La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) declaró inadmisible la recusación contra el fiscal Karim Khan en el contexto de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La información la suministró el periodista Luis Carlos Díaz a través de su cuenta en la red social X.

Díaz señaló que este fallo despeja el camino para que el proceso continúe sin obstáculos, y la investigación siga adelante con esperanza.

Sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional @IntlCrimCourt declara inadmisible la recusación contra el Fiscal Karim Khan en la situación Venezuela.El proceso sigue adelante. La investigación no ha parado y hay más razones para que se llegue a la etapa del caso. pic.twitter.com/8lz04XinDU

El caso sobre Venezuela fue abierto en 2023, tras determinarse que las autoridades venezolanas no estaban realizando investigaciones adecuadas ni procesando judicialmente los crímenes cometidos en el país. 

Desde entonces, el proceso ha estado en una fase inicial. La Oficina para la Defensa de las Víctimas (OPCV) había presentado un documento solicitando celeridad en la causa, y este fue considerado durante la recusación del Fiscal Khan.

El intento de recusación se basaba en un presunto conflicto de intereses del Fiscal Khan, relacionado con posibles vínculos familiares con individuos vinculados al gobierno venezolano. Sin embargo, la Corte desestimó este argumento, lo que permite que la investigación continúe sin interrupciones.

Los denunciantes criticaron a la CPI que, a diferencia de otros casos donde las investigaciones avanzaron rápidamente, en Venezuela las víctimas sienten que sus sufrimientos no han sido tratados con la misma urgencia.

También cuestionaron la estrategia de “complementariedad positiva” adoptada por el fiscal, que intenta fomentar investigaciones internas en Venezuela, pero que, según las víctimas, está demorando el avance de la justicia a nivel internacional, recuerda el portal La Patilla.

Un total de 79 países, entre ellos numerosos latinoamericanos, firmaron este viernes una declaración conjunta de apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) en un momento en que esta se encuentra atacada por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Hoy en día, la Corte se enfrenta a desafíos sin precedentes: se han adoptado medidas de sanción a la corte y sus funcionarios, así como los que cooperen con ella, en respuesta a que la Corte lleva a cabo su mandato de acuerdo con el Estatuto de Roma», reza la declaración.

Sin embargo, no se menciona por su nombre al Gobierno estadounidense ni a su presidente Donald Trump, que el jueves firmó la orden ejecutiva para anunciar restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos.

Los visados se restringen a estos funcionarios, con lo que se limitaría el acceso en donde precisamente está la sede central de la ONU, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

??‍⚖️ APOYO A LA CPI79 países, entre ellos España, firmaron una declaración conjunta de apoyo a la Corte Penal Internacional en un momento en que esta se encuentra atacada por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.? @SierraLeoneUN pic.twitter.com/fYLlJ3MRzy

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Las víctimas o grupos de víctimas y los representantes, como organizaciones y abogados, podrán presentar sus observaciones con respecto a la apelación de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre reanudar la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La Corte Penal Internacional publicó los pasos para que la Sección para la Participación de Víctimas y Reparaciones (VPRS) implemente una consulta a las víctimas en la apelación de Nicolás Maduro.

La Corte Penal Internacional publica los pasos para que las víctimas de crímenes de lesa humanidad respondan a la apelación de Nicolás Maduro en la CPI.Apelación contra la autorización al Fiscal, Karim Khan, de investigar los crímenes, Venezuela IDetalles #CPIporLasVíctimas… pic.twitter.com/arl3Db98mV

La información sobre los pasos y medios para realizar las observaciones está disponible en la página de la Corte Penal Internacional, a través del siguiente link: https://www.icc-cpi.int/victims/informacion-para-las-victimas-de-la-situacion-de-venezuela-i, a través del cual podrán registrarse en un formulario para participar en la consulta.

Las víctimas podrán presentar sus observaciones sobre si la decisión del Artículo 18(2) que autoriza la reanudación de la investigación del Fiscal Khan, debe ser confirmada, modificada o revocada, el plazo para la participación de las víctimas o sus representantes será hasta el 3 de octubre.

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El anuncio se produce luego de la presentación del cuarto informe de actualización de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, en el que se determinó que el Estado venezolano ha modificado los patrones de represión hacia métodos más selectivos, persistiendo la persecución, criminalización, detenciones arbitrarias y métodos de tortura.

Con información Provea

Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que hacen vida en Venezuela consideran una «buena noticia para las víctimas» que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicite al tribunal la autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, dijo que la solicitud hecha por el fiscal de La Haya, que califica como «positiva», confirma que en Venezuela «no están dadas las condiciones para una investigación objetiva, genuina e imparcial sobre los posibles crímenes de lesa Humanidad cometidos».

«Es una buena noticia para las víctimas porque las acerca más al reconocimiento de la comisión de crímenes en su contra, y les permitirá, eventualmente, expresarse ante la justicia penal internacional, donde, hasta este momento, existen más posibilidades de encontrar justicia que en Venezuela», aseguró a la agencia EFE.

