La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por su papel en la conocida como «guerra contra las drogas», y ordenó la apertura de un juicio en su contra.

La decisión, adoptada por unanimidad por la Sala de Cuestiones Preliminares, concluye que existen «motivos fundados» para creer que Duterte es responsable de asesinato y tentativa de asesinato, en el marco de un ataque «generalizado y sistemático» contra la población civil en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

 Los jueces consideran que los crímenes se habrían cometido como parte de la política de lucha contra las drogas impulsada por Duterte, una campaña criticada por organizaciones internacionales por el alto número de «ejecuciones extrajudiciales».

La Sala basó su decisión en las pruebas y argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa durante la audiencia de confirmación de cargos, celebrada entre el 23 y el 27 de febrero pasado, así como en los documentos y observaciones de las partes y de las víctimas que participan en el proceso.

Con esta decisión, el caso será transferido a una Sala de Primera Instancia, que determinará los próximos pasos del procedimiento, incluido el calendario del juicio.

La CPI subrayó que el proceso respetará las garantías de un juicio «justo e imparcial», otorgando a la defensa «tiempo suficiente» para preparar su caso y asegurando al mismo tiempo los derechos de las víctimas.

El exmandatario filipino fue detenido en Manila y entregado a la CPI en marzo del año pasado, tras la emisión de una orden de arresto inicialmente secreta.

Su primera y única comparecencia ante la Corte tuvo lugar el 14 de marzo del año pasado.

La audiencia de confirmación de cargos, sobre la que se pronunció hoy el tribunal, se celebró este febrero sin la presencia del acusado, quien renunció a su derecho a asistir personalmente a la sala o a intervenir por videoconferencia, alegando una salud deteriorada, edad avanzada y falta de jurisdicción de la CPI.

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Sin embargo, un panel médico independiente había concluido unos días antes que Duterte estaba en condiciones de participar en esa fase preliminar del procedimiento, aunque ahora que el caso va a juicio su defensa podría pedir nuevas pruebas médicas si así lo quiere.

 Durante esa sesión de febrero, la Fiscalía situó a Duterte, de 80 años, «en el corazón» de un plan de asesinatos como alcalde de Davao y después como presidente de Filipinas, y la defensa denunció persecución política por parte del actual dirigente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

En una audiencia pública ayer miércoles, la Sala de Apelaciones de la CPI ya confirmó su jurisdicción en el caso contra Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad «inmediata e incondicional».

Con información de EFE

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó este jueves que «no existe una base razonable» para investigar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.Inversiones en oro

 La decisión se refiere a la denominada «Situación en Venezuela II», abierta tras una remisión presentada por el régimen chavista en 2020, en la que denunciaba que «las medidas coercitivas» estadounidenses habrían provocado asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos inhumanos.

Tras un examen preliminar, la Fiscalía de la CPI concluyó que las pruebas disponibles no permiten establecer una relación de «causalidad e intención» suficiente entre las sanciones y los delitos alegados por la cúpula del chavismo ante los tribunales.

Lea también: Académicos piden a la CPI acelerar toma de decisiones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela Según la oficina del fiscal, la información analizada tampoco demuestra que dichos actos se hayan cometido con la intención requerida para configurar crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.

El tribunal notificó la decisión a las autoridades venezolanas y a la Sala de Cuestiones Preliminares, y Caracas dispone de un plazo de 90 días para solicitar la revisión de la decisión.

La Fiscalía subrayó que esta decisión no afecta a otra investigación distinta, conocida como ‘Venezuela I’, que sigue en curso y se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde al menos 2014, especialmente en el contexto de detenciones.

«La decisión tampoco está relacionada con los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela», advirtió la Fiscalía, en referencia a la operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante más de 12 años, y que se encuentra arrestado en Estados Unidos desde entonces a la espera de juicio por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Con información de EFE

Un grupo de 150 académicos y profesionales venezolanos ha enviado un comunicado a la presidenta y demás magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar celeridad en la toma de decisiones sobre los crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos cometidos por el régimen chavista.

Según la comunicación obtenida por ABC, destaca «la relevancia que reviste la debida diligencia y la continuidad de las actuaciones vinculadas a la investigación formal actualmente en curso sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela, anunciada por la Fiscalía de la CPI en noviembre de 2021». 

La misiva fue firmada, entre otros, por los juristas Raúl Ochoa Cuenca, Luis Marcano Salazar, Juan Francisco Contreras Arriechi y el sindicalista Johnny Díaz Apitz.

