Un estudio reciente revela que la crisis educativa en Venezuela está latente. Según sus resultados, la sociedad, entretenida en temas diarios más urgentes, como rendir los pocos ingresos para comprar alimentos, ha desatendido otros asuntos vitales.

Así lo refleja el Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno, que revela que 2,8 niños y adolescentes venezolanos son analfabetos.

Es decir, casi un tercio de la infancia del país no sabe leer, escribir ni realizar operaciones matemáticas básicas.

A este respecto, Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Distrito Capital (Sinvema DC), denunció que los estudiantes de educación básica son víctimas de un sistema educativo deficiente, que los promueve de grado sin estar preparados, incluso llegando a la educación superior, de acuerdo , recoge el medio El Impulso.

«Jóvenes egresan con un déficit considerable de conocimientos. Estudiantes que pasan de primer a segundo grado sin saber leer, ni el abecedario completo, ni sumar. La deficiencia que tendremos de ahora en adelante será alarmante», advirtió Machado.

Esto se ve agravado por la deserción escolar, la cual alcanza niveles preocupantes. Ofelia Rivero, representante de la Unidad Democrática del Sector Educativo, alertó sobre la falta de políticas públicas efectivas para abordar los problemas estructurales del sector, lo que ha provocado que al menos 2.800.000 niños en edad escolar queden fuera del sistema educativo, según datos de la Alianza por la Educación.

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Como si fuera poco, existe la necesidad de abordar el déficit de docentes, que alcanza el 25% en áreas críticas como Física, Química y Matemática, refiere el profesor Oscar Iván Rose, de la ONG Con La Escuela.

Enfatiza la importancia de resolver la situación económica de los maestros y eliminar el horario mosaico, producto de las dificultades que enfrentan para costear el transporte.

Hace un par de semanas, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), publicó un informe con el resultado de un estudio realizado para verificar el nivel educativo de los alumnos de primaria y bachillerato, en el cual se determinó que los estudiantes apenas saben leer y escribir, a decir de las deficiencias que tienen en habilidades básicas como lectura y matemáticas.

Ahora, a través del portal RFI en español, un reportaje asegura que la infraestructura escolar pública del país pasa por su peor momento.

A continuación reproducimos la publicación, en la cual se destacan no solamente las fallas en la infraestructura, sino las deficiencias en el personal, principalmente relacionado con los maestros y profesores.

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En el 80% de las escuelas de Venezuela, los alumnos van a clases solo dos o tres días por semana. Y no es por no querer, sino porque en el país no hay suficientes maestros.

El comienzo del nuevo año escolar llegó con la extensión de una práctica iniciada a mediados del anterior: trabajar bajo un «horario mosaico», una modalidad que reduce la actividad escolar, según explicó Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros de Caracas.

«El docente que antes iba los cinco días de la semana, cumpliendo 40 horas, asisten ahora solo dos o tres días, dependiendo del acuerdo alcanzado con los padres y representantes. Algunos colegios han tratado de estar abiertos toda la semana y entonces, por ejemplo, dan primero, segundo y tercer grado los lunes, miércoles y viernes; y cuarto y quinto los jueves y viernes.»

La crisis económica impacta los sueldos de los maestros que dejan de dar clases y difícilmente son reemplazados.

El meollo de la cuestión es que los maestros no tienen suficientes ingresos. En noviembre de 2023, un docente en lo más alto de la escala salarial cobra 450 bolívares mensuales, el equivalente a 0,43 dólares diarios.

Es una cifra muy por debajo de la línea de pobreza fijada en 2011 por el Banco Mundial, de 1,9 dólares diarios. Pero esos son docentes con más de una década de servicio.

Los maestros con menor experiencia, apenas alcanzan los 0,32 dólares diarios. «Los docentes queremos trabajar los cinco días, confiesa Machado, pero queremos que el salario nos alcance para cubrir las necesidades básicas.»

La última vez que el Estado ajustó los salarios de los educadores en el país fue en marzo de 2022, y el resultado estuvo muy alejado de las aspiraciones del gremio.

