Familiares de presos políticos, activistas y víctimas alertaron acerca del peligro que corren los venezolanos si el país se sale definitivamente del Estatuto de Roma y del sismeta mundial de justicia.

Por ello, entregaron este viernes al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Caracas (Distrito Capital), una misiva en la que exigen el ingreso a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ante las denuncias sobre el patrón sostenido de violaciones de derechos humanos en el país.

Un grupo liderado por Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel; la activista Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, y Óscar Murillo, director general de la ONG Provea, sostuvo una reunión en la sede de la Cancillería con Rodolfo Crespo, secretario general ejecutivo de este órgano del gobierno, en la que se planteó la posibilidad de establecer una mesa técnica para abordar las denuncias presentadas por los ciudadanos.

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“Se habló de nuestros procesos desde el momento de la detención, de las torturas, de cómo se ha deteriorado la salud de nuestros familiares mientras están en la cárcel, las personas que han fallecido bajo custodia del Estado. Se mencionó también que hay personas excarceladas que, meses después, han fallecido producto de no haber recibido atención médica mientras estuvieron en manos del Estado”, manifestó.

Anunció la conformación de una mesa técnica, que estará integrada por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y otras instancias del Estado, y podría comenzar a instalarse a partir de la semana próxima.

 “Le comentamos acerca de los casos de patologías graves de salud, en el caso de las personas que aún se encuentran detenidas, y sobre las personas excarceladas que no tienen derecho a la identidad, con respecto a la cédula y al pasaporte”, añadió.

Los familiares se movilizaron desde la esquina de Carmelitas, en el centro de Caracas. Lograron apartar las vallas metálicas instaladas por la Guardia Nacional Bolivariana para restringir el paso y finalmente se concentraron frente a la sede del ministerio, donde protestaron de forma pacífica y denunciaron la vulneración de los derechos de los presos políticos y las condiciones de reclusión a las que permanecen sometidos.

Con información de El Nacional

La presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma  a los gobiernos de Venezuela y Chad a seguir siendo parte de los países miembros de este órgano, tras su reciente decisión de iniciar el proceso de retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI).

A través de un comunicado, la Presidencia lamentó estos hechos sobre los Estados Partes de retirarse del Estatuto de Roma, al considerar que «corren el riesgo de socavar la búsqueda colectiva de justicia y de debilitar los esfuerzos mundiales para acabar con la impunidad».

El órgano recordó que la CPI es fundamental para el sistema internacional de rendición de cuentas, y su eficacia depende del apoyo sostenido e inequívoco de la comunidad internacional.

 «La búsqueda de justicia se fortalece mediante la unidad de propósito», cita el comunicado.

En ese sentido, la Presidencia instó a ambos países a reconsiderar su decisión y continuar participando de manera constructiva en el marco de la Asamblea de los Estados Partes.

Reiteró que todos los Gobiernos miembros tienen derecho a «plantear sus inquietudes en la Asamblea», por lo que animó a Venezuela y Chad a participar en un «intercambio constructivo» sobre este tema.

Asimismo, la Presidencia hizo hincapié en que la retirada del Estatuto de Roma «no exime a un miembro de las obligaciones contraídas durante el período en que siguió siendo».

En ese sentido, enfatizó que tanto Venezuela como Chad han contribuido a la labor colectiva de la Asamblea de los Estados Partes en apoyo de la CPI como institución judicial independiente e imparcial.

La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislativo y de supervisión administrativa de la CPI; la Presidencia de la Asamblea está compuesta actualmente por la presidenta Päivi Kaukoranta de Finlandia y los vicepresidentes Michael Imran Kanu de Sierra Leona y Margareta Kassangana de Polonia.

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La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, en respuesta a las medidas adoptadas por los Gobiernos de Chad y Venezuela para retirarse del Estatuto de Roma, el tratado que establece la Corte Penal Internacional (CPI), ha tomado nota de la situación con preocupación.

La Presidencia lamenta estos hechos. Las decisiones de los Estados Partes de retirarse del Estatuto de Roma corren el riesgo de socavar la búsqueda colectiva de justicia y de debilitar los esfuerzos mundiales para acabar con la impunidad. La CPI es fundamental para el sistema internacional de rendición de cuentas, y su eficacia depende del apoyo sostenido e inequívoco de la comunidad internacional. La búsqueda de justicia se fortalece mediante la unidad de propósito.

