De acuerdo al más reciente informe elaborado por la ONG, Una Ventana a la Libertad (UVL), durante el año 2023, los hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad, es decir, bajo custodia del Estado venezolano, siguen muriendo de complicaciones respiratorias, tuberculosis, desnutrición, cáncer e infartos, entre otras enfermedades.

A través del Informe Anual, la ONG indicó que al menos 17 personas, recluidas en centros de detención preventiva o retenes policiales, fallecieron por razones de salud: 8 durante el primer semestre y 9 durante el segundo semestre 2023.

Durante este periodo falleció otro detenido que se había fugado y fue recapturado.

La organización llama la atención sobre la violencia autoinfligida y destaca que en el año 2023 se registraron 5 casos de suicidios dentro de algunos calabozos policiales.

“La cifra de suicidios es tan alarmante que podemos compararla con la de los casos de tuberculosis”, se lee en el informe reseñado en una nota de la UVL.

La investigación revela también que un privado de libertad, recluido en un calabozo policial, murió luego de recibir un golpe en el abdomen.

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En cuanto a las cárceles, prisiones o internados judiciales la situación de precariedad es similar.

UVL logró registrar la muerte de 19 hombres en estos lugares: Complicaciones pulmonares/ respiratorias (7), Hemorragia digestiva (1), Meningitis (1), Paludismo (1), Tuberculosis (8) y Tumor cerebral (1). A esta cantidad hay que sumarle el fallecimiento de tres mujeres: tuberculosis (1), cáncer (1) y desnutrición (1).

“La mayor parte de estas enfermedades pueden ser controladas o erradicadas, pero el hacinamiento, la falta de ventilación en las celdas y la ausencia de enfermerías acentúa e incrementa la aparición de estas dolencias”, indica el documento.

La tuberculosis, enfermedad infectocontagiosa que persiste entre la población reclusa venezolana, cobra fuerza y se expande con facilidad por el nivel de hacinamiento, porque las celdas no tienen suficiente ventilación, porque en estos lugares escasea el agua potable, porque los presos no son expuestos con frecuencia a la luz solar y porque los enfermos conviven con los sanos.

Este informe anual de Una Ventana a la Libertad se denomina: “Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela 2023”.

El equipo que lo realizó está conformado por Carlos Nieto Palma (Director General), Magaly Huggins (Coordinadora de Investigación), Carol Carrero (Coordinadora Operativa) y 26 investigadores, todos periodistas, con amplia experiencia en la fuente penitenciaria y derechos humanos.

Desde hace 8 años Una Ventana a la Libertad investiga, de manera exclusiva, la situación de los hombres y mujeres que se encuentran recluidos en los centros de detención preventiva del país, también llamados retenes o calabozos policiales.

Este informe es el número 19 que esta Asociación Civil realiza sobre este importante tema.

El año 2022 culminó con un total de 16.837 personas detenidas en calabozos policiales: 15.280 hombres (90,7%) y 1.557 mujeres (9,3%). Este año cerró con un hacinamiento de 176,2%.

Durante el año 2023, Una Ventana a la Libertad logró monitorear la situación de la siguiente cantidad de calabozos policiales a nivel nacional: Primer semestre: 282 y Segundo semestre: 293.

La organización indica que al evaluar detenidamente la situación en estos lugares determinó que al cierre del año 2023 el hacinamiento en los centros de detención preventiva alcanzó la cifra de 189,31%.

Agrega que la población penal en estos lugares, convertidos en las nuevas cárceles del siglo XXI, es la siguiente: Primer semestre 2023. Población masculina: 20.886 detenidos para una capacidad instalada de 10.842 cupos. Hacinamiento de 192,64%. Segundo semestre 2023. Población masculina: 17.481 detenidos para una capacidad instalada de 9.234 cupos. Hacinamiento de 189,31%.