Todo el año 2023 estuvo marcado por continuas protestas de maestros por mejores pagos, pues los que reciben no les permiten mantener a su familia o siquiera pagar transporte público para llegar a las aulas. La inflación acumulada de este año ya alcanza 176%, y la anualizada 362% hasta octubre.

«Venezuela tiene los docentes peores pagados de toda América Latina -sentencia Machado- más abajo que Cuba y Haití que siempre decíamos que eran los más bajos de América Latina».

Pero, ¿cómo se impuso el «horario mosaico»? Para la investigadora Luisa Pernalete, del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, la propuesta surgió de manera informal por parte de las propias autoridades, para permitir que los docentes pudieran realizar otra actividad para obtener ingresos adicionales.

«En noviembre 2022, explica a RFI, el Ministerio de Educación redujo la hora de clase de 45 a 35 minutos. Era para que hubiese un grupo que tuviera clases en la mañana y otro en la tarde. Pero eso se ha venido reduciendo porque hay secciones que se han juntado por falta de alumnos o de maestros».

Lo que comenzó entonces como una opción de emergencia, se fue extendiendo por todo el país. Donde no llegó la sugerencia ministerial, surgieron acuerdos entre docentes y padres.

La Federación Nacional de Padres y Representantes calcula que se está aplicando en el 80% de las escuelas públicas de Venezuela, un dato no menor cuando la mayoría del alumnado depende del sistema público.

Según el presidente Nicolás Maduro, entre «el 80 y 85% de los estudiantes están en escuelas y universidades públicas» lo que supone que deben recibir 200 días de clases por año.

Sin embargo, en 2023, en promedio, un niño que asiste a una escuela con «horario mosaico» tiene entre 8 y 12 días de clases al mes, y de 16 a 20 días libres.

La ONG Con La Escuela publicó un estudio según el cual la mitad de los maestros del país tiene otro trabajo, que ejerce cuando no da clases. Uno de ellos es Raúl Parra, un docente desde hace 24 años en Caracas que es también fisioterapeuta y reconoce que «cuando en 2016 ví que ya no me alcanzaba el dinero que cobraba como maestro, tuve que ponerme a ejercer la otra profesión».

El sindicalista Edgar Machado abunda en ese sentido: «Tenemos personas que pintan uñas, otras hacen tortas, otras venden café. Y las pocas que tienen carro, hasta de taxista están haciendo».

A pesar de aplicarse de manera informal desde hace meses, fue recién en octubre 2023 cuando la ministra de Educación, Yelitze Santaella, dijo públicamente que el «horario mosaico» es ilegal.

Pero nada ha realmente cambiado desde entonces y las consecuencias las siguen cargando los más jóvenes. Dany Pineda es padre de dos hijas.

La mayor, Daniuska, quiere ser abogada tras haber terminado sus cinco años en la secundaria, pero reconoce el impacto de una secundaria deficiente: «Desde que empezó en el liceo, tuvo matemática de primero a quinto año solo uno o dos meses. De primero a cuarto año no tenía profesor. Ella misma admite que no sabe nada de matemática».

Pero el cuadro lo completa su hija más pequeña, Daniela, quien cursa cuarto año de secundaria, pero apenas ha pisado las aulas «porque el primer año fue en pandemia, con trabajo a distancia. Segundo, en pandemia, y solo conoció a los profesores. en tercero. Ahora están trabajando dos días por semana».

Por su parta, Eilyn Márquez, dice que su hijo Gabriel, de 14 años de edad, está también cursando dos días a la semana. «Solo está viendo 6 de las 11 materias que debería. No tiene profesor de química, de física, ni de deporte. En el boletín de año pasado sale como si hubiese cursado todas las materias, y no es verdad».

Y es que en el sistema educativo venezolano está prohibido aplazar a estudiantes. Nadie repite. «El Ministerio obliga a los docentes a pasar a los muchachos de un grado a otro superior -dice Machado- tenga o no los conocimientos necesarios. Tenemos jóvenes que están egresando y no saben ni tomar un dictado. Lo pudimos comprobar cuando una universidad privada llamó a una prueba de ingreso y no pasó ni siquiera el 1%».