Mediante un comunicado, Karim Khan informó que tras una «evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles», ha concluido que el «aplazamiento solicitado por Venezuela, en esta etapa, no está justificado, y que se debe autorizar la reanudación de la investigación».

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Entre las razones para apoyar la solicitud, explicó que «la evaluación independiente y objetiva» llevada a cabo por su oficina muestra que los esfuerzos y reformas en Venezuela siguen «siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes».

El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, también aplaude esta decisión, que considera -según dijo a EFE- «totalmente positiva» para las víctimas y sus familiares, pues confirma que la Fiscalía de la CPI «debe seguir investigando porque en Venezuela no hay sanción a los responsables, justamente lo contrario a lo que dice el Gobierno».

El fiscal de la CPI anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas en 2021 e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el Gobierno, que firmó conjuntamente con el presidente, Nicolás Maduro.

Representantes de los Países Bajos habrían corroborado la información ofrecida por la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, sobre la suspensión de la reunión con la Corte Penal Internacional (CPI).

La agencia de noticias EFE habría consultado con fuentes allegadas al gobierno holandés, quienes corroboraron que existe una irregularidad con los permisos del avión, por lo que la aeronave no podría sobrevolar cielo holandés, «por motivos de seguridad».

El mismo vocero del gobierno de Holanda indica que tanto la administración de Nicolás Maduro, como las autoridades de los Países Bajos mantendrían contacto para tratar de que el viaje de la comisión venezolana, presidida por Delcy Rodríguez, se lleve a cabo en una nueva fecha.

Por otra parte, la Corte Penal Internacional también sería notificada al respecto para que se puedan tomar los correctivos.

La tarde de este lunes #13Dic la representante de Nicolás Maduro denunció en los medios públicos venezolanos que autoridades de los Países Bajos, impidieron el vuelo diplomático de la comisión presidida por su persona.

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Rodríguez explica que alegan que la aeronave de la línea aérea estatal Conviasa, no contaría con un permiso especial, pero según Rodríguez, el avión posee toda la permisología internacional.

La personera de Nicolás Maduro considera la acción como un acto que impide que puedan cumplir con lo acordado en el memorándum de entendimiento que firmara la administración de Maduro con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.

En noviembre de este año el fiscal de la CPI acude a Venezuela para dar inicio al proceso de investigación por la comisión de supuestos Delitos de Lesa Humanidad. Los principales señalados son Nicolás Maduro y su tren ejecutivo. Durante dicha visita, firman un memorándum de entendimiento, en donde se comprometen a prestar toda la colaboración para dar con la verdad.

Dentro de ese plan de colaboración, la CPI y la administración de Maduro deben coordinar reuniones y encuentros, como parte de las averiguaciones. Supuestamente, ese sería el motivo del viaje de la comisión presidida por Delcy Rodríguez.

Una comisión presidida por Delcy Rodríguez, que tenía previsto una reunión para este 14 de diciembre con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan no podrá viajar a los Países Bajos, por instrucción de dicha nación.

Así lo dio a conocer la propia vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Indica que este 13 de diciembre la Cancillería de Venezuela recibe un comunicado en donde indican que la aeronave que utilizarían para el vuelo diplomático, prácticamente no cuenta con los permisos necesarios para sobrevolar el espacio aéreo holandés.

«Nuestra delegación sería trasladada con una aeronave de Conviasa en un vuelo oficial no comercial a La Haya, que se encuentra en los Países Bajos, el cual tenía las características de un vuelo diplomático», dice Rodríguez, quien agrega que lo alegado por la nación europea es falso.

? ¡DELCY RODRÍGUEZ DENUNCIÓ A PAÍSES BAJOS!Delcy Rodríguez denunció a Países Bajos por impedir la entrada de su equipo de trabajo a ese territorio, y calificó lo sucedido como "una estratagema para engañar y confundir".Vía: VTV.@ImpactoVE ? pic.twitter.com/CqHt44a80J

Rodríguez indica que el mismo avión de Conviasa, que sería utilizado en misión diplomática, recibe en abril de este año el denominado Permiso de Operadores de Terceros Países (TCO). El mismo permiso que alega Países Bajos que la aeronave no tiene.

La representante de la administración de Nicolás Maduro indica que desde la nación europea imposibilitan de que puedan cumplir con el memorándum de entendimiento firmado con la Corte Penal Internacional.

Además, manifiesta que el Gobierno de los Países Bajos obstaculiza e impide que la delegación pueda cumplir con sus responsabilidades ante la CPI, conforme a los tratados internacionales firmados.

Vale recordar que a principios de noviembre el fiscal de la CPI, Karim Khan, visita Venezuela y ordena la investigación por supuestos delitos de Lesa Humanidad cometidos en el país por la administración de Nicolás Maduro.

Para llevar a cabo dicha averiguación, ambas partes firman un memorándum de entendimiento. En este sentido, se comprometen a prestar toda la colaboración para alcanzar la verdad.