La Presidencia insta a Chad y Venezuela a seguir siendo Estados Partescomprometidos con el Estatuto de Roma y a continuar participando de manera constructiva en el marco de la Asamblea de los Estados Partes. La Presidencia reitera que todos los Estados Partes tienen derecho a plantear sus inquietudes en la Asamblea y anima a Chad y Venezuela a participar en un intercambio constructivo sobre este tema.

La Presidencia recuerda que la retirada del Estatuto de Roma no exime a un Estado Parte de las obligaciones contraídas durante el período en que siguió siendo Parte del Estatuto.

La Presidencia recuerda además que Chad y Venezuela han contribuido a la labor colectiva de la Asamblea de los Estados Partes en apoyo de la Corte Penal Internacional como institución judicial independiente e imparcial.

Las decisiones de Venezuela -el pasado viernes- y Chad -este lunes- de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar los trámites para su salida definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI), se suman a las de otros países y coinciden con la campaña de la administración Trump contra ese tribunal.

El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a la CPI de acumular expedientes para agredir a los pueblos del «sur global», entre ellos el país suramericano, por lo que reiteró la decisión de retirar definitivamente a su nación de este organismo.

Tres días después, Chad anunció este lunes que ha iniciado el proceso para retirarse del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que este organismo ha tenido una «eficacia limitada» y que ha concentrado su actividad en el sur global desde su entrada en funcionamiento en 2002.

Actualmente, varios países han hecho efectiva su salida. Burundi fue el primer país en abandonar formalmente el Estatuto de Roma en 2017. Se retiró después de que la CPI abriera una investigación sobre los crímenes y actos de violencia política cometidos en el país.

A su vez, el expresidente Rodrigo Duterte retiró a Filipinas en 2019 tras la apertura de un examen preliminar sobre los abusos cometidos durante su «guerra contra las drogas».

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El último país que hizo efectiva su salida este mismo año fue Níger, uno de los gobiernos militares de los tres países de la Alianza de los Estados del Sahel, tras acusar al tribunal de parcialidad y de ser una «herramienta neocolonial».

Asimismo, han anunciado su retirada Malí y Burkina Faso, los otros dos países de la Alianza del Sahel.

Otros países iniciaron el proceso, pero dieron marcha atrás, como por ejemplo Gambia, que anunció su salida bajo el régimen de Yahya Jammeh, pero cuya decisión fue revocada por el posterior gobierno democrático en 2017.

También Sudáfrica notificó su intención de salir tras la polémica por la visita de Omar al-Bashir (expresidente de Sudán bajo orden de arresto), pero los tribunales sudafricanos declararon la notificación inconstitucional y revocaron el retiro.

Existen también potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Israel e India que nunca formaron parte activa del tribunal, al no llegar a ratificar el tratado o retirar sus firmas en las fases iniciales.  

Con información de EFE

La Corte Penal Internacional (CPI) lamentó este viernes la decisión de Venezuela de retirarse como miembro del tribunal y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año, y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años.

En una reacción compartida con la prensa en La Haya, la Corte señaló que todavía no ha recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional «sigue siendo un derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional».

No obstante, la CPI expresó su pesar por «cualquier decisión de abandonar el esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves».

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El tribunal recordó que, de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, la retirada solo surtirá efecto un año después de que la notificación sea depositada ante Naciones Unidas.

“La retirada no afecta a las obligaciones de cooperación ya existentes por investigaciones o procedimientos penales que se hubieran iniciado antes de que la retirada entrara en vigor, ni perjudica en modo alguno el examen continuado por parte de la Corte de cualquier asunto que ya estuviera siendo considerado antes de la fecha en que la retirada se haga efectiva”, agregó.

La reacción llega después de que el Gobierno venezolano anunciara este viernes su decisión «firme e irrevocable» de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un «sesgo» que concentra su labor de forma «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.

La decisión fue comunicada, según Caracas, por instrucciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abierta en 2018 tras una remisión de varios Estados, permanece activa.

Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de «progreso real» en materia de complementariedad, dejó claro entonces que los investigadores de la oficina del fiscal en La Haya continuarán con las pesquisas.

En 2023, la Corte rechazó los intentos del Gobierno venezolano de frenar la investigación al considerar insuficientes las actuaciones de la justicia nacional y autorizó a la Fiscalía a reanudar plenamente las pesquisas sobre los presuntos crímenes cometidos desde 2017.