Año 2023. Población femenina, Primer semestre: 1.773 detenidas, Segundo semestre: 2.028, para una capacidad instalada de 213 cupos. Hacinamiento de 832,39%.

A manera de ejemplo: En el Distrito Capital (Caracas) la capacidad instalada es de 1.053 cupos y el 2023 cerró con 3.036 detenidos (a), lo que se traduce en un hacinamiento del 288,59% y en el estado Zulia la capacidad instalada es de 930 cupos y el año 2023 cerró con 2.473 detenidos (as) alcanzando un hacinamiento de 265,91%.

UVL recuerda que el 21 de junio de 2021 se creó la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, la cual debía resolver en 60 días el grave problema de hacinamiento existente en los calabozos policiales del país. Pasados tres años la organización considera que el mandato no ha cumplido con el objetivo que se planteó.

Destaca que en el año 2021 fueron liberados 6.390 detenidos (2,35% ) y fueron trasladados 2.066 (2.43%). “Los datos numéricos parecen grandes, pero los porcentajes dicen lo contrario”, indica el informe.

La organización considera que el año 2022 fue el más exitoso en este sentido: liberados 7.930 (9.15%) y trasladados 2.871 (4,78%) y en el año 2023 los índices bajaron significativamente: liberados 453 detenidos (2,59%) y trasladados 479 (2,74%).

“El gobierno obtuvo lo que buscaba, es decir, propaganda, imagen pública nacional e internacional, pero eso no resolvió el problema de hacinamiento en los retenes policiales”, precisa el documento.

Agrega que el llamado Plan Cayapa tampoco cumplió con las expectativas anunciadas.

Una vez más Una Ventana a la Libertad destaca en su informe anual que la tuberculosis encabeza el problema más grave de salud que presentan los privados de libertad en Venezuela.

Al detallar las enfermedades que padecen los presos y presas en Venezuela la organización explicó lo siguiente:

Primer semestre 2023: TBC: hombres 318 casos, mujeres 14 casos, Escabiosis (sarna): hombres 660 casos, mujeres 43 casos, Gripe: hombres 1019 casos, mujeres 33 casos, Covid 19: hombres 17 casos, mujeres 2 casos, VIH-SIDA: hombres 44 casos, mujeres 1 caso, para un total de 2.151 personas enfermas.

Segundo trimestre 2023: TBC: hombres 338 casos, mujeres 15 casos, Escabiosis (sarna): hombres 572 casos, mujeres 21 casos, Gripe: hombres 803, mujeres 50 casos, Covid 19: hombres 5 casos, mujeres 0 casos, VIH-SIDA: hombres 50 casos, mujeres 2 casos, para un total de 1.856 personas enfermas.

La investigación indica que en los retenes policiales también existen otros trastornos de salud como cáncer de mama, Accidentes Cerebro Vasculares, Esquizofrenia, hipertensión, parálisis cerebral, tumores cerebrales, complicaciones respiratorias/pulmonares, infecciones bacterianas y mastitis.

La falta de baños, la existencia de letrinas improvisadas y la acumulación de heces fecales y basura dentro de las celdas contribuye a que los detenidos se enfermen con frecuencia. Es obvio que dentro de estos lugares hay todo tipo de animales rastreros además de moscas, zancudos y cucarachas.

“El aseo urbano puede tardar hasta una semana en llegar lo que facilita la putrefacción de los residuos biológicos”, precisa el informe.

UVL destaca que al cierre del 2023, 2.028 mujeres se encontraban recluidas en centros de detención preventiva. Agrega que solo existen 12 calabozos policiales a nivel nacional exclusivos para ellas, 74 exclusivos para hombres y el resto, es decir, 207 retenes son mixtos.

“Solo en 3 centros de detención preventiva, a nivel nacional, se les entrega papel toilette y toallas sanitarias a las mujeres detenidas”, refleja la investigación.