Debido a esto, estaba previsto que el 14 de diciembre la vicepresidencia de Nicolás Maduro se reuniría con Karim Khan. Dicho encuentro quedó pautado desde un principio en la sede de la CPI en La Haya.

La Corte Penal Internacional (CPI) anuncia este viernes que Venezuela no tiene derecho a voto en la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma por mora de varios años en el pago de sus cuotas anuales.

Así lo destaca la organización de Derechos Humanos PROVEA, quien transmitió a través de las redes sociales parte de la reunión de este viernes, en donde informan que además de Venezuela, Surinam, Zambia, Antigua y Barbuda, Comoras, Guinea, Congo y Liberia también están morosos.

La deuda de Venezuela, según Provea, asciende a 12.816.996 euros. El último pago lo realizaron en noviembre del 2018.

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«Las cuotas anuales de Venezuela son de aproximadamente 2.018.603 Euros, lo que significaría que debe el equivalente a más de 6 años. Según el Artículo 112 par. 8 el derecho al voto se pierde por deber el equivalente a dos o más contribuciones anuales», explica Provea.

Este viernes la CPI eligió dos fiscales auxiliares que apoyarán los trabajos de Karim Khan, el actual fiscal de la CPI. Dicho nombramiento viene dado de la solicitud que hiciera Khan para contar con más herramientas para las diversas tareas que tiene que llevar a cabo, entre ellas, la investigación hacia Venezuela por la supuesta violación de Delitos de Lesa Humanidad.

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Antes de la elección de los fiscales auxiliares, hicieron la salvedad de que los países morosos habían perdido el derecho la voto, por lo que tuvieron que sus representantes abandonar la sesión, entre ellos el representante de Nicolás Maduro.

Para que Venezuela y los demás países declarados como morosos puedan volver a tener voto, deberán primero cancelar la deuda.

Según PROVEA, la administración de Nicolás Maduro, «tiene el deber de cumplir con las obligaciones financieras con la CPI y debe cooperar de buena fe. Un primer paso para mostrar que tiene voluntad de cumplir con el Memorándum de Entendimiento es cubrir la deuda acumulada».

El mes pasado Karim Khan, fiscal de la CPI, firma un memorándum de entendimiento, tras ordenar la averiguación en contra de la administración de Nicolás Maduro, por la supuesta violación de Delitos de Lesa Humanidad.

En dicho documento firmado, Nicolás Maduro se compromete a prestar toda la colaboración con la CPI para cualquiera de las acciones que conlleven a una verificación durante la investigación.

El chavismo, a diferencia de elecciones anteriores, enfrenta la campaña por los comicios regionales y locales del 21 de noviembre en Venezuela sorteando asuntos incómodos.

No todo lo que brilla es oro. Dentro de las incomodidades que les ha tocado sortear destacan: la extradición del empresario colombiano Álex Saab -presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro-;que empañan su objetivo de mostrarse como un bloque sólido que lo tiene todo bajo control.

A continuación, las claves que dejan entrever las inseguridades en la cúpula chavista:

Tras más de un año de arresto en Cabo Verde, Saab fue extraditado a EE.UU. el pasado 16 de octubre para responder por un caso de lavado de dinero vinculado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP), un sistema creado por Maduro en 2016, que el Departamento del Tesoro estadounidense señala de ser un esquema para que el empresario obtenga «ganancias sustanciales».

El Gobierno venezolano rechazó las acusaciones y el procedimiento y trató, por todos los medios, que Saab no fuera extraditado, pero el esfuerzo fue en vano.

El nombre del empresario, de 49 años de edad, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro y, desde entonces, comenzó a ser vigilado de cerca por EE.UU.

La Audiencia Nacional de España aceptó la extradición a EE.UU. del exgeneral venezolano Hugo Carvajal -conocido como el Pollo-, la extesorera de Venezuela Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, exguardaespaldas del ya fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Díaz y Velásquez están acusados de un delito de blanqueo de capitales por haber favorecido, presuntamente, al empresario venezolano Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera, que le reportó a este ganancias de cientos de millones de dólares.

Por su parte, Carvajal, antiguo jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela, es acusado de presuntos delitos de narcotráfico.

El exgeneral, detenido en septiembre pasado en Madrid, declaró como testigo ante un juez de la Audiencia Nacional española, donde señaló a Juan Carlos Monedero, cofundador del partido español Podemos, de recibir supuestos pagos de Maduro, cuando ya estaba al frente del Gobierno, y que salieron de las arcas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

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La Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir formalmente una investigación a Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde, al menos, abril de 2017, durante las manifestaciones, y malos tratos a opositores en algunas cárceles.

«(La Fiscalía) ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», destacó un documento firmado entre la CPI y el Ejecutivo al finalizar la visita del fiscal de la corte, Karim Khan, al país caribeño el pasado 3 de noviembre.

El Gobierno venezolano posteriormente emitió un comunicado en el que ratificó su compromiso con el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la CPI, pero mostró su desacuerdo con la decisión de la CPI, argumentando que no hubo examen preliminar ni derecho a la defensa.

