El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presionó al Gobierno de Nicolás Maduro. Exigió este lunes libertad plena para los adolescentes detenidos en el contexto postelectoral. Dicha declaración ocurrió posterior a las recientes vigilias realizadas por los familiares de los encarcelados, en varias ciudades de Venezuela y el mundo.

La alocución del fiscal de la CPI ocurrió durante la sesión número 23 de la Asamblea de los Estados partes de dicha instancia. Allí el fiscal dejó claro que la complementariedad podría estar llegando a su fin para el Gobierno venezolano y pidió a Nicolás Maduro y su administración, que deben colaborar de forma más tangible.

«Respecto a Venezuela quiero dejar algo muy claro que he dicho repetidamente desde que abrí la investigación en Venezuela en Caracas hace tres años. Venimos trabajando con enfoque y sin dilación y después de las elecciones de este año insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados”, dijo Khan.

Nos trae detalles al respecto nuestra reportera Aymara Alonso.

La declaración de la CPI ocurrió posterior a una gran vigilia hecha este domingo en el este de Caracas por familiares de presos políticos. Desde el lugar de la actividad, al grito de libertad, las madres de los detenidos clamaron que ocurran todas las excarcelaciones prometidas el pasado mes de noviembre por el fiscal general de la República venezolana, Tarek William Saab.

«Por favor, no le dañen el futuro es lo que yo le pido a este Gobierno, no le dañen el futuro a mi hijo. No le dañen el futuro a todos esos muchachitos que están allí recluidos de 18, 19, 20, 21 años, no le dañen el futuro. Y ni siquiera, así tengan 40, 50 años, ahí hay madres que están sufriendo por ver a sus hijos metidos ahí injustamente”, expresó Yelitza Vergara, madre del detenido Miguel Eduardo González.

«Lo que le pido, por favor, cumplan con su palabra, que cumplan con liberar a los presos que prometieron liberar hace poco y que liberen a todos, porque ustedes saben que ustedes tienen detrás de las rejas gente inocente”, declaró por otro lado Hiowanka Rivas Ávila, hermana de la detenida Henryberth Rivas Ávila.

Durante una rueda de prensa realizada este lunes 2 de diciembre, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, se pronunció sobre la vigilia y repudió dicha actividad convocada por la oposición venezolana. En esta misma alocución, aunque no hizo referencia a la declaración de Karim Khan, ratificó que los detenidos después del 28 de julio no son presos políticos.

“Es nuestro deber entonces informar a la opinión pública sobre una actualización de casos emblemáticos que tienen detenidos y dónde no pueden estos sujetos ser presentados en ningún lugar como presos políticos. Vimos el ridículo que hicieron este fin de semana que ha corrido una convocatoria realmente nula”, señaló Saab.

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Las reacciones de la oposición venezolana también surgieron este lunes por los pronunciamientos internacionales.

Por un lado, Edmundo González Urrutia celebró las declaraciones de la CPI y aseguró que esto ha sido un paso importante para las víctimas de arbitrariedades en Venezuela.

Mientras que María Corina Machado también aplaudió lo expresado por el fiscal Karim Khan y consideró que la investigación de la CPI avanza y que las protestas sí funcionan.

Con información de Aymara Alonso

La organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, presente en la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos, informó sobre un evento virtual que se llevará a cabo este martes 3 de diciembre, donde las propias víctimas contarán ante esa instancia sus testimonios de persecución política, torturas y violaciones a sus derechos humanos en Venezuela.

Así lo expuso Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza.

«El día de mañana, a las 6:00 de la tarde, vamos a tener un evento donde vamos a traer víctimas para que cuenten los testimonios de la persecución, de la tortura y de todo lo que hemos vivido los venezolanos en los últimos tres meses», anunció Diamanti.

Para saber más acerca de esta y otras informaciones le invitamos a ver nuestro canal de YouTube.

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“ALZANDO LA VOZ” ??️ Desde la asamblea de la @IntlCrimCourt, ONG @Sinmordaza alza la voz por toda Venezuela, ofreciendo los detalles sobre los presos postelectorales.Destacan el pronunciamiento del fiscal @KarimKhanQC, tras pedir la liberación de los presos políticos. pic.twitter.com/4uxCsn6daB

«Hoy también es un día importante porque el fiscal Karim Khan le acaba de enviar un mensaje muy importante al régimen venezolano, de que se les acabó el tiempo para seguir demostrando que hay investigaciones o no en Venezuela, y además explicó que las víctimas venezolanos valen tanto como las víctimas en Libia, Bangladesh, en cualquier parte del mundo, y que quieren justicia», agregó.

Khan «le está recordando al régimen venezolano que las víctimas necesitan justicia, y no la han tenido en el país», acortó.

Esto fue una advertencia muy importante, pero aclara que no va a ser nunca una suficiente hasta que la Corte emita órdenes de captura para los autores de las violaciones y delitos de lesa humanidad.

El presidente de la ONG finalizó manifestando que Un Mundo Sin Mordaza va a seguir alzando la voz por toda Venezuela, ofreciendo detalles sobre los delitos postelectorales y para pedir la liberación de los presos políticos.

Mientras, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de Presos Políticos alerta que 12 detenidos en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, han intentado quitarse la vida. Psicólogos advierten que las condiciones inhumanas que enfrentan estas personas son insostenibles, y los lleva a un estado de desesperanza y depresión.

Esta denuncia fue hecha por Diego Casanova, miembro del Comité, quien aseguró que lograron conocer esta información pese a que los custodios negaban el estado de salud de los encarcelados. Además, detalló que los detenidos para intentar quitarse la vida han tomado pastillas en exceso, han bebido cloro o se han cortado alguna parte del cuerpo.

“Son muchísimos los presos políticos que siguen sufriendo un desgaste en su salud física y emocional producto de la injusta aprehensión. Hasta 12 personas hicimos la denuncia la semana pasada de que hasta 12 presos de Tocuyito intentaron quitarse la vida, porque vieron que es la única manera de salir y acabar con esta etapa oscura que están viviendo. La mayoría de estos familiares no han podido tener contacto con estos presos, no hemos tenido información de que hayan podido verlos, abrazarlos y saber el estado emocional de ellos”, explica Casanova.

Por su parte, la psicóloga clínico y social Yorelis Acosta explicó que, aunque estos casos no son nuevos en las cárceles del país, es preocupante porque el trastorno ocurre cuando los detenidos se enfrentan a constantes injusticias en los centros de reclusión.

“La característica de la depresión es no quiero seguir viviendo, desaparecen las ganas de vivir. Con estas personas que algunas de ellas pueden estar muy jóvenes o pueden haber sido detenidas por ejercer un derecho político estar en unas condiciones de reclusión subhumanas, sin alimentación, sin higiene, separados de su familia, son todas estas condiciones adversas que te pueden llevar a sentir una tristeza infinita”, indica Acosta.

De acuerdo a organizaciones no gubernamentales, estas denuncias sobre las condiciones de los centros de reclusión no deben parar, pues han funcionado para que la comunidad Internacional reaccione, como sucedió con el fiscal de la CPI, quien posterior a las protestas de los familiares de los detenidos exigió al gobierno venezolano no ha cumplido y que debe dar libertad plena a presos en el contexto post electoral

El encargado diplomático de Juan Guaidó ante el Reino de Canadá, Orlando Viera-Blanco, anunció este lunes que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre los crímenes de lesa humanidad por persecución política contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria (CNdeP) y del gobierno interino de Venezuela 2019-2022.

