Este miércoles se lleva a cabo en la Organización de Estados Americanos (OEA), una sesión extraordinaria, en la cual se debate la crisis de Venezuela «y el deterioro de los Derechos Humanos» en el país, tras las elecciones del 28 de julio.

Los representantes de cada país integrante del organismo hacen sus exposiciones y una de ellas fue la de Perú.

El embajador de esa nación, José Luis Sardón, hizo hincapié en el fallo de la Sala Electoral del Tribunal Supremo (TSJ) que avaló los resultados emitidos por el CNE, por lo que dijo que «no puede ser reconocido».

«Hemos rechazado la decisión del TSJ venezolano de convalidar resultados del CNE sin brindar evidencia alguna. Todo allí ha sido falseado”, remarcó Sardón.

“No hay evidencia alguna que lo sustente”, agregó, acerca de la sentencia.

Por su parte, el representante de EE. UU. expresó que «las acciones de Nicolás Maduro no han hecho más que agravar la crisis política humanitaria. La sentencia del TSJ constituye un duro repudio a la voluntad electoral».

Asimismo, dijo que es «desgarrador» el caso de Roland Carreño, igual que el de la activista por los DD.HH., Rocío San Miguel.

«Muertes extrajudiciales son actos destinados a aterrorizar a la población. Los informes detallan que estos asesinatos se dan sin impunidad», sostuvo.

Entre tanto, la embajadora de Guatemala expresó: «La actual coyuntura es una oportunidad para que el Consejo Permanente de esta organización demuestre su determinación en la defensa de justicia y dignidad humana».

«Es necesario mantener la atención en las graves violaciones que ocurren en los países de nuestra región. La crisis de la institucionalidad se ha incrementado», alertó.

En la misma tónica se pronunció el embajador de Uruguay, quien señaló: “No vamos a conceder ni un milímetro en la defensa de los derechos humanos que consagran del respeto de la voluntad popular en Venezuela, que nadie se ofenda porque estamos defendiendo lo correcto”.

«O con la democracia o con los asesinos de la democracia. Cada muerto en Venezuela es el universo, cada torturado es una vergüenza. Hay 30 millones de venezolanos que suplican por paz, ¿alguien los puede oír?», preguntó.

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Por parte de Ecuador, su representante, destacó que el 28 de julio, los venezolanos salieron a votar en paz.

No podemos olvidar que los venezolanos fueron a votar en paz, estamos convencidos que con buena fe. El pueblo venezolano no puede solo con esta lucha, la comunidad internacional tiene que estar a su lado».

Y la embajadora panameña sostuvo: «Demandamos transparencia y respeto a la voluntad popular en Venezuela. Expresamos nuestro profundo rechazo a la represión (…) hemos sido testigos de una escalada en la violencia, detenciones arbitrarias y torturas».

Costa Rica también se pronunció y rechazo la citación contra Edmundo González: “Es responsabilidad de todos apoyar al pueblo venezolano”.

«Para que cualquier verificación sea válida hay que tomar en cuenta las más de 80% actas publicadas por la oposición», dijo la embajadora.

Para el analista internacional, Mariano se Alba, la variedad se declaraciones de parte de los jefes de Estado de varios países, acerca de la situación de Venezuela, denota que no hay una «mediación efectiva» para solventar la crisis política en el país.

«Las distintas declaraciones internacionales de las últimas horas denotan que no existe una mediación activa con comunicación fluida con los actores venezolanos, sino unas propuestas teóricas para tratar de impulsar la resolución del conflicto», dijo De Alba, en su cuenta en X.

Cree que si hubiera «una mediación efectiva, no serían los presidentes de Brasil y Colombia quienes estuviesen haciendo propuestas públicas sobre cómo avanzar, sino que estarían trabajando con oposición y gobierno para tratar de que éstos lleguen a un acuerdo».

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Alerta que otro «factor que complica muchísimo la posibilidad de construir una solución negociada es la incertidumbre sobre lo que sucederá en la elección presidencial de EE.UU. y cómo podría cambiar la política exterior estadounidense sobre Venezuela a partir de finales de enero de 2025».

Explica el experto que «la incidencia internacional existe pero su impacto en las posiciones del gobierno y la oposición es limitado. El gobierno se siente capaz de mantenerse cohesionado y enfrentar nuevamente un aislamiento por parte de Occidente», alertó.

