El actual candidato presidencial, por el partido Conservador, David Barguil, anunció que en cuanto sea investido presidente de Colombia radicará una propuesta de reforma a la Constitución donde quede explícito la prohibición del aborto en el país.

David Barguil fue uno de los primeros políticos colombiano en pronunciarse sobre el fallo de la Corte Constitucional de Colombia donde se aprobó el aborto hasta las 24 semanas de gestación.

El candidato conservador, David Barguil, a través de un vídeo, se pronunció así:

David Barguil se hizo eco de las opiniones de la mayoría de los colombianos; pues según un estudio del DANE hecho el año pasado: el 70% de los colombianos están en contra del aborto.

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La iniciativa de David Barguil es apoyada por el también senador Juan Diego Gómez, presidente del Congreso de Colombia.

A lo reñido de las votaciones en la Corte Constitucional de Colombia frente a la despenalización del aborto se sumó un factor que no pasa desapercibido: a pesar de que el fallo impactaba, de forma directa, la decisión de las mujeres de interrumpir voluntariamente su embarazo, solo una de las magistradas, Diana Fajardo, votó a favor.

La abogada y politóloga de corte liberal es magistrada desde junio de 2017; cuando llegó a la Corte Constitucional luego ser ternada como aspirante por la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, de obtener el respaldo por parte del Senado.

Además de ser una de las cinco personas que decidió aprobar la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación; Fajardo lideró la ponencia que extendió el derecho a la muerte digna a pacientes que no estén en fase terminal.

Así mismo, fue una de las integrantes de la Corte Constitucional que votó a favor y consiguió la declaración del estado de cosas inconstitucional por el bajo nivel de implementación del acuerdo de paz; propiamente en lo relacionado con las garantías de seguridad para los firmantes, el pasado 27 de enero.

“Como juez solo puedo fallar en derecho. No opinar”, le dijo la magistrada al periódico El Colombiano; luego de que se anunciara la decisión de la despenalización, que quedó 5-4, cuyos votos a favor fueron de Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Alberto Rojas y Julio Andrés Ossa.

En contraste, el magistrado y las magistradas que se opusieron a la despenalización fueron Jorge Enrique Ibáñez, Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Stella Ortiz.

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Diana Fajardo tiene, además, una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas; y más de 30 años de experiencia laboral tanto en el sector privado como en el público.

En este último, se ha enfocado en el derecho constitucional e incluso, de acuerdo con su hoja de vida, participó del proceso que culminó con la reforma constitucional de 1991; mientras que en el cargo de asesora de las consejerías presidenciales para La Reforma y la Asamblea Constitucional y para el Desarrollo de la Constitución.

En su hoja de vida cita una experiencia específica de más de 10 años en la elaboración de proyectos de ley y de decretos. Además defensa judicial de la Nación y del Distrito Capital y asesoría jurídica; no solo al Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, sino a diversas entidades territoriales.

La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó la tutela con la que la defensa del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pretendía anular el proceso judicial que se le sigue por presunta manipulación de testigos.

La votación fue 5-4. Los votos a favor de continuar el proceso fueron del magistrado ponente Alejandro Linares, el magistrado José Fernando Reyes, la magistrada Gloria Ortiz, la magistrada Cristina Pardo y la magistrada Diana Fajardo.

En contra votaron Jorge Enrique Ibáñez , Paola Meneses, Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo, reseñó Noticias Caracol.

Se conoció que la Corte estuvo debatiendo y escuchando argumentos por largas horas “para llegar a una fórmula que permitiera un consenso frente a este importante proceso”.

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Señaló, además, que “cuando hay un cambio de sistema procesal de ley 600 a ley 906, o viceversa, por renuncia o por adquisición del fuero constitucional, durante la etapa de la investigación conservará validez todo lo actuado”, puntualiza la decisión.

La defensa de Álvaro Uribe presentó una tutela para que se le levantara la condición de imputado argumentando que, cuando en agosto del 2020 su cliente renunció al Senado, su caso debió pasar de cero al sistema penal acusatorio.

Es decir, iniciar una etapa de indagación por parte de la Fiscalía y no acoger lo ya investigado por la Corte Suprema de Justicia, que ya había ordenado su detención preventiva en 2020.

Cabe señalar que luego de que el expediente del caso Álvaro Uribe pasó a la Fiscalía, el 5 de marzo de 2021, el fiscal Gabriel Jaimes pidió a un juez precluir la investigación.

«Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe», dijo entonces Jaimes.

Desde varios sectores del país cuestionaron al fiscal y pidieron seguir adelante con el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez.