Con 2,5 millones de habitantes, la capital del Valle del Cauca es la tercera ciudad del país. Su población es mayoritariamente negra (52%) y está lastrada por la pobreza (36,3%) y el desempleo (18,7%), según cifras oficiales.

Es un «cóctel con componentes racistas, potenciados por la irritación y el cansancio contra el gobierno; componentes clasistas, exacerbados por una retórica política» que «ha reprimido [la protesta] como si fuera subversión», dice el profesor Delfín Grueso de la Universidad del Valle.

Aquí un retrato de la principal ciudad del Pacífico colombiano que antes de esta crisis era conocida como la capital de la salsa o la del cartel que peleó a muerte con Pablo Escobar por el dominio del narcotráfico en los años noventa, pero que hoy está sitiada por bloqueos, manifestaciones y violentos choques.

La policía, que en Colombia depende del ministerio de Defensa, se especializó en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas en el marco del conflicto armado de más de medio siglo.

La represión de las protestas actuales ha sido «bárbara», según la experta María del Pilar Castillo, de la Universidad del Valle.

«Se recrudece en las noches (…), ayudada con helicópteros, con personas civiles armadas o policías vestidos de civil», explica.

De acuerdo a la ONG Temblores, 35 ciudadanos han muerto en Cali, al menos 14 a manos de uniformados.

Las autoridades no han registrado policías muertos en la ciudad. En las redes sociales abundan videos de civiles disparando. 

«Es un problema de amigo/enemigo. Si la policía ve que ellos [los civiles armados] están contra los enemigos de ellos, que en este caso son los manifestantes, pues no tiene mucho sentido atacarlos. Es una lógica de guerra», añade Castillo.

En casi dos semanas de agitación social han muerto 42 personas, 41 civiles y un uniformado, en todo el país, según la Defensoría del Pueblo.

Lea También: SIN PREVIO AVISO Iván Duque llega a Cali para atender difícil situación por manifestaciones

A las protestas en Cali se han sumado los indígenas, que en el vecino departamento de Cauca cuentan con una de sus principales organizaciones.

El fin de semana fueron víctimas de un ataque a bala que dejó una docena de heridos.

«Cali es una ciudad racista. Lo que pasa es que no se había notado mucho porque la ciudad es segregada», explica Castillo.

Indígenas, negros, ricos y pobres tenían su lugar en la región, pero las movilizaciones mezclaron a unos con otros.

En redes sociales surgió el llamado «movimiento blanco», personas que irrumpen en las protestas vestidos de blanco, en camionetas lujosas del mismo color, convocados en contra de los bloqueos en las vías.

«Son mestizos pero se creen blancos porque se están diferenciando de los afrodescendientes y de los indígenas a quienes llaman indios», sostiene Castillo.

Para Juan Manuel Torres, de la Fundación Paz y Reconciliación, se trata de «élites narcotraficantes» que quieren «hacer justicia por su propia mano».

«Tienen las armas, los recursos, las camionetas blindadas, tienen a sus escoltas y lavaperros (mafioso de poca monta), están formando escuadrones para asesinar manifestantes», precisa.

Cuando Colombia firmó el acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016, las autoridades locales bautizaron a Cali como «la capital del postconflicto».

Durante décadas recibió los desplazados por la violencia y la falta de oportunidades en el Pacífico, que luego se asentaron «en los barrios marginales de la ciudad, sin acceso al trabajo y al estudio», describe Grueso.

El desarme de la que fuera guerrilla más poderosa del continente no cerró el capítulo de la guerra.

La región del Pacífico concentra la mayor cantidad de hoja de coca sembrada (57.897 ha) en el país, según el más reciente informe de la ONU (2019).

La población quedó en medio del fuego cruzado de grupos armados que alimentan una nueva ola de violencia, con masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos.

Disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz; el ELN, última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narco de origen paramilitar se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en esa región.

El gobierno, con una retórica que históricamente ha estigmatizado la protesta social, asegura que las protestas están infiltradas y que hay un plan coordinado de vandalismo.

Una juventud forzada al encierro, descreída de las instituciones y conectada a las redes sociales lidera las protestas en Cali.

La pandemia castigó la ciudad pues precipitó «a buena parte de la clase media en la pobreza y a buena parte de la gente pobre en la miseria», según Grueso.

