La Corte Suprema estadounidense dictaminó el martes que una ley del estado de Colorado que prohíbe las "terapias de conversión" para menores LGBT+ vulnera la libertad de expresión.

Estas terapias pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBT+ para "reconvertirlas" en heterosexuales, asimilando en particular la homosexualidad a una enfermedad o a un trastorno mental.

Por una mayoría de 8 a 1, el alto tribunal da la razón a una consejera psicológica cristiana que impugnaba esa ley del estado, en manos de los demócratas, por considerar que le impedía expresar sus puntos de vista.

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Colorado (oeste) prohíbe desde 2019 esas "terapias de conversión" para menores, al igual que una veintena de estados en Estados Unidos.

De los nueve jueces del Tribunal, los seis conservadores, así como dos de los tres progresistas, dan la razón a la demandante, Kaley Chiles, quien contestaba esa ley ante la justicia, invocando su fe cristiana.

La demandante consideraba que la ley violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.

"La ley de Colorado que prohíbe las terapias de conversión no solo prohíbe las intervenciones físicas. En casos como este, censura el discurso de la opinión" de la persona, en este caso la señora Chiles, escribe el magistrado conservador Neil Gorsuch en esta sentencia, en nombre de la mayoría del Tribunal.

Con informaciónd e AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos impidió al presidente Donald Trump reanudar la expulsión de migrantes venezolanos, a los que acusa de ser pandilleros bajo una ley del siglo XVIII, en un fallo emitido este viernes.

Los magistrados bloquearon los planes de la administración Trump para deportar a un grupo de migrantes recluidos en Texas porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión, pero devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones para que se pronuncie sobre el fondo.

El fallo 7–2 exige que reciban aviso real y oportunidad para impugnar su expulsión antes de ser deportados.

«Se concede la solicitud de medida cautelar en espera de ulteriores procedimientos», indicó la corte.

La Corte Suprema, integrada por nueve magistrados, de los cuales tres son progresistas, intervino por primera vez en este caso el 19 de abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos en situación irregular a El Salvador.

La administración recurrió de nuevo al máximo tribunal para poder deportar a otro grupo recluido en Texas (sur).

En un dictamen de 7 contra 2 los magistrados bloquearon sus planes porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.

«Una notificación aproximadamente 24 horas antes de la expulsión, desprovista de información sobre cómo ejercer los derechos del debido proceso (…) no cumple los requisitos», se lee en el fallo.

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Pero la Corte Suprema considera que está demasiado «alejada de las circunstancias sobre el terreno» y devuelve el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones, para que se pronuncie sobre el fondo.

«Para ser claros, hoy únicamente decidimos que los detenidos tienen derecho a una notificación mayor que la dada el 18 de abril, y otorgamos una medida cautelar temporal», recalcan.

«El 19 de abril no abordamos, ni lo hacemos ahora, los fundamentos de las alegaciones de las partes sobre la legalidad de las deportaciones» en virtud de la Ley de enemigos extranjeros, precisan.

Los magistrados piden a tribunales inferiores que aborden el caso con urgencia porque reconocen «la importancia de los intereses de seguridad nacional del gobierno» y, al mismo tiempo, la necesidad de que «se promuevan de conformidad con la Constitución».

?? BLOQUEAN DEPORTACIÓN DE PANDILLASLa Corte Suprema de EE.UU. impidió a Trump reanudar la expulsión de migrantes venezolanos acusados de pandillas, argumentando que no se les da suficiente tiempo para impugnar su deportación. El caso se devuelve a un tribunal para su análisis pic.twitter.com/aUac5iu5JU

Tras aprobar el fallo solicitado por los estados de Texas y Luisiana, la Corte Suprema de EE.UU. ha derogado el mandato de Joe Biden, que impedía la detención de migrantes ilegales que han cruzado la frontera.

Los dos estados introdujeron hace meses un recurso que solicitaba la derogación de dicha ley de Joe Biden, ya que consideran que los migrantes que ingresan a Norteamérica de manera ilegal, son potenciales entes que podrían convertirse en un peligro para la nación.

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Además, indicaban que al no tener conocimiento exacto sobre la persona que ingresó de manera ilegal, fácilmente podrían darle espacio a sujetos inescrupulosos que podrían atentar contra la seguridad nacional.