También señaló que esta persecución se extiende a directivos de Citgo y de PDVSA ad hoc.

«La criminalización de la justicia ha quedado en evidencia», afirmó.

Manifestó que esto se hace en el marco de un momento muy sensible, porque el día 7 y 8 de noviembre se llevará a cabo precisamente una audiencia ante la Sala de Apelaciones para decidir si se debe continuar o no la investigación que está desarrollando el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.

«Estas incidencias que hemos radicado que denuncian estos graves hechos persecutorios en contra de venezolanos inocentes, utilizando la justicia como herramienta de represión, sin duda vendrán también a reforzar lo que puede ser la participación y decisión de las víctimas del próximo 7 y 8 de noviembre».

«En consecuencia, confiamos que habrá justicia», concluyó.

#30Oct ?️ PRESENTAN INFORME ANTE LA CPIEl encargado diplomático de Guaidó ante el Reino de Canadá, Orlando Viera-Blanco, anunció que presentó ante la Corte Penal Internacional un informe sobre los crímenes de lesa humanidad por persecución política contra los miembros de la… pic.twitter.com/cBoi7M0txU

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A través del portal web de la CPI se conoció que esta audiencia tendrá lugar entre el 7 y 8 de noviembre, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la sede del organismo, en La Haya.

Esta vez, la audiencia será transmitida, con interpretación a español, y podrán asistir periodistas, miembros de ONG y público en general.

La Corte Penal Internacional (CPI) lanzó una plataforma tecnológica para enviar información y evidencias sobre crímenes en Venezuela, anunció el fiscal Karim Khan.

La plataforma lleva por nombre OTPLink, una aplicación para la presentación de pruebas en línea y por correo electrónico por parte de personas interesadas y testigos externos sobre los casos que lleva su oficina, entre ellos la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“OTPLink proporcionará un punto de acceso único y claro. Esta innovadora aplicación combina el uso de la tecnología moderna avanzada y el derecho internacional, brinda a los usuarios un método seguro y sin problemas para presentar evidencia potencial en tiempo real desde cualquier dispositivo habilitado para la web, acercando de manera efectiva los eventos relevantes a la sala del tribunal”, explicó el Khan.

El fiscal aseguró que esta nueva plataforma “garantiza que la información se recopile de forma rápida, segura y segura”.

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OTPLink “agiliza el proceso de revisión manual tradicional al permitir que la Oficina maneje mayores volúmenes de información utilizando Inteligencia Artificial (AI) y Machine Learning (ML) para ofrecer una mayor comprensión de la información recibida, reduciendo significativamente el tiempo requerido para revisarla y actuar en consecuencia”.

Precisó que esta plataforma mantiene el cumplimiento de los estándares internacionales de manejo de evidencia mediante el uso de un rastro de cadena de custodia digital, para preservar la integridad de la evidencia.

“Espero que el lanzamiento de OTPLink empodere aún más a todas nuestras partes interesadas, ya sean comunidades afectadas, la sociedad civil o las autoridades nacionales, permitiéndoles compartir información de manera más fácil y segura con mi Oficina, y fortaleciendo la base de nuestro trabajo común para hacer justicia por los crímenes del Estatuto de Roma”, finalizó.

Después de varios días, la administración de Nicolás Maduro le respondió al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con un comunicado oficial, donde le responde ante la solicitud que hiciera el jurista internacional de reabrir la averiguación por delitos de lesa humanidad.

Para la administración de Nicolás Maduro, la averiguación de Karim Khan estaría «prejuiciada» y no estaría atada a la objetividad.

Según el comunicado, Karim Khan tiene una «visión claramente prejuiciada en relación con la situación de Venezuela, haciéndose eco de las campañas que pretende instrumentalizar el tema de la justicia y los DDHH con fines político».

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«Por tal razón, en abril de 2022 se solicitó al fiscal de la CPI inhibirse en el ejercicio de su competencia en favor del sistema de justicia venezolano, conforme a lo previsto en el artículo 18.2 del Estatuto de Roma, considerando la primacía de la jurisdicción nacional y el carácter subsidiario y complementario del sistema jurisdiccional de la CPI, dice parte del comunicado.

La Cancillería indica que Maduro y su gestión han entregado suficientes pruebas y han realizado acciones que a su juicio, luchan en contra de la violación de derechos humanos. Dicen que han entregado «amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos».

En la tarde de este miércoles, Nicolás Maduro, recibió una de las noticias quizás más desfavorecedoras desde que comenzó su administración. La Corte Penal Internacional lo investigará por crímenes de lesa humanidad.

Noticia que recibió directamente del fiscal de la CPI, Karim Khan cuando ambos firmaron un memorándum de entendimiento sobre Venezuela.

Ante esta noticia, la cara de Nicolás Maduro era evidente, su descontento se percibía a flor de piel.

En una alocución televisiva aseveró, que respeta la decisión del fiscal de la CPI, más no la comparte.

«Agradezco la visita del Fiscal de la CPI, han sido 3 días de diálogo franco, de debate, hemos demostrado nuestras fortalezas. Desde la evaluación y el debate, el Fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase, no compartimos la decisión, pero la respetamos», dijo Maduro.

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Con respecto al acuerdo firmado entre ambas partes, Maduro informó que lo publicarán de inmediato. Afirmó que en el documento, expresan la síntesis de estas jornadas que han sido un paso de avance de complementariedad positiva entre Venezuela y la CPI.

«Queremos consolidar el derecho a la paz, para que haya paz debe haber justicia y por eso celebro la firma de este documento. Nuestro país garantiza la justicia, soy el primer interesado en saber la verdad. En cualquier circunstancia ha prevalecido la Constitución, Venezuela ha conquistado su derecho a la paz», puntualizó.

Karim Khan, dio a conocer su decisión luego de que culminara su agenda de tres días en el país.

Durante su estadía en Venezuela se reunió con diferentes autoridades de la administración de Nicolás Maduro.

Aunque poco se supo, y hasta, se consideró una agenda oculta, Karim Khan dio por terminada la fase preliminar de Venezuela I y comenzará la investigación para determinar los crímenes de lesa humanidad.

Para los más de 200 presos políticos que hay en el país es necesario que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se entreviste con los privados de libertad, para conocer de primera mano la situación.

En diversas ciudades del país se llevaron a cabo concentraciones, siendo dos de las más emblemáticas la protagonizada por familiares en Caracas, específicamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de El Helicoide y la otra que hicieron por los detenidos de la organización no gubernamental FundaRedes quienes se dirigieron primero a la Defensoría del Pueblo, para exigir la liberación de los privados de libertad.

Diversas organizaciones de la sociedad civil acudieron a la Defensoría del Pueblo para solicitar que se interceda en favor de la libertad plena de los más de 330 presos políticos que existen actualmente en Venezuela #LibertadParaPresosPolíticos pic.twitter.com/XgUwOHrBwY

Andreína Baduel, hija del exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió en las celdas del SEBIN, encabezó la protesta. Indica que su hermano, Josnar Adolfo Baduel, fue un testigo directo de lo ocurrido con su padre, ya que fue el único que estuvo con él tras las rejas cuando falleció.