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El caso venezolano ha sufrido varios retrasos y lentitud desde que la CPI inició la investigación en 2021. El último fiscal designado, Karim Khan, tuvo que dejar la investigación por desencuentros con el chavismo. En agosto del año pasado fue separado de la causa de Venezuela por conflicto de intereses y por falta de colaboración por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

La oficina de la CPI en Caracas también fue cerrada el pasado 1 de diciembre. «Tras un trabajo continuo, hemos determinado que el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío.

 Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas», declaró el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang. «Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley», añadió.

La comunicación de los 150 venezolanos señala que su objetivo es destacar la trascendencia institucional y humanitaria que la justicia penal internacional representa para las presuntas víctimas de violaciones graves, así como para «la vigencia efectiva de los principios de legalidad, responsabilidad individual (tanto de los ejecutores como de los que emitieron tales órdenes) y protección de la dignidad humana».

También solicitan que el proceso investigativo garantice la protección de víctimas y testigos, la transparencia del procedimiento y la reparación integral de los daños sufridos por quienes han sido objeto de estos abusos.

«Evalúe con rigor, con base en la evidencia documental y testimonial disponible, la posible comisión de crímenes de lesa humanidad conforme a los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, incluyendo, entre otros, detenidos arbitrariamente, tortura, persecución, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos», señala el texto.

Los firmantes expresan su confianza en que las actuaciones de la Corte continuarán desarrollándose con la imparcialidad, independencia y rigor jurídico que caracterizan su mandato, garantizando la protección de víctimas y testigos. Además, reclaman «la objetividad en la valoración de los elementos de prueba y la estricta observancia de las garantías procesales, para que la justicia se imponga ante la oscuridad que actualmente existe en nuestro país».

Con información de ABC

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, explicó que Venezuela "deja la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar el vasallaje, la hipocresía y la inacción de ese organismo ante el genocidio del pueblo palestino".

Durante la sesión ordinaria de este martes, el parlamentario exhortó al mundo entero "a dejar la hipocresía frente al exterminio en Gaza".

"Si nos quedamos ahí (CPI), estaríamos revictimizándonos", puntualizó al tiempo de informar que la norma para derogar la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la CPI la llamarán Ley por Palestina y la Humanidad.

En tal sentido, anunció que este proyecto de ley, aprobado el pasado jueves en primera discusión, será sometido a la aprobación definitiva en la próxima sesión ordinaria del 11 de diciembre.

Cabe destacar que, en primer lugar la ley cambió de nombre y también se sentido, puesto que para dejar la jurisdicción del Estatuto de Roma se tendría que denunciar oficialmente  este instrumento al que Venezuela se adhirió en el año 2000 por el mismo Hugo Chávez.

 La salida de la CPI de Caracas deja al descubierto un país donde el poder se atrinchera y la justicia retrocede. 

Entre acusaciones de “colonialismo jurídico” y una investigación por crímenes de lesa humanidad que sigue viva desde La Haya, la pregunta es incómoda y urgente: ¿quién protege a las víctimas cuando las instituciones se retiran?

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Venezuela rechaza las declaraciones proferidas por el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional (CIP), Mame Mandiaye Niang, como parte de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, y acusa al organismo de justificar el colonialismo contra el país mientras ignora el impune genocidio que comete Israel contra Palestina.

“Es vergonzoso que en horas aciagas en que la humanidad es testigo mudo del peor genocidio que se conozca contra el pueblo palestino, este organismo internacional solo haya dado pasos tímidos y temerosos para llevar ante la justicia internacional a los perpetradores de terribles crímenes contra la humanidad”, expuso la cancillería venezolana en un comunicado oficial.

A través del documento, el Gobierno nacional añade que “el régimen de Israel y sus criminales se pasean por el mundo con total impunidad… mientras la CPI encabeza un proceso contra Venezuela, que a todas luces no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos”.

A continuación, el texto íntegro:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

FISCAL DE LA CPI DESATIENDE SUS DEBERES PARA JUSTIFICAR COLONIALISMO JURÍDICO CONTRA VENEZUELA MIENTRAS IGNORA GENOCIDIO DE ISRAEL

La República Bolivariana de Venezuela rechaza las declaraciones proferidas por el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye Niang, en el marco de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma que se desarrolla en la ciudad de La Haya, Países Bajos.

Vale recordar que Venezuela fue el primer país del continente en ratificar el Estatuto de Roma y, desde entonces, ha mostrado un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Internacional.

Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos. Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos.

A pesar de ello, Venezuela -en un claro espíritu de cooperación internacional- se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigido a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en nuestro país, y reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana.

En el marco de dicho proceso, Venezuela y la Fiscalía suscribieron dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta para concertar mecanismos que contribuyan efectivamente a los esfuerzos nacionales en materia de justicia y derechos humanos. En estos documentos la Fiscalía asumió la responsabilidad de apoyar a las instituciones nacionales y poner en marcha una oficina en territorio nacional para la facilitación de asistencia técnica a las instituciones del país.