No solo la economía de los maestros los pone en jaque. Los hogares de los alumnos también sufren y así es como Eilyn Márquez debió pasar a su hijo a una escuela pública cuando ya no pudo pagar el colegio privado.

Dany Pineda le pide a sus hijas conformarse con lo poco que tienen porque «pagar una clase privada es muy cuesta arriba y la situación económica ahorita solo da para comer».

«Yo nunca pensé -agrega Eilyn- que los profesores que no iba a tener eran los de materias tan básicas como castellano o matemática. Es una frustración porque tú quieres que tu hijo tenga una educación adecuada».

Para la investigadora Luisa Pernalete las consecuencias del horario mosaico y los demás problemas de la educación venezolana muestran secuelas casi de inmediato, y además, abren la puerta a una desigualdad mucho mayor entre quienes estudian en escuelas privadas y públicas, y dentro de estas, quienes logran tener más o menos días de clases.

«Los adolescentes que están fuera del sistema escolar, que no trabajan ni estudian, tienen más riesgo de ser reclutados por las bandas criminales.»

La Federación de Padres y Representantes asegura que el 27% del alumnado ha abandonado el sistema educativo, y el Sindicato de Maestros cifró en 40% la inasistencia escolar la segunda semana del periodo recién iniciado en octubre de 2023.

La cifra duplicó la de años anteriores y la confirmó el docente Raúl Parra cuando dijo a RFI que cuando él comenzó a trabajar en su institución de la capital «la población escolar era de 2.200 estudiantes y hoy no llegan a 500. Sin embargo, dice, a los ausentes los encuentras trabajando en los mercados populares como carretilleros o buhoneros».

Quienes aún permanecen asistiendo a clases, no tienen su año escolar asegurado.

El Sindicato de Maestros dice que la deserción docente ha escalado hasta el 70% en la última década, con un constante goteo que no se detiene. Machado enumera las bajas: «La docente de primer grado dio a luz, y esos niños no tendrá clase casi todo el año porque no hay suplente. La maestra de cuarto y sexto grado renunciaron.

También la de tercero porque dice que vendiendo café en una esquina gana en un día lo que haría en un mes». Una lógica que lleva a la investigadora Pernalete a preguntarse «¿Cuánto heroísmo se le puede pedir a los maestros si no se elevan los salarios?»

Por ahora luce difícil que las condiciones cambien. La Ministra de Educación argumenta desde 2022 que no pueden discutirse nuevos contratos colectivos porque las sanciones internacionales han dejado al gobierno sin dinero.

«Se estará dando respuestas cuando estén las condiciones económicas. Tengan esperanza», dijo la funcionaria mientras el sistema educativo venezolano continúa desangrándose.

Desde Pakistán a Ucrania, desde Afganistán a Venezuela o en vastas extensiones del África subsahariana, las crecientes crisis y las catástrofes climáticas están haciendo mella en los más vulnerables: los niños sin acceso a la escuela.

«Es horrendo, y es difícil de imaginar», dijo Yasmine Sherif, directora del fondo de la ONU Education Cannot Wait (La educación no puede esperar), enfocado en la educación en zonas de crisis.

«Lo han perdido todo, y encima han perdido el acceso a una educación de calidad», apuntó en una entrevista reciente, reseñada por la agencia AFP.

Sherif habló con la AFP de cara a una cumbre de la ONU sobre la crisis educativa que tendrá lugar el lunes, un día antes de la Asamblea General anual.

Este fondo de la ONU calcula que 222 millones de niños en todo el mundo han visto su educación interrumpida por conflictos o desastres relacionados con el clima, incluidos casi 80 millones que nunca pisaron la escuela.

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Lo que aduce la ONU, respecto a que Venezuela necesita asistencia en materia educativa, se comprueba con las cifras reveladas recientemente por el Observatorio de Educación de la ONG Fundaredes.

«89 % de los centros de educación en Venezuela presenta déficit de docentes. 66 % en escuelas públicas y 34 % en escuelas privadas, especialmente en el área de ciencias», señala el estudio.

Además, Fundaredes alertó que «más de 50 % de los docentes han renunciado debido a los bajos sueldos».