Un factor cultural añadió chispa al polvorín. La pandemia encerró la salsa y desde entonces «la psique colectiva está anormal», dijo el alcalde Jorge Iván Ospina en entrevista con El País.

«Le apostamos a reducir las infecciones y no entendimos lo que es el encierro para un joven caleño. Tal vez para un joven de Escocia el encierro es otra cosa», concede.

El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo una visita relámpago a la ciudad de Cali, en la madrugada de este lunes. Cali es el epicentro de las protestas que vive el país desde el 28 de abril.

El mandatario permaneció allí cuatro horas para encabezar un consejo de seguridad que abordó la situación en la ciudad, tras los disturbios que dejaron al menos 10 heridos.

Duque, quien en la noche del domingo ordenó militarizar la ciudad, viajó sin anuncio previo. Se reunió con los miembros de su Gobierno, con la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y con el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.

«Nuestro mensaje y mi presencia hoy acá es para que, como comandante supremo de las Fuerzas militares y de Policía, estemos acompañando todas las medidas para proteger a la ciudad de Cali», manifestó en una declaración tras la breve visita.

Sin haberse reunido con ninguno de los manifestantes, el mandatario regresó a las 4.00 hora local a Bogotá. Para este lunes tiene programada una reunión con organizaciones agrupadas en el Comité Nacional del Paro.

Lea también: Linda Loaiza lucha contra la impunidad: «ningún violador merece perdón ni olvido»

«Nuestra función es que los ciudadanos de esta ciudad y de este departamento puedan estar mañana en tranquilidad. Que puedan recuperar su tranquilidad», dijo en sus declaraciones.

Por ello pidió de nuevo que se levanten los bloqueos que realizan los manifestantes en varios puntos de la ciudad. Pidió «permitir nuevamente el restablecimiento de la cadena de abastecimiento».

El domingo, múltiples congresistas, e incluso miembros de su partido, el Centro Democrático, le pidieron a Duque que se acercara a esta ciudad.

«Nuestra responsabilidad no es actuar con brutalidad ni demencialidad», dijo. Agregó que van a «actuar en el marco de todas las competencias y estricto apego a la protección de los derechos humanos».

Expresó que lo hará «para que la ciudad tenga todas las garantías y eviten confrontaciones en los ciudadanos, o lo que es aún peor, que haya ciudadanos que pretendan ejercer control por su mano», alegó.

«Este mensaje es un mensaje que esperamos llegue para que, con estos espacios, tengamos claro que la juventud se debe pronunciar, debe participar, se debe vincular, donde sus propuestas sean las que nos permitan llegar a soluciones rápidas y concretas», afirmó.

El presidente pidió reiteradamente a los indígenas abandonar las ciudades donde están apoyando las protestas y regresar a sus territorios. Lo hizo después de los acontecimientos vividos en las calles el domingo por la tarde con civiles disparando abiertamente y en plena luz del día.

«La restricción de la movilidad que se ha ordenado no es en contra de pueblos indígenas. Es una restricción que se establece para todas las personas en el acceso al departamento, ante la situación de orden público que se está viviendo en el departamento, de manera preventiva», insistió en esta ocasión, recordó Efe.

En Cali supervisamos las medidas que impartimos para devolverle tranquilidad a ciudadanía, fortalecer orden público, y verificar avances en diálogo social. Adelantamos encuentro con autoridades locales, @mindefensa, Fuerza Pública y @MinInterior, para evaluar estas acciones. pic.twitter.com/dpI6AwGn2I

Para el exalcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, lo que ocurre en Colombia tiene un responsable: Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en Twitter, Ledezma asegura que Maduro «exportan a Colombia lo que sabe hacer: crear caos para destruir democracias».

Argumentó que «Maduro y su camarilla fracasaron manejando la economía, la industria petrolera, la agricultura, la educación, la salud, los servicios y finanzas públicas. Pero son expertos en crear crisis».

Lea también: ¡QUIERE LAVARSE LA CARA! Lo que hay detrás de la reforma policial decretada por Nicolás Maduro

No es la primera vez que personalidades acusan a Nicolás Maduro de promover la violencia en el país vecino. Desde el exterior ya lo hizo el propio presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

En una conferencia en Miami, Moreno aseveró que «Cuba y Venezuela tienen sus sucias manos metidas en el conflucto colombiano».

Incluso, funcionarios del gabinete de Iván Duque, como el ministro de Defensa, Diego Molano, sostienen que «hay un fuerte elemento venezolano» en las protestas.