Sin embargo, lamentablemente, la Fiscalía de la CPI no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación. A pesar de haber transcurrido más de 7 meses de la inauguración de su oficina en Caracas, la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios. Tampoco, formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas.

Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos.

Es vergonzoso que en horas aciagas en que la humanidad es testigo mudo del peor genocidio que se conozca contra el pueblo palestino, este organismo internacional solo haya dado pasos tímidos y temerosos para llevar ante la justicia internacional a los perpetradores de terribles crímenes contra la humanidad. El régimen de Israel y sus criminales se pasean por el mundo con total impunidad.

De igual manera, han transcurrido más de cinco años sin que la Fiscalía de la CPI se haya siquiera pronunciado sobre el caso “Venezuela ll”, que expuso y elevó ante esa instancia los crímenes cometidos por los articuladores del más brutal bloqueo económico contra el pueblo venezolano.

El silencio de la CPI ha sido abrumador. Venezuela seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación, frente a toda fórmula de colonialismo jurídico que pretenda utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del derecho internacional.

La verdad de nuestro país se impondrá, han quedado al descubierto las maniobras de quienes históricamente han instrumentalizado a la CPI contra los países del Sur Global que no se subordinan a los mandatos del Norte desestabilizador y decadente.

Somos hijos e hijas de libertadores, y nos debemos a su doctrina verdadera de justicia. Venezuela siempre vencerá.

Caracas, 1° de diciembre de 2025

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) urgió este lunes a los países a ejecutar sin demora las órdenes de arresto pendientes, que incluyen al presidente ruso Vladimir Putin y al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en un momento en que su carga de trabajo alcanza niveles “sin precedentes” por el aumento de denuncias de crímenes graves.

Durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang advirtió de que la demanda de acción a la fiscalía “nunca ha sido mayor” y reclamó a los países cumplir sus obligaciones legales, después de que varios países miembros, como Hungría o Mongolia, se negaran a arrestar a Netanyahu y Putin cuando viajaron a sus respectivos territorios.

 “Ante cualquier intento de socavar nuestra labor (…) Llamo a todos a renovar su compromiso con nuestra misión. Ejecutar órdenes de arresto, compartir información y proteger testigos no es un acto de generosidad: son obligaciones jurídicas esenciales para la credibilidad del sistema de justicia”, alertó.

Niang explicó que la Fiscalía está recibiendo un volumen creciente de lo que se conoce como “comunicaciones”, que son informes y documentación con denuncias de presuntos crímenes que son enviados por víctimas, ONG, abogados, Estados o ciudadanos para que los examinen o los tengan en cuenta para sus investigaciones.

“De Ucrania a Darfur, de Palestina a Venezuela, de la República Democrática del Congo a Filipinas, y también en Libia, las voces crecen y las peticiones se vuelven más urgentes. Nuestra Fiscalía ha recibido un volumen sin precedentes de comunicaciones”, señaló, subrayando que “lo que piden es que la justicia no sea un ideal lejano e intangible, sino una realidad concreta”.

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El fiscal adjunto destacó que este aumento del trabajo refleja un escenario global “sombrío”, marcado por violaciones sistemáticas y un sufrimiento creciente, pero también aseguró que hay una señal creciente de confianza en la Corte. “Significa que las personas afectadas reconocen que la CPI es una institución en la que pueden confiar”, afirmó.

Niang defendió la relevancia de la CPI en un contexto internacional “amenazado por conflictos, infectado por la desinformación y debilitado por la impunidad”, y advirtió de que la Corte mantendrá su labor a pesar de las “presiones externas” y las “medidas coercitivas”, lo que incluye las sanciones emitidas por Estados Unidos contra jueces y fiscales, incluido el propio Niang, por la investigación que involucra a Israel por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina.

“Estas presiones, sean personales o institucionales, han fortalecido, no debilitado, nuestra convicción en la misión noble de esta Corte. Sí, son tiempos difíciles, pero estamos listos para este reto, que afrontaremos juntos y con determinación”, insistió, subrayando que “la justicia, incluso cuando se cuestiona, debe permanecer fuerte e intacta”.

Los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Niang (Senegal) asumieron el pasado mayo las funciones de la fiscalía, después de que el fiscal jefe, Karim Khan, se apartara a la espera de los resultados de una investigación en su contra por presunto acoso sexual.

Con información de Efe

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” de Venezuela en materia de “complementariedad”, el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país sudamericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

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🚨 CPI CIERRA OFICINA EN CARACASFiscalía de la Corte Penal Internacional anunció este 1Dic el cierre de su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” de Venezuela en materia de “complementariedad”, que exige investigaciones serias previas a la intervención del tribunal pic.twitter.com/yIN4FYzyFS

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang.

