Amnistía Internacional (AI) señaló que los «crímenes de lesa humanidad que quedaban impunes» continuaron cometiéndose durante 2025 en Venezuela, según su informe anual sobre la situación de los derechos humanos.

 «La represión generalizada ejercida por el Gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia política persistió, generando violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad», denunció la ONG en el informe, que describió la situación del país suramericano durante el año pasado.

AI apuntó que las autoridades venezolanas usaron el aparato estatal y «grupos de civiles armados» para «reprimir, silenciar y castigar» a la oposición y también a periodistas y defensores de derechos humanos.

En este sentido, subrayó que durante ese año se registraron «nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos», aunque reconoció que ocurrieron en menor número que en 2024, a la par que destacó la excarcelación -verificada por la ONG Foro Penal- de 116 detenidos en 2025.

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El informe alertó que durante el año pasado persistió la impunidad «prácticamente total por violaciones de los derechos humanos», así como las denuncias por desaparición forzada de «numerosas personas» detenidas en 2024 y 2025.

La organización también documentó violaciones a la libertad de expresión y de asociación, incluyendo las detenciones de activistas y defensores de derechos humanos como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, cuyos arrestos ocurrieron en los últimos cinco años y quienes fueron excarcelados este año, 2026.

El texto señaló la «falta de avances» en los derechos de la población LGBTIQ+, en los derechos sexuales y reproductivos, así como la «falta de garantía y respeto» de los derechos de las poblaciones indígenas.

Además, subrayó las alertas de la prensa sobre los efectos de la minería ilegal y la «devastación ambiental», así como la carencia de «datos confiables» sobre este sector.

AI recordó que en «julio (2025), 252 hombres venezolanos fueron devueltos a Venezuela desde El Salvador. Todos ellos llevaban más de tres meses en situación de desaparición forzada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en ese país, donde habían sido trasladados desde Estados Unidos».

 De igual forma, apuntó que al menos 110 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en los ataques del Gobierno estadounidense contra embarcaciones que «supuestamente trasladaban drogas desde Latinoamérica hacia ese país».

El documento de AI resume la situación de derechos humanos en el mundo durante 2025, por lo que no incluye el drástico viraje del entorno venezolano tras el ataque militar de EE. UU. del pasado 3 de enero, durante el cual fue capturado el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió las funciones como presidenta encargada, reanudó relaciones con el Gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha aliviado algunas de las sanciones impuestas a Venezuela, y promulgó una Ley de Amnistía por la cual han sido liberadas más de 8.000 personas, cuyas identidades no han sido detalladas por las autoridades.

Rodríguez también ha impulsado reformas de hidrocarburos y minería que abrieron ambos sectores a la inversión privada y extranjera.

Con información de Efe

El encargado diplomático de Juan Guaidó ante el Reino de Canadá, Orlando Viera-Blanco, anunció este lunes que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre los crímenes de lesa humanidad por persecución política contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria (CNdeP) y del gobierno interino de Venezuela 2019-2022.

También señaló que esta persecución se extiende a directivos de Citgo y de PDVSA ad hoc.

«La criminalización de la justicia ha quedado en evidencia», afirmó.

Manifestó que esto se hace en el marco de un momento muy sensible, porque el día 7 y 8 de noviembre se llevará a cabo precisamente una audiencia ante la Sala de Apelaciones para decidir si se debe continuar o no la investigación que está desarrollando el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.

«Estas incidencias que hemos radicado que denuncian estos graves hechos persecutorios en contra de venezolanos inocentes, utilizando la justicia como herramienta de represión, sin duda vendrán también a reforzar lo que puede ser la participación y decisión de las víctimas del próximo 7 y 8 de noviembre».

«En consecuencia, confiamos que habrá justicia», concluyó.

#30Oct ?️ PRESENTAN INFORME ANTE LA CPIEl encargado diplomático de Guaidó ante el Reino de Canadá, Orlando Viera-Blanco, anunció que presentó ante la Corte Penal Internacional un informe sobre los crímenes de lesa humanidad por persecución política contra los miembros de la… pic.twitter.com/cBoi7M0txU

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A través del portal web de la CPI se conoció que esta audiencia tendrá lugar entre el 7 y 8 de noviembre, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la sede del organismo, en La Haya.

Esta vez, la audiencia será transmitida, con interpretación a español, y podrán asistir periodistas, miembros de ONG y público en general.

El abogado Alfredo Romero, director-presidente de la ONG Foro Penal, aseguró este miércoles que el objetivo de la instalación de la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) es estrictamente jurídico para determinar quiénes cometieron crímenes de lesa humanidad desde el 2014.

Sin embargo, aclaró en entrevista para el Circuito Unión Radio que, si en Venezuela se estaría haciendo justicia y efectuando las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad de forma adecuada, no se instalaría una oficina encabezada por el fiscal Karim Khan para realizar investigaciones paralelas.

Romero también dejó claro que el Estado Venezolano no es responsable por crímenes de lesa humanidad, sino los individuos que en un momento determinadodo cometieron acciones violatorias.

Agregó que el fiscal Khan todavía no ha determinado los crímenes, pero se están investigando, y eso no tiene marcha atrás, por más que existan esas intenciones de parte de algunos involucrados.

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La oficina que el fiscal abrirá en Venezuela se va a dedicar a la colaboración con la CPI, para que se haga justicia, explicó Romero.

Pero para esto, aclaró, la fiscalía de Khan no va a poner en riesgo la vida de los afectados y víctimas, por eso se enfocará a hacer las investigaciones desde afuera, a testigos e involucrados que estén fuera del país. Esto para evitar persecuciones o amedrentamientos por parte de cuerpos de seguridad o particulares involucrados en las investigaciones.Manifestó el director del Foro Penal que si la CPI decide continuar investigaciones es porque obviamente considera que no se están realizando investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad de manera adecuada.

Dijo que ya las investigaciones se están llevando a cabo, aunque va a haber siempre intenciones de que algunas se paralicen. «Aquí hay victimas y violaciones de derechos humanos que no se pueden borrar de la historia y van a ser investigadas», aseveró.

Estas investigaciones permitirán prevenir a aquellos que pretendan a futuro cometer crímenes de lesa humanidad.

Romero aplaude la iniciativa del fiscal Khan de abrir en el país una oficina que colabore con la CPI, porque, a su juicio, «el sistema de justicia en Venezuela funciona perfectamente como arma de persecución política, pero como herramienta para hacer justicia no funciona«.

La Fundación Clooney por la Justicia (CFJ) presentó ante la justicia federal de Argentina una denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos a partir del 2014 contra opositores en Venezuela.

La información se conoció a través de un comunicado de la institución creada por el actor George Clooney y su esposa, la abogada de derechos humanos, Amal Clooney, recuerda una publicación del diario argentino La Nación.

«Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal», señaló la CFJ en su denuncia.

«Las evidencias presentadas por CFJ apuntan a la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas o percibidas vinculadas a la oposición política del gobierno. El equipo Docket de CFJ representa a familiares de dos víctimas de violencia indiscriminada y homicidios en su última iniciativa para apoyar a las personas supervivientes y exigir responsabilidades a los autores más allá de las fronteras de Venezuela», agrega el escrito.

“El sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”, declaró a su vez Yasmine Chubin, directora de Asesoramiento Jurídico de la iniciativa The Docket de CFJ.

“Es por eso que estamos ayudando a las personas sobrevivientes y a sus familias en la recopilación de evidencias de los crímenes cometidos en su contra y en la búsqueda de jurisdicciones alternativas para garantizar que los autores de estos crímenes rindan cuentas», enfatiza.

Relata que «desde 2014, cuando comenzaron a producirse estos crímenes, las autoridades venezolanas han incumplido su obligación de poner en marcha investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales -incluidos asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias- cometidos por funcionarios venezolanos».

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El comunicado de la fundación explica que «la jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los crímenes más graves con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima».

Destaca que «Argentina es una jurisdicción apropiada dada su apuesta, ya consolidada, por la jurisdicción universal» y añade que «la justicia federal argentina ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos en lo que constituye ya una sólida línea de precedentes. Entre ellos, en 2010 una jueza federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977)».

“Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para las muchas familias y víctimas venezolanas que llevan ya años esperando justicia”, dijo Ignacio Jovtis, responsable senior de Programas que dirige las investigaciones de CFJ sobre Venezuela.

“Esperamos que la justicia argentina siga aplicando correctamente la jurisdicción universal y abra una vía para las víctimas venezolanas y sus familias de la misma manera que lo ha hecho en los otros casos de jurisdicción universal que tiene ante sí», aseveró.

⚖️ POR PRESUNTAS VIOLACIONES DE DD.HH: Fundación Clooney pide a Argentina investigar a fuerzas venezolanasLa fundación creada por George Clooney y su esposa indicó que "las evidencias recopiladas señalan posible responsabilidad" de estos organismos.https://t.co/jCCSiqP6BG

La Corte Penal Internacional (CPI) lanzó una plataforma tecnológica para enviar información y evidencias sobre crímenes en Venezuela, anunció el fiscal Karim Khan.

La plataforma lleva por nombre OTPLink, una aplicación para la presentación de pruebas en línea y por correo electrónico por parte de personas interesadas y testigos externos sobre los casos que lleva su oficina, entre ellos la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“OTPLink proporcionará un punto de acceso único y claro. Esta innovadora aplicación combina el uso de la tecnología moderna avanzada y el derecho internacional, brinda a los usuarios un método seguro y sin problemas para presentar evidencia potencial en tiempo real desde cualquier dispositivo habilitado para la web, acercando de manera efectiva los eventos relevantes a la sala del tribunal”, explicó el Khan.

El fiscal aseguró que esta nueva plataforma “garantiza que la información se recopile de forma rápida, segura y segura”.

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OTPLink “agiliza el proceso de revisión manual tradicional al permitir que la Oficina maneje mayores volúmenes de información utilizando Inteligencia Artificial (AI) y Machine Learning (ML) para ofrecer una mayor comprensión de la información recibida, reduciendo significativamente el tiempo requerido para revisarla y actuar en consecuencia”.

Precisó que esta plataforma mantiene el cumplimiento de los estándares internacionales de manejo de evidencia mediante el uso de un rastro de cadena de custodia digital, para preservar la integridad de la evidencia.

“Espero que el lanzamiento de OTPLink empodere aún más a todas nuestras partes interesadas, ya sean comunidades afectadas, la sociedad civil o las autoridades nacionales, permitiéndoles compartir información de manera más fácil y segura con mi Oficina, y fortaleciendo la base de nuestro trabajo común para hacer justicia por los crímenes del Estatuto de Roma”, finalizó.

El Panel de Expertos Internacionales Independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evaluar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentaron “conclusiones alarmantes” en su segundo informe.

Las conclusiones fueron reveladas en una conferencia de prensa celebrada este martes en La Haya, por Santiago Canton y Joanna Frivet integrantes del panal.

“Las conclusiones alarmantes revelan las reformas institucionales de Venezuela que perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas”.

 Moderada por Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel de Expertos, la sesión puso de relieve la urgente necesidad de que actúe la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el 14 de septiembre de 2017, nombró el Panel de Expertos Internacionales Independientes está formado por distinguidas personalidades que evalúan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Entre sus miembros se encuentran Santiago Cantón de Argentina, Manuel Ventura Robles de Costa Rica e Irwin Cotler de Canadá, junto con la más reciente incorporación, Joanna Frivet de Mauricio.

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El Panel revela que las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis.