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«Saludamos la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional al país y reiteramos la petición para que se reúna con las víctimas. Tenemos la documentación necesaria para denunciar todos los crímenes de lesa humanidad que se comenten en Venezuela», dijo Andreína Baduel.

#MeridianoVPItv | Familiares de víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos exigen audiencia con el fiscal de la CPI. #3NovConéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/SrcqvBTzPh pic.twitter.com/cpapES977Y

La hija del otrora «héroe» del chavismo, resalta que la muerte de su padre es un asesinato y que ahora la familia teme por la integridad de su hermano Josnar Adolfo.

«Mi hermano está en manos de los torturadores y parte de los asesinos de mi papá. Ya han torturado a mi hermano y está amenazado. Querían que él grabara un video diciendo que mi papá tenía COVID-19, cosa que es falsa», dijo Baduel.

Desde su llegada al país el pasado domingo, diversos actores, tanto políticos, como defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas, han realizado un sinfín de peticiones al fiscal de la CPI.

Muchas de ellas están relacionadas a la posibilidad de que Karim Khan los reciba en este viaje de tres días que finaliza este miércoles. Sin embargo, conocedores de la materia, como el coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui, manifiesta que por protocolo en la investigación de la CPI, no es recomendable que el fiscal se entreviste con las víctimas, ya que esto podría anular su participación en el juicio.

Han transcurrido 48 horas de la llegada a Venezuela de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. De esta visita solo se ha tenido información de la reunión que ha sostenido con personeros de la administración de Nicolás Maduro y de forma muy escueta.

La visita de Karim Khan ha generado diversas expectativas en la opinión pública nacional, pero hasta los momentos, el periplo de la autoridad internacional ha sido algo muy parecido a una agenda privada. Esos actores del acontecer nacional, que han solicitado audiencias, incluso, han presentado desde hace varios meses denuncias formales ante la CPI, esperan que Khan los llame, pero esto no ha ocurrido.

La agenda del fiscal es una especie de Caja de Pandora, de la cual, ni siquiera entes de la administración de Nicolás Maduro dicen tener conocimiento. No se han girado instrucciones en torno a la permanencia del fiscal en territorio nacional, no han solicitado equipos de prensa para que lo acompañe.

Desde su llegada al país la noche del domingo 31 de octubre, hasta la tarde de este martes 02 de noviembre, solamente se ha visto a Khan reunido con el canciller de la administración Maduro, Félix Plasencia y con el propio Nicolás Maduro. De dichas reuniones no se ha tenido información alguna sobre qué temas se trataron o cuáles son las conclusiones.

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De igual forma, las diversas organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos -muchas de ellas denunciantes activos ante la CPI- están a la espera de una llamada para reunirse con el Fiscal. No se tiene conocimiento si contactaron alguna ONG en las últimas horas.

Vale acotar, según información aportada por personas allegadas a algunas ONG de derechos humanos, que el Fiscal de la CPI sostuvo reuniones virtuales con algunos de dichas organizaciones antes de su viaje a Venezuela.

Además, su predecesora, Fatou Bensouda, levanta un informe en donde la CPI considera que desde el 2017 en Venezuela hay indicios de posible violación de los derechos humanos. Esto sería un punto a favor de una posible reunión de Khan con las ONG, familiares de presos políticos y víctimas de la represión.

Son muchas las organizaciones, familias y políticos que esperan tener aunque sea cinco minutos con Karim Khan. Consideran «justo y necesario» que la autoridad los escuche.

Debido a esto, muchos de ellos buscaron este martes 02 de noviembre a través de la Defensoría del Pueblo llegar al fiscal.

Antes de llegar a Venezuela, Karim Khan hizo una visita también de tres días a Colombia. En la nación neogranadina estuvo reunido con autoridades judiciales y el propio presidente Iván Duque.

Una vez que finalizó su visita se produjo un informe sobre la situación Colombia. Posteriormente se conoció que sostuvo una entrevista exclusiva con El País de España. Esta se publica el 29 de octubre de este año.

En el caso de Venezuela no conoce hasta los momentos si se ha reunido con algún medio de comunicación internacional.

Vale acotar que la agenda de Khan es tan reservada, que no se tiene conocimiento si su periplo finaliza en Venezuela, o tiene viaje a otro país para revisar algún otro expediente de la CPI.

El coordinador de la organización No Gubernamental Provea, Rafael Uzcátegui, aclara un poco el panorama sobre la visita a Venezuela de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela.

A Uzcátegui lo entrevista el diario El Tiempo de Venezuela, donde aclara que en un proceso penal internacional, no es recomendable que el fiscal de la CPI reciba o se entreviste de manera con familiares de las potenciales víctimas de delitos de lesa humanidad.

El motivo es que ante un juicio, si el fiscal sostiene una entrevista previa con las víctimas, estas corren el riesgo de ser desestimadas. Por ende, sus casos ser desfavorecidos.

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El defensor de derechos humanos explica que Khan ha sido un hombre riguroso y que intenta mantener el orden del procedimiento. Por ello, realiza la visita a Venezuela para darle continuidad al expediente sobre la supuesta violación de derechos fundamentales.

Para el coordinador de Provea, la visita de Karim Khan al país obedece a un protocolo dentro del proceso de la investigación.

En consecuencia, debe asistir al país investigado y la nación ofrecerle el apoyo, siempre y cuando la misma firmó el convenio del estatuto de Roma. Dicha figura jurídica creada por la propia CPI.

Venezuela es un país firmante del estatuto de Roma. Por ello, la visita es aceptada y lo recibe la administración de Nicolás Maduro.

La visita, con previa «invitación» de las autoridades, es un paso antes de una posible investigación penal. Hay que aclarar que aunque sea una «invitación», los garantes de los poderes en los países investigados, se ven obligados a cooperar con la CPI.

Según Uzcátegui, Karim Khan promete ser bien meticuloso en el procedimiento, para evitar que durante el proceso cualquier situación pueda ser utilizada de manera errónea.

La oposición liderada por Juan Guaidó dijo este martes que la administración de Nicolás Maduro está buscando demorar el comienzo de la investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra por los presuntos delitos de lesa humanidad que se le atribuyen.

«Queremos alertar a la comunidad internacional sobre una operación del gobierno de Nicolás Maduro para dilatar el inicio de una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra cientos de venezolanos, mediante la simulación de una reforma del sistema justicia», dijo la oposición en un comunicado.

El texto difundido por Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela designado por Juan Guiadó, señaló que la maniobra del gobierno se debe a los informes de la «Fiscalía de la CPI y de la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que subrayaron la inexistencia de un Poder Judicial independiente capaz de investigar las violaciones contra los ciudadanos».

Por ello, asegura la oposición, el gobierno «está simulando una especie de reforma del sistema de justicia nacional» reseñó EFE.

Recuerda que en Venezuela están «enmendando leyes» y desarrollando investigaciones que «simulan ser independientes; además han procesado a funcionarios de bajo nivel dentro de la cadena de mando».

«Debemos alertar con firmeza que ninguno de estos procesos va a la yugular del problema de DD HH (…). Un ejemplo palpable de que no se han hecho esfuerzos reales de cambio es que la semana pasada murió en custodia del gobierno el general Raúl Isaías Baduel, quien en vida sufrió torturas, aislamiento, detención arbitraria y negación de la justicia», agregó.