No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

Con información de Efe

“El hecho de que el Fiscal se haya excusado no tiene ningún impacto en la investigación en sí ni en otras actividades de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela, que continúan bajo la dirección del fiscal adjunto".

La información la dio a conocer  el funcionario de Información Pública de la Corte Penal Internacional (CPI), Francisco González Centeno, en un vídeo publicado en las redes sociales del organismo.

Esto quiere decir que la CPI   confirma que la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014 sigue en curso, a pesar de la salida del caso del fiscal Karim Khan.

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 González Centeno explicó que la presidencia de la CPI aceptó en septiembre la solicitud de Khan de apartarse de la investigación, tras una instrucción de la Sala de Apelaciones. 

Sin embargo, dijo que, según lo estipulado en el Estatuto de Roma, los fiscales adjuntos están plenamente facultados para llevar adelante el proceso.  

La CPI reiteró que su trabajo sobre Venezuela “no se ha detenido” y que continuará avanzando en la búsqueda de justicia frente a los crímenes denunciados por víctimas y organizaciones internacionales.

También recordó  que, si se solicitaran órdenes de arresto o citaciones para comparecer, estas serían presentadas ante los jueces de la Corte, quienes decidirían caso por caso. 

Por norma, tales solicitudes permanecen en secreto, aunque los magistrados pueden hacerlas públicas para interrumpir conductas delictivas, disuadir nuevos crímenes o facilitar detenciones.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! 🚨🇻🇪 URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! 🇻🇪 🇳🇱 —Francisco Centeno funcionario de la Corte Penal Internacional:"La Corte Penal Internacional continúa recabando pruebas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela" pic.twitter.com/RY1uQNtLjF

 El presidente de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, acudió esta semana a la Corte Penal Internacional (CPI) para entregar nuevas denuncias y documentación sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, incluyendo casos de detención arbitraria, tortura, falta de atención médica y persecución a activistas de derechos humanos.

Diamanti informó que se presentó una lista de 80 presos políticos en delicado estado de salud, con el objetivo de solicitar presión internacional para que el régimen venezolano permita su acceso a atención médica y medidas humanitarias urgentes.

Además, se consignó información sobre menores de edad y más de 100 mujeres actualmente privadas de libertad por motivos políticos, así como un análisis actualizado que demuestra que la persecución y represión en Venezuela atraviesan su punto más crítico en los últimos años.

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🚨 ALERTA: Se agrava la persecución política en VenezuelaRodrigo Diamanti, presidente de @Sinmordaza, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) nuevas pruebas del aumento de la represión política en el país. pic.twitter.com/8yp3uSlmKI

“Estamos aquí, en La Haya, alzando la voz por casi mil venezolanos que permanecen injustamente encarcelados. No vamos a dejar de exigir justicia ni de denunciar los crímenes del régimen ante las instancias internacionales”, dijo Diamanti.

También presentó ante la Corte la denuncia sobre el atentado sufrido recientemente en Colombia por los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez, quienes fueron víctimas de un ataque armado que, según la organización, “buscaba silenciar sus voces y frenar el trabajo de defensa de derechos humanos”. 

Este hecho, advirtió, se enmarca en un patrón de represión transnacional ejercido contra defensores y activistas venezolanos en el exilio, evidenciando que la persecución política y las amenazas a la disidencia han trascendido las fronteras venezolanas. 

Un Mundo Sin Mordaza reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia internacional para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y reafirmó su voluntad de seguir acompañando los casos de persecución política, tortura y privación ilegítima de libertad.

“Seguiremos alzando la voz por los presos políticos, por las víctimas y por toda Venezuela, hasta que consigamos justicia”, concluyó Diamanti desde La Haya.

Con información de nota de prensa

La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este lunes al jefe de una milicia de Sudán por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de veinte años durante la guerra civil en la región de Darfur.

Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman, conocido por el nombre de guerra Ali Kushayb, fue declarado culpable de múltiples delitos, incluidos violación, asesinato y tortura cometidos en Darfur entre 2003 y 2004.

"La sala está convencida de que el acusado es culpable más allá de toda duda razonable de los crímenes que se le imputan", declaró la jueza Joanna Korner, presidenta de la CPI. La sentencia se pronunciará posteriormente, precisó.

Abd Al Rahman, con un traje azul y corbata roja, siguió los debates impasible, tomando notas de vez en cuando.

La jueza Korner detalló los relatos de violaciones colectivas, abusos y masacres.

