La Organización de las Naciones Unidas (ONU), lanzó un informe sobre la situación en la guerra de Ucrania, de donde se desprende que Rusia habría cometido cientos de ejecuciones catalogadas como crímenes de guerra.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, manifestó este jueves #15Dic que al documentado alrededor de 441 civiles, solamente en tres regiones del país invadido entre los primeros días del conflicto (24 de febrero hasta el 6 de abril de este año).

El estudio, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, detalla que fueron 341 hombres, 72 mujeres, 20 niños y ocho niñas y que los crímenes se cometieron en 102 pueblos en las regiones de Kiev, Chernígov y Sumy. 

«Es probable que las cifras reales sean considerablemente mayores, ya que estamos trabajando para corroborar otros 198 presuntos asesinatos en estas regiones», declaró ante el Consejo.

«Hay fuertes indicios de que las ejecuciones sumarias documentadas en el informe pueden constituir el crimen de guerra de homicidio intencional», añadió.

Türk estuvo en días pasados en Ucrania, mientras que su grupo ya había adelantado el trabajo. Indica que soldados rusos habría ejecutado a civiles en centros de reclusión improvisados. 

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«Otros fueron ejecutados de manera sumaria en el lugar tras controles de seguridad, en sus casas, patios y portales, incluso cuando la víctima había demostrado claramente que no constituía una amenaza, por ejemplo, levantando las manos», añadió.

El informe de la ONU indica que el 88% de las víctimas eran hombres o niños, «lo que sugiere que fueron objeto de ataques desproporcionados por motivos de género», detalló. 

A estas ejecuciones sumarias se sumaron ataques intencionados contra edificios residenciales, lo que mató a civiles en sus propias casas.

Las ejecuciones no se limitaron a áreas específicas, pero unas fueron más afectadas que otras. En Bucha, una localidad en la periferia de Kiev, se descubrieron los cuerpos de cientos de civiles después de que los rusos se retiraron de la zona en marzo. 

Con información de AFP

Lo que viene ocurriendo en la frontera de Apure con Colombia «no solamente son crímenes de lesa humanidad. También son crímenes de guerra». El alerta lo hizo el exdiputado y experto en el tema fronterizo, Walter Márquez.

En entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, Márquez dijo que hace la afirmación sobre la base del análisis de protocolos internacionales de 1949. Los mismos establecen que para que se cometan crímenes de guerra «tiene que haber un conflicto armado nacional o internacional o regional».

Para Márquez en este caso específico de La Victoria el conflicto es regional. Tiene implicaciones geopolíticas entre Colombia y Venezuela. «Allí ha habido una confrontación entre las Fuerzas Armadas venezolanas, el grupo FAES (PNB) y grupos disidentes de las FARC que a su vez están enfrentados a lo que se llama la Nueva Marquetalia», dijo.

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Explicó que uno de los asuntos más graves es «la violencia contra la población civil. De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario debe estar al margen del conflicto. Hay sectores protegidos como las iglesias, ancianos, niños, pero se les han vulnerado sus derechos», dijo.

Con respecto al tema del desplazamiento forzoso de miles de personas hacia Arauquita, refirió que «no solo es un tema social. También es un crimen de lesa humanidad. Hubo, por ejemplo, templos que fueron allanados, el mismo sacerdote de La Victoria, por mayor seguridad, se fue a Arauquita», informó.

Indicó que «también ha habido saqueos, y eso es un crimen de guerra. Yo más grave es que no hubo suspensión de garantías. En pleno estado de derecho necesitaban una orden de allanamiento expedida por un tribunal civil o militar», refirió.

Hizo un llamado a la comunidad internacional junto a la OEA y ONU a pronunciarse sobre este conflicto. Dijo que se debe «frenar esa escalada de violencia y evitar que se tienda a que sea normal porque esto tiene repercusiones binacionales».

Márquez denunció que «estamos en presencia de torturas, tratos inhumanos y degradantes. Hubo asesinatos y todo esto varias organizaciones lo venimos documentando. La idea es seguir en la ruta nacional e internacional en la búsqueda de la verdad para que se castigue a los culpables y se repare los daños causados a las víctimas».

Recomendó a la población civil refugiada en territorio colombiano que maneje su retorno con mucha prudencia. «Hasta que haya garantías por las autoridades venezolanas para regresar», dijo.

Por otro lado, recomendó al ACNUR, Consejo Noruego de Refugiados y gobierno de Colombia aplicar protocolos similares. Lo que se quiere es proteger a estas personas en los refugios.

A su juicio, las instituciones deben evitar la escalada y extensión de la violencia «para que retorne la calma. Así la gente podrá regresar porque la condición de refugiado es difícil».

En este último punto llamó a la OEA y a Naciones Unidas a intervenir «ya que este conflicto debe ser analizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la propia Secretaría General de la OEA ya que está afectando la relación binacional y especialmente a esa zona pacífica del Alto Apure».