Los venezolanos se quejan constantemente por la merma en la calidad de vida con fallas en los servicios básicos, la alta inflación y los bajos salarios.

Recientemente, varios sindicatos venezolanos protestaron en Caracas para exigirle al Gobierno mejoras en sus condiciones laborales, especialmente las relacionadas al salario.

La grave crisis que llevó a esta situación al que fue uno de los países más ricos de Latinoamérica provocó que una parte de la población emigrara, al considerar que en Venezuela no existen posibilidades de mejora ni de un cambio político que la mayoría, según diversas encuestas, piden a gritos.

El oficialismo mostró sus grietas el año pasado, cuando el Partido Comunista; Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y Patria Para Todos (PPT) se desmarcaron del chavismo. Esto por considerar que la tendencia que estaba siguiendo se alejaba cada vez más de la izquierda para ir a un sistema de políticas liberales.

Pero las diferencias se notaron más este año; cuando en las primarias del oficialismo para elegir a los candidatos a gobernadores y alcaldes los dirigentes se enfrentaron abiertamente. Incluso el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tuvo que pedir «unidad»; y exigió que se evitasen las ofensas y los ataques entre compañeros

En Twitter, los militantes del partido de Gobierno también expresaron su descontento. Esto luego de que la alta dirigencia dejara por fuera a varios de los que fueron elegidos e impusieran a otros en varios estados; que no lograron el primer lugar o que ni siquiera habían sido postulados.

Con información de EFE

Por muchas razones el nombre de Venezuela siempre ha estado entre los primeros escaños de listas de situaciones favorables en América Latina. Volvimos a alcanzar el primer lugar en otra gran clasificación, pero esta vez es la no tan favorable lista de países investigados por delitos de Lesa Humanidad, ante la Corte Penal Internacional (CPI).

El pasado 31 de octubre arribó al país Karim Khan, fiscal de la CPI, quien atendiendo una “invitación” del Gobierno de Venezuela (término técnico y protocolar dentro del proceso) acude a la nación en el marco de la fase preliminar sobre las acusaciones en contra del Estado por violaciones en materia de Derechos Humanos.

La visita del magistrado internacional consolida el inicio de una nueva fase ante la acusación. Después de tres días de jornadas de trabajo y entrevistas con los que representan el poder ejecutivo y judicial en el país, Khan lanza la noticia al mundo. Existen suficientes indicios que llevan a la CPI a cerrar la fase de verificación y comenzar la fase de investigación.

Por supuesto que esto no es del  agrado de Nicolás Maduro y sus personeros, pero obligados por el Estatuto de Roma, deben acceder  y comprometerse a colaborar con la CPI en todo lo que sea inherente a la investigación.

Gonzalo Himiob, miembro de la organización no gubernamental de Derechos Humanos, Foro Penal, expresa que en la CPI se manejan muchos  casos y situaciones.

Casos en África y Asia hay suficientes. En América Latina hay ahora solamente dos casos en fase de examen preliminar; el expediente Venezuela II y un caso expuesto por Bolivia recientemente. El otro que reposaba acaba de ser cerrado por Khan en su visita a Colombia. Todos estos eran o están en fase preliminar.

No había caso en fase de investigación en este lado del mundo, hasta que este miércoles #03Nov habló el fiscal de la CPI.  

“Hay muchos casos en este momento manejándose  ante esas instancias, pero lo verdaderamente novedoso es que en Venezuela se ha abierto la posibilidad por primera vez  que en un país de América Latina se investigue a un país  o apersonas de ese país, como responsables de crímenes de Lesa Humanidad”, dijo Himiob.

“Lo que es inédito es que se haya abierto una investigación sobre crímenes de Lesa humanidad cometidos en América Latina. Esto no había pasado nunca. Es la primera vez que pasa. Venezuela tiene lamentablemente el triste mérito de ser el primer país de América Latina sobre el cual se abre una investigación sobre delitos de Lesa Humanidad”, indica Himiob.

Otro que se ha expresado al respecto es el abogado Joel García, litigante venezolano que tiene un número considerable de presos políticos y casos presentados ante la CPI.

García considera que lo novedoso no solamente está en que es Venezuela el primer país investigado en Latinoamérica por la CPI, sino que dentro de la investigación, los funcionarios señalados se mantienen en ejercicio.

 “Debemos recordar que la CPI no solo va contra el autor material de los hechos, sino también va tras la responsabilidad de los superiores jerarcas. Y es precisamente en estos casos cuando el crimen se deriva de una política generalizada y sistemática hacia un sector de la población. Eso viene acompañado de órdenes superiores. Y esos superiores jerárquicos tienen que ser de alguna manera responsables de estos hechos”. Manifiesta García.