La organización llama la atención sobre el hecho de que las mujeres no tienen derecho a recibir visitas conyugales, sin embargo, algunas de ellas están embarazadas. “O ingresan embarazadas o fueron embarazadas durante su estadía en el calabozo policial”, indican los investigadores.

Explica UVL que por lo general a las mujeres detenidas se les ubica en precarias oficinas convertidas en celdas, cuando ingresan o quedan embarazadas no se les presta atención médica adecuada y solo se les traslada a un centro asistencial cuando se presenta el alumbramiento.

“En los calabozos policiales hay más espacios para la población LGBTIQ+ que para las mujeres”, indica el informe.

Por cierto, la familia de los detenidos (víctimas por parentesco) son los únicos responsables de la sobrevivencia de todos los detenidos y detenidas.

Madres, esposas, hermanas y concubinas son las que suministran alimentos preparados, alimentos para preparar, ropa, calzados, agua potable, productos de aseo personas, productos de limpieza para las celdas y hasta pagan los traslados en carros particulares cuando el detenido (a) debe ir a un centro asistencial.

Una Ventana a la libertad considera que la grave situación penitenciaria del país se mantiene debido a que todas las normas a cumplir requieren, para su ejecución, la existencia de un gobierno democrático.

“Aquí está el problema, los privados de libertad sobreviven no solo al hacinamiento y a las pésimas condiciones de reclusión sino al colapso de la democracia y de toda su institucionalidad”, aseguran.

A manera de reflexión final la organización sugiere la convocatoria de expertos (as) en políticas públicas penitenciarias, que se cumpla el debido proceso y poner fin a la violación de los derechos humanos de las personas detenidas o presas y sus familiares.

La tuberculosis ha sido la peor condena para los privados de libertad debido al alto contagio que hay en las cárceles de Venezuela causado por el hacinamiento y la malnutrición, al menos siete detenidos murieron a causa de esta enfermedad en penales del estado Lara en lo que va de año 2022.

En el estado Lara han muerto 21 reclusos y 33,3% ha sido a causa de tuberculosis, según los registros que publicó el portal La Prensa de Lara.

Las cifras de los reclusos muertos son de las cárceles ubicadas al norte de Barquisimeto, así como también los Centros de Detención Preventiva (CDP).

La Comunidad Penitenciaria Fénix ha sido la que más casos letales ha registrado con un total de 15 detenidos muertos, mientras que el Cicpc suma dos decesos al igual que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a su vez el Centro Penitenciario David Viloria y la Policía del estado Lara (Polilara) tienen uno cada uno.

La última muerte que se ha registrado en la región larense fue la de Eduardo Rafael Vargas Mendoza, de 42 años de edad, recluso de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, el hombre presentaba insuficiencia respiratoria aguda y tuberculosis.

Se pudo conocer que Eduardo presentó problemas de salud y fue llevado hasta el área de enfermería del penal, pero el 06 de diciembre decidieron trasladarlo al Hospital Central Antonio María Pineda al ver que su estado de salud se estaba deteriorando.

La condición de salud de Eduardo era delicada y luego de casi tres días de estar recluido en el hospital murió.

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Las muertes de los reclusos a causa de la tuberculosis ha ido aumentando desde el año 2019, esta es una enfermedad que algunos la catalogan como una pandemia y en Lara los privados de libertad han sido los que más la padecen.

En 2019 murieron 10 detenidos por tuberculosis, el siguiente año fueron 23, en 2021 fallecieron 35 por enfermedades entre tuberculosis e insuficiencia respiratoria y este año la cifra bajó a siete detenidos muertos.

Familiares de algunos reos de penales y CDP han denunciado la falta de atención y negación de medidas humanitarias.

Destacaron que los privados de libertad se han visto afectados por enfermedades que vulneran sus vidas, debido a la falta de atención médica, hacinamiento y poco acceso a los alimentos.