También explicó que en una ocasión Abd Al Rahman hizo subir a unos cincuenta civiles a varios camiones, golpeando a algunos con hachas, los hizo tumbar en el suelo y ordenó a sus tropas ejecutarlos.

"El acusado no se limitaba a dar órdenes (...) participaba personalmente en los abusos y luego estaba físicamente presente, dando instrucciones para la ejecución de los detenidos", afirmó la jueza.

El fiscal acusó a Abd Al Rahman de haber sido un alto responsable de las milicias árabes llamadas yanyauid, y de haber participado activamente en la comisión de los crímenes "con entusiasmo".

Sin embargo, él siempre negó las acusaciones, afirmando que no es la persona que buscaban.

"No soy Ali Kushayb. No conozco a esa persona", declaró ante la CPI, pese a que ha sido identificado como el jefe de la milicia sudanesa de los yanyauid y aliado del derrocado presidente Omar al Bashir.

Aunque se entregó voluntariamente en 2020, sostiene que las acusaciones "no tienen nada que ver" con él y asegura que solo dijo ser Ali Kushayb ante la CPI porque estaba "desesperado".

"Hacía dos meses que esperaba en la clandestinidad (…) tenía miedo de ser arrestado por el gobierno sudanés", declaró. "Si no hubiera dicho eso, la corte no me habría recibido y estaría muerto".

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🎥La Chambre de première instance I de la #CPI déclare Ali Muhammad Ali #AbdAlRahman coupable de 27 chefs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis au #Darfour #Soudan. pic.twitter.com/LsbGFBdyob

Los combates comenzaron en 2003 en Darfur, cuando los rebeldes, denunciando ser víctimas de discriminación étnica, tomaron las armas contra el régimen de Al Bashir, dominado por los árabes.

El gobierno de Sudán reaccionó desplegando a las milicias yanyauid, formadas por miembros de grupos nómadas de la región.

Según la ONU, el conflicto en Darfur, que terminó en 2020, dejó 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados.

"La dura realidad es que los objetivos en este caso no eran rebeldes, sino civiles. Fueron atacados. Sufrieron. Perdieron la vida. Fueron marcados física y emocionalmente de múltiples maneras”, declaró el fiscal de la CPI.

Omar al Bashir, que gobernó Sudán con mano de hierro durante tres décadas, fue destituido en abril de 2019 tras meses de protestas y es buscado por la CPI por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Desde abril de 2023, Sudán vive una guerra entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR), nacidas de las milicias yanyauid.

Decenas de miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas.

El fiscal de la CPI espera emitir órdenes de arresto relacionadas con la situación actual en Sudán.

Este nuevo conflicto, marcado por denuncias de atrocidades de ambas partes, ha dejado este país del noreste de África al borde de la hambruna, según las organizaciones humanitarias.

Con información de AFP

Venezuela sigue bajo la lupa de la Corte Penal Internacional y la ONU por crímenes de lesa humanidad: desapariciones forzadas, torturas y represión política. 

Frente a la sede de La Haya, venezolanos protestaron exigiendo justicia, mientras la CPI mantiene abierta la investigación sin plazos ni cargos concretos. 

En Cara a Cara, Halim Naim conversa con el abogado y defensor de DD. HH. David Cáceres, quien advierte: “Maduro podría caer antes de un veredicto, pero la presión no se detiene”. Hablamos de obstáculos jurídicos, del rol de la ONU y de qué significa realmente la justicia para las víctimas en medio del silencio internacional.

La presidencia ad hoc de la Corte Penal Internacional (CPI) aceptó este martes la solicitud del fiscal Karim Khan de apartarse de la investigación del caso Venezuela I, sobre crímenes de lesa humanidad en el país.

En sus argumentos, el organismo Venezuela considera que sí existen elementos para un conflicto de intereses de parte de Khan, puesto que su cuñada representó al Estado venezolano en la apelación contra la investigación.

“En las circunstancias presentadas ante la Presidencia ad hoc, la cuñada del Fiscal compareció ante la Sala de Apelaciones como representante de Venezuela, que estaba apelando una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizaba al Fiscal a reanudar las investigaciones en Venezuela”, señala el expediente.

“El Fiscal no niega tener conocimiento de que su cuñada actuaba como parte del equipo legal que representaba a Venezuela. En este sentido, la Presidencia ad hoc considera irrelevante que el Fiscal no asistiera a las audiencias pertinentes. La Sala de Apelaciones también ha constatado que el Fiscal no informó a la Sala de Apelaciones sobre la relación familiar entre él y la Sra. Venkateswari Alagendra, mientras los procedimientos pertinentes ante la Sala de Apelaciones estaban en curso”, agrega el escrito.