El abogado sostiene que no se puede obviar que en el mundo policial y militar sus miembros se fundamentan en tres pilares:  La obediencia, la subordinación y la disciplina. “Siempre ellos actúan cumpliendo órdenes. Ahora, si estos crímenes sistematizados no obedecieran a órdenes, también la omisión, es decir, el hacerse la vista gorda, no ver que se están cometiendo esos hechos, acarrea responsabilidad de esos superiores”.

Estas palabras de García remiten a casos como los del joven José Pernalete, el concejal Fernando Albán, el capitán de fragata, Rafael Acosta Arévalo y David Vallenilla, sobre los cuales hubo un veredicto y hay más de 20 funcionarios de bajo rango detenidos y procesados al respecto.

Himiob expone que dentro del venidero proceso, la administración de Nicolás Maduro deberá exponer sus alegatos relacionados a las sanciones que haya llevado a cabo y responder si hubo o no omisiones.

“Evidentemente el Gobierno de Venezuela, en uso de las facultades y las atribuciones que les da a los Estados partes el Estatuto de Roma, va a tratar de demostrar continuamente que no es necesaria esa investigación en la CPI y que en Venezuela si estarían dadas las condiciones para investigar violaciones graves a los Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad.  Eso es básicamente lo que va a pasar en esta primera etapa”, dice Himiob.

La administración de Maduro manejará su tesis de que en Venezuela si hay las garantías para que el Estado lleve a cabo una investigación seria en pro de los Derechos Humanos.

Ante esto el abogado Joel García responde que  “la CPI actúa bajo el principio de la complementariedad. Es decir, el Estado tiene la prioridad de investigar  y sancionar. La CPI interviene  solo si en el Estado no se quiso investigar, no se sancionó bajo los estándares de investigación internacional, no se sancionó a los responsables o simplemente no tiene capacidad para hacerlo”.

El profesional del derecho quiso ser enfático al decir que independientemente, la CPI llevará una investigación separada y paralela.

En su momento y según lo firmado en el memorándum de entendimiento, la CPI igualmente abrirá una averiguación y la administración de Nicolás Maduro  se comprometió a permitirle la investigación.

La fiscalía de la CPI deberá iniciar un proceso en donde debe determinar cuáles son los hechos a investigar específicamente a fondo en la primera etapa del proceso.

“Tiene que determinar en esos hechos quienes son las víctimas y quienes son los victimarios. De allí determinar entonces ¿cuáles son las diligencias de investigación,  cuáles son las evidencias, pruebas que va a necesitar para determinar la verdad de esos hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar?”, dijo Himiob.

Por los momentos no hay hechos concretos, tal y como lo dice el memorándum firmado el martes. No se puede hablar todavía de víctimas ni victimarios.

Según Joel García, en esta fase de investigación que recién comienza el fiscal podrá, amparado en lo establecido por el estatuto de Roma,  “establecer la veracidad de los hechos. Ampliar toda la investigación; puede recabar las pruebas pertinentes para determinar si hay  o no responsabilidad penal con respecto a una persona y todas esas circunstancias incriminantes o las que lo exoneren. También el fiscal podrá adoptar medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los criminales que estén siendo señalados”.

Además de las investigaciones dentro del país, Karim Khan podrá solicitar a la sala de cuestiones preliminares  de la CPI,  cualquier pronunciamiento. “Por ejemplo, una medida de prisión contra alguien si es necesario. Hacer comparecer personas ante un juzgado”.

Las diferentes ONG y abogados involucrados en el expediente Venezuela I, deberán convertirse ahora en la voz de los denunciantes y acusados.

El Foro Penal manifiesta que su participación será muy importante. “Ya abierta como está la investigación hay que buscar la forma de que las víctimas estén debidamente  representadas en el proceso. Esto hay que hacerlo con base en las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma. Además, hay que hacerlo  sobre la base de la determinación de la precisión. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serán por lo menos a nivel inicial los hechos que va a abarcar la investigación? Al menos por este momento”. Indica Himiob.

Joel García esboza que “como abogados de presos políticos seguiremos denunciando y documentando cada detención arbitraria. Lo elevaremos ante la CIDH ante la ONU y ante la CPI. Seguiremos atentos y vigilantes ante los procedimientos que se vayan a iniciar en Venezuela, para denunciar cualquier arbitrariedad».

Vale destacar que actualmente en el país hay cuatro abogados  que están facultados ante la Corte Penal Internacional, dos de ellos son Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, ambos miembros del Foro Penal. Esto no quiere decir que los demás profesionales del Derecho no tengan la suficiente capacidad como para afrontar un caso ante la organización judicial internacional.

La Corte Penal Internacional  es un organismo internacional independiente, que a pesar de haber nacido por la premisa de la Organización de las Naciones Unidas, la misma no pertenece a la ONU.

Fue creada en julio de 1998 y entró en vigencia en julio del 2002, tras la aprobación y firma de más de 130 países, entre ellos Venezuela. Fue el desaparecido presidente Hugo Chávez, el encargado de firmar por Venezuela ante el Estatuto de Roma.