La negación a la atención médica continúa y la desnutrición en los penales venezolanos es una realidad que mostró el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) durante el año 2021, en el que aseguraron que de 232 reclusos que murieron 90 fueron por condiciones de salud. Lara fue el estado con mayor cantidad de privados de libertad fallecidos.

De quince estados que monitoreó la ONG durante el año 2021, Lara se ubica en el primer puesto, pues en la entidad se registraron 35 privados de libertad muertos, en su mayoría por condiciones de salud, como tuberculosis.

El hacinamiento en las cárceles sigue pasando factura y las enfermedades como la TBC sigue ganando terreno, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el país, existe el 158% de sobrepoblación penitenciaria.

En julio de este año, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, denunció que desde 1999 a 2021 murieron 7.792 presos en las cárceles del país.

Enfatizó que del 2018 al 2021 aumentaron las muertes por desnutrición y tuberculosis, causas que han superado a los decesos producto de la violencia.

Dijo que solo en 2021, de 126 personas que murieron dentro de las cárceles, 90 fueron por desnutrición y tuberculosis.

Desde tempranas horas de la mañana de este martes #19Jul, reclusos dentro de las celdas de la comandancia de la Policía del Estado Portuguesa, protagonizan un motín, solicitando respuesta ante el retardo procesal.

Dicha acción comenzó con un incendio provocado por los reos, que al intentar apagarlo los funcionarios policiales, se produjo un enfrentamiento con los detenidos, lo que ha motivado que las zonas aledañas al recinto policial están cerradas y tomada la zona por medidas preventivas.

? ¡MOTÍN EN COMANDANCIA POLICIAL!Un motín se registró este #19Jul en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Portuguesa, producto de un conato de incedio por parte de privados de libertad, quienes exigen mejores condiciones.Vía: @milmanrique@ImpactoVE ? pic.twitter.com/Tv0WWK9sOM

Inicialmente, se pudo conocer que dos funcionarios policiales resultaron heridos durante la reyerta y los trasladaron hasta un centro asistencial cercano.

Vale destacar que al lugar del evento acudieron representantes de la Defensoría del Pueblo y de la fiscalía, para tratar de mediar la situación con los manifestantes.

La Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad, habría manifestado que según información ofrecida por familiares de los presos, algunos estaban heridos y necesitaban atención médica.

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Los reos estarían protestando por el retardo procesal, así como la restitución del régimen de visitas, el cual supuestamente está suspendido desde que comenzó la pandemia por coronavirus en Venezuela.

Familiares de Pablo Cárdenas, empresario que se encontraba tras las rejas tras ser acusado en el 2016 por el traslado de 359 kilos de droga hacia República Dominicana en una «narcoavioneta», denunciaron que el reo murió por diversas afecciones médicas este #21Jun, las cuales no fueron atendidas.

La denuncia se hizo pública a través de la Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad, ONG dedicada al problema carcelario, quienes aseveran que en los últimos meses han muerto unos once presos en el estado Lara; todos por condiciones médicas por las que esperaban resoluciones humanitarias para atender sus padecimientos, pero nunca llegaron.

Mariaelena Meléndez, esposa de Pablo Cárdenas, comentó que desde hace tres meses el reo entró en una fase crítica. Según la ONG, «varias enfermedades se encontraban en fase de metástasis según diagnóstico médico que le hicieron a finales de mayo de 2022. En detalle, tenía adenocarcinoma metastásico de pleura, derrame pleural en el pulmón derecho metastásico, nódulo pulmonar en lóbulo superior derecho, plastrón ganglionar en región cervical derecha, múltiples agrandamientos de ganglios linfáticos en el pecho y abdominales, infección de piel y partes blandas en los glúteos, hipertensión arterial e hiperalbuminemia».

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El pasado 21 de junio, Cárdenas fue trasladado desde su actual centro de reclusión, en la Fénix del estado Lara, al hospital universitario Antonio María Pineda, en la ciudad de Barquisimeto.