Además expresa su honda preocupación por el hecho de que estas reformas protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel

Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

Los expertos acusan al actual embajador venezolano en Países Bajos, Calixto Ortega, de “haber colaborado activamente en la comisión” de crímenes con “detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo”, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens.

Ortega es también magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desde 2015 y, como embajador en La Haya, es jefe de la misión diplomática venezolana ante la CPI.

El segundo ejemplo que resalta el panel es del diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“Es considerado una de las personas que podrían tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al director general del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él”, resume el panel en su segundo informe.

Cantón lamentó que, «en lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad”.

Las reformas, dice el informe, “erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica” y “sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes”.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, está a la espera de una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre el intento de Caracas de impugnar la admisibilidad del caso. Venezuela acusó a Khan de «instrumentalizar» la Justicia «con fines políticos», tras desestimar los argumentos presentados por Caracas en torno a la investigación.

Sobre esto, el panel de la OEA instó a Khan a «centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad».

Con información EFE

Miles de víctimas denunciaron ante la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad cometido por sus fuerzas de seguridad, esto obligó a la CPI extender el recibimiento de estos testimonios, como parte del proceso en el caso Venezuela I.

Luego de recibir más de 2.000 denuncias, la CPI hizo un corte preliminar, lo que causó sorpresa porque fueron muchas más de las esperadas. Esto obligó a la corte hacer una extensión del plazo de evaluación para poder presentar su análisis final.

A propósito de este proceso, Impacto Venezuela conversó con Rodrigo Diamanti presidente de Un Mundo Sin Mordaza, quien resaltó que Venezuela busca justicia en la CPI ante los crímenes atroces que cometieron las fuerzas de seguridad de la administración de Maduro contra los venezolanos.

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Recriminó que desde principios del 2022 la investigación se pausó luego de que Nicolás Maduro interpusiera un recurso que ha detenido la investigación aludiendo que en Venezuela hay procesos de justicia genuinos contra los responsables de crímenes.

Sin embargo, a finales del 2022, el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó formalmente a la Sala de Cuestiones Preliminares I autorización para reanudar la investigación del caso Venezuela I.

Hasta el 7 de marzo de este año, las víctimas tuvieron oportunidad de enviar sus formularios sobre los crímenes que sufrieron. La corte se sorprendió a recibir más testimonios de lo esperado. Diamanti resaltó que se muestran esperanzados de que la investigación sea fructífera y finalmente haya justicia.

“Nosotros quienes defendemos los derechos humanos tenemos esperanza de que este proceso se vuelva a abrir, luego de estos testimonios. Se espera que en dos o tres años se emitan captura en contra de quienes son responsable ya así detener la impunidad”, destacó.

El también director del Observatorio de crímenes de lesa humanidad espera que con este veredicto cesen las persecuciones contra quienes piensan distinto.

“Nuestras esperanzas están puestas en la corte y en las víctimas que van a seguir dando sus testimonios, para que en Venezuela haya justicia y podamos recuperar nuestra democracia”, sentenció.

La tortura de opositores al gobierno de Nicolás Maduro sigue vigente como método represivo en Venezuela, afirmó este miércoles en Washington el Instituto Casla, que denuncia un país en el que «todos son sospechosos», incluidos los altos funcionarios. 

Al menos 54 personas fueron sometidas a tortura física y/o psicológica en 2022, asegura el instituto, que documenta 19 casos, con una o más víctimas, a lo largo del año en el informe «La represión sistemática en la sombra», presentado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Casla, un centro de estudios sobre América Latina con sede en Praga, se basa en testimonios de víctimas.

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#Venezuela: Ningun Venezolano debe dejar de verla: Conozca cómo lo espian, quien los Investiga:Manual de operaciones especiales del DGCIM donde se observa “cómo se aplica directamente en la inducción, conducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad”.https://t.co/v7c2u7eyOa

Algunas «fueron sometidas a extremos de dolor inimaginables», afirma, citando, entre otros, «el desprendimiento de uñas», «la extracción con alicates o ruptura de piezas dentales», cortaduras con navajas, descargas eléctricas o simulacros de ejecución.

En algunos casos las víctimas «identificaron a personas con acento colombiano, a quienes la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) entregaba por tiempo determinado simulando una venta de rehenes» y otras «a agentes cubanos».

«En Venezuela los crímenes no se han parado, continúan de forma silente ante la opinión pública internacional que aparentemente cree que Maduro ha cambiado y que ahora es más amable; no, es más criminal», acusa la directora de Casla, Tamara Sujú.

El gobierno de Maduro, que ha reanudado las negociaciones con la oposición en México, ha logrado incluso esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

«Las sanciones han sido muy importantes» pero «Maduro las ha burlado y se sigue financiando a través de Rusia y de Irán», afirma Sujú.

Según la organización Transparencia Venezuela, entre el 70% y el 90% del oro venezolano sale ilegalmente del país.

En su sexto informe, Casla afirma haber conseguido de forma confidencial el «Manual de operaciones especiales de la DGCIM», conocido como «La Constitución» entre los funcionarios de este organismo de inteligencia.

En él figuran «niveles de aprobación de las principales medidas» de la DGCIM, es decir «describe cómo se reparte el gobierno la responsabilidad de la persecución, acusación y encarcelamiento de sus víctimas» según «la importancia» de las personas.

El primer nivel corresponde al presidente Nicolás Maduro, que se encargaría de «los casos donde puedan comprometerse las relaciones internacionales» y de «cualquier medida» aplicable a generales y almirantes, extranjeros con inmunidad diplomática, altos funcionarios del gobierno a nivel nacional, de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partidos opositores, gobernadores, alcaldes, y diputados, así como sus familiares, detalla el informe.