La nación no pasa a ser nombrada ante la CPI de manera consecutiva sino hasta el año 2014. Comienzan a recibir los primeros indicios de supuesta violación delos derechos fundamentales.

Durante las protestas de abril del 2017, diversas organizaciones se hacen eco de denuncias sobre torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y posibles ajusticiamientos.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), en conjunto con el Grupo de Lima, y diversas ONG son los pilares de las denuncias.

El informe dela OEA del 2018 pide una averiguación por 131 muertes durante protestas, más de 15 mil detenciones arbitrarias.

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Además, habla de 192 casos de violencia sexual perpetrados supuestamente por policías y militares.

Aunado a esto, ante la CPI reposa un informe que indica que entre el 2014 y el 2020 hubo 18.093 asesinatos por parte de la fuerza pública.

Human Rights Watch reconoce que durante la gestión de Nicolás Maduro, con Tarek William Saab en la Fiscalía, han imputado 716 funcionarios de seguridad de Estado por violación de Derechos Humanos. A esta cifra le suman la detención de 40 civiles bajo el mismo delito.

El número de expedientes sobre asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y demás violaciones de DD.HH. en el país es considerable. Sin embargo, hay nombres que en la opinión pública nacional no pueden pasar por alto.

Es así como los casos de José Pernalete, el concejal Fernando Albán, el capitán de fragata, Rafael Acosta Arévalo, David Vallenilla; el capitán de la GNB, Juan Carlos Caguaripano Scott, el piloto y comando Óscar Pérez; el exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, Rufo Chacón  y Geraldine Moreno, entre otros, esperan que se haga justicia.   

El Departamento de Estado dice seguir de cerca toda la temática de Venezuela, por lo que apoyan la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de llevar a cabo una investigación contra la administración de Nicolás Maduro, por delitos de Lesa Humanidad.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, indicó este jueves #04Nov que Estados Unidos «toma nota» de la decisión de la CPI. Por ello, desde la administración Biden apoyarán las acciones del ente judicial internacional.

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«Apoyamos las medidas de justicia y rendición de cuentas y los programas que fortalezcan las instituciones democráticas, la transparencia y el estado de Derecho», dijo Price, quien además agrega que desde la nación del norte y sus aliados hay una alianza para denunciar las violaciones y abusos de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela.

Estados Unidos es uno de los pocos países que no se alinea con el estatuto de Roma. Por ende, no reconoce la autoridad que pueda tener en su territorio la Corte Penal Internacional.

Vale destacar que las funciones de la CPI comenzaron en el 2002, tras la firma del estatuto. La sede de la CPI funciona en La Haya (Holanda) y se ha convertido en un organismo internacional que ha tenido participación activa en Europa, África, Asia y América Latina.

Venezuela pasó a ser parte del trabajo de la CPI, después de que se presentarán las diversas denuncias y acusaciones de violación reiteradas de los derechos humanos en Venezuela, donde el principal señalado es la administración de Nicolás Maduro.

Es bueno recordar que ante la justicia de los Estados Unidos hay diversas investigaciones relacionadas con terrorismo, tráfico de drogas y otros delitos, que se siguen a personeros de Nicolás Maduro y gente allegada al chavismo.

Se puede mencionar el caso del empresario barranquillero Alex Saab, quien es señalado como un testaferro de Maduro, pero nombrado por el mismo como diplomático venezolano secuestrado. Sobre Saab pesa una averiguación relacionada a lavado de dólares en La Florida.

Otros casos emblemáticos son el del ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez y posteriormente de Maduro, Hugo El Pollo Carvajal. De los familiares de la esposa de Maduro que están detenidos por narcotráfico, entre otros.

La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una averiguación ante las denuncias por delitos de Lesa Humanidad en contra de la administración de Nicolás Maduro ya comienzan a generar reacciones.

Una de las más significativas es la de la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien se puso a la orden de la CPI para ofrecer los detalles que maneja sobre las presuntas violaciones cometidas por Maduro y sus personeros.

Ortega Díaz, quien en su momento también fue fiscal del desaparecido presidente Hugo Chávez y del propio Nicolás Maduro, se refirió a la administración de este último como una especie de «autocracia», la cual a su juicio deberá responder a las víctimas de la violación de los derechos fundamentales desde el 2017.

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«Día histórico para #Venezuela. La @IntlCrimCourt inició la investigación contra la autocracia por crímenes de lesa humanidad. Estamos a disposición del fiscal @KarimKhanQC para colaborar cuanto sea necesario y lograr la justicia que merecen las víctimas de violaciones de DDHH», escribe Ortega Díaz.

La otrora Fiscal General de Nicolás Maduro, fue una de las primeras juristas que presentó una denuncia formal ante la CPI en contra del actual ocupante del Palacio de Miraflores.