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una campaña diplomática para “desmantelar” la CPI y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.

Con información de agencias

El canciller Félix Plasencia informó que Venezuela se retira de la Corte Penal Internacional (CPI).

"Por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodriguez Venezuela se comunicó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127".

En su cuenta en X, Plasencia explica que "Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global".

Agrega que "este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía".

Sostiene que "este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger"

Por ello, rechaza "esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir".

El canciller reitera  Reiteramos el compromiso de Venezuela "con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos".

Estados Unidos anunció una campaña para debilitar a la Corte Penal Internacional, el mismo tribunal que mantiene abierta una investigación contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.

 ¿Qué puede cambiar para Venezuela y para el sistema de justicia? 

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El órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido  suspender con efecto inmediato al fiscal jefe, Karim Khan, y trasladar a los países miembros la decisión sobre su futuro.

Es un paso sin precedentes en la institución y tras casi dos años de polémica por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

En un comunicado difundido al término de una reunión celebrada en La Haya, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, órgano ejecutivo y de coordinación, explicó que, por mayoría cualificada, acordó remitir el procedimiento disciplinario por acusaciones de relaciones sexuales no consentidas contra Khan al pleno de los 125 países miembros.

No obstante, la suspensión del fiscal jefe, hasta que se adopte una decisión final, «no es una indicación del resultado final» del procedimiento, aseguró la Mesa sobre una medida que supone un duro revés para el fiscal británico, que hasta ahora había defendido que las conclusiones de un panel independiente de expertos judiciales equivalían a una exoneración de las acusaciones.

La evaluación de la Mesa, compuesta por 21 miembros, se basó en un informe elaborado por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), las pruebas recopiladas durante la investigación, el dictamen de un panel de expertos judiciales y las alegaciones presentadas por escrito por las partes afectadas.

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🚨 SUSPENDEN A KARIM KHANAbogado @ovierablanco informó que la Mesa de la Asamblea de Estados Partes de la CPI concluyó el proceso que mantiene separado del cargo a Karim Khan. Su absolución o destitución final quedará sujeta a la decisión final de la Asamblea de Estados Partes pic.twitter.com/h5GC9nG0U4

Tanto la decisión como la documentación examinada permanecerán confidenciales.

La decisión abre un nuevo capítulo en una crisis institucional que comenzó en abril de 2024, cuando una abogada que trabajaba directamente bajo la supervisión de Khan denunció haber sido víctima de conductas sexuales no consentidas.

Dos compañeros de la denunciante trasladaron inicialmente las acusaciones a la dirección de la Corte, lo que llevó al mecanismo interno de supervisión a abrir una investigación que fue cerrada pocos días después.

Meses más tarde, la OIOS asumió la investigación y elaboró un informe que sigue siendo confidencial, aunque, según filtraciones de los últimos meses, la ONU habría encontrado indicios que respaldaban las acusaciones, pero el panel independiente consideró que las pruebas disponibles no permiten acreditar una conducta indebida con el estándar legal exigido.

La coexistencia de ambas conclusiones enfrentó durante meses a los países miembros de la Corte: algunos defendían que el caso debía cerrarse, y otros sostenían que los hallazgos de la ONU eran demasiado graves para archivar el asunto sin una respuesta institucional.

La polémica tuvo lugar en un contexto especialmente sensible para la CPI, puesto que las acusaciones contra Khan salieron a la luz poco después de que el fiscal solicitara las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra en Gaza.

Khan, que se apartó de sus funciones en mayo del año pasado a la espera de las conclusiones de la investigación, ha denunciado en repetidas ocasiones una campaña destinada a apartarlo del cargo debido a sus decisiones judiciales.

Con la decisión de hoy, el expediente entra en una nueva fase, puesto que se convocará una sesión extraordinaria de la Asamblea de los Estados Partes «lo antes posible», en la que 125 países deberán decidir el futuro de Khan y determinar si las acusaciones suponen una conducta grave incompatible con su cargo. 

Con información de EFE

 Mame Mandiaye Niang,  fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), aseguró que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela avanza “satisfactoriamente” y a “ritmo pleno”.

Según adelantó el abogado senegalés, se reconoce el clamor de las víctimas que exigen respuestas inmediatas.

 “Muchas personas y organizaciones se han dirigido a la Corte Penal Internacional con la esperanza de obtener justicia por el daño que han sufrido y muchas siguen esperando. Esperando respuestas, reconocimiento y esperando justicia”, dijo.

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Pero aclaró que la lentitud en los tiempos de La Haya garantiza que los resultados sean legítimos y no puedan ser revocados en el futuro.

El fiscal adjunto recordó que la investigación del caso, conocido como Venezuela I, inició formalmente en noviembre de 2021. Sin embargo, el proceso “tuvo que suspenderse durante un año porque el gobierno de Venezuela impugnó la competencia de la CPI y la legalidad de la investigación de la Fiscalía”.

 Tras la decisión de los magistrados de confirmar la competencia de la Corte, las averiguaciones se reanudaron en junio de 2023. “Desde entonces, no se ha detenido, y continúa con ritmo pleno y con total dedicación bajo mi liderazgo directo”, afirmó Niang.

  “La investigación y el proceso judicial en la CPI pueden parecer lentos y en la mayoría de los casos no son visibles para el público. La lentitud no es un signo de fracaso, créanme (…) es la prueba de que la labor se está realizando de forma adecuada”, dijo.

Igualmente, explicó que la Fiscalía debe guardar estricto silencio sobre asuntos confidenciales relacionados con la investigación penal para proteger el proceso.

“Los atajos en los procesos judiciales de la CPI no conducen a una justicia real, conducen a resultados que pueden ser impugnados, revocados o desestimados”, puntualizó Niang. “La cautela que se aplica en la recopilación de las pruebas, en escuchar a todas las partes, en seguir el debido proceso, no es una burocracia innecesaria, es más bien la base que hace que el resultado sea legítimo y duradero”, concluyó.

El foco penal de "Venezuela I"

La investigación activa se concentra en identificar las cadenas de mando y determinar las responsabilidades individuales de altos funcionarios por delitos específicos:

 El principio de complementariedad

 Próximos pasos del proceso

Con información de agencias.

El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye, confirmó que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela sigue avanzando.

 El pronunciamiento vuelve a poner presión sobre el chavismo en medio de denuncias por torturas, persecución política y violaciones de derechos humanos. 

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El abogado e internacionalista, Orlando Viera Banco, informó acerca de la presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI), de una denuncia por la muerte de Víctor Hugo Quero.

“Hemos presentado ante la CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA la denuncia correspondiente por la muerte en custodia del régimen del ciudadano venezolano Víctor Hugo Quero Navas”, dijo Viera en su cuenta en X.

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🚨“ES TIEMPO DE QUE LA HAYA HAGA JUSTICIA”El abogado @ovierablanco informó que fue introducida ante la CPI una denuncia por la muerte bajo custodia del venezolano Víctor Hugo QueroSeñaló que la muerte de su madre, Carmen Navas, fue consecuencia del “dolor y tortura emocional” pic.twitter.com/Sc38Z5A0Wy

Destacó que alertaron “a este distinguido tribunal penal de justicia que la impunidad y la justicia tardía no es justicia”.

Denunció ante la CPI que “vidas inocentes continúan siendo víctimas de atrocidades y muerte debido a una justicia que no llega”. 

Además, agregó que “el fallecimiento de la madre de Quero Navas, la Sra. Carmen Navas, es una consecuencia directa del dolor, la indignación y la tortura al corazón e integridad de una madre profanada, torturada y sometida a una aberración inhumana”.

Finalmente, Viera Blanco expresó que “es hora de que La Haya imparta justicia. No más caídos y torturados por la impunidad. La justicia prevalecerá”.

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por su papel en la conocida como «guerra contra las drogas», y ordenó la apertura de un juicio en su contra.

La decisión, adoptada por unanimidad por la Sala de Cuestiones Preliminares, concluye que existen «motivos fundados» para creer que Duterte es responsable de asesinato y tentativa de asesinato, en el marco de un ataque «generalizado y sistemático» contra la población civil en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

 Los jueces consideran que los crímenes se habrían cometido como parte de la política de lucha contra las drogas impulsada por Duterte, una campaña criticada por organizaciones internacionales por el alto número de «ejecuciones extrajudiciales».

La Sala basó su decisión en las pruebas y argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa durante la audiencia de confirmación de cargos, celebrada entre el 23 y el 27 de febrero pasado, así como en los documentos y observaciones de las partes y de las víctimas que participan en el proceso.