«Maduro ha dado orden o ha aprobado» acciones contra este tipo de personas «conociendo personalmente los horrores a los que cada uno ha sido sometido, premiando con ascensos, cargos administrativos de alto nivel, permisividad en el enriquecimiento ilícito e impunidad, a sus más fieles ejecutores de órdenes y directrices», añade.

Los cuatro niveles restantes dependen de la estructura interna de la DGCIM.

Casla, que afirma haber obtenido el manual de funcionarios de inteligencia, lo considera esencial debido a establece «la cadena de mando o de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por este organismo de inteligencia» y esto es clave ante la Corte Penal Internacional (CPI) porque el gobierno niega dicha planificación y sistematización.

El instituto afirma que en la redacción del manual «persiste el factor ideológico». 

«¡Todos son sospechosos! La influencia del manual cubano (…) la formación de oficiales y funcionarios con los conocimientos y técnicas de la inteligencia cubana para el control social, ha permitido que la sociedad civil venezolana en su conjunto sea objeto de espionaje», asegura.

La Corte Penal Internacional (CPI) recientemente, habilitó un formulario en línea para que las víctimas de crímenes de lesa humanidad compartan sus testimonios spbre la reanudación o no del caso Venezuela I.

Este formulario ya está disponible para descargarse en la página web de la CPI, está en dos versiones (inglés y español). Se puede participar llenándolo o enviando un video con una duración máxima de 10 minutos.

Esta consulta al público surge luego de que el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitara formalmente a la Sala de Cuestiones Preliminares I, una autorización para que su Fiscalía reanudara la investigación en el caso Venezuela I.

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Además, en complemento, recibirán las observaciones de víctimas que sufrieron daños desde 2014, como lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o de sus derechos fundamentales en Venezuela.

Uno de los principales requisitos, es que estos lamentables daños sean causados por crímenes que competen a la CPI como: encarcelamientos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual o persecución por motivos políticos.

También incluye: los sufridos por las víctimas o sus familiares cercanos.

La CPI garantiza la confidencialidad del caso. Las opiniones recibidas se presentarán en un documento único sobre el conjunto de potenciales víctimas en situación Venezuela I.

Asimismo, los nombres de quienes envíen sus testimonios no aparecerán en este informe.

Las víctimas que deseen participar de este proceso deberán enviar sus opiniones y observaciones a la sección de Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), a más tardar el 7 de marzo del 2023.

A través de su cuenta en Twitter, la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Tamara Suju, denunció que Nicolás Maduro ascendió a varios militares acusados por crímenes de lesa humanidad, en altos cargos dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

«Nuevos cargos en la DGCIM muestran los «premios» para aquellos funcionarios leales acusados por sus víctimas y compañeros de cometer Crímenes de Lesa Humanidad», publicó Suju, junto a la copia de un documento oficial del ministerio de la Defensa, con fecha 29 de agosto del 2022.

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La activista hace un llamado a la Corte Penal Internacional y a su fiscal, Karim Khan, a que pongan atención en este asunto, en vista de la investigación que hay contra Venezuela, precisamente contra miembros de este y otros organismos.

Entre los ascendidos, según el documento publicado por Suju, se encuentran: «el teniente coronel Alexander Granko, jefe de la Dirección de Despacho de la DGCIM».

Por otro, la abogada destaca el nombre de: «Nestor Blanco Hurtado, Jefe de la Zona de Inteligencia Militar en Barinas y a Abel Angola García, jefe de la Zona de Contrainteligencia Militar, en Carabobo».

Desde el 2020, la CPI tiene en su mira a la administración de Nicolás Maduro, por violaciones a los DD.HH., que caben en la calificación de crímenes de lesa humanidad, por parte de funcionarios de varios organismos de seguridad.

Entre los cuerpos de seguridad a los que señalaba de cometer esos delitos están: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB».

En noviembre del 2021, cuando el fiscal Khan vino a Venezuela, anunció que «La Fiscalía ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», acerca de esos crímenes, denunciados desde el 2017.

Dirección Gral del DGCIM -Nestor Blanco Hurtado, Jefe de la Zona de Inteligencia Militar (ZOCIM) BARINAs-Abel Angola Garcia: Jefe de la Zona de Contrainteligencia Militar (ZOCIM) Carabobo. pic.twitter.com/5xvC22ip8P

La dirigente opositora Delsa Solórzano denunció que la administración de Nicolás Maduro estaría presionando a víctimas de crímenes de lesa humanidad. Dijo que les piden que desistan de sus denuncias.

Solórzano asegura que de esta forma Maduro quiere decirle a la Corte Penal Internacional (CPI), que en el país se está «haciendo justicia».

«El régimen está pretendiendo, a través de otros artilugios, evadir la justicia, para lo cual están contactando a las víctimas de crímenes de lesa humanidad», dijo, en rueda de prensa, reseñada por Efe.

Explicó que se trata de las víctimas de los delitos cometidos desde 2014 para acá y muy particularmente de 2017.

«Les piden que cierren los casos, para decir que se hizo justicia», expresó la exdiputada.

Solórzano no detalló a qué víctimas estaría contactando el Gobierno de Nicolás Maduro, ni brindó pruebas sobre su afirmación, sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es «disminuir el número de casos y así también decirle a la Corte que se está haciendo justicia en Venezuela».

«Nosotros hacemos un llamado a las víctimas para que estén atentos a esto», agregó.

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El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el 21 de abril su deseo de seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela. Esto, a pesar de que Caracas le haya pedido oficialmente que deje esa investigación en manos de las propias autoridades judiciales del país.

Khan notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte que Venezuela le pidió dejar las investigaciones en manos de las autoridades nacionales.

La administración de Maduro hizo esto sobre la base de que está investigando o ha investigado a los involucrados con crímenes de la competencia de la CPI.

El Estatuto de Roma, fundacional de la CPI, exige que el fiscal acepte la solicitud de Venezuela. Pero también establece que presente una petición a la Corte solicitando autorización para reanudar sus propias investigaciones.