«A las 3 de la tarde nos avisaron desde Fénix que sería trasladado al hospital central. Me pidieron una bombona de oxígeno y que buscara una ambulancia que tuvimos que pagar con nuestro dinero. Llegó aquí y a la hora murió», dijo Meléndez quien señala directamente a las autoridades carcelarias de Lara, ya que dice que los abogados defensores, desde que conocieron las afecciones de Cárdenas, han solicitado una serie de medidas humanitarias para atender al paciente y ninguna fue concedida.

Según Una Ventana a la Libertad, Cárdenas sería el segundo recluso, de los once detenidos por el hecho, que muere tras las rejas sin atención médica.

El primero fue José Humberto Hernández Rodríguez, un hombre de 68 años de edad, quien en marzo del 2021 falleció después de sufrir tuberculosis y no ser atendido.

También se encontraba en la cárcel Fénix y los familiares indicaron en su momento que solicitaron varias medidas, incluso, tenía una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero igual no lo atendieron.

En el 2016 fueron detenidas doce personas, entre ellas Cárdenas y Hernández Rodríguez, por su presunta relación al envío de una avioneta con 359 kilos de drogas, que fueron incautados en el aeropuerto de La Romana en República Dominicana.

Pablo Cárdenas fue acusado como autor intelectual del envío. Los familiares dicen que los hoy fallecidos eran personas inocentes, que fueron injustamente encarceladas.

El año pasado, Diosdado Cabello anunció la «revolución judicial» que, entre otros objetivos, tenía la misión de descongestionar las cárceles, mediante la solución del problema del retardo procesal.

Un año después, esa «revolución» no solamente no solucionó ese conflicto en particular, sino que las cifras de hacinamiento y desnutrición en los penales y retenes policiales del país aumentaron.

Así lo muestran las cifras presentadas este martes, en una reunión de la oposición, donde acordaron denunciar «el fracaso» de la política carcelaria de la administración de Nicolás Maduro.

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En el documento se «rechaza de manera categórica las políticas penitenciarias y deplorables condiciones humanas que ocasionan alarmantes problemas de desnutrición, hacinamiento, retardo procesal y muertes de la población privada de libertad en Venezuela».

Condena «el fracaso de la Revolución Judicial que estuvo a cargo del ciudadano Diosdado Cabello y del sistema penitenciario en manos de Nicolás Maduro».

Además, «reconoce la labor del Observatorio Venezolano de Prisiones que expuso la coyuntura penitenciaria en una audiencia del 183 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».

En esa sesión acordó trabajo conjunto para «elevar más casos de las graves violaciones a los derechos fundamentales de la población carcelaria ante la Corte Penal Internacional». Esto, tomando en consideración también la decisión del fiscal Karim Khan de instalar una oficina en la ciudad de Caracas.

Asimismo, en el acuerdo piden «hacer un llamado ante la comunidad internacional para la aplicación de un mecanismo que permita tomar acciones políticas concretas contra los perpetradores de violaciones de derechos humanos en Venezuela».

El dirigente opositor, Williams Dávila, fue el encargado de presentar las cifras que avalan la situación de las cárceles en el país.

«La realidad de las cárceles venezolanas es caótica e inhumana, como consecuencia de que Maduro viola el artículo 272 de la Constitución. La desnutrición, hacinamiento y el retardo judicial, pone en evidencia su política de aniquilamiento paulatino de los privados de libertad», argumentó el vocero.

«Las 52 cárceles que hay en Venezuela están socavadas de hacinamiento, corrupción, destrucción, enfermedades y violación de derechos humanos», agregó.

Aseveró que la infraestructura carcelaria no es suficiente para una población carcelaria de 32 mil privados de libertad. «Su capacidad real es para 20 mil presos, por lo que el hacinamiento supera 158%», alertó.

En cuanto a la ingesta de alimentos, precisó que: «12.7% de los presos come tres veces al día, 40.1% una vez al día, 38% dos veces al día y 9.2% nunca recibe comida en el día».