«Es alarmante la deserción escolar y las renuncias de profesores que ya alcanza 50%, y que ha tocado a la mayoría de colegios, escuelas y liceos a nivel municipal, regional y nacional», denunció el coordinador del observatorio de Educación de la ONG, Mackler García.

Desde 2016, Education Cannot Wait ha recaudado más de 1.000 millones de dólares para construir escuelas y comprar materiales educativos, así como proporcionar comidas diarias y ofrecer servicios psicológicos. La ayuda llega a casi siete millones de niños en 32 países.

Pero para Sherif, la urgencia de la situación requiere esfuerzos mucho mayores.

«Si vamos a satisfacer las necesidades, hoy tenemos que pensar en términos completamente diferentes (…) Estamos hablando de miles de millones, no de millones» de dólares, señaló.

Tras la cumbre de la ONU, Sherif está organizando una conferencia en Ginebra en febrero en la que el fondo buscará otros 1.500 millones de dólares con el objetivo de llegar a otros 20 millones de niños.

Algunos países occidentales gastan 10.000 dólares al año en la educación de un niño. Si los niños de las zonas de conflicto reciben 150 dólares cada uno, «se puede ver la división extrema», explicó la directora, que es sueca.

En algunas zonas de conflicto, las escuelas han sido destruidas, en lo que Sherif denunció como crímenes de guerra, mientras que otras han sido convertidas en depósitos de armas, en violación del derecho internacional.

Y en otros lugares, el peligro físico o el desmoronamiento gradual de la infraestructura y los servicios públicos han clausurado la educación.

«Lo que ofrecemos es una herramienta, una esperanza, un empoderamiento, para resistir a esas fuerzas en un conflicto y, por sus propios medios, ser capaces de resurgir de esas cenizas», dijo.

La falta de educación tiene consecuencias reales e inmediatas. Los niños acaban a veces en la calle, enfrentándose a amenazas de violencia, a la trata de personas, al reclutamiento por parte de grupos armados o, en el caso de las niñas, al matrimonio forzado.

«Vieron sus pueblos incendiados, sus padres ejecutados, sufrieron violencia. Lo único que les queda es: ‘Si puedo recibir una educación, puedo salir de esto y cambiar mi vida'», afirmó Sherif. «Les estamos quitando esa última pequeña esperanza si no les brindamos una educación».

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Venezuela, presentó este martes los resultados de la Consulta Global por la Transformación Educativa (TES), un estudio que derivó en la expresión de las necesidades de los venezolanos en ese sentido y donde los encuestados manifestaron su preocupación por la precariedad de la infraestructura escolar en el país.

En la consulta participaron más de 173.000 personas de toda Venezuela, según informó el representante de Unicef Venezuela, Abubacar Sultan.

«Los venezolanos consideran que se debe priorizar la implementación de un plan para la mejora de la infraestructura escolar», reveló el informe.

«También pidieron un aumento en la cobertura del programa de alimentación escolar y acceso a internet en espacios educativos», agregó.

Sultan expuso los resultados de esta consulta ante representantes del Ministerio de Educación y destacó la importancia del «intercambio de buenas prácticas, el aprendizaje de otras experiencias y el compromiso del liderazgo en la implementación de las recomendaciones».

Igualmente, la organización ratificó su «compromiso con el aprendizaje de los niños y adolescentes venezolanos mediante la implementación de su programa de educación y fortalecimiento de capacidades en el sector educativo».

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El estudio de la agencia de la ONU coincide con la denuncia que a principios del mes en curso hizo el Observatorio de Educación de la ONG Fundaredes, en el cual revelan la «dura realidad» de la educación en Venezuela que se resumen en mala infraestructura, deserción y bajos sueldos para los maestros.

El informe habla del «detrimento de los niveles educativos en Venezuela, sumado a las falencias (Sic) en infraestructura, deserción escolar y docente, deficiencia en el contenido impartido, además de las deficiencias del Programa de Alimentación (PAE), entre otras necesidades que no son suplidas por el Estado venezolano».

Destaca que «las condiciones paupérrimas son las que se viven a diario en un alto porcentaje de instituciones educativas venezolanas, acentuándose en la zona de frontera donde, sumado a las carencias en infraestructura, servicios, condiciones académicas, se añade la inmersión de grupos delincuenciales que mantienen en zozobra estos sectores».