Y esto es lo que hizo Khan, solicitud que incluirá las observaciones pertinentes de las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en el caso.

Khan ha «llegado a la conclusión de que no se ha presentado nueva información (por parte de Caracas) que justifique una revisión» de su anterior evaluación.

Ante esta circunstancia, le corresponde a la Sala decidir sobre el procedimiento a seguir. Todo, una vez el fiscal haya presentado su solicitud de continuar con las pesquisas.

La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela (Red-CLH) remitió este miércoles otros 36 casos a la Fiscalía de la CPI. Con estos ya son 50 los que ha enviado al tribunal.

Desde 2021 la ONG ha registrado más de 300 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014. Además, los 14 que constituyeron un informe con varias actas porque cumplen los requisitos que establece en Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad.

El caso venezolano se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Las denuncias datan, desde, al menos, abril de 2017, durante las manifestaciones en todo el país.

Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, incluso «genocidio», como declaró el martes el presidente estadounidense Joe Biden refiriéndose a los actos de Rusia en Ucrania, son nociones de derecho internacional bien precisas.

Surgieron tras la II Guerra mundial, al mismo tiempo que se implementó el Tribunal internacional de Nuremberg para juzgar los crímenes nazis, recuerda la AFP.

Esas nociones están en el corazón de las competencias de la Corte Penal Internacional (CPI). De hecho, la corte abrió el 3 de marzo una investigación sobre la situación en Ucrania.

Pueden depender asimismo de jurisdicciones nacionales cuando estas tienen competencias en materia de justicia universal. Y, un ejemplo de ellos es el caso en Alemania, Bélgica, España, Francia o Suiza.

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Los «crímenes de guerra» se definen como graves violaciones del derecho internacional cometidas contra civiles o combatientes en un conflicto armado. Los mismos generan las responsabilidad penal individual de sus autores, según el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.

Estos crímenes corresponden a violaciones de las Convenciones de Ginebra, adoptadas en 1949, tras la II Guerra mundial.

Su codificación más reciente se halla en el artículo 8 del Estatuto de Roma de 1998, fundador de la CPI.

Este artículo define más de 50 ejemplos de crímenes de guerra, entre ellos el homicidio, la tortura, los secuestros, el uso de niños soldados y las deportaciones ilegales. Se suman los ataques intencionales contra civiles, violaciones, saqueos o ataques intencionales contra misiones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de la paz.

También son crímenes de guerra el uso de armas prohibidas, que «causen sufrimiento inútil» o golpeen de forma «indiscriminada».

La CPI, cuya sede está en La Haya, nació en 2002, y está encargada de juzgar estos crímenes así como los crímenes de lesa humanidad y los genocidios.

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La noción de crimen de lesa humanidad está creada y definida el 8 de agosto de 1945 por el artículo 6 de los estatutos del Tribunal internacional de Nuremberg.

Este crimen se define como «el asesinato, la exterminación, la reducción a esclavitud, la deportación o cualquier otro acto inhumano cometido contra cualquier población civil», Esto, antes o durante la guerra, o bien las persecuciones por motivos raciales o religiosos».

Lo crearon a posteriori, para juzgar a los criminales nazis cuyos crímenes no habían sido imaginados anteriormente.

Ahora esta noción ha sido codificada en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que determina que los crímenes contra la humanidad son actos como el asesinato. Además de la violación, la persecución y otros actos inhumanos». Pero, cometidos «en el marco de un ataque generalizado o sistemático lanzado voluntariamente contra cualquier población civil».

El término «genocidio» ha sido utilizado desde el punto de vista jurídico por primera vez en el proceso de Nuremberg para designar la exterminación de los judíos.

Luego se volvió parte integrante del derecho internacional en 1948. Esto, en virtud de la convención de la ONU para la prevención y la represión del crimen de genocidio.

Describe el genocidio como un «crimen cometido con la intención de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso».

En noviembre de 1994, la ONU crea el Tribunal penal internacional para Ruanda (TPIR) basado en Arusha (Tanzania). Cuatro años más tarde el TPIR pronuncia las primeras penas de reclusión a perpetuidad, que constituyen un primer reconocimiento del genocidio contra la minoría tutsi ruandesa.

La masacre de Srebrenica en el este de Bosnia, durante la cual asesinaron a 8.000 jóvenes y hombres musulmanes en 1995 por los serbios de Bosnia. El hecho se reconoció como genocidio en 2007, por parte de la Corte internacional de Justicia (CIJ). Los exjefes político y militar de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, están condenados a perpetuidad.

En diciembre de 2017, los 123 países miembros de la CPI (menos Estados Unidos y Rusia) agregaron el «crimen de agresión» a la competencia de la jurisdicción internacional.

Este crimen tipifica el ataque a la soberanía de un país por otro país, y permite perseguir a sus dirigentes.

La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH) constituyó 14 expedientes de casos que alcanzan este tipo de delitos. La ONG remitió los mismos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que adelanta una investigación sobre Venezuela.

La agrupación, integrada por las organizaciones Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, inició una campaña para captar nuevos testimonios de víctimas. Esta campaña se extendió a los venezolanos que emigraron de manera forzada a diversos países de América Latina, España y Estados Unidos.

“Esta labor se emprendió en vista de que observamos con preocupación la impunidad en el sistema de justicia venezolano. Por eso decidimos aportar al proceso internacional de búsqueda de justicia a través de la documentación de casos de quienes habían emigrado de Venezuela”. Así lo explicó Alonso Domínguez, coordinador de la Red-CLH, en nota de prensa.

Desde 2021 la ONG ha registrado más de 300 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014. Además, los 14 que constituyeron un informe con varias actas porque cumplen los requisitos que establece en Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad.

