El homicidio de Alexander Pinto Pérez (27), integrante de la etnia indígena Pemón, ocurrido en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, fue esclarecido por funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la delegación municipal del Cicpc de esa entidad.

Así lo informó director del organismo, Douglas Rico, quien manifestó que luego de las labores de investigación, se determinó que Alexander Pinto falleció producto de estrangulamiento por parte de otro miembro de la etnia, identificado como Elio García Yumira (48).

Este último le causó la muerte a Pinto, motivado a que la víctima sabía de otros homicidios que este había cometido y quería silenciarlo.

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Rico destacó que al momento en que el cadáver de Alexander Pinto fue localizado boca abajo en las orillas de un río, fue enterrado bajo las creencias indígenas.

Sin embargo, sus familiares acudieron al Cicpc, en donde se solicitó ante el Ministerio Público y Tribunales de Justicia, la exhumación del cadáver, el cual fue sometido a una experticia en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Luego de esto se determinó que la causa de la muerte, fue asfixia mecánica por estrangulamiento, iniciando las pesquisas y deteniendo a García quien confesó el crimen. El mismo fue entregado por el líder de la etnia.

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En esta ocasión, abordamos una problemática que preocupa a muchos ciudadanos: la inseguridad en la ciudad de Bogotá.

A través de las experiencias de tres personas que fueron víctimas de robos, evidenciamos cómo la inseguridad afecta el día a día de los ciudadanos, generando en ellos sentimientos de miedo e impotencia.

En este reportaje, reflexionamos sobre la legítima defensa y si la reacción de una de las víctimas podría ser considerada como tal.

Además, destacamos la importancia de que exista justicia y medidas efectivas para prevenir y sancionar los delitos, generando un ambiente de seguridad en la ciudad.

En un contexto en el que los ciudadanos deben poder caminar por las calles sin temor a ser asaltados, ¿se deben tomar medidas para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos?.

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En este Testigo Directo el cronista callejero, Raúl Arévalo muestra la inmensa estructura que tiene más de 100 habitaciones, en la que las niñas recibían a sus clientes y también muestra los  cuartos de castigo para quienes no pagaban.

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El embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, denunció que con la incautación de ayuda humanitaria y detención arbitraria de tres ciudadanos colombianos, en la zona del Guanía, el régimen viola la soberanía territorial del país vecino.

Guanipa se refirió a la acción efectuada por funcionarios de la Guardia Nacional, el 15 de julio, quienes incautaron un cargamento de ayuda humanitaria otorgado por el Consejo Noruego para Refugiados, que sería distribuido por la Cruz Roja, entre la población indígena de la zona fronteriza.

«A Nicolás Maduro no le basta con violar los derechos de los venezolanos, sino que también se atrevió violar la soberanía territorial de Colombia para robar ayuda humanitaria de nuestros hermanos colombianos», denunció el también parlamentario de la AN.

Guanipa alertó que con estas acciones «el régimen sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra de todos los venezolanos».

«Esto además de indignante es una clara provocación a Colombia, lo que demuestra que mientras Maduro esté usurpando el poder ningún país estará seguro de su política de violencia y desestabilización», aseguró el diplomático en Twitter.

Las restricciones por el estado de alarma y la orden de cuarentena para prevenir la propagación de la COVID-19, no ha impedido a los grupos armados irregulares que mantienen una pugna por el control de los territorios fronterizos en Venezuela seguir actuando y causando zozobra.

La advertencia la hizo Fundaredes, ONG que documenta la actuación de estos grupos en las zonas limítrofes, sobre todo en Táchira, Zulia, Apure y Bolívar.

En un boletín difundido por la ONG, denuncian que «el cierre de los pasos formales entre los estados Táchira, Apure y Zulia con Colombia se convirtió en el acelerador inmediato de la violencia en estas zonas limítrofes».

Señalan que «los grupos armados irregulares siguen generando zozobra. En esta etapa de cuarentena se han registrado 151 hechos que incluyen enfrentamientos armados, desapariciones de personas, asesinatos».

Alertan que, «incluso ha habido desmembramiento de cuerpos, heridos y otros delitos como el tráfico de personas, extorsión y contrabando».

Recordó FundaRedes que ellos realiza un trabajo permanente de documentación, confirmación y procesamiento de datos, obtenidos mediante el seguimiento diario de reportes de prensa y denuncias recibidas por la organización sobre la creciente violencia en la zona limítrofe de Venezuela con Colombia y Brasil.

Es producto de esta labor que «fue posible establecer que durante el tiempo de cuarentena ha habido más víctimas por homicidios en las zonas fronterizas a manos de grupos armados irregulares de origen colombiano que personas muertas a consecuencia del coronavirus en todo el país».