunidad Krüger Sarmiento, argumentó que la expulsión se hizo: “con el propósito de mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional, así como preservar la imagen de aquellos venezolanos de bien, que se encuentran trabajando en nuestro país”.

También dijo que no iba a “permitir que ningún ciudadano extranjero afecte nuestra tranquilidad. Hemos respetado su participación dentro de las marchas. Les hemos tendido la mano a aquellos, que como el pueblo venezolano, lo han necesitado”.

Esa misma afirmación la hizo un oficial de la Policía antes de que los expulsaran a través de un río por Puerto Carreño, en Vichada.

Las personas a las que se refiere el alto tribunal son Kendry David Itzzy, Deivi Wickman, José Gregorio, Carlos Ramírez, Yorbin Hidalgo, Heyerson Herrera y Maikel Graterol.

Luego de revisar el cuestionado proceso que adelantó la máxima entidad encargada de trámites migratorios de Colombia; la Corte Constitucional decidió que una vez adopten el nuevo proceso, las medidas de Migración deben “indicar de forma concreta las circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la supuesta afectación al orden público y seguridad del Estado”.

Esto se traduce en que hasta el momento no habría pruebas suficientes que respalden el accionar de la entidad; por lo que el acto administrativo deberá adelantarse de nuevo y que permita. Además, el derecho a la defensa de los señalados y valore “las circunstancias personales de cada uno de los actores para establecer la razonabilidad de la medida a adoptar y si ella impacta en la unidad familiar”.

Asimismo, la Policía Nacional y el Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda, en Bogotá; deberán abstenerse de expulsar a extranjeros sin una previa y detallada garantía de sus derechos, como lo son el garantizar el acceso a sus instalaciones de familiares y abogados.

Frente al caso, la Corte señaló que no ordena una medida determinada, pero sí una justificación cualificada ante el incumplimiento inicial de esta argumentación.

Además, va a compulsar copias del proceso a la Procuraduría y Fiscalía; las cuales van a poder adelantar las actuaciones que crean necesarias dentro de sus funciones.

Con información Migración Colombia- El Colombiano

La Corte Constitucional de Colombia declaró este jueves inconstitucional la reforma que reglamentaba la cadena perpetua para los violadores de niños. La misma fue bien recibida por algunos sectores de la sociedad debido al constante número de casos denunciados.

La determinación fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación de 6 contra 3, dijo a Efe una fuente del alto tribunal.

La Sala acogió los argumentos de la ponencia de la magistrada Cristina Pardo. Ella se mostró de acuerdo con los argumentos de una demanda presentada por el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes.

En esencia, la querella sostenía que el Acto Legislativo por el cual se creó la ley de cadena perpetua o la denominada «Ley Gilma Jiménez» desconocía la dignidad humana de los condenados.

Consideraban, además, que lo que se debe buscar es la resocialización. Esto como forma de garantizar la dignidad humana de los condenados. Además, el Estado debe garantizar los medios para lograr que los reclusos se reintegren a la sociedad.

La Corte argumenta que la ley sustituyó la Constitución y se violó el principio de no regresividad en derechos humanos.

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El presidente colombiano, Iván Duque, dijo en redes sociales que seguirá luchando por que se implante la cadena perpetua para los violadores de niños.

«Miles de niños asesinados y abusados merecen que sigamos la lucha por la prisión perpetua. Esta fue la causa de Gilma Jiménez y la de miles de familias y también la nuestra. En la defensa de las convicciones, la perseverancia», escribió el jefe de Estado en redes sociales.

En junio de 2020, la plenaria del Senado aprobó, en último debate y con 77 votos a favor, la reforma constitucional para permitir la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.

Posteriormente, el 22 de julio, el presidente sancionó esa ley que endurecía las penas contra este tipo de crímenes.

En esa ocasión Duque aseguró que «debemos tener como sociedad cero tolerancia contra cualquier abuso, violación o asesinato de un niño, niña o adolescente», aseveró Duque durante la sanción de la ley y aseguró que «hoy estamos marcando un hito en nuestro país».

También dijo entonces Yohana Jiménez, hija de la fallecida congresista Gilma Jiménez, quien fue una abanderada de esa causa, que «la prisión perpetua para violadores y asesinos de nuestros niños es el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia».

Durante su discusión en el Congreso y luego de su aprobación la iniciativa fue centro de fuertes debates de sectores que estaban a favor y otros en contra de la que fue una de las propuestas de Duque cuando era candidato a la Presidencia.