Un ejemplo de la situación escolar en Venezuela, se da en el estado Táchira, donde, en el primer trimestre del año, se reportó el aumento de la deserción escolar.

«380 educadores decidieron abandonar las aulas y 450 renunciaron. La gran mayoría perteneciente a la nómina del Ministerio de educación, es decir, son docentes nacionales”, señala el escrito.

«El profundo deterioro en el que se encuentra inmersa la educación en el país, ha dejado aulas vacías, no solo por la deserción de estudiantes, sino de docentes que, por la carencia de dignificación salarial, han buscado otras alternativas, dejando a un lado la formación del futuro de un país, que hoy más que nunca necesita de jóvenes con un alto índice educacional», alerta.

«Servicios públicos eficientes (agua, electricidad, telefonía y transporte), habituales programas de alimentación, una alta conectividad a Internet, atención pedagógica adecuada a los nuevos tiempos y especialmente un personal docente altamente capacitado y que goce de excelentes condiciones laborales, es parte de lo que ha hecho que se agrave la emergencia humanitaria compleja», concluye el informe de Fundaredes.

Recientemente, la ONG Cecodap dijo que alrededor de 59 % de los planteles educativos de las 9 entidades: Falcón, Zulia, Bolívar, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, Distrito Capital, Lara y Miranda, «presentaron serios daños en su infraestructura».

Situación sumada a otras carencias, como la alimentación, transporte, crisis económica, violencia e inseguridad, entre otros, que imposibilitan que se inicie con total normalidad el año escolar 2022-2023

En cuanto a los docentes, el sondeo destaca que los mismos se han visto en la obligación de buscar otra fuente de ingresos. «77% admitió tener solo uno adicional, 18% que tiene dos trabajos adicionales, y 3% de los casos, aseguran tener de 3 a 4 trabajos”.

Fallas de servicios públicos, estructuras deterioradas y ausencia de maestros encontraron a los alumnos en el retorno a clases presenciales. Esta precaria situación de los planteles igualmente va a recibir a los estudiantes, una vez que comience el periodo escolar 2022-2023.

La denuncia la hizo la ONG Cecodap y la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (PANA), en un informe conjunto, en el cual documentaron los datos recabados a través de encuestas y entrevistas realizadas en diferentes escuelas, tanto públicas como privadas, con la finalidad de retratar la situación escolar.

Se trata del informe «Estudiar entre ruinas» donde se detalla y relata la situación de los colegios en nueve estados del país, tras la restauración de la presencialidad en las escuelas durante la pandemia.

El documento se elaboró a partir de 11 reportajes y con la participación de 151 personas, de las cuales 39 fueron niños. Con ello se logró una aproximación sobre las condiciones, metodologías y realidades en el regreso a las aulas.

Este proceso de análisis permite identificar un patrón de adversidades y omisiones del Estado que comprometen el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

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El informe destaca que los centros educativos encuestados en su mayoría presentan graves problemas de infraestructura originada por un desgaste natural.

«Pero también por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, incluso obras de construcción en centros educativos iniciadas por el Estado y que no fueron terminadas», señala.

Los colegios tienen «filtraciones, techos caídos, baños inoperativos, falta de pupitres y un precario acceso a servicios públicos especialmente de agua potable, aguas servidas, gas doméstico y electricidad».

“La precariedad en la estructura escolar conlleva a unir salones de clases, improvisar espacios o dar clase en espacios sin techos”, se lee.

Asimismo, se detectaron limitaciones en el Programa de Alimentación Escolar. «Las fallas denunciadas están relacionadas con la cantidad, calidad y frecuencia de los alimentos que integran este programa».

Además, «se verificó que las comidas entregadas a las instituciones no cubren las necesidades nutricionales para los niños, niñas y adolescentes. Sin comida no hay estudio”, enfatiza el documento.

A los problemas en las escuelas se le sumó la deserción de docentes, no solo en áreas científicas (como puede ser matemática, física y química), también en la educación básica.