Mientras que «la oposición no concibe una solución distinta que el reconocimiento de su victoria y una negociación que produzca la salida del gobierno y por tanto depende que factores importantes dentro de la coalición de gobierno tengan esa disposición, lo que podría no suceder».

Tambien advierte que «sin flexibilidad y disposición para considerar las propuestas para una solución al conflicto, Venezuela se encamina a una calle ciega de incierta duración, donde el impacto del conflicto lo sufrirán los ciudadanos ante los muy serios obstáculos para una recuperación económica».

Finalmente, el experto alerta que «esa calle ciega es más preocupante en un contexto de una fuerte represión en contra de la oposición y diversos factores de la sociedad civil, lo que dificulta la coordinación ciudadana para presionar por la búsqueda de una solución.

?(1/6) #Venezuela: Las distintas declaraciones internacionales de las últimas horas denotan que no existe una mediación activa con comunicación fluida con los actores venezolanos, sino unas propuestas teóricas para tratar de impulsar la resolución del conflicto.

Uno de los indicadores más conocidos del mundo es el Índice Big Mac, creado por la revista The Economist, que se basa en el precio de la popular hamburguesa de McDonald’s para reflejar el poder adquisitivo de un trabajador y de la economía de un país comparando distintas divisas.

Traducido a lo mundano, el índice Big Mac es el precio de la hamburguesa según el país, y cuánto tiempo se invierte para conseguirla. Los expertos de The Economist solo usan la Big Mac, en lugar de determinar el costo de canasta alimentaria alguna.

Esta larga explicación es para comparar cuán lejos estamos del poder adquisitivo de países denominados del primer mundo, incluso de nuestros vecinos de Latinoamérica. Por ejemplo, para adquirir una Big Mac en Hong Kong, Nueva York y Ámsterdam un ciudadano debe trabajar menos de 20 minutos, mientras que en Caracas la misma cuesta más de 8 dólares y la hamburguesa de menor precio unos 5 dólares por unidad, con un salario mínimo de 130 bolívares, el venezolano trabajar más de un mes para adquirir una Big Mac y casi un mes para comprar la más económica. Una diferencia exorbitante, por eso el connacional migra, entre otras cosas, incluso consciente de todo lo incierto que pueden ser los destinos que encuentre.

Venezuela tiene el Big Mac mas caro del mundo ? El índice Big Mac (en inglés, Big Mac Index) es un índice publicado por la revista The Economist, que permite comparar el poder adquisitivo de distintos países donde se vende la hamburguesa Big Mac de McDonald’s. pic.twitter.com/PqWlN8j8HA

Observando esto, estamos lejos de tener una dieta de una Big Mac diaria (que no se los recomiendo, sino pregúntele al documentalista estadounidense Michael Moore), ¿será porque nos cuidan la salud? Con un salario mínimo ni siquiera alcanzamos para adquirir un pan canilla diario, a un precio de referencia bajo de 5 bolívares, y quedamos fallos, pues nos faltarían unos 20 bolívares al mes. ¡Y olvídense del relleno!

Así que con un salario de ese “calibre”, con el que sobreviven los jubilados, pensionados y hasta algunos trabajadores docentes y de la salud, es impensable alcanzar la compra de la canasta alimentaria familiar, que para marzo de 2023 ascendió a 510,88 dólares (equivalente a 12.715,72 bolívares), según el CENDAS-FVM. Unos 98 salarios mínimos, algo más de 8 años de trabajo.

Canasta Alimentaria de marzo. pic.twitter.com/1XRn12ImsQ

De acuerdo con el informe más reciente del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, en marzo se necesitaron 17 dólares diarios para pagar la canasta básica alimentaria que cubre las necesidades de una familia de cinco personas en Venezuela.

La canasta alimentaria familiar (CAF) está conformada de 60 productos.

El alza se mantuvo a pesar de que, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de marzo fue del 4.2%, 16 puntos porcentuales menos si se le compara con el mes de febrero, recoge el portal Analítica.

Para el estudio de CENDAS, el rubro alimentario que más sintió el aumento fue el de pescados y mariscos, seguido del café, las frutas y hortalizas. Los rubros que registraron variación en los precios fueron: cereales y productos derivados (8,77 %); carnes y sus preparados (6,05 %); pescado y mariscos (11,39 %); leche, queso y huevos (6,60 %); grasas y aceites (0,70 %); frutas y hortalizas (8,22 %); raíces, tubérculos y otros (5,36 %); caraotas, arvejas y lentejas (6,88 %); azúcar y sal (4,01 %); salsa y mayonesa (2,53 %) y café (8,32 %).