Fue entonces cuando la administración de Biden solicitó un falló y la ley quedó derogada, hasta este jueves 21 de julio, cuando la Corte Suprema dictaminó a favor de los estados.

Vale acotar que con esta decisión hay una segunda revisión de sentencia que se dará para diciembre de este año, según han informado diversos medios de comunicación en los Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional habría emitido una orden a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas que realicen trabajos de verificación e inspección para la detención de los migrantes que cruzaron la frontera recientemente y que podrían ser una potencial amenaza a la seguridad nacional.

Revocado por la Corte Suprema de Estados Unidos el derecho constitucional al aborto, Ley Roe vs. Wade., la decisión histórica de 1973, queda en manos de los estados legislar si la interrupción del embarazo es legal o no y bajo qué circunstancias.

Según BBC Mundo, después de conocerse el fallo del Supremo, Misuri fue el primer estado en restringir el aborto. Lo hizo por medio de una ley desencadenante, también conocida como de activación o «gatillo», diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

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El fiscal general republicano de Misuri, Eric Schmitt, activó la ley antiaborto del estado, prohibiendo con ello el procedimiento excepto en casos de emergencia médica.

Esto «restaura de inmediato la historia profundamente arraigada de Misuri y la orgullosa tradición de respetar, proteger y promover la vida de los no nacidos».

En Twitter, Schmitt señaló que esto convierte a Misuri en el primer estado del país «en poner fin de manera efectiva al aborto».

«Este es un día monumental para la santidad de la vida», agregó.

Se prevé que varios estados sigan los pasos de Misuri. Y es que otros 12 tienen listas leyes desencadenantes: Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Y en al menos otros cuatro estados podrían revivir las prohibiciones del aborto anteriores a Roe vs. Wade o tendrían nuevas leyes que no han sido bloqueadas por tribunales: Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin.

Sin embargo, la existencia de Roe vs. Wade tampoco garantizó que se respetara el acceso al aborto en todo el país.

El precedente legal, que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo), ya fue desafiado por Texas y Oklahoma con sendas leyes antes de ser invalidado.

Se espera que el Congreso de Estados Unidos apruebe este viernes un proyecto de ley para frenar la violencia con armas de fuego, un día después de que la Corte Suprema reafirmara el derecho al porte de armas en público.

El Senado aprobó la noche del jueves la iniciativa, que busca frenar la violencia con armas de fuego con medidas restrictivas y el aporte de miles de millones de dólares en fondos para la salud mental y la seguridad escolar.

La luz verde de la Cámara alta, en la que la exigua mayoría demócrata consiguió el apoyo de algunos republicanos, fue un espaldarazo para los activistas por el control de las armas, horas después de la consternación que les causó el fallo de la Corte Suprema, que estableció el derecho portar armas de fuego en público.

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Esa sentencia anuló una ley neoyorquina de más de un siglo que establecía que quien quisiera un permiso para llevar un arma de fuego fuera del hogar debía demostrar que la necesitaba.

La votación de este texto de 80 páginas por la Cámara de Representantes tendría lugar alrededor del mediodía local, reseñó AFP.

Los demócratas disponen de una mayoría de 220-210 y podrían darse el lujo de perder hasta cuatro votos si se enfrentan a una oposición unida.

En realidad, se espera que un puñado de republicanos desafíe a su líder Kevin McCarthy y respalden.

Si bien el proyecto de ley no satisface las demandas de los opositores a las armas y del presidente Joe Biden, es considerado un avance tras casi 30 años de infructuosos esfuerzos en el Congreso.

«Esta ley bipartidista ayudará a proteger a los estadounidenses», dijo Biden en un comunicado poco después de la votación del Senado. «Niños en las escuelas y comunidades estarán más seguras gracias a ella».

La ley, respaldada por los 50 senadores demócratas y 15 republicanos, incluye la mejora de la comprobación de los antecedentes de los compradores menores de 21 años, 11.000 millones de dólares de financiación para la salud mental y 2.000 millones de dólares para programas de seguridad escolar.

También destina fondos para incentivar a los estados a aplicar leyes de «alerta» para retirar las armas de fuego a personas consideradas amenazantes.

Cierra asimismo el llamado agujero del «novio», por el cual los maltratadores domésticos podían evitar la prohibición de comprar armas de fuego si no estaban casados o no vivían con su víctima.