Tras mi denuncia en 2017, es un hecho la visita del fiscal de la @IntlCrimCourt a Venezuela. Sabemos que la autocracia le mentirá a @KarimKhanQC, pero en el país hay ONGs y víctimas de crímenes de lesa humanidad que pueden hacerle revelaciones importantes sobre violaciones DDHH https://t.co/pkZSNehC2U

En su momento Ortega Díaz manifestó que ante la Corte Penal Internacional reposan no menos de dos mil expedientes que comprometen de manera considerable a Nicolás Maduro y gran parte de sus funcionarios. Sobre todo aquellos relacionados a los organismos de seguridad e inteligencia del país.

«En el expediente de Venezuela ante la CPI cursan más de 2.000 pruebas que nosotros consignamos. No solamente cuando se hizo la denuncia original el 16 de noviembre de 2017. También las que hemos consignado con posterioridad ampliando el caso», dijo Ortega Díaz.

La directiva de la Organización No Gubernamental Foro Penal, considera que la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) es un paso significativo hacia la búsqueda de la justicia en el país, sin embargo, consideran que todavía hay «mucha tela que cortar».

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, explica que la decisión tomada por el fiscal de la CPI, Karim Khan, es un hito histórico y que da inicio a un paso considerable dentro de la historia judicial nacional.

#3Nov ¡AVANCE HISTÓRICO PARA VENEZUELA EN DDHH! El vicepresidente de @foropenal, Gonzalo Himiob aclaró que aunque es un avance significativo que se haya abierto una investigación formal, “todavía queda mucha tela que cortar".Vía @milmanrique ? pic.twitter.com/ZxOcMBcQ1h

«Esto no quiere decir que la justicia está a la vuelta de la esquina. Todavía queda muchísima tela que cortar. Muchísimo camino que recorrer, pero definitivamente el día de hoy contamos con este hito histórico», dijo Himiob.

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El abogado especialista en Derechos Humanos explica que el proceso continuará y vendrá ahora el trabajo a fondo de la CPI, donde también las partes deberán presentar sus alegatos.

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, dio a entender que ahora es el momento en que el fiscal de la CPI podrá recibir a los familiares de las víctimas, a las ONG y todos los testigos que podrían aportar información valiosa ante la averiguación en contra de la administración de Nicolás Maduro.

«Esto implica la posibilidad de ya colectar evidencias, de ya reunirse o entrevistar personas que de una forma sean testigos o víctimas de estas situaciones que el fiscal ha tenido conocimiento por diferentes vías», manifiesta Romero.

#3Nov La CPI anunció el inicio de la investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, pero también el fiscal Karim Khan pidió colaboración del Estado en el proceso, aclaró Alfredo Romero, presidente de @foropenalq Vía @milmanrique ? pic.twitter.com/Ez1lYmvO9a

Vale acotar que en días pasados diferentes ONG, familiares de víctimas y hasta políticos, solicitaron una reunión con Karim Khan para pedir que fuesen escuchados y que tuviese de primera mano el testimonio.

Esto, desde el punto de vista jurídico, no podía darse en la fase en la que para el momento de la solicitud se encontraba el expediente de Venezuela. Así lo explicó en una entrevista Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea.

Romero resalta que el fiscal de la CPI pide de alguna forma «colaboración del gobierno venezolano para poder entrar al país y hacer la investigación… Si acaso existe algún tipo de solución dentro del sistema de justicia en Venezuela que sea creíble y se realicen investigaciones genuinas, la Fiscalía pudiese ceder el paso».

Ya la Corte Penal Internacional habló. Considera que existen suficientes indicios para pasar a la fase de investigación, sobre las denuncias de violaciones de Derechos fundamentales por parte de la administración de Nicolás Maduro.

Este miércoles #03Nov se firmó el memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la CPI. El mismo indica, entre varios items, que se da inicio a la fase de investigación sobre la Situación Venezuela I que reposa ante el organismo judicial internacional.

#3Nov Finaliza el examen preliminar de la situación “Venezuela I” y, de conformidad con lo pautado en el Núm. 1° del Art. 53 del Estatuto de Roma, se INICIA FORMALMENTE la investigación ante la @IntlCrimCourt por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.

Dicho entendimiento también habla sobre la cooperación de la administración de Nicolás Maduro y la CPI para llevar a cabo todo lo relacionado con la siguiente fase de investigación.

Agrega, que de existir algún tipo de arreglo por parte de la administración Maduro que ayude a la resolución de los conflictos, será reconocido por la CPI.

En el acuerdo se explica que Nicolás Maduro y sus funcionarios no están de acuerdo con la decisión de pasar a la fase de investigación, ya que consideran que las denuncias deben ser investigadas en el país y no por la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, el propio Maduro resalta que aunque no estén de acuerdo en este punto, pondrá toda la colaboración necesaria para que lleguen «a la verdad de los hechos».

«Nosotros no somos políticos nos guían los principios de legalidad y Estado de Derecho… Nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho, y les pediré a todos que a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo», dijo Khan en su primera y única alocución al pueblo venezolano.

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Karim Khan dijo que su oficina «siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma, soy consciente de las fallas en Venezuela, y las divisiones geopolíticas, pero nosotros no somos políticos».