Dijo que «desde el 2017 hasta enero 2022, la desnutrición, el paludismo y la tuberculosis son las principales causas de muerte en las cárceles. En ese lapso han fallecido 1.730 presos, 960 provenientes en los centros penitenciarios y ellos 412 murieron por desnutrición».

Denunció que “las mujeres presas están en un estado de indefensión, las autoridades que la cuidan muchas veces las violan, no reciben atención médica y se les viola el derecho humano de la menstruación”.

La realidad de los calabozos policiales de Venezuela no es tan diferente. «Allí se viola de manera sistemática la permanencia preventiva de los detenidos que debe ser de un máximo de 72 horas. Esas detenciones preventivas se convierten en detenciones definitivas”, afirmó Dávila.

“El ministerio para el Servicio Penitenciario, perdió el control de todas estas cárceles, debido a que existen dos sistemas de convivencia tutelada entre pranes y el Estado”, fustigó.

Por su parte, el dirigente Gilber Caro, dijo que «Nicolás Maduro sigue violando los derechos a los privados de libertad, negándoles la alimentación, salud, cultura, deporte y al debido proceso».

«No reciben la adecuada alimentación y por ende, muchos de ellos, están muriendo por desnutrición, paludismo y tuberculosis”, agregó.

Precisó que más de 70% de los presos no reciben la “justicia rápida y expedita para la víctima y victimario”.

Mientras que la exdiputada por Carabobo, Deyalitza Aray, denunció que «las cárceles venezolanos son escuelas del crimen donde mandan los pranes”.

“No hay política alimentaria para los presos. Se desconoce el presupuesto manejado por las personas que usurpan las funciones en el Ministerio y tampoco hay inversión para las infraestructuras de las cárceles”, exclamó.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sustituyó este lunes al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y al de prisiones. Además, llamó a todos los poderes a un «acuerdo nacional», en un intento por aplacar una crisis carcelaria atizada por el narcotráfico. Este año deja más de 320 presos muertos en brutales enfrentamientos.

Lasso «aceptó la renuncia» del jefe del comando conjunto; vicealmirante Jorge Cabrera; y del director del organismo a cargo de prisiones (SNAI), Bolívar Garzón, indicó la secretaría de Comunicación en un comunicado.

Los responsables salieron de sus cargos ante un sistema penitenciario en caos por el desafío de las bandas del narcotráfico; la cuales se disputan el poder dentro y fuera de las prisiones. El fin de semana, 68 reclusos murieron en un choque a bala, con explosivos y a machete en la principal cárcel del puerto de Guayaquil (suroeste); el gobierno calificó de «barbarie».

Este lunes Lasso, en el poder desde mayo, se reunió en Guayaquil con los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía. Además de ministros de seguridad y los titulares del Congreso; la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. El mandatario, señaló por Twitter que pretende concretar un denominado «Acuerdo Nacional para Afrontar la Crisis Carcelaria».

«El país está bajo el ataque, bajo una mafia internacional de los cárteles de la droga», expresó a su vez el vocero presidencial, Carlos Jijón, al canal Teleamazonas.

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Sin embargo, el portavoz también deslizó la tesis de un complot político para desestabilizar al gobierno de Lasso; quien es investigado por el Congreso por su relación con el escándalo de los «Pandora Papers».

«El objetivo real (de la masacre) era cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación», señaló Jijón. Agregó que la crisis no se reduce a «un enfrentamiento entre bandas o pandillas de la cárcel»; sino que se trata de «una situación extremadamente grave que tiene ramificaciones políticas».

El mandatario designó como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas al general Orlando Fuel, quien era comandante del Ejércit. Encargó la dirección del SNAI a la agencia de inteligencia del gobierno CIES. El general Luis Burbano pasó a ser comandante del Ejército.