«El Senado de Estados Unidos está haciendo esta noche algo que muchos creían imposible hasta hace unas semanas: estamos aprobando el primer proyecto de ley de seguridad de armas significativo en casi 30 años», dijo el líder de la mayoría demócrata de la cámara alta, Chuck Schumer.

«El proyecto de ley de seguridad de las armas que estamos aprobando esta noche puede describirse con tres adjetivos: bipartidista, de sentido común, salvador de vidas», dijo.

El senador republicano Mitch McConnell consideró que la ley tornará a Estados Unidos más seguro «sin hacerlo menos libre».

«Este es un paquete (de normas) de sentido común. Sus disposiciones son muy, muy populares. Contiene cero nuevas restricciones, cero nuevos periodos de espera, cero mandatos y cero prohibiciones de ningún tipo para los propietarios de armas respetuosos con la ley», añadió.

La poderosa Asociación Nacional del Rifle y muchos republicanos de ambas cámaras del Congreso se oponen, pero la iniciativa cuenta con el respaldo de grupos que trabajan en temas policiales, violencia doméstica y enfermedades mentales.

El texto es obra de un grupo de senadores demócratas y republicanos que pasó semanas concertando detalles y resolviendo disputas.

Los legisladores procuraron terminar las negociaciones rápidamente para aprovechar el impulso generado por el asesinato de 19 niños en Uvalde (Texas) y de 10 personas negras en un supermercado de Buffalo, al norte del estado de Nueva York, ambos el mes pasado.

Es un «día histórico», celebró el senador Chris Murphy, que lideró las negociaciones por los demócratas.

«Esta se convertirá en la ley más significativa contra la violencia armada que el Congreso ha aprobado en tres décadas», dijo en el pleno del Senado.

La última legislación federal importante de control de armas, de 1994, crea un sistema nacional de comprobación de antecedentes y prohíbe la fabricación para uso civil de rifles de asalto y cargadores de munición de gran capacidad.

Pero esa ley expiró una década después y desde entonces no hubo ningún movimiento serio de reforma pese al aumento de la violencia con armas de fuego.

Biden había impulsado iniciativas más ambiciosas, como el restablecimiento de la prohibición de los rifles de asalto -que se utilizaron en los tiroteos de Texas y Nueva York- y de los cargadores de alta capacidad.

Es un desafío político legislar en un Senado dividido entre 50 demócratas y otros tantos republicanos, ya que la mayoría de los proyectos de ley requieren 60 votos para ser aprobados.

En la opinión pública de Estados Unidos hay actualmente un tema en discusión. La posibilidad de anular el derecho constitucional del aborto.

La agencia de noticias AFP aborda el tema con unas cinco preguntas que se hacen en torno al tema que en los próximos días podría dilucidarse, tras la decisión que tome la Corte Suprema.

Varios estados promulgaron restricciones al aborto: Texas (sur) lo prohibió después de las seis semanas de embarazo, mientras que Kentucky (este), Florida (sureste), Idaho y Arizona (suroeste) aprobaron restricciones a partir de las 15 semanas.

En tanto, una prohibición total en Oklahoma (sur) -salvo en caso de que la vida de la madre peligre- entraría en vigor después del fallo final de la máxima Corte estadounidense, que se espera para antes del 30 de junio.

Las encuestas sobre el aborto revelan que cerca de una cuarta parte de los estadounidenses cree que debería ser siempre legal y una proporción similar considera que debería permitirse en la mayoría de los casos.

Otra cuarta parte piensa que la interrupción voluntaria del embarazo debería ser ilegal en la mayoría de los casos y entre 10% y 15% estima que debería ser ilegal en todos los casos.

Un sondeo de la cadena CNN de enero mostró que 69% de los encuestados estaba en contra de eliminar la jurisprudencia del caso Roe vs. Wade, mientras que 30% estaba a favor.

Si se derogara ese fallo, Estados Unidos volvería a la situación previa a 1973, cuando cada estado era libre de prohibir o autorizar el aborto.

26 estados conservadores, la mayoría en el centro y sur del país como Wyoming, Tennessee o Carolina del Sur, están listos para prohibir el aborto por completo.

Pero varios estados demócratas, incluidos California, Nuevo México y Michigan, anunciaron rápidamente planes para consagrar el derecho al aborto por ley. 

La filtración del borrador impacta de lleno en la carrera por las elecciones de mitad de mandato a celebrarse en noviembre, acaparando el debate durante el resto de la campaña.