Baduel, quien fue ministro de Defensa del presidente Hugo Chávez (1999-2013), murió en prisión, según la Fiscalía, por un paro cardiorrespiratorio debido al covid-19, pero su familia y abogados rechazan esa teoría, y en el texto difundido este martes por la oposición se señala que las circunstancias de muerte son dudosas.

De esa manera, la oposición insiste en que «no debe confundirse ni reconocer avances del régimen» por las decisiones que está tomando, pues consideran que «son un maquillaje de una grave situación de DD HH que empeora cada día».

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«La comunidad internacional debe presionar para que se desarrollen investigaciones independientes, se liberen a todos los presos políticos y, especialmente, se avance en el proceso de la CPI», indicó.

La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

La exfiscal de la CPI Fatou Bensouda dijo el 15 de junio, antes de dejar su cargo, que existe «una base razonable» para creer que en Venezuela se cometieron «crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017».

El caso continúa en manos del ahora fiscal Karim Khan.

En un foro para visibilizar los rostros de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Administración de Maduro, familiares de las víctimas ofrecieron detalles de cada uno de los casos.

El objetivo del II Foro Las Victimas le hablan al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) fue hacer un llamado al fiscal Karim Khan a que se haga justicia.

Los familiares de las víctimas coincidieron en afirmar que “mientras esté el gobierno de Maduro no va a haber justicia”.

Las madres de los jóvenes asesinados en las marchas y manifestaciones, rechazaron las falsas acusaciones del gobierno de Maduro de tachar “a sus hijos como delincuentes”.

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Una de las madres en tomar la palabra fue Julieta Ovalles quien relató lo que ha significado investigar, denunciar y luchar por la justicia tras la muerte de su hijo.

Ovalles es madre de Luigi Ángel Guerrero Ovalles, quien murió el 23 de enero de 2019.

Recordó que “en un descuido de los médicos”, su hijo fue “rematado por funcionarios del Sebin y CICPC”, en el hospital Central de San Cristóbal.

Julieta Ovalles hizo un llamado a mantenerse en la lucha para denunciar.

“Dios siempre escucha, y vendrá la justicia más temprano que tarde. Fuera el temor, fuera el desánimo”, exclamó.

Fue contundente al expresar que “nunca el mal va a vender sobre el bien”.

“La lucha de pocos vale por el futuro muchos”, con esta emblemática frase de Nehomar Lander, su madre Zugeimar Armas, hizo un llamado “convertir el dolor en fuerza”.

Así lo afirmó durante su participación en el  II Foro Las Victimas le hablan al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

El foro fue realizado a través de la plataforma zoom y transmitido en directo por redes sociales.

Uno de los objetivos de este foro fue “darle cara a cada una de las víctimas”.

La madre del joven de 17 años Nehomar Lander, relató cómo fue ese último en que vio con vida a su hijo.

Nehomar fue asesinado el 7 junio de 2017, en el túnel de la avenida Libertador.

Comentó que se trasladaban desde Guarenas a Caracas para participar activamente en las protestas que se registraron desde el 1 ero de abril.

Recordó que el día 7 de junio de 2017, la represión fue “brutal”.

Cabe destacar que Nehomar Lander murió de “impacto de bomba lacrimógena en el pecho”, según el testimonio de su madre.

Armas rechaza la versión de la Fiscalía de la Administración de Maduro según la cual el joven murió como consecuencia del estallido de un dispositivo de fabricación casera.

Recalcó que “mientas esté el gobierno de Maduro, no habrá justicia. En Venezuela no hay justicia”.

También hicieron un llamado a todos los familiares de víctimas de violación de derechos humanos a unirse a denunciar.

Por su parte, Carlos Marrón manifestó su convicción en que “la justicia se tomará su tiempo”, pero llegará.

Aseguró que estamos en presencia de una “régimen delincuente”, que continua persiguiendo.

Explicó que hace cerca de dos o tres meses continuaban las presiones a su familia.

En foro contó con la participación de la abogado especialista Sara Fernández, quien explicó que “no hay un periodo determinado para emitir un dictamen”.

Manifestó que los organismos internacionales se toman su tiempo para evaluar las pruebas y tomar las decisiones.

Por su parte, Humberto Prado, de la Comisión Presidencial para Derechos humanos y Atención a las Víctimas, de la Administración de Juan Guaidó, destacó que continuarán tomando las acciones necesarias para hacer visible los casos.

A pesar de que Nicolás Maduro reúne todos los requisitos para ser enjuiciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), este organismo no se pronunció en el plazo previsto.

El país estaba atento al pronunciamiento de la corte el cual debía efectuarse este viernes, 23 de julio.

Sin embargo se estaba esperando la publicación de una versión editada del escrito consignado el 15 de junio por la antigua Fiscal sobre la admisibilidad en la situación “Venezuela I”.

Diversos dirigentes nacionales e internacionales esperan que la CPI falle en contra de Nicolás Maduro.

Aseguran que reúne todos los requisitos para ser enjuiciado por los delitos de lesa humanidad que ha cometido durante su administración.

Aunque desde el 2014 piden a la CPI que fije su atención en Venezuela por los delitos contra los derechos humanos que se cometen, no fue sino hasta 2017, que la fiscal Fatou Bensouda que decidió investigar lo que ocurría.

Acá se despliega un en claves de lo que es el caso de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y por qué deben enjuiciarlo.

Hay que recordar que Venezuela se encuentra en la fase III preliminar de la investigación por las protestas ocurridas en el 2017.

Estas alegaciones incluyen varios casos de asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física.

También  tortura, otros actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, y persecución fundada en motivos políticos.

Alegaron que funcionarios del Estado emplearon fuerza excesiva durante las operaciones de seguridad y redadas realizadas fuera del contexto de manifestaciones contra la administración de Maduro.

Denunciaron que las fuerzas del Estado, en ocasiones, colaboraron con civiles armados pro chavismo, incluyendo los grupos denominados “colectivos”.

Los cuales presuntamente perpetraron una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición.

La administración de Nicolás Maduro ha cometido varias irregularidades durante su mandato, esto incluso, lo ha denunciado la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet.

Varios casos han sido resaltantes, entre ellos el asesinato de dos jóvenes durante las protestas del 2017 como Juan Pablo Pernalete y Neomar Lander.

Solo por nombrar, dos de los tantos jóvenes que han muerto durante las protestas antigubernamentales que se han realizado en el país.

¿Por qué el caso de Pernalete y no otros como el de Bassil Da Costa o Robert Redman?

Porque la administración de Nicolás Maduro negó que hayan sido las fuerzas públicas las que le quitaron la vida a este joven durante una de las manifestaciones que se realizaron en 2017.

Aseguraron que habían sido los propios amigos de Juan Pablo Pernalete los que lo habían asesinado con una pistola de perno.

Esto, generó la reacción de Luisa Ortega Díaz, en ese momento fiscal general de la república quien desmintió esta teoría y aseguró que el joven murió tras recibir impacto de una bomba lacrimógena.

Este caso evidencia el abuso de la fuerza pública contra los venezolanos que exigen una mejor calidad de vida.

Así como también la omisión por parte de la administración de Nicolás Maduro ante lo ocurrido.

Sin embargo, en medio de la tensión por la decisión de la CPI ante estos casos, Tarek William Saab admitió que hubo abuso de la fuerza pública en el caso de Pernalete.