Sobre Venezuela pesan dos expedientes considerables ante la CPI. A los mismos los denominan como Situación Venezuela I y II.

El número uno está relacionado a la averiguación preliminar que atendiera la CPI sobre crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en el 2017, en el marco de las protestas en contra de Nicolás Maduro.

Supuestas violaciones durante «encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, “tortura”, “violación y/u otras formas de violencia sexual” y “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” por autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno», dice parte del informe que presentara en su momento Human Right Watch a la CPI.

El caso de Situación Venezuela II está relacionado a la denuncia que hiciera el propio Nicolás Maduro ante la CPI por el impacto de las sanciones internacionales en contra de varios de sus funcionarios, lo que catalogó en su momento como unas sanciones al pueblo venezolano.

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, comenzó este lunes su visita a Venezuela bajo la presión de familiares de víctimas que denuncian violaciones de derechos humanos y la oposición, que demandan reuniones con el alto funcionario, con el fin de que escuchen sus testimonios.

Desde temprano, familiares de los denominados «presos políticos» salieron a las calles a solicitar que el fiscal jefe de la CPI, informó EFE.

Khan tiene la responsabilidad de determinar si abre o no una investigación contra el Estado venezolano por las denuncias de delitos de lesa humanidad en manifestaciones ocurridas en 2017, los escuche.

Desde una pequeña protesta en Caracas, los familiares de estos reos exigían la libertad para sus allegados, quienes -aseguran- están presos por motivos políticos.

Y Margareth Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, fallecido recientemente mientras se encontraba en prisión, también pidió un encuentro Khan a través de sus redes sociales.

«Somos una de las cientos de víctimas y familias que hemos sido sometidos a crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a derechos humanos», dijo Margareth.

La familia Baduel rechaza la versión sobre la muerte del general dada por la Fiscalía venezolana, que asegura que falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio por COVID-19, y sostienen que el exministro fue «asesinado» por el Gobierno.

Asimismo, las ONG de diferentes ámbitos se sumaron a las demandas de reuniones con Khan.

Tal fue el caso de la ONG Médicos Unidos, que indicó en Twitter que «las muertes de pacientes en todos los grupos etarios por falta de medicamentos, atención médica deficientes por falta de recursos, los trabajadores de la salud fallecidos al ser expuestos sin la debida protección, también constituyen delitos de lesa humanidad».

Una denuncia similar realizó la Federación Médica Venezolana, desde donde se denunció «la gravedad de la crisis de los servicios públicos de salud, por la falta de medicamentos, equipos quirúrgicos, insumos, agua y electricidad», algo que también consideran «crimen de lesa humanidad».

Entretanto, la ONG de derechos humanos Provea difundía en Twitter testimonios de víctimas de violación de derechos humanos, indicó EFE.

Mientras esto ocurría, el fiscal jefe de la CPI se reunió, a puerta cerrada y sin declaraciones a la prensa, con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el canciller, Félix Plasencia.

A través de un escueto comunicado de la Presidencia, Maduro agradeció a Khan «haberse abocado a conocer en profundidad el caso Venezuela» y que tenga dichos encuentros «en el espíritu de cooperación con la CPI».

La reunión tuvo como fin, según el Gobierno, «inaugurar la agenda de tres días» de Khan en Venezuela, «en la que está previsto celebrar reuniones con las autoridades y partes interesadas».

La conversación entre el alto funcionario y Maduro «se enmarcó en el férreo compromiso y máximo respeto a la CPI que tiene Venezuela como uno de los primeros signatarios del Estatuto de Roma», siempre según el comunicado.

«Venezuela está dispuesta a tender puentes para establecer un diálogo de cooperación positiva», concluyó la información, señaló EFE.

La oposición liderada por Juan Guaidó alertó de que el Gobierno utilizará la visita de Khan para «hacer creer» que el país cuenta con un sistema de justicia independiente, algo que, considera, es «falso».

Del mismo modo, el partido opositor Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López y en el que ha hecho buena parte de su carrera Guaidó, señaló que la visita del fiscal jefe está siendo «absolutamente controlada» por las autoridades.

Sin embargo, Guaidó mostró su esperanza de que prevalezca la justicia y que el fiscal se reúna con «víctimas de las atrocidades de la dictadura» que considera que ejerce Maduro.

«Los venezolanos buscamos justicia porque en nuestro país está denegada y secuestrada por la dictadura. Frente a ello, la presencia en Venezuela de (…) Khan es histórica. Maduro y miembros del régimen están señalados por delitos de lesa humanidad», escribió el exdiputado en Twitter.

La visita del fiscal a Venezuela es parte de un viaje de diez días a América Latina con una agenda centrada en Colombia, donde estuvo la semana pasada; y Venezuela, que se mantiene a la expectativa de la decisión final sobre las denuncias por crímenes de lesa humanidad, que el Gobierno niega.

La exfiscal de la CPI Fatou Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existían «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ahora está en manos de Khan la decisión de abrir la investigación.

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