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En este contexto pudiera pensarse que siendo la prioridad la alimentación y la salud, cualquier otra exigencia sería un lujo, pero no lo es.

Sin ánimo de entrar en terreno ideológico pantanoso o hablar de la Libia pre o la intervenida, Muamar Gadafi escribió en su Libro Verde que un hombre nunca será libre mientras habite en propiedad ajena o se traslade en un medio de transporte de otro. Bueno esto aplica a muchas sociedades, a los venezolanos y ciudadanos de Latinoamérica.

Con salarios miserables, presos de una renta y no dueños ni de su propia alimentación, es iluso considerarse libre. Migrantes venezolanos agobiados por el pago de servicios y alquileres, que ni siquiera les alcanza ya para enviar las remesas a sus seres queridos, no son libres.

Menos aún el venezolano de salario mínimo que su ingreso no le sirve ni para comprar el pan canilla diario.

Definitivamente, los venezolanos y latinoamericanos no somos libres.

Hacerse un trasplante de órgano en Venezuela se ha convertido en una absoluta odisea. Lágrimas derramadas, sacrificios y buscar elevadas sumas de dinero se requieren para alargar la vida con un trasplante.

Fundaciones precisan que el avance no ha tenido la mayor cobertura en el país, mientras los familiares siguen desesperados acudiendo a la colaboración y venta de bienes para lograr cubrir el protocolo con los exámenes que puede superar los dos mil dólares, incluyendo al posible donante. Otros buscan apoyo para lograr la intervención fuera del país, obligados a abandonar al resto de familiares en procura de la recuperación del paciente, reseña un trabajo de la Prensa de Lara.

La búsqueda es permanente y familiares fijan las esperanzas en ese anuncio de la reactivación del plan para trasplantes en noviembre de 2023. Además que la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) precisó que del 13 al 19 de febrero 2023 practicaron trasplantes renales con donantes vivos, de médula ósea y tejido corneal. Las intervenciones fueron realizadas en la Unidad de Trasplante de Médula Ósea “Dr. Abraham Sumoza” en Valencia, Clínica popular El Paraíso “Dr. Francisco Salazar Meneses” del Distrito Capital y en el Hospital “Dr. Francisco Rísquez”, en Miranda.

Reymer Villamizar, titular de la organización Amigos del Trasplantado en Venezuela, precisa que se trata de un ambiente de opacidad y que la atención desde centros asistenciales públicos debería tener mayor alcance a nivel nacional, al considerar ese grado mayor de dificultad para los pacientes que deben salir de municipios foráneos y gestionar en esas principales ciudades del país.

Lamenta esa preocupación doble, con la familia arrastrada por los gastos del control médico de la enfermedad crónica, siendo las más comunes renal, hepática, leucemia, entre otras.

Los protocolos de exámenes pueden variar de acuerdo con la afección y llegar a superar los 25 estudios, los cuales deben practicarse tanto al paciente como al posible donante y puede rondar los 2.500 dólares. Los resultados de la prueba cruzada confirmarán la compatibilidad, independientemente de la cercanía del grado de consanguinidad entre ambos. Se trata de una extensa lista de exámenes, empezando por la evaluación en lo psicosocial, cardiovascular, neumonología, gastroenterología, urología, nefrología, otorrinolaringología, serología, entre otros.

Villamizar estima que según la última data referida en 2022 por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), los pacientes renales rondan entre seis mil y siete mil en el país, de los cuales aproximadamente el 30 % tiene las esperanzas del trasplante.

Según Héctor Colmenares, titular de la Fundación Amigos del Paciente Renal de Lara (Fundaprel), lamenta que aproximadamente hay 20 pacientes con leucemia que necesitan el trasplante de médula ósea. “Son casos que les cuesta hasta para movilizarse a las diligencias a los centros asistenciales de Caracas para solicitar atención”, precisa de esas dificultades que empiezan por los inconvenientes de traslado.

Considera que el avance es más lento en aquellos que ameritan hígado y que en páncreas están más avanzados en otros países que permitiría la recuperación de pacientes diabéticos. Por ejemplo, en Lara hay alrededor de 50 renales que siguen insistiendo en la receptividad del Hospital Coromoto de Maracaibo.

La enfermedad crónica no sólo trae consigo los gastos permanentes, sino que obliga a salir en busca de atención especializada. explica la Prensa de Lara.