El presidente Joe Biden dijo el martes que si se aprueba este fallo filtrado, las leyes de aborto dependerán de cada uno de los estados y «recaerá en los votantes elegir» a los funcionarios que apoyen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo

La posibilidad de que la Corte Suprema elimine el fallo «Roe v. Wade» polarizaría aún más a republicanos y demócratas, que ya están profundamente divididos.

Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, expuso el martes lo que cree que está en juego: «Las elecciones de noviembre tendrán consecuencias ya que los derechos de 100 millones de mujeres están ahora adheridos a la boleta electoral».

Biden y Schumer esperan expandir con las elecciones la mayoría de demócratas en el Senado, ahora dada apenas por el voto de la vicepresidenta que les permita aprobar una ley federal sobre el aborto.

La única otra opción disponible para los defensores del aborto sería cambiar las reglas del Senado para reducir el número de votos necesarios para aprobar una ley. Pero los republicanos y un puñado de legisladores demócratas se oponen por el momento a ello.

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Sin embargo, Schumer prometió una próxima votación sobre la legalización del aborto: «Cada estadounidense podrá ver de qué lado está cada senador», en tanto advirtió sobre la posibilidad de que «nuestros hijos tengan menos derechos que sus padres».

También se esgrime que los argumentos para revertir el precedente de «Roe vs. Wade» podrían aplicarse a otros casos en los que la Corte Suprema haya protegido «derechos fundamentales» que no están detallados en la Constitución, como en el matrimonio entre personas del mismo sexo, la anticoncepción y los derechos civiles.

El borrador filtrado, redactado por el magistrado Samuel Alito, deja en claro que no ve esto como un peligro, argumentando que «nuestra decisión se refiere al derecho constitucional al aborto y a ningún otro derecho».

Sin embargo, ello no convence a los académicos, que señalan que los abogados tienen la costumbre de utilizar y ampliar argumentos exitosos para aplicarlos a casos relacionados.

Con información de AFP

La Corte Suprema de Justicia de EE.UU., dictaminó este martes que el gobierno federal puede detener indefinidamente a algunos inmigrantes que dicen que serán perseguidos o torturados si son deportados a sus países de origen.

Según el portal Telemundo, tres de los jueces liberales no estuvieron de acuerdo con la decisión.

El máximo tribunal votó 6-3 a favor de que estos inmigrantes no tengan el derecho a una audiencia para intentar quedar en libertad bajo fianza.

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Esto mientras las autoridades evalúan sus casos.

Esta sentencia es para las personas que habían sido previamente deportadas, y que al reingresar ilegalmente al país, afirmaron que serían perseguidos o torturados si los deportan.  

“Esos extranjeros no tienen derecho a una audiencia de libertad bajo fianza”, dijo el juez Samuel Alito.

Un oficial de inmigración determinó que los inmigrantes tenían un “temor razonable” por su seguridad si regresaban a sus países.

Raón por la cual puso en marcha un proceso de evaluación que puede tomar meses o años.

La cuestión que debía decidir la Corte Suprema era si el gobierno federal puede mantener detenidos a los migrantes sin que lo decida un juez de inmigración.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que un fiscal de Nueva York acceda a documentos del presidente Donald Trump, incluyendo sus declaraciones de impuestos.

Con una votación de siete a dos,  el máximo tribunal de ese país decidió que «ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, puede evitar tener que presentar documentos en caso de una investigación penal». «El presidente no goza de inmunidad absoluta de las órdenes de los fiscales de justicia estatales», dice el fallo.

Será el fiscal de Manhatthan, Cyrus Vance Jr, quien reclama a la firma de contabilidad de Trump, Mazars LPP, las declaraciones de impuestos de ocho años del presidente, como parte de una investigación criminal por los pagos a dos mujeres que alegan haber tenido relaciones sexuales con Trump.

Según las agencias de noticias y medios locales, los jueces Neil Gorsuch  y Brett Kavanaugh, propuestos por el propio Trump, votaron en su contra.

Sin embargo, en el mismo dictamen, la Corte bloqueó una solicitud del Congreso para acceder a los registros de Trump. Ambos casos fueron devueltos a tribunales inferiores para su revisión. 

«Todo esto es un enjuiciamiento político», tuiteó Trump. «Gané la Caza de Brujas de Mueller, y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo para esta Presidencia o Administración!».