A tal punto que varios venezolanos detenidos en los disturbios han sido deportados.

Aunque oficialmente, los funcionarios de Nicolás maduro niegan las acusaciones, a través de redes sociales, dirigentes chavistas aseguran que «corre una brisita de izquierda en Colombia» que pronto «será roja rojita».

Maduro y su camarilla fracasaron manejando la economía, la industria petrolera, la agricultura, la educacion, la salud, los servicios y finanzas públicas…..pero son expertos en crear crisis, por eso exportan a Colombia lo que saben hacer: crear caos para destruir democracias.

El dirigente opositor, Leopoldo López, lamentó lo que está ocurriendo en Colombia desde hace más de una semana. pero, sobre todo le preocupa que las manifestaciones deriven en actos de violencia que no conduce a nada positivo.

«Los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días, me obligan, no solo como demócrata, sino como ciudadano de una Venezuela aplastada por la dictadura, a expresar mi preocupación por el modo en que las protestas han derivado en jornadas de extrema violencia», expresó en un comunicado.

Agrega que ha «demostrado, por más de tres décadas, que creo en el derecho a la protesta, como una práctica democrática de personas y comunidades. Creo, además, en la protesta como espacio creativo y de reivindicación que debe conducirnos a una vida mejor».

No obstante, aclara que no cree «en aquello que niega y conduce al fracaso de las protestas: la violencia fuera de control». Aseguró que la misma tiene «su secuela de muerte y destrucción». Además «despoja la protesta de legitimidad y la empuja fuera del espacio de la convivencia».

Lea también: Pdvsa busca US$10.000 millones para reactivar producción de gas y pide ayuda al sector privado

Recordó que «quien protesta no debe olvidar nunca que el cuidado de la Democracia no tiene pausa. Es un deber irrenunciable, que impone límites a todos, sin excepción. La democracia es un régimen perfectible, susceptible de mejorarse, pero cuidando siempre su estabilidad y fortalecimiento», enfatizó.

Destacó que «tiene la nación colombiana realidades que constituyen un privilegio: un gobierno, encabezado por el presidente Iván Duque, que ha declarado su disposición a escuchar y atender los reclamos, así como un conjunto de instituciones sólidas y competentes, que sabrán actuar ante los casos de violación de los Derechos Humanos, por parte de los agentes de la violencia, sea civiles o uniformados».

Aseguró que es «uno más, entre millones de venezolanos, a los que nos importa el buen camino de la democracia colombiana. Por por décadas y afrontando los más complejos peligros, ha sabido continuar en su búsqueda de paz y progreso. Por eso digo a mis hermanos de Colombia: no pongan en peligro lo que tantas vidas, sufrimiento y esfuerzos ha costado. La estabilidad democrática es la más alta aspiración de todo pueblo libre».

Este lunes, el ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, presentará su renuncia ante el presidente Iván Duque. lo mismo hará su viceministro Juan Alberto Londoño. Las dimisiones se producen en medio del conflicto desatado por la reforma tributaria. Además del paro nacional y las protestas en todo el país, con saldo de muertos y heridos.

A través de los medios colombianos se conoció que ambos funcionarios se reunirán en Casa de Nariño con Iván Duque. Allí harán efectiva su renuncia, luego que el presidente Duque anunció que retira la reforma.

Ambos funcionarios son los autores y gestores de la polémica reforma. La misma que ha generado rechazo en círculos políticos, económicos y sociales, con especial reflejo en las protestas del paro nacional que se mantienen desde el pasado 28 de abril.

Lea también: Venezolanos con doble nacionalidad pueden cruzar el puente Simón Bolívar para vacunarse en Colombia

Carrasquilla defendió el proyecto por considerar que expresaría una enorme solidaridad entre los colombianos. Creía que podían aportar quienes necesitan recursos. Según el funcionario la reforma tributaria ayudaría a disminuir los indicadores de desigualdad.

«La crisis del COVID nos reforzó nuestra red de protección social. La iniciativa es volver permanente la política de Ingreso Solidario», dijo la semana pasada.

Con el proyecto de Carrasquilla se esperaba recaudar 25 billones de pesos para destinarlos a mejorar las finanzas públicas y a financiar los programas de asistencia social, cuya demanda ha crecido por la pandemia, que obligó a confinamientos prolongados y, con ellos, al normal movimiento de la economía de Colombia.