Dos reclusos que fallecieron esta semana por Tuberculosis en los calabozos del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago en el Zulia, los lanzaron a la calle porque no llegaban comisiones del Cicpc para el levantamiento.

Ángel Eduardo Sanabria Ferrer (26) y Juan Carlos Godoy Rodríguez (32), fallecieron entre la noche y la madrugada del jueves 15 de abril.

Los oficiales de la custodia, cuando agonizaban los reclusos,  no hicieron el traslado a un hospital y fallecieron, informó la organización Una Ventana a la Libertad (UVL).

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Al ver que Comisiones del Cicpc no llegaban para el levantamiento de los cuerpos, los custodios los lanzaron a la a la avenida Andrés Bello, municipio Cabimas del estado Zulia.

No fue sino hasta las 11:50 de la mañana de este jueves 15 de abril que llegó la furgoneta del Cicpc a recoger los cadáveres y trasladarlos a la morgue.

Según la UVL, Sanabria Ferrer, estaba en el penal desde el 18 de febrero de 2017 por el delito de robo agravado.

Godoy Rodríguez ingresó al recinto desde el 19 de enero de 2016 también por el delito de robo agravado.

La organización que defiende los derechos de los privados de libertad en el país, aseguran que los reos “no tienen alimentos”.

Estiman que “15 por ciento de la población presenta enfermedades que comprometen su vida y otro 5 por cierto padece de patologías no controladas como diabetes e hipertensión. Sin precisar cuántos padecen de desnutrición”.

Hambre, enfermedades, retardo procesal y desidia fue la mezcla perfecta que cobró la vida de Johel Antonio Castro. Este joven de 26 años murió en la Cárcel de 26 de julio del estado Guárico y para el régimen es un caso más.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó el caso en su portal. Relató que los familiares de Castro viajaron desde Barlovento. Querían obtener más información sobre la salud de Johel, preso en ese recinto desde hace siete años.

Cuentan que recibieron una llamada telefónica y les informaron que Johel Antonio estaba convaleciente. Presas de la desesperación y conscientes de la desidia que azota a la población penitenciaria, lograron trasladarse hasta el penal. Esto a pesar de la cuarentena obligatoria por la COVID-19.

Lamentablemente Johel Antonio falleció a las 4:00 de la mañana de este sábado 5 de septiembre a causa de presunta tuberculosis. Se convirtió en una víctima más de la precaria situación a la que sobreviven los presos venezolanos. La crisis en los penales ha sido denunciada por esta organización en un sinfín de oportunidades.

Los familiares del recluso fallecido relataron que compañeros de celda del joven los contactaron el domingo 30 de agosto. Les aseguraron que estaba muy enfermo con fiebre, vomitaba sangre y ya no podía caminar.

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Una vez que lograron trasladarse el martes 1 de septiembre, un funcionario del penal los recibió en las puertas del penal. Les indicó que Johel Antonio estaba en perfectas condiciones y que lo atendían en la enfermería. No les brindó mayores detalles sobre la enfermedad que padecía. Los familiares aseguraron que el director se negó a atenderlos.

Pidieron ayuda de un abogado público asignado a su caso para solicitar una orden de traslado hasta un centro asistencial. Pero este nunca les dio una respuesta.

Al mismo tiempo y tras su insistencia, en el penal les aseguraron que este 4 de septiembre le harían la prueba para detectar tuberculosis. Eso nunca sucedió y una de las excusas fue que no tenían cómo trasladarse.

“Ahora sí nos respondieron en el penal para confirmar que estaba muerto. Cuando ya es demasiado tarde. Mi familiar murió de mengua”, dijo uno de los afligidos parientes.

Agregó que los funcionarios del penal tampoco se comunicaron con ellos para informarles sobre el fallecimiento de Johel Antonio. Una vez más, recibieron la noticia de parte de otros reclusos.

Hasta la 1:00 de la tarde de este 5 de septiembre el cadáver permanecía dentro de la cárcel. Supieron que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) no hicieron el levantamiento.

Carolina Girón, directora del OVP, explicó que Johel Antonio también fue víctima del retardo procesal. «Tenía siete años recluido y desde el 18 de agosto del 2018 esperaba ser trasladado hasta los tribunales para iniciar el juicio. Nunca lo hicieron bajo el alegato de que no había vehículos».

Asimismo, exigió a las autoridades penitenciarias que ayuden a esta familia con el traslado de su ser querido hasta el estado Miranda. «No tienen recursos para hacerlo. Desde el momento de su detención Johel Antonio se encontraba bajo la responsabilidad del Estado».

La abogada puntualizó que al equipo del OVP llegó una denuncia acerca de que hace semanas llegaron toneladas de alimentos al penal, en especial productos cárnicos. Pero los presos del 26 de julio continúan sufriendo por hambre.

Girón solicitó una investigación oportuna, exhaustiva y veraz por parte de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.