Los enfrentamientos del viernes y sábado sacudieron la penitenciaría Guayas 1 de Guayaquil. En esa prisión en septiembre ya habían muerto 119 reclusos; denominada la masacre carcelaria más cruenta ocurrida en Ecuador y una de las peores de Latinoamérica.

Según autoridades, desde el domingo no se registran incidentes en el sistema penitenciario del país; los cuales están sumidos en la anarquía y la violencia, con una sobrepoblación del 30%.

Debido a la situación en las prisiones y la violencia del narco, Lasso decretó dos estados de excepción: uno el 30 de septiembre por 60 días para las cárceles; otro el 18 de octubre también por 60 días, movilizando a los militares a las calles para que apoyen a la policía en patrullajes y requisas.

Pero la Corte Constitucional limitó su alcance; prohibiendo el ingreso de efectivos militares a las penitenciarías. Autorizaron solo su presencia en los exteriores hasta finales de este mes. También dispuso que los militares patrullen las calles por no más de 30 días.

A pesar de las restricciones, militares armados de fusiles ingresaron a la cárcel Guayas 1, constataron periodistas de la AFP.

«Han entrado el día de hoy más de mil efectivos», declaró el gobernador de la provincia del Guayas; Pablo Arosemena, al canal Ecuavisa.

La tasa de homicidios subió de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 10,6 entre enero y octubre de 2021, según el gobierno.

Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína. Ecuador pasó de ser un punto de almacenamiento y tránsito de droga a enfrentar las mafias del negocio y sus millonarios recursos. Solo este año ha decomisado la cifra récord de 167 toneladas de drogas.

Las masacres carcelarias en el país son cruentas, con cuerpos quemados, decapitados y desmembrados.

La violencia del fin de semana dejó personas «asesinadas, incineradas, mutiladas». Varios de los «cuerpos están irreconocibles, tienen que hacerse pruebas de ADN» para ser identificados, dijo el vocero presidencial.

Además, las autoridades investigan si un radar militar que Ecuador puso a funcionar en octubre para luchar contra el narcotráfico. Esto dejó hace una semana de funcionar debido a una explosión, fue blanco de un ataque «terrorista».

Con capacidad para 30.000 personas, las 65 prisiones ecuatorianas están ocupadas por 39.000 reclusos, una superpoblación del 30%. Del total de reos, 15.000 carecen de sentencia.

Ecuador vivió una nueva masacre carcelaria que deja al menos 68 presos muertos y que elevó a más de 320 los fallecidos en 2021 por una guerra entre bandas vinculadas con el narcotráfico.

Estas bandas, a sangre y fuego, se disputan el poder dentro y fuera de las rejas.

Estas son las claves sobre la reciente matanza, tildada por el gobierno de «barbarie».

La cárcel Guayas 1, la más importante del puerto de Guayaquil (suroeste ecuatoriano) con 8.500 internos y una sobrepoblación de 60%, volvió entre viernes y sábado a ser escenario de una matanza tras la del 28 de septiembre, que para entonces dejó un saldo de 119 reos muertos, entre ellos decapitados, desmembrados e incinerados.

Esa penitenciaría está repartida en doce pabellones, en los que están internados por separado miembros de por lo menos siete organizaciones criminales con nexos con cárteles internacionales del narcotráfico como los mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

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Desde la revuelta de septiembre, que se constituyó en la mayor masacre carcelaria de la historia de Ecuador y una de las peores de Latinoamérica, la violencia no ha parado en esa prisión.

Con la reciente matanza de 68 reos, la cifra subió a 202 fallecidos.

Esta semana continuaron los incidentes a bala, murió un reo, y otro preso y un guardia penitenciario resultados heridos en sendos casos.

La Policía evitó el viernes el ingreso de cinco pistolas, dos fusiles y 27 bultos con municiones y explosivos a través de una reja que da hacia una calle.