En este sentido, el escrito resalta que «66% de los centros educativos públicos y 34% de los centros educativos privados tiene déficit de docentes».

La ausencia de docentes obedece a diversas causas principales: «bajos salarios y sobrecarga de trabajo, falta de transporte público e infraestructura que limita el desarrollo de una dinámica escolar de calidad».

Igualmente, resalta que para solucionar el problema, «63% de los centros educativos encuestados cubren la falta de docentes con personal ya jubilado, profesionales distintos al área de la educación, pero con componente docente y en algunos casos un docente puede asumir varias asignaturas o grupos de alumnos».

“Llama la atención que el 37% de los centros educativos encuestados intentan cubrir la falta de docentes con otro tipo de personas, pero sin formación pedagógica o simplemente no cubren las vacantes”, enfatiza el trabajo.

Sin datos no se puede determinar qué cantidad de alumnos dejó de asistir a clases.

«La deserción escolar sigue siendo una intriga; sin embargo, en Miranda (Área Metropolitana de Caracas), Lara y Bolívar tres fenómenos que vacían las aulas se detectaron: cambios de colegios por falta de transporte, trabajo adolescente y migración interna por precios de la gasolina».

“La pérdida de la capacidad de compra del salario, la dolarización de facto de la economía nacional y familiar aunado a los problemas estructurales que presenta el sistema educativo son factores que han provocado que niños, niñas y adolescentes abandonen las aulas de clases para generar ingresos que les permita cubrir sus necesidades básicas y la de sus familias”, se lee en el informe.

Las dificultades de los estudiantes para adaptarse al currículum escolar se hizo evidente durante las entrevistas.

«Se registraron debilidades con la escritura, la lectura y los cálculos números. Además, no se identificó orientaciones por parte del Ministerio de Educación para una adaptación curricular ni se implementaron procesos de diagnósticos psicoeducativos».

“Fue una proceso educativo de masas, generalizado y no diferenciado a las condiciones particulares de los niños, niñas y adolescentes”, agrega el documento.

En cuanto a la violencia contra la escuela, «los constantes hurtos representan un riesgo para la presencialidad de estudiantes y docentes generando carencia de insumos, recursos y materiales indispensables para el desarrollo de las actividades escolares».

Para la documentación de los estragos que ocurrieran dentro de las instituciones académicas, se consultaron 56 centros educativos, entre públicos y privados, en nueve estados del país.

En total, la situación en las escuelas afectó a 32.656 estudiantes, de las cuales 51,5% se encuentran en educación privada y 48,5% en educación pública.

La situación de la educación en Venezuela, sobre todo la de los maestros, ya no da para más. Tanto, que desde el 2018, 20% de los conflicto laborales en el país corresponden al sector, con un promedio de 1.000 protestas realizadas desde ese año.

La denuncia la hizo, a través de una carta pública, el Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN).

«Desde 2018 hasta ahora, el sector educación se ha mantenido, junto con el de salud, como uno de los más participativos en la conflictividad laboral en Venezuela», destaca la misiva.

«Principalmente, su reclamo ha sido por los bajos salarios. Lo que perciben no alcanza para cubrir gastos de transporte diario a los planteles educativos, así como sus necesidades básicas», denuncian.

Resalta que, a pesar de los cambios en los horarios a raíz de la pandemia y las restricciones por movilidad, los maestros tienen jornadas de 40 horas semanales. Este trabajo «no contempla primas ni bono de alimentación. Perciben poco más de dos dólares. Quienes cuentan con un mayor grado académico y años de experiencia, apenas alcanzan a recibir diez dólares».

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Sin embargo, este no ha sido el único motivo de la crisis. Los maestros «también reclaman por el abandono de los planteles educativos, que se encuentran en terribles condiciones de deterioro, así como por los comedores escolares que no funcionan».

El instituto subraya: «aunque es cierto que su vocación es encomiable, también es cierto que un profesional no puede mantenerse en semejantes condiciones y con pésima remuneración. Sus necesidades no están cubiertas y distan mucho de gozar del llamado trabajo decente».

Para la institución, «esta situación preocupa enormemente, ya que se trata de un sector fundamental en el desarrollo de una sociedad. Y ante nuestra crisis actual, los educadores hacen más falta que nunca».