El 1 de mayo de 2021 el Ministerio Público admitió que a Juan Pablo Pernalete lo asesinaron tras el impacto de una bomba lacrimógena durante las protestas en Venezuela de 2017.

A doce funcionarios de la GNB los imputaron por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.

La controversia por su muerte coincide con las de Juan Pablo Pernalete. Lander es otro joven que salió a las calles a protestar por la crisis que ocurre en el país.

Este joven de apenas 17 años de edad murió en la avenida Libertador tras el impacto de un objeto en su cuerpo.

Algunos afirman que murió cuando una bomba lacrimógena le estalló en el pecho.

Mientras que el discurso oficialista plantea que su deceso fue producto de un mortero.

Luisa Ortega Díaz, confirmó a los medios que la instancia había estado presente al momento de la autopsia, pero no confirmaron las causas de su muerte.

Lander se encontraba en la primera línea de los manifestantes cuando eran víctimas de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Esta represión se volvió una constante durante las protestas, violando la Constitución, al impedir el derecho a la protesta pacífica.

Quizá sería el inicio de las ejecuciones extrajudiciales en contra de los opositores públicos que harían frente a la administración de Nicolás Maduro.

Tratándolos como terroristas y antipatriotas, durante un “operativo” policial, la administración de Nicolás Maduro asesinó a Óscar Pérez y siete personas más en la denominada masacre de El Junquito.

Aunque poca certeza se tenía de lo que realmente quería realizar Óscar Pérez, en junio de 2017 desertó como funcionario del CICPC y envió un mensaje a la nación mediante las redes sociales.

Publicaron un vídeo mostrando a hombres con rifles de asalto flanqueando a Oscar Pérez, un inspector policial del CICPC, la agencia de investigación criminal de Venezuela.

En esa aparición pública declaró que «somos nacionalistas, patriotas, e institucionalistas. Esta lucha no es con el resto de las fuerzas estatales, es contra la tiranía de este gobierno».

El 15 de enero del 2018, efectivos de seguridad y colectivos de la administración de Maduro, realizaron un operativo llamado Operación Gedeón.

Allí presuntamente se desmanteló su equipo, abatiendo y arrestando a varios de sus miembros. Pérez murió en el operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.

Luisa Ortega Díaz publicó poco después fotos de los cuerpos, incluido el de Óscar Pérez en el que se evidencia los impactos de bala, alegando que se trató de una ejecución extrajudicial.

El 2017 daría paso a una nueva ola de crímenes de la administración de Nicolás Maduero en contra de los que piensan diferente.

Varios de los delitos que investiga la CPI ocurrieron en el caso de Fernando Albán.

Encarcelamiento injusto, sin cometer ningún delito aparente, torturas, asesinato.

La oposición, Venezuela y la comunidad internacional se conmocionaron el 8 de octubre del 2018 cuando se confirmó el fallecimiento del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán.

Otro caso en el cual dieron una versión de los hechos en el momento, la cual este año, Tarek William Saab modificó.

Albán murió tras caer de un piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela.

Tarek William Saab aseguró que se suicidó tras lanzarse de la ventana de un baño.

Sin embargo, se filtraron los informes de la autopsia, en las que se reveló que Fernando Albán sufrió signos de torturas graves.

El mismo William Saab el 1 de mayo de este año, admitió que Fernando Albán concejal del Municipio Libertador de Caracas fue asesinado en octubre de 2018.

Por ello, solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del Sebin.

Por mostrar su descontento con el manejo de la administración de Nicolás Maduro, el capitán de corbeta de la FANB, Rafael Acosta Arévalo, lo acusaron de «conspirar para llevar a cabo un intento de golpe de Estado». 

Acosta Arévalo falleció a causa de las constantes torturas que recibió desde el momento de su detención.

El 26 de junio, después de seis días sin conocer su paredero, el ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez, anunció su detención.

Rodríguez acusó al capitán y a tres militares más de incurrir en «los delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria.

Aseguró que los  inculpados estaban preparando un golpe de Estado que incluía la muerte de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

El 28 de junio, a Acosta Arévalo lo trasladó una comisión del DGCIM a la sede del tribunal militar para realizar su audiencia de presentación, donde llegó en una silla de ruedas con graves indicios de torturas.

Acosta Arévalo presentaba muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas, lesiones en el torso.

Tampoco era capaz de mover las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado.​

El juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, «Hospitalito», ubicado en Fuerte Tiuna.

Más adelante el juez de la causa comunicó que Acosta Arévalo había fallecido en la noche en el hospital.

Estos son algunos de los casos más relevantes en los que se determina responsabilidad de la administración de Nicolás Maduro en contra de los venezolanos.

Torturas, asesinatos, uso inusual de la fuerza pública, intromisión de los colectivos, entre otros.

Venezuela se mantiene a la espera de una decisión final y que se compruebe la responsabilidad de las fuerzas del Estado en contra de tantos delitos que los venezolanos han sido víctimas

El 15 de junio, víctimas de violaciones de los derechos humanos, activistas y funcionarios de Nicolás Maduro aguardaban con ansias un anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI).

¿El motivo? Se esperaba que la fiscal saliente, Fatou Bensouda, emitiera sus conclusiones sobre Venezuela. Se esperaba que dijera si continuaría el proceso de investigación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. 

Pero nada ocurrió. Bensouda dejó el cargo en manos de Karim Khan, a quien también le dejó la responsabilidad de emitir ese informe sobre Venezuela.

Para la ONG, Acceso a la Justicia, este silencio de la CPI se debe a «las maniobras del fiscal» de Nicolás Maduro, «Tarek William Saab». Este funcionario hizo una solicitud de control judicial que «parece haber logrado el objetivo y ha demorado el pronunciamiento».

Pero ¿Cuáles son las razones de tanta expectativa? La ONG da la explicación con respuesta a las siguientes 7 preguntas.

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Lo primero que hay que indicar es que, en la CPI, en particular en su Fiscalía, existen dos exámenes preliminares relacionados con Venezuela. El primero, llamado Venezuela I, abierto el 8 de febrero de 2018 para investigar los posibles crímenes cometidos desde abril de 2017.

La denuncia ls hizo Luisa Ortega Díaz, quien acusó a altos funcionarios del Gobierno venezolano de cometer delitos de lesa humanidad. Estos son ejecuciones extrajudiciales, asesinato, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias masivas y torturas.

Ese es el detonante, junto con otras denuncias, para que la instancia con sede en La Haya posara sus ojos sobre el país. De hecho, en febrero de 2018 dio inicio a un examen preliminar de oficio respecto de Venezuela.

Adicionalmente, el 27 de septiembre de 2018, seis estados partes del Estatuto de Roma solicitaron a la Fiscalía otra investigación. Pero esta vez se trataba de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el 12 de febrero de 2014.

Pese a esta solicitud, los informes de la Fiscalía de la CPI se han centrado hasta ahora en delitos presuntamente cometidos desde 2017.

El otro examen preliminar, llamado Venezuela II, lo presentó Nicolás Maduro el 13 de febrero de 2020. En el mismo se pide a la Fiscalía que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad, como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela.

Antes de responder esto, es importante aclarar que a la Corte no llega caso alguno de manera directa. Tiene que pasar primero por la Fiscalía de la CPI.