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Asimismo, “la Presidencia ad hoc observa que, en situaciones en las que surge una posible apariencia de parcialidad, la transparencia y la divulgación son fundamentales, observación que comparte igualmente la Sala de Apelaciones”.

Añade que “la Presidencia ad hoc considera que esta falta de transparencia es relevante para la evaluación de la posible parcialidad. Además, la Sra. Alagendra había trabajado previamente en el caso Ruto y Sang, en el cual, independientemente de los detalles y la naturaleza de su trabajo, mantenía una relación de subordinación con el Fiscal, quien entonces era el abogado principal del caso. Esto demuestra la existencia de una relación profesional previa de carácter jerárquico".

En conclusión, “la Presidencia ad hoc, considerando la totalidad de las circunstancias fácticas, que un observador imparcial y razonable, debidamente informado y habiendo considerado todos los hechos y circunstancias, temería razonablemente la existencia de parcialidad. Considerando que el Fiscal no puede participar en ningún asunto en el que su imparcialidad pueda razonablemente dudarse, la excusa solicitada del Fiscal se justifica en estas circunstancias”.

⚖️ CPI APARTA A KARIM KHAN DEL CASO VENEZUELA La Corte aceptó su separación tras detectar un posible conflicto de intereses, ya que una cuñada del fiscal trabajó en la defensa de Nicolás Maduro. El tribunal reprochó, además, su falta de transparencia al no informar este vínculo pic.twitter.com/EXAFoXLTpC

La Asamblea de Estados Partes, el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional (CPI), denunció este jueves como “intentos lamentables de obstaculizar” al tribunal las nuevas sanciones de Estados Unidos contra dos fiscales y dos jueces por la investigación a Israel, y pidió a la comunidad internacional reafirmar su “compromiso colectivo” con la corte.

La Presidencia de la Asamblea, que reúne a los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, reaccionó “con profunda preocupación” a las sanciones de la Administración de Donald Trump contra los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), y los fiscales Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).

 Esta nueva ronda de sanciones se suma a las emitidas en junio contra cuatro jueces, y en febrero contra el fiscal jefe, Karim Khan.

“Constituyen intentos lamentables de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes. Seguimos oponiéndonos a tales medidas unilaterales de manera firme e inequívoca”, señaló la asamblea.

Afrenta contra la independencia de la CPI

Consideró que estas restricciones a sus funcionarios representan “una afrenta a la independencia de la corte” y, además, las sanciones “corren el riesgo de dificultar investigaciones en curso”, que van desde Palestina hasta Afganistán, pasando por Filipinas y Venezuela, hasta varios países africanos.

La Asamblea recordó que la CPI es “una piedra angular” de la justicia internacional y que funciona como un órgano judicial “independiente e imparcial”, por lo que las sanciones “buscan obstaculizar los esfuerzos por llevar justicia a las víctimas de los crímenes más atroces”.

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Mantenerse firmes

Asimismo, pidió a los países miembros “mantener su firme compromiso con la defensa de la justicia internacional”, pero añadió: “En estos tiempos difíciles, la comunidad internacional debe reafirmar su compromiso colectivo con el Estado de derecho y con garantizar que nadie quede por encima de la rendición de cuentas”.

Fue Israel quien urgió a Trump a sancionar a la CPI, que emitió en noviembre pasado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad como usar el hambre como método de guerra, dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil; asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde octubre de 2023.

Ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI, aunque Washington sí ha cooperado con este tribunal por investigaciones como la de los crímenes de guerra en Ucrania, que llevó a la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, pero retiró ese apoyo cuando las investigaciones afectaron a su aliado israelí.

Países Bajos, anfitrión de la CPI en la ciudad neerlandesa de La Haya, mostró su apoyo a la Corte y “desaprobó” las sanciones, recordando que “los tribunales y cortes internacionales independientes deben poder llevar a cabo su labor sin obstáculos”, en palabras del ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp.

 Este tipo de sanciones obliga a los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- a no cooperar con las personas o instituciones sancionadas, o sufrirán acciones penales. Entre otras consecuencias, también deja sin acceso los correos electrónicos o las cuentas bancarias si usan sistemas vinculados a Estados Unidos.

En este sentido, Veldkamp subrayó el compromiso de Países Bajos a “garantizar que la Corte pueda funcionar con la menor interferencia posible”.

Con información de EFE

El gobierno del presidente Donald Trump impuso este  miércoles sanciones a dos jueces y dos fiscales de la Corte Penal Internacional, mientras Washington mantenía la presión sobre el tribunal de guerra por sus ataques contra líderes israelíes.

 Según la agencia Reuters, los sancionados son: Nicolas Yann Guillou de Francia, Nazhat Shameem Khan de Fiyi, Mame Mandiaye Niang de Senegal y Kimberly Prost de Canadá, según el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de EE. UU.