Con esta decisión, el caso será transferido a una Sala de Primera Instancia, que determinará los próximos pasos del procedimiento, incluido el calendario del juicio.

La CPI subrayó que el proceso respetará las garantías de un juicio «justo e imparcial», otorgando a la defensa «tiempo suficiente» para preparar su caso y asegurando al mismo tiempo los derechos de las víctimas.

El exmandatario filipino fue detenido en Manila y entregado a la CPI en marzo del año pasado, tras la emisión de una orden de arresto inicialmente secreta.

Su primera y única comparecencia ante la Corte tuvo lugar el 14 de marzo del año pasado.

La audiencia de confirmación de cargos, sobre la que se pronunció hoy el tribunal, se celebró este febrero sin la presencia del acusado, quien renunció a su derecho a asistir personalmente a la sala o a intervenir por videoconferencia, alegando una salud deteriorada, edad avanzada y falta de jurisdicción de la CPI.

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Sin embargo, un panel médico independiente había concluido unos días antes que Duterte estaba en condiciones de participar en esa fase preliminar del procedimiento, aunque ahora que el caso va a juicio su defensa podría pedir nuevas pruebas médicas si así lo quiere.

 Durante esa sesión de febrero, la Fiscalía situó a Duterte, de 80 años, «en el corazón» de un plan de asesinatos como alcalde de Davao y después como presidente de Filipinas, y la defensa denunció persecución política por parte del actual dirigente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

En una audiencia pública ayer miércoles, la Sala de Apelaciones de la CPI ya confirmó su jurisdicción en el caso contra Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad «inmediata e incondicional».

Con información de EFE

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó este jueves que «no existe una base razonable» para investigar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.Inversiones en oro

 La decisión se refiere a la denominada «Situación en Venezuela II», abierta tras una remisión presentada por el régimen chavista en 2020, en la que denunciaba que «las medidas coercitivas» estadounidenses habrían provocado asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos inhumanos.

Tras un examen preliminar, la Fiscalía de la CPI concluyó que las pruebas disponibles no permiten establecer una relación de «causalidad e intención» suficiente entre las sanciones y los delitos alegados por la cúpula del chavismo ante los tribunales.

Lea también: Académicos piden a la CPI acelerar toma de decisiones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela Según la oficina del fiscal, la información analizada tampoco demuestra que dichos actos se hayan cometido con la intención requerida para configurar crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.

El tribunal notificó la decisión a las autoridades venezolanas y a la Sala de Cuestiones Preliminares, y Caracas dispone de un plazo de 90 días para solicitar la revisión de la decisión.

La Fiscalía subrayó que esta decisión no afecta a otra investigación distinta, conocida como ‘Venezuela I’, que sigue en curso y se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde al menos 2014, especialmente en el contexto de detenciones.

«La decisión tampoco está relacionada con los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela», advirtió la Fiscalía, en referencia a la operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela durante más de 12 años, y que se encuentra arrestado en Estados Unidos desde entonces a la espera de juicio por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Con información de EFE

Un grupo de 150 académicos y profesionales venezolanos ha enviado un comunicado a la presidenta y demás magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar celeridad en la toma de decisiones sobre los crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos cometidos por el régimen chavista.

Según la comunicación obtenida por ABC, destaca «la relevancia que reviste la debida diligencia y la continuidad de las actuaciones vinculadas a la investigación formal actualmente en curso sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela, anunciada por la Fiscalía de la CPI en noviembre de 2021». 

La misiva fue firmada, entre otros, por los juristas Raúl Ochoa Cuenca, Luis Marcano Salazar, Juan Francisco Contreras Arriechi y el sindicalista Johnny Díaz Apitz.

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El caso venezolano ha sufrido varios retrasos y lentitud desde que la CPI inició la investigación en 2021. El último fiscal designado, Karim Khan, tuvo que dejar la investigación por desencuentros con el chavismo. En agosto del año pasado fue separado de la causa de Venezuela por conflicto de intereses y por falta de colaboración por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

La oficina de la CPI en Caracas también fue cerrada el pasado 1 de diciembre. «Tras un trabajo continuo, hemos determinado que el progreso real en la complementariedad sigue siendo un desafío.

 Por consiguiente, y conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros limitados recursos, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas», declaró el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang. «Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley», añadió.