A juicio de la Red-CLH, se confirma la existencia de patrones de crímenes de lesa humanidad identificados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. A esto se suma la falta de investigación y sanción a los máximos responsables.

“Muchos venezolanos se fueron del país sin denunciar las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas. Algunos lo hicieron por desconocimiento de sus derechos, otros por amenazas y hostigamiento. Otra gran parte por desconfianza en las instituciones. Se sabe que en Venezuela, al no existir separación de poderes, estos se han convertido en cómplices de los victimarios”, añadió Domínguez.

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Algunos de los patrones identificados en las entrevistas con las víctimas son: hostigamiento, seguimiento con patrullas o carros particulares. También hay detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas prolongadas, hacinamiento en tanquetas y celdas.

A esto se suma «la incomunicación, interrogatorios sin presencia de fiscales, acosos por vínculos con organizaciones de derechos humanos y/o partidos políticos».

Igualmente, denunciaron «traslados a sitios de reclusión clandestinos, torturas físicas y psicológicas, tortura con luz blanca día y noche». No faltan las golpizas y lesiones en diversas partes del cuerpo –incluidos dedos, cabeza y partes íntimas– hasta dejar inconscientes a las víctimas.

Las víctimas también denunciaron «simulación de ejecución, exposición a frío intenso, insultos, privación de sueño, agua y comida. Además, obligan a los detenidos a criar animales, para luego matarlos y acoso sexual. Obligan a algunos detenidos a tomar orina, los rocían con gasolina y los amenazan con matar a sus familias y con anularles los pasaportes».

Además, las víctimas denunciaron daños severos a viviendas y edificios donde residían, así como destrozos a carros. Sus vecinos y personas de su entorno también son amenazados.

La red denuncia la omisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía en tomar denuncias. «Les cambian los relatos a las víctimas y les niegan la presentación ante un juez a fin de evitar registros oficiales».

Incluso, han documentado cómo los jueces de estas causas «reciben órdenes durante las audiencias. Hay civiles procesados por tribunales militares, inexistencia de procesos judiciales», entre otros.

Estos patrones coinciden con los señalados por el Panel de Expertos Internacionales de la Organización de Estados Americanos en su informe de 2018. Asimismo, son parecidos a los informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La Red remitirá en los próximos días otros casos documentados. Junto con estos primeros 14 hacen un total de 47.

Alonso Domínguez resaltó que “este importante proceso de documentación le da voz a miles de víctimas que por diversas razones no han sido escuchadas».

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), notificó a la administración de Nicolás Maduro que tiene tres meses para informar sobre los crímenes de lesa humanidad, cometidos en Venezuela.

Se trata de un comunicado firmado por el fiscal general, Karim Khan. Allí se hace un recuento de las diligencias realizadas por la CPI, desde la firma del memorando con el Estado venezolano.

«La Oficina del Fiscal informa a la Sala de Cuestiones Preliminares que el 16 de diciembre de 2021, notificó a las partes, la decisión del Fiscal de iniciar una investigación sobre la situación en Venezuela», destaca el escrito.

«En la notificación al Estado, el Fiscal detalló el alcance de la Situación investigada y expuso el estado del proceso». Además, resalta que invitó «al Estado a informar a la Corte si estaban investigando, o habían investigado, con respecto a los hechos delictivos presuntamente cometidos en la Situación».

El Fiscal notificó a Venezuela acerca de una reunión que se llevaría a cabo en diciembre del 2021, pero la misma no se pudo realizar.

«El 3 de enero de 2022, Venezuela solicitó información adicional a la Fiscalía en relación con los hechos que serían objeto de la investigación. El 13 de enero de 2022, luego de una consulta adicional realizada virtualmente con las autoridades venezolanas, el Fiscal respondió a su solicitud. Brindó información adicional sobre los actos que pueden constituir delitos a los que se refiere» la investigación.

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Añade que, «en un espíritu de cooperación, diálogo y equidad, el Fiscal acordó además conceder a Venezuela una prórroga de tres meses. Es decir, hasta el 16 de abril de 2022, para informar a la Corte sobre su investigación». Esto, «dado que este plazo vencería normalmente el 16 de enero de 2022».

Explica que «esta prórroga es apropiada y justificada debido a varias circunstancias que deben considerarse excepcionales. Entre otras cosas, el tiempo transcurrido entre la solicitud de Venezuela y su respuesta. Además del «suministro de información adicional y los intentos fallidos de la Fiscalía de reunirse en persona con las autoridades venezolanas».

Señala que «esta prórroga también está justificada para permitir tiempo suficiente, para que el Fiscal viaje a Venezuela antes del período de vencimiento».

La idea de este viaje es «entablar un diálogo significativo con gobierno venezolano, sobre cuestiones de admisibilidad». Todo «con el fin de evaluar, entre otros, el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos».

En el documento, «la Fiscalía ha sido informada (por Venezuela) que no están investigando a ninguna persona por los actos delictivos presuntamente cometidos».

Resalta que la administración de Maduro «informó a la Fiscalía que necesita más tiempo para responder a la notificación».

“Si como ha dicho que avanzan las investigaciones, significa que están encontrando evidencias que justifican la apertura del juicio”, expresó la doctora Blanca Rosa Mármol de León; al referirse al anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) de avanzar en las investigaciones en contra funcionarios venezolanos de cometer crímenes de lesa humanidad.

Destacó la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que “de llevarse a cabo el juicio sería un procedimiento muy importante; no sólo para Venezuela, sino para toda la América Latina, porque lamentablemente se ha generalizado la impunidad”.

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En declaraciones a El Impulso, Mármol de León  precisó que “son buenas noticias para nuestro país las declaraciones dadas por el abogado Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional”.

La docente universitaria y especialista en materia penal, aseguró que “si culminara favorablemente el proceso investigativo, como se espera; entonces comienza el juicio, en cuyo desarrollo se determinará quiénes son culpables de los delitos que se están procesando en los momentos”.