Los jueces de la CPI emitieron órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el exjefe de defensa israelí, Yoav Gallant, y el líder de Hamás, Ibrahim al-Masri, en noviembre pasado por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto de Gaza.

Guillou es un juez de la CPI que presidió la comisión preliminar que emitió la orden de arresto contra Netanyahu. Khan y Niang son los dos fiscales adjuntos del tribunal.

Esta decisión se produce menos de tres meses después de que el gobierno tomara la medida sin precedentes de imponer sanciones a cuatro jueces de la CPI, alegando que han participado en «acciones ilegítimas e infundadas» de la CPI contra Estados Unidos y su aliado cercano, Israel.

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La CPI, que criticó duramente la medida en junio, calificándola de intento de socavar la independencia de la institución judicial, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La CPI, establecida en 2002, tiene jurisdicción internacional para enjuiciar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en los Estados miembros o si el Consejo de Seguridad de la ONU remite una situación. Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros.

La CPI lleva a cabo investigaciones de alto perfil sobre crímenes de guerra en el conflicto entre Israel y Hamás y la guerra de Rusia en Ucrania, así como en Sudán, Myanmar, Filipinas, Venezuela y Afganistán.

Las sanciones congelan cualquier activo estadounidense que puedan tener los individuos y, en esencia, los desvinculan del sistema financiero estadounidense.

Con información de Reuters

A través de un documento oficial, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó formalmente su excusa para apartarse de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, o caso Venezuela I, dando cumplimiento con lo ordenado por la Sala de Apelaciones de ese organismo.

Se trata de un documento de varias páginas, fechado el 18 de agosto, donde Khan  manifiesta que no está desacuerdo con la interpretación de los magistrados de la Sala de Apelaciones, pero asegura que acata plenamente la decisión. 

El caso quedará bajo la responsabilidad del vicefiscal Mame Mandiaye Niang, con quien la vicepresidenta Delcy Rodríguez ya se ha entrevistado.

“A pesar de discrepar respetuosamente con el razonamiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones y el proceso adoptado en este asunto, el Fiscal se atiene plenamente a la Decisión al solicitar la autorización de la Presidencia para recusarse de la situación de Venezuela I a la luz de dicha decisión”, dice el escrito consignado por Khan.

“Si la Presidencia concede esta solicitud de excusa, es evidente que el Fiscal se asegurará de no tener ninguna participación continua en la situación de Venezuela I ni acceso a ningún expediente confidencial presentado ni a ninguna decisión emitida. No participará en modo alguno en la investigación ni en la labor legal de la situación. La situación seguirá bajo la supervisión del Fiscal Adjunto Niang”, añade.

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Cabe recordar que el 1 de agosto, los integrantes de la Sala de Apelaciones de la CPI determinaron que existían “motivos razonables para creer” que Khan incurrió en un conflicto de intereses debido a una “relación familiar, profesional y jerárquica” con su cuñada, la abogada Venkateswari Alagendra, quien ha representado legalmente al gobierno de Nicolás Maduro, ante la Corte.

Por ello, ordenaron al fiscal apartarse del caso y le otorgaron un plazo de tres semanas para presentar su excusa formal, de acuerdo con la Regla 35 del Reglamento de la Corte.

🚨 KARIM KHAN SE APARTA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE VENEZUELAEl fiscal de la CPI presentó su excusa y se separó de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras decisión de la Sala de Apelaciones por posible conflicto de interesesEl caso pasa a Mame Niang pic.twitter.com/upn8Zz5K4v

El origen del proceso se remonta a una solicitud de recusación presentada por la Fundación Arcadia, encabezada por el activista Robert Carmona-Borjas, que denunció los posibles conflictos de interés en la conducción de la investigación conocida como Venezuela I, centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano desde al menos 2014 en el marco de la represión a la disidencia y a las protestas.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informó este viernes acerca de algunos detalles de su reunión, en La Haya, con el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang. 

“Abordamos el asunto conocido como Venezuela I y ratificamos que en el país no se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma”, explicó la funcionaria.

Agregó que, “en este marco, le ratificamos nuestra disposición de continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y planes de trabajo conjuntos en materia de cooperación y asistencia técnica, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional”.

También destacó “la actuación responsable  y profesional de los organismos de seguridad venezolanos en la defensa de la paz y la tranquilidad de la República y el resguardo de los derechos de la población”.

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Por otra parte, informó que consignaron elementos “sobre el bloqueo criminal contra Venezuela (Venezuela II)” y  “el estudio publicado en la revista The Lancet que demuestra el impacto en la salud y la vida de los pueblos de las medidas coercitivas unilaterales”.