Para ello, este órgano puede iniciar un primer proceso de investigación llamado examen preliminar de oficio, por remisión de un Estado parte o por remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

También puede ser iniciado a solicitud de un Estado no parte del Estatuto de Roma que acepte la jurisdicción de la Corte sobre un caso ocurrido en su territorio.

El examen preliminar es entonces una primera investigación. La misma tiene por objeto «determinar si existe fundamento suficiente» para pasar a la próxima etapa.

En este examen la Fiscalía puede recabar información «de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas. También de las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas. Podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte».

No existe un lapso sobre lo que debe durar un examen preliminar; algunos han durado días y otros más de una década.

Lo es, y mucho. El examen preliminar consta de cuatro etapas:

La fase 1 es para realizar una evaluación inicial de toda la información sobre presuntos delitos. también para verificar la seriedad de la información recibida.

La fase 2 se centra en determinar si existen bases para creer que los presuntos delitos son de competencia de la Corte. En esta fase se encuentra el caso Venezuela II, presentado por Maduro.

En la fase 3 la Fiscalía debe determinar la gravedad de los delitos. También si los presuntos responsables de esos crímenes han sido juzgados.

Esto es así porque la competencia de la Corte no es directa. Es complementaria a la de los tribunales nacionales. De modo que si estos actúan y juzgan a los responsables la Corte no debe actuar. De ahí entonces que se diga que en esta fase se evalúa la gravedad de los delitos y el principio de complementariedad.

En la fase 4, el fiscal de la CPI debe evaluar si la información recopilada es suficiente para pasar a la etapa ante la Sala de Cuestiones Preliminares.

En concreto, debe determinar si existe «fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte». Y si es en interés de la justicia el hacerlo.

En noviembre de 2020 la Fiscalía señaló que tenía «fundadas bases para creer que se han cometido crímenes competencia de la Corte en Venezuela al menos desde abril de 2017». Semanas después anunció que daría a conocer sus conclusiones sobre las indagaciones que había hecho sobre el asunto venezolano.

En concreto, la Fiscalía afirmó que tenía razones para creer que autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y civiles afectos al Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, la Fiscalía señaló que tenía razones para creer que los presuntos responsables de estos delitos son miembros de: en la PNB, Sebin, DGCIM, FAES, CICPC, GNB, Conas y algunas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) .

Esto quiere decir que este examen pasó en diciembre de 2020 de la fase 2 a la 3. Es decir, a partir de 2021 se encuentra en la fase de determinar la gravedad de esos delitos y si los responsables de los mismos han sido juzgados o no por la justicia venezolana.

Volviendo a la pregunta de por qué el 15 de junio, ese día Bensouda dejaba su cargo como fiscal de la CPI y apenas unos días antes había anunciado sus intenciones de presentar sus conclusiones sobre el examen preliminar del caso Venezuela I.

Se lo impidió un recurso de control judicial introducido por Tarek William Saab Saab, ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución.

En esta acción, Saab acusaba a Bensouda de no respetar el debido proceso y el derecho a la defensa, de incurrir en discriminación y en no cooperar con las instituciones venezolanas, algo que ella negó hace unos días.

El martes 15 de junio, el mismo día que la fiscal de la CPI dejaba su cargo, la Sala de Cuestiones Preliminares dio respuesta al recurso, pero por la confidencialidad solicitada por el Gobierno venezolano no se conoció su contenido.

Sin embargo, el Ministerio Público venezolano publicó un comunicado en el que expresó que la Sala en su decisión no entró a conocer el fondo del asunto, pero reconoció la colaboración del Gobierno de Maduro con la Fiscalía e invitó a esta a seguir cooperando en el proceso abierto respecto de Venezuela.

Porque sería la primera vez que la CPI abre una investigación en un caso relacionado no solo con Venezuela, sino con América Latina. Asimismo, se abre las puertas para que funcionarios, exfuncionarios, civiles y militares terminen en el banquillo de los acusados, porque la CPI no procesa a Estados sino a personas.

Esta semana, el foco de atención internacional recae sobre la Corte Penal Internacional (CPI). Esto, debido a la expectativa de una posible decisión acerca de si abre una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad contra funcionarios de Nicolás Maduro.

La expectativa surge tras el anuncio de la propia fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda, quien este 15 de junio abandona el cargo, para dejarlo en manos de Karim Khan.

¿Cómo opera esa instancia? ¿Cuáles son sus roles y su alcance? ¿Deben respetar su opinión las partes involucradas o interesadas?

La Corte Penal Internacional puede definirse como un tribunal “de última instancia”. Esto para el enjuiciamiento de responsables por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y agresión.

Sus orígenes se remontan a 1992, cuando la Asamblea General de la ONU priorizó una jurisdicción penal general. El proyecto finalmente vio luz entre 1994 y 1995.

Pero es en 1998 cuando se fundó la CPI, gracias al llamado Estatuto de Roma, con 120 votos a favor, siete en contra (Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Catar y Yemen) y 21 abstenciones. Después de cuatro años de ratificaciones, la Corte Penal entró en vigor en 2002.

La sede de la corte es La Haya, en los Países Bajos. Es una institución vinculada a las Naciones Unidas, pero no pertenece a ella ni depende de sus “Estados partes”.

Así lo explicó Lisset Romay, especialista en Derecho Internacional Público y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia, en entrevista con la Voz de América.

La Corte Penal Internacional “investiga y, donde se justifique, enjuicia a individuos acusados de los más graves crímenes”. También “ayuda a prevenir que esos crímenes ocurran de nuevo”. Además participa en una “lucha global para poner fin a la impunidad”. Así lo declara la institución en su portal web.

Además, busca “complementar, no reemplazar, a las cortes nacionales”. Sus postulados son que “los juicios son justos”, sus fiscales son independientes y los derechos de los acusados son garantizados.

la jurisdicción de la CPI se circunscribe a cuatro delitos: Genocidio, caracterizado por el intento específico de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros.

Además están los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Son “serias violaciones cometidas como parte de un ataque a larga escala contra poblaciones civiles”. Y finalmente los crímenes de agresión.

Los crímenes de guerra incluyen el uso de niños soldado, el asesinato o tortura de civiles o prisioneros en un contexto de conflicto armado. Desde 2018 el uso de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía, integridad o independencia de otra nación. también es un crimen de este tupo.

Este último caso puede ser notificado por el Consejo de Seguridad, investigado por iniciativa de los fiscales de la Corte Penal o por solicitud de uno de sus Estados Partes.

La Corte Penal Internacional “podría ejercer su jurisdicción” en una situación donde genocidios, crímenes de lesa humanidad o de guerra se cometieron a partir del primero de julio de 2002, según sus postulados.

Otro punto clave para que la CPI investigue y lleve a juicio a presuntos criminales es que estos individuos hayan nacido en Estados Partes que acepten la jurisdicción. También que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya referido el caso a los fiscales de la Corte.

Como no cuenta con una fuerza policial, la CPI depende de la cooperación de países en todo el mundo. Lo hace para materializar arrestos y transferir a las personas aprehendidas a su centro de detención. Igualmente para congelar bienes de los sospechosos.

“También, se concede al Consejo de Seguridad la facultad de que, mediante resolución, se le pida a la Corte Penal Internacional que suspenda por un plazo máximo de 12 meses una investigación o enjuiciamiento. Ya ha sido utilizada (esa opción) de manera abusiva”, apunta la experta.