Un dato relevante para la exmagistrada es que “la Corte está actuando porque han concurrido familiares de muchas víctimas y existe una voluminosa documentación”.

“Se asentaría un precedente y sería ejemplarizante la decisión que se tome en nuestro país”, agregó.

La magistrada destacó que la administración de Maduro ha buscado un acercamiento con la Corte.

Específicamente se refirió al momento cuando estaba El Aissami (hermana de Tareck El Aissami) como embajadora representante de la misión de Venezuela ante la CPI; y tenía una relación amigable con la entonces fiscal de ese organismo.

Marmol de León señaló que los personeros del chavismo “están en esa onda y hace pocos días, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, tenía previsto un viaje a los Países Bajos, pero por medidas de seguridad no se autorizó el aterrizaje del avión que la llevaría”.

También se refirió a que el fiscal Khan visitó Colombia; y estando en ese país fue invitado por el régimen de Nicolás Maduro a Caracas.

Sobre esta visita dijo que fue una sorpresa que “le hiciera firmar a Maduro el documento destinado a realizar la investigación por delitos de lesa humanidad”.

El 3 de noviembre del 2021 quedará como una fecha clave e histórica en materia de derechos humanos para Venezuela y el mundo.

En un programa especial de Cara a Cara, la periodista, Mildred Manrique; explica qué ocurrió y qué viene ahora luego de la decisión del fiscal de la CPI, Karim Khan.

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Luego de una agenda que Khan completó en el país durante tres días, dio una sorpresiva noticia, de comenzar una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Ahora comienza un nuevo proceso, en el que Karim Khan tendrá entrevistas con testigos y hasta víctimas de estos crímenes cometidos por la administración de Nicolás Maduro.

Luego que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunciara frente a Nicolás Maduro que iniciará una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela; hay que explicar en qué consisten las normativas por las que se rige la CPI para hacer tales investigaciones, entre ellas, el Estatuto de Roma.

El 17 de julio de 1998 se estableció la CPI gracias a la firma de decenas de países que conformaron el Estatuto de Roma, su herramienta constitutiva. Entre esas naciones, Venezuela destacó en el año 2000 por ser el primer país latinoamericano en suscribirse a este tratado. Según la propia Corte, en 2019 al menos unos 123 países habían sellado su rúbrica en el Estatuto de Roma. Hoy alcanza los 183 signatarios.

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Lo crearon debido a que en el último siglo han ocurrido las peores atrocidades de la historia. En demasiados casos, estos crímenes se cometieron bajo impunidad. Esto generó que otros desacataran abiertamente las leyes de lahumanidad.

La Argentina ratificó el Estatuto de Roma en 2001, menos de tres años después de su adopción.El Estatuto de Roma entró en vigor el 1º de julio de 2002 y consta de un Preámbulo y 13 partes.

La corte, en virtud de las normas del Estatuto que la autorizan, podrá pactar con diferentes Estados diversas formas de cooperación, de investigación o de cumplimiento de condenas. Estos pactos suelen considerarlos complementarios al Estatuto para quienes los firman. Además, El Estatuto de Roma contempla que la Corte Penal Internacional tendrá un carácter complementario a las jurisdicciones nacionales.

Identifica conductas calificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros.

Estos definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre.

El hecho de que una persona haya cometido un crimen por órdenes de un superior, no exime a esa persona de responsabilidad, por lo general.Entre el 31 de mayo y el 11 de junio de 2010, se llevó a cabo la Primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en Kampala, Uganda. La cual reunió a más de 80 delegaciones, representantes de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes.

El Estatuto tipificó cuatro delitos para la competencia de la CPI: El crimen de genocidio; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Uno de los aspectos resaltantes del pacto es la improcedencia de cargo oficial que pueda tener un eventual señalado. Es decir, todos son iguales ante la CPI, aunque el acusado sea, por ejemplo, jefe de Estado.

En tal sentido, la administración de Nicolás Maduro tuvo que aceptar el establecimiento de un Memorándum de Entendimiento con el fiscal Khan, cuyo objetivo será facilitar la presente investigación.

El fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, celebró el memorándum de entendimiento que firmaron Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan.

Sin embargo, reaccionó a la investigación que hará la CPI sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela.

Asimismo, se aferra al principio de complementariedad para que esta investigación se detenga y que los crímenes sean investigados por la justicia nacional.

En ese sentido, alegó que desde el Ministerio Público investigaron y condenaron a los asesinos de David Vallen illa y Fernando Albán.

Destacó que en esos dos casos en los que hubo infracción por parte de las autoridades, actuó la “justicia nacional”.

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En ese sentido, William Saab, señaló que ellos, van a seguir “investigando en el caso que nos entreguen; en el que nos prometan para una investigación habrá una respuesta oportuna”.

Por lo tanto indicó que siempre han estado a favor de colaborar ante cualquier denuncia de violaciones a los DDHH en Venezuela.

“No es que estamos dispuestos a colaborar, es que siempre lo estuvimos y por eso estuvimos en La Haya, entregando casos, pruebas, pero eligieron el silencio».

Sobre la firma del Memorándum de Entendimiento entre Nicolás Maduro y la CPI, «Esperamos que a partir de esta firma, de este memorándum, las cosas cambien para bien y se establezca la verdad”.

En cuanto a su actuación ante los crímenes de lesa humanidad, William Saab, explicó que no pueden someterlos a la silla eléctrica; porque en Venezuela no hay pena de muerte.

“Se les establece la pena máxima para que paguen por sus actos”, dijo durante la entrevista.

No obstante, diversas Organizaciones No Gubernamental denuncian las torturas a las que presos políticos son sometidos.

Incluso, varios de los crímenes de lesa humanidad que enviaron ante la Corte Penal Internacional está el asesinato de Fernando Albán; y del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo.