La comunicación de los 150 venezolanos señala que su objetivo es destacar la trascendencia institucional y humanitaria que la justicia penal internacional representa para las presuntas víctimas de violaciones graves, así como para «la vigencia efectiva de los principios de legalidad, responsabilidad individual (tanto de los ejecutores como de los que emitieron tales órdenes) y protección de la dignidad humana».

También solicitan que el proceso investigativo garantice la protección de víctimas y testigos, la transparencia del procedimiento y la reparación integral de los daños sufridos por quienes han sido objeto de estos abusos.

«Evalúe con rigor, con base en la evidencia documental y testimonial disponible, la posible comisión de crímenes de lesa humanidad conforme a los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, incluyendo, entre otros, detenidos arbitrariamente, tortura, persecución, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos», señala el texto.

Los firmantes expresan su confianza en que las actuaciones de la Corte continuarán desarrollándose con la imparcialidad, independencia y rigor jurídico que caracterizan su mandato, garantizando la protección de víctimas y testigos. Además, reclaman «la objetividad en la valoración de los elementos de prueba y la estricta observancia de las garantías procesales, para que la justicia se imponga ante la oscuridad que actualmente existe en nuestro país».

Con información de ABC

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, explicó que Venezuela "deja la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar el vasallaje, la hipocresía y la inacción de ese organismo ante el genocidio del pueblo palestino".

Durante la sesión ordinaria de este martes, el parlamentario exhortó al mundo entero "a dejar la hipocresía frente al exterminio en Gaza".

"Si nos quedamos ahí (CPI), estaríamos revictimizándonos", puntualizó al tiempo de informar que la norma para derogar la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la CPI la llamarán Ley por Palestina y la Humanidad.

En tal sentido, anunció que este proyecto de ley, aprobado el pasado jueves en primera discusión, será sometido a la aprobación definitiva en la próxima sesión ordinaria del 11 de diciembre.

Cabe destacar que, en primer lugar la ley cambió de nombre y también se sentido, puesto que para dejar la jurisdicción del Estatuto de Roma se tendría que denunciar oficialmente  este instrumento al que Venezuela se adhirió en el año 2000 por el mismo Hugo Chávez.

 La salida de la CPI de Caracas deja al descubierto un país donde el poder se atrinchera y la justicia retrocede. 

Entre acusaciones de “colonialismo jurídico” y una investigación por crímenes de lesa humanidad que sigue viva desde La Haya, la pregunta es incómoda y urgente: ¿quién protege a las víctimas cuando las instituciones se retiran?

Esto es Venezuela en Profundidad

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Venezuela rechaza las declaraciones proferidas por el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional (CIP), Mame Mandiaye Niang, como parte de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, y acusa al organismo de justificar el colonialismo contra el país mientras ignora el impune genocidio que comete Israel contra Palestina.

“Es vergonzoso que en horas aciagas en que la humanidad es testigo mudo del peor genocidio que se conozca contra el pueblo palestino, este organismo internacional solo haya dado pasos tímidos y temerosos para llevar ante la justicia internacional a los perpetradores de terribles crímenes contra la humanidad”, expuso la cancillería venezolana en un comunicado oficial.

A través del documento, el Gobierno nacional añade que “el régimen de Israel y sus criminales se pasean por el mundo con total impunidad… mientras la CPI encabeza un proceso contra Venezuela, que a todas luces no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos”.

A continuación, el texto íntegro:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

FISCAL DE LA CPI DESATIENDE SUS DEBERES PARA JUSTIFICAR COLONIALISMO JURÍDICO CONTRA VENEZUELA MIENTRAS IGNORA GENOCIDIO DE ISRAEL

La República Bolivariana de Venezuela rechaza las declaraciones proferidas por el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye Niang, en el marco de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma que se desarrolla en la ciudad de La Haya, Países Bajos.

Vale recordar que Venezuela fue el primer país del continente en ratificar el Estatuto de Roma y, desde entonces, ha mostrado un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Internacional.

Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos. Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos.

A pesar de ello, Venezuela -en un claro espíritu de cooperación internacional- se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigido a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia en nuestro país, y reafirmando que es insustituible la jurisdicción primaria venezolana.