 Maestras preocupadas por la educación de los niños que habitan en Petare, una de las barriadas más pobres de Venezuela, abrieron las puertas de sus casas. Lo hicieron para educar a los menores en medio del cierre de escuelas. Todo, empujado por la COVID-19, que ya suma más de un año y el difícil acceso a internet.

La iniciativa, que comenzó hace varios meses y que cobra cada vez más fuerza, se debe a las dificultades que comenzaron a tener los niños para continuar con sus estudios, reseñó Efe. Todo empeoró luego de que se decretara el cierre de escuelas para evitar el aumento de contagios del coronavirus.

Las clases, por orden de la administración de Nicolás Maduro, comenzaron a impartirse a distancia y de manera virtual. Pero los fallos eléctricos, la lentitud en la velocidad de internet, hicieron más cuesta arriba la educación de los niños. A esto se añade la falta de recursos para acceder a un computador y la ausencia de profesionales educativos.

También intentaron impartir clases a través de programas de televisión para los estudiantes de los primeros cursos de básica. Pero las asociaciones de padres aseguraban que los episodios eran repetidos. Incluso, algunos no se ajustaban a la edad de sus hijos o no estaban de acuerdo con el método de enseñanza.

Ante esta situación, varias maestras, con el acompañamiento de la organización Zona Descarga, decidieron abrir las puertas de sus casas para impartir clases a los niños de Petare. Los niños, en su mayoría llegan sin ningún material escolar, con cuadernos usados o lápices rotos.

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Por la situación económica en Venezuela, el salario mínimo mensual ronda los 2,5 dólares. Por eso, los padres ven difícil renovar el material básico escolar, especialmente en las comunidades más desfavorecidas.

No obstante, hacen un esfuerzo para colaborar con las maestras que llegan a recibir como pago algún tipo de alimento.

«Es muy poco lo que me dan, pero es una colaboración», cuenta Jasmín Castro -licenciada en educación inicial- a Efe. Lo hace desde una de las habitaciones que habilitó en su casa para impartir las clases. Las mismas comenzaron porque los padres le pidieron ayuda.

«Nosotros, como educadores del Ministerio de Educación, el sueldo es muy bajo. Entonces es una manera de yo ejercer mi carrera que es lo que me gusta y es un beneficio», indicó Castro. Explicó que el apoyo que les otorga a los niños es de dos horas diarias y en todas las materias.

Estas maestras no tienen límite de edad para atender a los estudiantes. Algunas también ayudan a adolescentes que estudian secundaria. Aunque actualmente en Venezuela es temporada vacacional, prestan refuerzo educativo y organizan actividades recreativas.

Apoyan ayudando a los alumnos a resolver las tareas que los colegios envían vía correo electrónico o WhatsApp. Lo hacen porque para un estudiante de una institución pública, recibir una clase virtual en vivo es casi imposible.

Ni los profesores cuentan con el apoyo suficiente para impartir las lecciones ni los alumnos con los recursos para recibirlas.

Ese puede ser el escenario en caso de que sus maestros en las instituciones no abandonen sus puestos de trabajo.

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El hijo de 11 años de Yendri Ochoa se quedó sin maestra a mitad de curso. Pasó al primer año de secundaria, aún cuando el colegio no cumplió con culminar el año escolar.

Sin embargo, Ochoa señaló que encontró apoyo para que su hijo pudiera culminar su preparación en una esas escuelas «caseras».

«Él no se atrasó porque ella (la maestra) me lo ayudó aquí con sus tareas», contó Ochoa. Ella es ama de casa y aún no tiene claro cuándo ni dónde comenzará su hijo el primer año de bachillerato.

Hasta el momento, unos 14 hogares funcionan como centro educativo o reforzamiento pedagógico en Petare y unos 153 niños se ven beneficiados.

Zona Descarga planea crear una red de casas de este tipo, a las que ayudan con donaciones de libros, materiales de papelería, muebles o pinturas. La mayoría de ellos usados.