La presidencia de la CPI la eligen sus 18 jueces. El polaco Piotr Hofmański la lidera desde marzo, en compañía de la peruana Luz del Carmen Ibáñez, en la primera vicepresidencia. El congolés Antoine Kesia-Mbe Mindua, icupa la segunda vicepresidencia.

Los 18 magistrados de sus divisiones judiciales son elegidos por la Asamblea de los Estados Partes. Lo hacen por sus calificaciones, imparcialidad e integridad.

Sirven durante nueve años, un período que no es renovable. Entre sus competencias, destacan la garantía de juicios justos, el ordenamiento de arrestos y citaciones ante la Corte. Igualmente, las autorizaciones de participación de víctimas y el otorgamiento de protección a testigos de sus casos.

La Corte Penal Internacional tiene otros dos órganos clave para su funcionamiento: la Oficina del Fiscal, que examina las situaciones donde crímenes graves pueden haber sido cometidos y de adelantar investigaciones y acusaciones contra los individuos presuntamente responsables; y su Secretaría, que brinda servicios de apoyo judicial y administrativo, como llevar registro de expedientes, brindar asesoría legal y facilitar las traducciones de la Corte.

El personal de la CPI tiene al menos 900 miembros, oriundos de 100 países, que manejan hasta seis idiomas, y operan desde la sede en La Haya, Naciones Unidas en Nueva York y otras siete naciones.

Tiene un presupuesto de 180.855.241,08 dólares, según la detallada información en su web.

Durante estos 19 años de funcionamiento, la Corte Penal Internacional ha administrado justicia en 30 casos. Algunos incluyeron acusaciones contra más de un sospechoso.

Sus jueces han emitido 35 órdenes de arresto y, gracias a la cooperación de los Estados que respetan sus decisiones, 17 acusados han sido detenidos en su centro para esos fines.

Trece personas permanecen prófugas y sus fiscales han abandonado cargos contra otras tres debido a sus fallecimientos.

También, han enviado nueve citaciones a aparecer ante la Corte Penal y han declarado culpables a 10 acusados y decidido la absolución de cuatro.

Entre sus casos más notorios, se encuentra el del exgobernante de Sudán durante 30 años Omar Al Bashir, prófugo desde 2010.

Los fiscales de la Corte lo acusan de 10 delitos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

“Hasta que sea arrestado y transferido al asiento de la corte en La Haya, el caso permanecerá en la fase de pre-juicio. La CPE no enjuicia a individuos a menos que estén presentes en su sala”, advierte la institución.

La profesora venezolana Romay subraya que la CPI acumula una historia de “pocos presos” a su disposición y “muchas órdenes de arresto incumplidas”.

Los procesos legales de la Corte Penal Internacional “podrían funcionar diferentemente de las jurisdicciones nacionales”, explica la propia institución.

Después que los crímenes ocurren, los casos que conoce pasan por una serie de fases: primero una evaluación preliminar, luego las investigaciones, entonces la etapa de prejuicio y finalmente el juicio.

Posteriormente, las apelaciones y el cumplimiento de las sentencias que se deriven de los fallos de los jueces.

Las evaluaciones preliminares, la etapa donde se encuentra la acusación contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno en Venezuela, supone la determinación de la Oficina de la Fiscalía de “si existe suficiente evidencia de crímenes de suficiente gravedad en la jurisdicción de la Corte Penal”.

También, en esa fase preliminar se precisa si existen procedimientos nacionales “genuinos” sobre el caso en cuestión, y si abrir una investigación “servirá a los intereses de la justicia y de las víctimas”, como remarca en su página web.

Tras reunir pruebas e identificar a sospechosos, la etapa de investigaciones incluye la potestad de la Fiscalía de emitir órdenes de arresto (la CPI confía en que los Estados concreten esas detenciones y transfieran a los acusados ante ella) o citaciones a declarar ante ella.

Para Nicolás Maduro el avance en las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, cometidos en el marco de las protestas 2017, es un duro golpe.  

Esta semana es decisiva para el país, pues se espera la respuesta de la sala de cuestiones preliminares de la CPI, ante la salida de la fiscal Fatou Bensouda.

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La periodista de Impacto Venezuela, Mildred Manrique, para Cara a Cara entrevistó al director del Foro Penal, Alfredo Romero, quien explica detalladamente cómo será este proceso.

Además de las consecuencias que traerá para Nicolás Maduro.

“La decisión de Bensouda sobre Venezuela va a depender de la sala de cuestiones preliminares”, aseguró Romero podría suceder en los próximos días.  

Crecen las expectativas sobre la decisión que tome la Corte Penal Internacional sobre si investigará o no formalmente a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

De concretarse esta investigación, sería Maduro el primer presidente de Latinoamérica en ser investigado normalmente por la CPI.

Hace unos días, la fiscal, Fatou Bensouda, ratificó que el caso de Venezuela cumple «con la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar».

Asimismo, aseveró que su tarea avanza «significativamente» y expresó que esperaba poder hacer público sus hallazgos próximamente.

Por qué hay tanta incertidumbre, porque el 15 de junio finaliza el mandato de la fiscal, quien cederá la posta al británico Karim Khan.

Se espera que sea la abogada de Gambia quien se pronuncie sobre el caso, lo que podría suceder el próximo 9 de junio.

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Ante la posición públicamente de Bensouda y las pruebas ante la CPI, para Luisa Ortega Díaz, exfiscal de Venezuela, habrá justicia.

Luego del pronunciamiento, la fase de examen preliminar podría cambiar de fase y convertirse en una formal investigación preliminar.

De esta forma comenzaría un juicio en contra de los funcionarios de la a ministración de Nicolás Maduro y el chavismo.

La fiscal sigue la situación de Venezuela desde el 2014.

Pero no fue hasta el 2017 que se centró en una investigación luego de la fuerte represión durante las protestas de ese año.

En diciembre, determinó en su informe anual que en efecto «existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

«La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional», señala el documento.

La mayoría de criterios están cumplidos para realizar la presentación.

 No obstante, primero tendría que expedirse la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre las alegaciones de la administración de Maduro.

Sin embargo, funcionarios chavistas, acusaron a la fiscal de no cooperar y negar el derecho a la defensa.

La ONG Provea denunció la semana pasada que la administración de Maduro  motoriza una «campaña de ataques» contra la Corte.

Con el fiscal general, Tarek William Saab, y la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez, como dos de los promotores.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), cuestiona la demora del proceso.

El 2 de diciembre, la Secretaría General publicó un informe titulado «Fomento de la impunidad: el impacto de la ausencia de una investigación de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de lesa humanidad en Venezuela».

La Corte Penal Internacional (CPI) está próxima a finalizar la investigación sobre las presuntas violaciones de Derechos Humanos ocurridas en Venezuela.

En un reportaje realizado por la Voz de América, indican que el pasado diciembre, la fiscal Fatou Bensouda determinó en su informe anual que “existen fundamentos razonables” para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad.

La investigación preliminar del caso “Venezuela I”, que se encuentra en la tercera fase, empezó en febrero del 2018 y se basa en delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales desde al menos 2017.

Bensouda, anticipó que concluiría la pesquisa sobre la situación en el país caribeño durante la primera mitad del 2021. Pero, ¿qué pasará una vez finalizado este primer examen?