Rodríguez explicó que “esta investigación, que abarcó 152 países, determinó que más de 564 mil personas, desproporcionadamente menores de 5 años y adultos mayores,  mueren todos los años producto de las “sanciones” adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros países de occidente para promover la política de “cambio de régimen”. Esta cifra es similar a la tasa de mortalidad anual por conflictos armados”. En este sentido, llamó “la atención del Fiscal Adjunto sobre la lentitud con que avanza este asunto, iniciado hace más de 5 años como resultado de una Remisión realizada por Venezuela”.

Este viernes, el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye Niang se reunió con  Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, en la  sede de la CPI.

Mediante sus redes sociales, la Corte informó que el funcionario “subrayó el compromiso de la Fiscalía de cumplir con su mandato, avanzando con su investigación mientras evalúa el progreso del Gobierno de Venezuela sobre complementariedad”.

Agrega que “la Fiscalía está comprometida a avanzar con sus investigaciones para garantizar justicia para las víctimas de presuntos crímenes   en Venezuela”.

Finaliza diciendo que “la viabilidad de la vía de complementariedad dependerá de las iniciativas y acciones de Venezuela en la implementación de esfuerzos genuinos de rendición de cuentas a nivel nacional”.

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🇻🇪 VENEZUELA ANTE LA CPIEl fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang se reunió con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en La Haya. La Fiscalía reafirmó su compromiso de avanzar en la investigación mientras evalúa el progreso del Gobierno venezolano pic.twitter.com/NEjks9sRrO

El Fiscal Adjunto Mame Mandiaye Niang se reunió con S.E. Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de #Venezuela, en la #CPI. pic.twitter.com/01lJzzsKKA

El pronunciamiento de la CPI ocurre días después de que la Sala de Apelacioens del organismo ordenó al fiscal general, Karim Khan, apartarse del caso de Venezuela, con conflicto de intereses, puesto que su cuñada es una abogada que ha participado como parte de la defensa del Estado venezolano.

¿Quién gana y quién pierde ante los intercambios de prisioneros políticos entre gobiernos como el de Venezuela, Estados Unidos y El Salvador?

 Hay un grave retroceso en materia de Derechos Humanos. 

Los organismos internacionales están llamados a reinvertase con urgencia, antes que sea demasiado tarde para la dignidad humana.

 El rol de la CPI en el caso Venezuela I es crucial. Esto es Cara a Cara con la periodista Mildred Manrique y el abogado Zair Mundaray.

«Yo sueño con el día y el minuto en que nuestro presidente Nicolás Maduro, junto a todos los revolucionarios y revolucionarias de Venezuela, anunciemos que nos salimos de esa Corte Penal Internacional (CPI), que nos salimos de esos organismos mentirosos que no sirven para defender los derechos humanos de nadie”.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, tras la marcha contra la agresión de Israel a Irán.

“El dilema es de la humanidad entera, que se divide entre la gente decente, como somos las venezolanas y los venezolanos que alza la voz contra el homicida criminal de guerra de Benjamín Netanyahu y aquellos que lo justifican y aquellos que se hacen la vista gorda, aquellos hipócritas que no se conduelen con el asesinato de niñas, niños, médicos, de gente decente y buena”, expresó

Rodríguez también agradeció la presencia de la gente en la marcha, así como la de los embajadores del Estado de Palestina y de la República Islámica de Irán.

Recordó que el propio canciller alemán recientemente admitió -sin proponérselo- que los gobiernos de derecha y ultraderecha del mundo reconocen que Netanyahu “les hace el trabajo sucio”, tal cual hicieron en su momento con el nazista Adolfo Hitler.

“No hay ninguna diferencia de Netanyahu, que es la expresión actual del crimen cometido por Hitler”, dijo.

Rodríguez aseguró que «Venezuela no puede mirar a un lado ni hacerse cómplice del silencio de los organismos internacionales que no condenan el genocidio en Gaza y respaldan tácita o abiertamente la artera conducta asesina de Netanyahu y las fuerzas guerreristas de Israe»l.

“Venezuela no puede sino decir que, por las venas de cada venezolana y de cada venezolano, bulle la sangre de los Libertadores de este continente, que está en nuestra mente y en nuestro recuerdo el legado de Hugo Chávez, que levantó la voz con valentía para decir que Israel era un genocida y que la entidad israelí es una entidad asesina y criminal”, destacó Rodríguez.

“Así que, queridos embajadores, nos verán en las calles, defendiendo el derecho de la República islámica de Irán, a ser libres y a buscar con sus propios recursos su futuro. Querido embajador del Estado de Palestina, nos verán en las calles libres de la República Bolivariana diciendo siempre: Viva Palestina e Irán”, expresó.

Con información de VTV