En el marco de dicho proceso, Venezuela y la Fiscalía suscribieron dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta para concertar mecanismos que contribuyan efectivamente a los esfuerzos nacionales en materia de justicia y derechos humanos. En estos documentos la Fiscalía asumió la responsabilidad de apoyar a las instituciones nacionales y poner en marcha una oficina en territorio nacional para la facilitación de asistencia técnica a las instituciones del país.

Sin embargo, lamentablemente, la Fiscalía de la CPI no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación. A pesar de haber transcurrido más de 7 meses de la inauguración de su oficina en Caracas, la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios. Tampoco, formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas.

Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos.

Es vergonzoso que en horas aciagas en que la humanidad es testigo mudo del peor genocidio que se conozca contra el pueblo palestino, este organismo internacional solo haya dado pasos tímidos y temerosos para llevar ante la justicia internacional a los perpetradores de terribles crímenes contra la humanidad. El régimen de Israel y sus criminales se pasean por el mundo con total impunidad.

De igual manera, han transcurrido más de cinco años sin que la Fiscalía de la CPI se haya siquiera pronunciado sobre el caso “Venezuela ll”, que expuso y elevó ante esa instancia los crímenes cometidos por los articuladores del más brutal bloqueo económico contra el pueblo venezolano.

El silencio de la CPI ha sido abrumador. Venezuela seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación, frente a toda fórmula de colonialismo jurídico que pretenda utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del derecho internacional.

La verdad de nuestro país se impondrá, han quedado al descubierto las maniobras de quienes históricamente han instrumentalizado a la CPI contra los países del Sur Global que no se subordinan a los mandatos del Norte desestabilizador y decadente.

Somos hijos e hijas de libertadores, y nos debemos a su doctrina verdadera de justicia. Venezuela siempre vencerá.

Caracas, 1° de diciembre de 2025

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) urgió este lunes a los países a ejecutar sin demora las órdenes de arresto pendientes, que incluyen al presidente ruso Vladimir Putin y al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en un momento en que su carga de trabajo alcanza niveles “sin precedentes” por el aumento de denuncias de crímenes graves.

Durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang advirtió de que la demanda de acción a la fiscalía “nunca ha sido mayor” y reclamó a los países cumplir sus obligaciones legales, después de que varios países miembros, como Hungría o Mongolia, se negaran a arrestar a Netanyahu y Putin cuando viajaron a sus respectivos territorios.

 “Ante cualquier intento de socavar nuestra labor (…) Llamo a todos a renovar su compromiso con nuestra misión. Ejecutar órdenes de arresto, compartir información y proteger testigos no es un acto de generosidad: son obligaciones jurídicas esenciales para la credibilidad del sistema de justicia”, alertó.

Niang explicó que la Fiscalía está recibiendo un volumen creciente de lo que se conoce como “comunicaciones”, que son informes y documentación con denuncias de presuntos crímenes que son enviados por víctimas, ONG, abogados, Estados o ciudadanos para que los examinen o los tengan en cuenta para sus investigaciones.

“De Ucrania a Darfur, de Palestina a Venezuela, de la República Democrática del Congo a Filipinas, y también en Libia, las voces crecen y las peticiones se vuelven más urgentes. Nuestra Fiscalía ha recibido un volumen sin precedentes de comunicaciones”, señaló, subrayando que “lo que piden es que la justicia no sea un ideal lejano e intangible, sino una realidad concreta”.

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El fiscal adjunto destacó que este aumento del trabajo refleja un escenario global “sombrío”, marcado por violaciones sistemáticas y un sufrimiento creciente, pero también aseguró que hay una señal creciente de confianza en la Corte. “Significa que las personas afectadas reconocen que la CPI es una institución en la que pueden confiar”, afirmó.

Niang defendió la relevancia de la CPI en un contexto internacional “amenazado por conflictos, infectado por la desinformación y debilitado por la impunidad”, y advirtió de que la Corte mantendrá su labor a pesar de las “presiones externas” y las “medidas coercitivas”, lo que incluye las sanciones emitidas por Estados Unidos contra jueces y fiscales, incluido el propio Niang, por la investigación que involucra a Israel por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina.

“Estas presiones, sean personales o institucionales, han fortalecido, no debilitado, nuestra convicción en la misión noble de esta Corte. Sí, son tiempos difíciles, pero estamos listos para este reto, que afrontaremos juntos y con determinación”, insistió, subrayando que “la justicia, incluso cuando se cuestiona, debe permanecer fuerte e intacta”.