«Esto no es una cosa improvisada, esto surgió de una idea que luego muchas personas empezaron a aportar y a poder llevar a cabo un plan que permita atender esa comunidad de manera integral, porque no solamente se beneficia a los niños, también los padres», dijo uno de los responsables de Zona Descarga, Jimmy Pérez, que promueve actividades contra la violencia.

Nicolás Maduro ha dicho que planea retomar las clases presenciales en octubre, pero dependerá de cómo avance la vacunación contra la COVID-19 que hasta hace un mes cifraba en más de 3.600.000 personas en una población de 30 millones de habitantes.

Expertos e investigadores de la educación en Venezuela se reunieron en un foro donde analizaron la situación del sector. En el evento llegaron a la conclusión de que en el año escolar 2020-2021, los muchachos «no aprendieron nada». Además, constataron los efectos devastadores de la pandemia y de la crisis económica del país, sobre el sistema educativo.

Se trató del foro virtual ¿Cómo terminó el año escolar en Venezuela?, efectuado este viernes 6 de agosto. En el mismo participaron: el director general de Fe y Alegría, Manuel Aristorena y Henry Renna, del Clúster de Educación en Venezuela. También estuvieron, Olga Ramos, de la Asamblea de Educación y Fausto Romeo de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada. Y finalmente, Luisa Pernalete de Fe y Alegría, junto con y Lilia Vega, de la Red de Madres, Padres y Representantes.

Los panelistas hicieron un diagóstico del sector, cuyo balance es negativo. Por lo cual insistieron en que hay que hacer grandes esfuerzos para tratar de recuperar lo que se ha perdido en el sistema educativo del país.

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Los problemas de conectividad, fallas eléctricas, deserción de estudiantes y la falta de servicios básicos como agua y electricidad, incidieron en ese diagnóstico.

Los expertos lamentaron que estos obstáculos se presentaron tanto en los hogares y como en las escuelas. «Son los componentes principales que dificultaron el desarrollo efectivo de este segundo año escolar en pandemia en Venezuela», dijeron.

A esto se suman «las deterioradas condiciones de más de 90% de los planteles en todo el país, sobre todo de la red pública».

También destacó «el pronunciado déficit en los ingresos de los docentes. Aun cuando se les acaba de aprobar un nuevo incremento salarial, no superan los 10 dólares mensuales».

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Sin embargo, los especialistas señalan que es «urgente el regreso a clases presenciales en el país. Debe ser inminente, garantizando todas las medidas para la seguridad de los estudiantes y los maestros».

Recomiendan que para «que el retorno suceda, en las escuelas se tienen que dar condiciones no solo físicas, sino de infraestructura y servicios básicos. También deben garantizar la debida preparación académica y buena paga de los docentes. Y principalmente la posibilidad del libre pensamiento y el no adoctrinamiento».

Sobre la cualificación de los maestros, la profesora Olga Ramos alertó: «hay una importante cantidad de personas que son bachilleres. Los graduaron como docentes a través de una micromisión. Eso es un grave problema para la calidad educativa, porque no están debidamente formados».

Remarcó que la «pandemia lo que hizo es incrementar las desigualdades de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela».

En relación con plan de Nicolás Maduro, Cada Familia Una Escuela, que se implementó desde el inicio de la pandemia en el país, la investigadora dijo que no sirvió de nada. «Las guías de aprendizaje no son para una educación a distancia sino para clases presenciales», aclaró.

Por su parte, el profesor Fausto Romeo, destaca que lo mejor «es que los estudiantes vuelvan a las aulas. Pero preguntamos ¿Cuántos van a regresar, cuántos estudiantes, cuántos profesores? De estos, la mayoría están desmotivados y se han ido».

Por eso, también recomendó que el retorno a los salones «se haga de manera progresiva, desde septiembre».

El presidente de Andiep también denunció irregularidades nacidas en estos casi dos años de pandemia y clases desde casa o semipresenciales. «He conocido de casos de estudiantes que presentaron sus exámenes teniendo delante al profesor a quien le pagaban entre 30 y 40 dólares para que los pasaran», dijo.

Romeo habló de la existencia de «colegios paralelos», cuyos responsables han montado un sistema no legalizado que imparte clases no autorizadas por parte del Ministerio de Educación.