Ambos arrojaron signos de torturas en los exámenes forenses, y se determinó que fue por ello que murieron.

En la tarde de este miércoles, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció que el caso Venezuela I cierra su fase preliminar y pasa a fase de investigación.

Es decir, investigarán los crímenes de lesa humanidad; sin embargo, en paralelo está activo el principio de complementariedad.

Este veredicto, trajo consigo varias reacciones, principalmente de dirigentes políticos que celebraron este anuncio.

Por su parte, el líder opositor, Juan Guaidó, resaltó que la apertura forma de la investigación reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela; sobre todo,  para las víctimas y sus familiares.

Mediante su cuenta en Twitter ratificó que se mantiene en la lucha por la justicia.

Guaidó aseveró que va a colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad.

También al establecimiento de responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando.

Ratificamos nuestra lucha por la justicia y nuestro compromiso en este sentido: colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad y al establecimiento de responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando.

En ese sentido, Iván Simonovis, ex comisario policial, resaltó que tanto Nicolás Maduro como sus funcionarios están en la mira de la justicia internacional.

“El Fiscal Karim Khan ordena “Auto de Proceder” a la investigación por delitos de Lesa Humanidad», escribió en su cuenta de Twitter.

.@NicolasMaduro junto a la estructura que lo apoya en la mira de la justicia internacional. El Fiscal @KarimKhanQC ordena “Auto de Proceder” a la investigación por delitos de Lesa Humanidad. pic.twitter.com/nJlN3MsNPv

El diputado elegido en el 2015, Miguel Pizarro, celebró la decisión de la CPI. Aseveró que el “teatro” de la administración de Nicolás Maduro, “quedó desmontado”.

«Autores y perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y de la violación sistemática de DDHH deberán enfrentarse a la justicia», indicó.

También envió un mensaje, a las víctimas de crímenes de lesa humanidad:

«Este avance en la CPI es también un reconocimiento a las víctimas y familiares que claman a diario justicia; investigación y reparación ante las violaciones de DDHH. Así como a activistas y sociedad civil, quienes han realizado una ardua labor», escribió en Twitter.

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Las organizaciones también fijaron posición, entre ellas, Amnistía Internacional, la cual, aplaudió el avance de la Corte Penal Internacional (CPI), para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Por lo tanto sostuvo que es “un paso firme hacia la búsqueda de la justicia”.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), señaló que es una decisión histórica.

«Este paso representa una luz de esperanza en la lucha por la verdad y justicia para miles de víctimas Venezuela», puntualizó.

Acceso a la Justicia, destacó la importancia de que la Corte Penal Internacional haya decidido avanzar con la investigación por los crímenes de lesa humanidad.

La ONG, aseguró que está claro para la Fiscalía de la CPI que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2017

«Al no haber habido hasta ahora justicia sobre esos crímenes, la CPI es la competente para investigarlos a través su fiscalía y establecer los presuntos responsables”, determinó.

Por su parte, Provea, también celebró la decisión de Karim Khan. Su director, Rafael Uzcátegui, aseguró que esta decisión corrobora todas las denuncias hechas contra la administración de Maduro.

«La apertura de una investigación formal en CPI ratifica que: Sí ocurrieron crímenes contra la humanidad y 2) No han sido investigados debidamente hasta ahora. Se derrumba la estrategia de simulación oficial promovida atropelladamente en las últimas semanas», escribió en Twitter.

La oposición liderada por Juan Guaidó dijo este martes que la administración de Nicolás Maduro está buscando demorar el comienzo de la investigación formal de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra por los presuntos delitos de lesa humanidad que se le atribuyen.

«Queremos alertar a la comunidad internacional sobre una operación del gobierno de Nicolás Maduro para dilatar el inicio de una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra cientos de venezolanos, mediante la simulación de una reforma del sistema justicia», dijo la oposición en un comunicado.

El texto difundido por Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela designado por Juan Guiadó, señaló que la maniobra del gobierno se debe a los informes de la «Fiscalía de la CPI y de la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que subrayaron la inexistencia de un Poder Judicial independiente capaz de investigar las violaciones contra los ciudadanos».

Por ello, asegura la oposición, el gobierno «está simulando una especie de reforma del sistema de justicia nacional» reseñó EFE.

Recuerda que en Venezuela están «enmendando leyes» y desarrollando investigaciones que «simulan ser independientes; además han procesado a funcionarios de bajo nivel dentro de la cadena de mando».

«Debemos alertar con firmeza que ninguno de estos procesos va a la yugular del problema de DD HH (…). Un ejemplo palpable de que no se han hecho esfuerzos reales de cambio es que la semana pasada murió en custodia del gobierno el general Raúl Isaías Baduel, quien en vida sufrió torturas, aislamiento, detención arbitraria y negación de la justicia», agregó.

Baduel, quien fue ministro de Defensa del presidente Hugo Chávez (1999-2013), murió en prisión, según la Fiscalía, por un paro cardiorrespiratorio debido al covid-19, pero su familia y abogados rechazan esa teoría, y en el texto difundido este martes por la oposición se señala que las circunstancias de muerte son dudosas.

De esa manera, la oposición insiste en que «no debe confundirse ni reconocer avances del régimen» por las decisiones que está tomando, pues consideran que «son un maquillaje de una grave situación de DD HH que empeora cada día».

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«La comunidad internacional debe presionar para que se desarrollen investigaciones independientes, se liberen a todos los presos políticos y, especialmente, se avance en el proceso de la CPI», indicó.

La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

La exfiscal de la CPI Fatou Bensouda dijo el 15 de junio, antes de dejar su cargo, que existe «una base razonable» para creer que en Venezuela se cometieron «crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017».

El caso continúa en manos del ahora fiscal Karim Khan.