Los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiji) y Niang (Senegal) asumieron el pasado mayo las funciones de la fiscalía, después de que el fiscal jefe, Karim Khan, se apartara a la espera de los resultados de una investigación en su contra por presunto acoso sexual.

Con información de Efe

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” de Venezuela en materia de “complementariedad”, el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país sudamericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

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🚨 CPI CIERRA OFICINA EN CARACASFiscalía de la Corte Penal Internacional anunció este 1Dic el cierre de su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” de Venezuela en materia de “complementariedad”, que exige investigaciones serias previas a la intervención del tribunal pic.twitter.com/yIN4FYzyFS

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang.

No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

Con información de Efe

“El hecho de que el Fiscal se haya excusado no tiene ningún impacto en la investigación en sí ni en otras actividades de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela, que continúan bajo la dirección del fiscal adjunto".

La información la dio a conocer  el funcionario de Información Pública de la Corte Penal Internacional (CPI), Francisco González Centeno, en un vídeo publicado en las redes sociales del organismo.

Esto quiere decir que la CPI   confirma que la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014 sigue en curso, a pesar de la salida del caso del fiscal Karim Khan.

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 González Centeno explicó que la presidencia de la CPI aceptó en septiembre la solicitud de Khan de apartarse de la investigación, tras una instrucción de la Sala de Apelaciones. 

Sin embargo, dijo que, según lo estipulado en el Estatuto de Roma, los fiscales adjuntos están plenamente facultados para llevar adelante el proceso.  

La CPI reiteró que su trabajo sobre Venezuela “no se ha detenido” y que continuará avanzando en la búsqueda de justicia frente a los crímenes denunciados por víctimas y organizaciones internacionales.

También recordó  que, si se solicitaran órdenes de arresto o citaciones para comparecer, estas serían presentadas ante los jueces de la Corte, quienes decidirían caso por caso. 

Por norma, tales solicitudes permanecen en secreto, aunque los magistrados pueden hacerlas públicas para interrumpir conductas delictivas, disuadir nuevos crímenes o facilitar detenciones.

🚨 ¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! 🚨🇻🇪 URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! 🇻🇪 🇳🇱 —Francisco Centeno funcionario de la Corte Penal Internacional:"La Corte Penal Internacional continúa recabando pruebas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela" pic.twitter.com/RY1uQNtLjF

 El presidente de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, acudió esta semana a la Corte Penal Internacional (CPI) para entregar nuevas denuncias y documentación sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, incluyendo casos de detención arbitraria, tortura, falta de atención médica y persecución a activistas de derechos humanos.

Diamanti informó que se presentó una lista de 80 presos políticos en delicado estado de salud, con el objetivo de solicitar presión internacional para que el régimen venezolano permita su acceso a atención médica y medidas humanitarias urgentes.

Además, se consignó información sobre menores de edad y más de 100 mujeres actualmente privadas de libertad por motivos políticos, así como un análisis actualizado que demuestra que la persecución y represión en Venezuela atraviesan su punto más crítico en los últimos años.

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🚨 ALERTA: Se agrava la persecución política en VenezuelaRodrigo Diamanti, presidente de @Sinmordaza, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) nuevas pruebas del aumento de la represión política en el país. pic.twitter.com/8yp3uSlmKI

“Estamos aquí, en La Haya, alzando la voz por casi mil venezolanos que permanecen injustamente encarcelados. No vamos a dejar de exigir justicia ni de denunciar los crímenes del régimen ante las instancias internacionales”, dijo Diamanti.

También presentó ante la Corte la denuncia sobre el atentado sufrido recientemente en Colombia por los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez, quienes fueron víctimas de un ataque armado que, según la organización, “buscaba silenciar sus voces y frenar el trabajo de defensa de derechos humanos”. 

Este hecho, advirtió, se enmarca en un patrón de represión transnacional ejercido contra defensores y activistas venezolanos en el exilio, evidenciando que la persecución política y las amenazas a la disidencia han trascendido las fronteras venezolanas. 

Un Mundo Sin Mordaza reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia internacional para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y reafirmó su voluntad de seguir acompañando los casos de persecución política, tortura y privación ilegítima de libertad.

“Seguiremos alzando la voz por los presos políticos, por las víctimas y por toda Venezuela, hasta que consigamos justicia”, concluyó Diamanti desde La Haya.

Con información de nota de prensa