“Ese informe pasa a la sala de cuestiones previas. Luego, la sala decide si va a haber un juicio o cierra el caso”, explicó en entrevista el profesor de la Universidad de Columbia, Carlos Ponce.

Explica el reportaje que si la Corte avanza  con la investigación y finalmente admita celebrar un juicio, se emitirían órdenes de captura para los acusados.

“Si viaja Maduro y hay una orden de captura, lo pueden arrestar. Eso tiene un impacto de imagen, tiene un impacto de gobernabilidad (…) Probablemente eso va a estar muy cerca de la elección en Venezuela en el 2024, con lo cual cambia un poco los escenarios del juego de ese momento”, explicó Ponce.

Ponce asegura que los crímenes de competencia de la Corte no prescriben, y el tribunal puede imponer penas máximas de 30 años de prisión.

Sin embargo, de forma excepcional, pueden dictaminar sentencias de cadena perpetua.

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Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, destaca que, si el proceso avanza, el caso de Venezuela se convertirá en un “precedente muy importante para que gobernantes de otros países lo conozcan”.

Asegura que “ha llegado el momento de que no solamente el objetivo de la Corte sean personajes que estén en África”.

La investigación sobre el caso “Venezuela I” en la CPI no ha estado exento de polémicas.

Organizaciones como la OEA han destacado en el pasado la demora en el proceso.

Expertos vaticinan que el próximo 15 de junio, con el fin del mandato de Besouda y la llegada de su homólogo británico, Karim Khan, las pesquisas podrían tomar un nuevo rumbo.

“El nuevo fiscal es un especialista en el área criminal, en el área de procedimiento, y puede ser mucho mejor en montar un buen expediente”, explica Ponce.

Arria destaca que “Karim Khan ofrece una personalidad muy distinta a Bensouda (…) tiene una visión más global de lo que son los Derechos Humanos en el mundo, así que estamos muy esperanzados”.

La fiscalía de la administración de Nicolás Maduro, dirigida por Tarek William Saab, presentó recientemente nuevas acciones ante la CPI.

“Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que, hasta la fecha, no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados”, detalla un comunicado del Ministerio Público.

Además de una petición de cooperación judicial, el documento también menciona una solicitud de control judicial.

“Esta petición ha sido presentada ante la Sala de Cuestiones Preliminares de dicha institución para que esta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que en el caso de Venezuela está siendo paradigmático”, indica el texto.

“No hay fundamentos”

El pasado mes de mayo la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, aseguró que las denuncias presentadas en la Corte no tienen “fundamentos veraces”.

Apoyó su argumento en un análisis de «big data»:

“Desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional”.

“Se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela”, precisó Rodríguez.

La vicepresidente de Maduro envió además un nuevo informe a la fiscalía de la CPI para “desmontar las acusaciones”.

La Corte también evalúa otro caso relacionado con el país caribeño, llamado “Venezuela II”. Éste hace referencia a las denuncias a Estados Unidos por parte del Gobierno venezolano por las sanciones impuestas a su economía.

El gobierno de Joe Biden levantó las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. El argumento es que desea llevar «una relación más colaborativa».

El exsecretario de Estado Mike Pompeo impuso sanciones y rechazó visados para la fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda. Esto, después de que iniciara una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán. 

El tribunal irritó aún más a Estados Unidos al abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos cometidos por Israel. Este país es un aliado estadounidense que rechaza la autoridad de la CPI, destacó AFP.

El sucesor de Pompeo, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos sigue «en total desacuerdo» con las acciones tomadas por la CPI.

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«Creemos, sin embargo, que nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarían mejor mediante la participación de todas las partes interesadas en el proceso de la CPI en lugar de mediante la imposición de sanciones», dijo Blinken en un comunicado. 

Señaló que revocaron tanto las sanciones contra Bensouda y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Phakiso Mochochoko, impuestas en septiembre de 2020, así como varias restricciones de visado decididas en 2019 contra miembros del personal de la CPI.

La fiscal nacida en Gambia dejará su puesto en junio y será reemplazada por el abogado británico de derechos humanos Karim Khan.

Estados Unidos firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma de 1998 que dio lugar a la CPI.

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, celebró el anuncio de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.

Vivanco cree que se trata de una paso seguro hacia una investigación oficial contra el régimen. «Es un paso clave para que se inicie una investigación formal contra el régimen de Maduro», remarcó en su cuenta en Twitter.

“La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) concluye que hay fundamentos razonables para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, ratificó Vivanco.

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En un comunicado, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, resalta que la instancia valora que existen «fundamentos razonables para creer» que en Venezuela se cometen crímenes que son de su jurisdicción.

La Fiscalía pidió a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes». Todo de «conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma». Este requerimiento de información significa que «el informe preliminar se encuentra en una fase final importante, la de admisibilidad».

Por su parte, activista por los DD.HH. Tamara Suju, considera que la CPI ya tiene a Venezuela en la fase III del proceso. Esto quiere decir que la corte pasará a valorar si la justicia venezolana ha castigado a los responsables de estos crímenes.

Asimismo, la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró que las pruebas presentadas por su despacho, ante la CPI, son contundentes, relacionadas con la violación de los DH.HH. en Venezuela. Por lo que también celebró la decisión de Bensouda. Ortega Díaz asegura que no descansará hasta que haya justicia en Venezuela.

**Importante**La Fiscal de la Corte Penal Internacional concluye que hay fundamentos razonables para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela.Es un paso clave para que se inicie una investigación formal contra el régimen de Maduro. https://t.co/6XOycMtU3i

La Corte Penal Internacional no debería tener excusas para pasar de la fase preliminar a la de investigación formal, en el caso de Venezuela. Esto tras presentación del informe sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En este punto coinciden los especialistas en DD.HH y derecho internacional, Rafael Uzcátegui y Mariano de Alba respectivamente.

“Este régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad. Esa es una frase que tiene mucha responsabilidad y mucho peso internacional. Especialmente porque los ha elaborado de manera sistemática y ha utilizado todas las instituciones para que se lleven a cabo y encubran», dijo Uzcátegui, coordinador de la ONG Provea, para El Nacional.

Explicó que el régimen creó «una maquinaria de impunidad permanente ante estas situaciones, para utilizar el abuso de poder como un mecanismo de control sobre la población».

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A su juicio, el informe es «el acontecimiento más importante de este 2020 en materia de protección de derechos humanos”. Argumentó que el informe lo elaboraron con un tono más contundente que los documentos sobre la situación del país publicados previamente.

Destacó que reivindica el papel de los organismos de protección de los derechos humanos. Y enfatizó en que cuando estos se activan con todo el peso profesional, «generan resultados contundentes».

Por su parte, Mariano de Alba, sostuvo que el alcance del documento es y será bastante amplio. «Tiene un gran impacto en la opinión pública internacional. Además puede convertirse en un insumo crucial para que distintos países y organismos internacionales continúen o redoblen sus investigaciones».

Dijo que las naciones interesadas «pueden adelantar investigaciones y eventualmente juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto dependerá de la legislación de cada país y de la voluntad política de sus autoridades».

Insistió en que el proceso en la CPI está retrasado porque alega que no ha recibido información de calidad proveniente de Venezuela. «El informe de la Misión sería un insumo de peso tomando en cuenta el organismo del que proviene».