El cabecilla de un grupo criminal fue liberado hace poco, lo que fue aprovechado por grupos rivales de tres bloques para atacar con armas y explosivos al pabellón 2, al cual accedieron rompiendo una serie de paredes.

«Pretendían doblegarlos, entrar a hacer una masacre total», dijo Pablo Arosemena, gobernador de la provincia del Guayas (cuya capital es Guayaquil).

«Pudimos constatar lo que estaba sucediendo: cruces de bala muy intensos (…), detonaciones, una situación de salvajismo», precisó.

La Policía empleó gas lacrimógeno para «disuadir» a los atacantes y entró a la cárcel horas después de que se iniciara la arremetida por el alto riesgo que corría su personal, según autoridades.

Imágenes divulgadas por redes sociales muestran cadáveres ensangrentados y a reclusos prendiendo fuego a varios cuerpos.

Los atacantes quemaron colchones para crear «humos tóxicos, buscando intoxicar. No se limitaron en tratar de doblegar (…) ya sea ahogándolos o ya sea dinamitándolos o disparándoles», remarcó Arosemena.

El ataque se produjo en la noche y fue destruido el sistema de iluminación de la penitenciaria, donde han sido identificadas por lo menos siete organizaciones.

La comandante de la Policía, general Tannya Varela, señaló que en ese reclusorio hay un «vacío» por la ausencia de cabecillas en varios pabellones que ha desatado una «disputa de poder y lucha por el liderazgo».

La reciente masacre «posiblemente pueda generar otras acciones», advirtió la oficial.

Las 65 prisiones ecuatorianas tienen capacidad para 30.000 personas, pero están ocupadas por 39.000, con una superpoblación del 30%.

Gregorio Contreras, de 23 años, fue decapitado y uno de sus brazos fue mutilado, el hecho se registró en el centro penitenciario de La Pica, estado Monagas. Pero, posteriormente la madre del preso, Maglis Andreina Contreras, de 40 años, fue asesinada de múltiples balazos en su vivienda.

El doble crimen ocurrió cuando líderes negativos del lugar ordenaron la ejecución de Gregorio Contreras y la presunta venganza contra sus familiares. La dama pagó por las consecuencias de sus hijos.

Los hampones llegaron a la casa de la mujer de 40 años en busca del hermano del recluso. Pero al no dar con su paradero, la mujer recibió la descarga de balas. Según comentaron personas cercanas al caso, bajo la condición de anonimato.

Trascendió que Maglis Contreras acudió como de costumbre al Centro Penitenciario de Oriente (CPO) a visitar a su hijo. Iría a llevarle comida y otras objetos personales.

Pero, la mujer no estaba al tanto de que su hijo había violado a la visita de otro preso. Ella al retirarse a su casa, en la calle 3 del sector 4 de Sabana Grande, fue vigilada por otros presos para conocer el lugar donde vivía.

Al consumar el despiadado crimen en La Pica, no pasó mucho tiempo cuando el sonido de varios dispararos se oyeron en la casa de Contreras. Buscaban al hermano del recluso asesinado pero su madre recibió los tiros por él.

Los hampones se marcharon a toda prisa, para no dejar rastro. Pero algunos testigos lograron verlos merodear la zona. Los cadáveres de madre e hijo fueron ingresados entre la noche del lunes 7 de diciembre a la morgue del hospital central de Maturín.

Funcionarios del CICPC recibieron el parte del femicidio ocurrido en la parroquia Las Cocuizas. Al llegar al lugar del suceso realizaron las experticias y levantamiento del cuerpo.

El cadáver decapitado de Gregorio Contreras fue sacado hasta la entrada por «varones» de la iglesia. Comisiones de Servicio Penitenciario y Guardia Nacional (GN) trasladaron los restos mortales a la medicatura forense. Fuentes ligadas al suceso informaron que Contreras Moreno tenía dos expedientes por homicidio calificado por el Tribunal Primero de Control del estado Monagas.

Con información de La Prensa de Táchira.