Tal como lo confirman esos testimonios de familiares que les toca dejar sus residencias en el interior del país, buscando diagnósticos y control médico en centros asistenciales de la región centroccidental, así como las principales ciudades de Distrito Capital y Carabobo.

No existen fronteras, cuando prevalece la preocupación por motivos de salud y es así como padres de Puerto Ayacucho son atendidos en Barquisimeto. Además de casos extremos, como la familia Romero Martínez que gracias a la caridad lograron salir de Monagas y finalmente concretarán el trasplante de médula ósea para su hijo de 4 años.

Cada esfuerzo es concebido como un respiro de vida, aliento que les permite seguir luchando y confiando en la recuperación de su hijo. Lamentan que el contexto en Venezuela es muy complejo, que cuesta para cubrir tratamientos y más aún abarcar esa lista de estudios del protocolo para paciente y donante.

Las fundaciones son los pilares para la ayuda y orientación de los familiares con pacientes que ameritan trasplantes.

Asesorías que son más consecuentes al tratarse de solicitudes de atención en otros países y que representa un trajín, para sacar tiempo del acompañamiento al paciente y averiguar los trámites. Lo más importante es tener al día los requisitos migratorios y sólo esperar por la recaudación del presupuesto para viáticos.

Esto lo confirma Luis Romero, quien tenía todos los documentos para viajar a España. Confiesa que se encuentran entusiastas por el trasplante de médula ósea a su hijo, pero le ha sido difícil para conseguir alojamiento. Su esposa se encuentra acompañando a su niño en el hospital y él no cuenta con ese estimado de 400 euros que pueda costar un alquiler.

Confesó que andaba buscando un refugio, pero les exigen que debe ser habitado con la familia completa. De allí, la dificultad para asegurar un techo seguro, mientras otros venezolanos les averiguan de posibilidades de apoyo, aunque sea de manera provisional hasta conseguir un espacio definitivo.

Su ocupación era de albañil en Maturín, teniendo recursos de la construcción y ocasionalmente de chofer. Aspira seguir resolviendo su situación legal y poder ubicar un trabajo para costear sus gastos de alimentación. Ignora por cuánto tiempo deben seguir radicados en España, pero están dispuestos a que sea todo lo necesario para confirmar la tolerancia de este tejido y recuperación del niño. Sólo así superan el duelo por la distancia que los separa de sus dos hijos que quedaron en Venezuela.

Un paso más distante debe dar Dilianny Flores y Yeison Arrieche, padres de José Ignacio, quienes también solicitan el apoyo para sacar los pasaportes y así empezar a tramitar la atención desde España. No han podido por sus propios medios, porque hasta han perdido la cuenta de los gastos entre los ciclos de quimioterapias.

Se aferran a Dios y agradecen infinitamente ese apoyo incondicional de fundaciones. Cada aporte les permite avanzar en el control médico y recuperación del paciente.

Con información de Prensa de Lara

«Una paz es posible». Sobre Ucrania, como en otras múltiples crisis como Venezuela, el francés Emmanuel Macron, intenta forjarse la imagen de presidente-mediador en pos de «éxitos» diplomáticos, aunque sus esfuerzos muchas veces se vean limitados.

El último ejemplo tuvo lugar el viernes en el Foro de París sobre la Paz. Macron, junto a sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y de Argentina, Alberto Fernández, sentaron alrededor de una mesa a enviados del gobierno y de la oposición venezolanos.

Aunque Macron buscaba que ambos acordaran retomar «cuanto antes» la negociación en México, congelada en octubre de 2021, los contactos se terminaron sin una fecha para dicho regreso, pero con «avances», según los enviados.

«Es un primer paso hacia una reanudación de las negociaciones que hasta ahora estaban paralizadas», subrayó a la AFP la diputada francesa Éléonore Caroit, presente en uno de los contactos entre los enviados.

Caroit defiende que Macron pueda hablar «con todas las partes», como en el caso también de la guerra en Ucrania, y estima que «aunque no logre inmediatamente lo que se quiere, se da el ejemplo a otros países de que el multilateralismo tiene razón de ser».

Este es el hilo conductor de su política extranjera que plasmó recientemente en su discurso en la cumbre interreligiosa «El grito de la paz» en Roma en octubre y en su mensaje contra «la fractura del mundo» en la ONU en septiembre.

Macron «busca este papel de mediador», «le ha cogido el gusto» y «le gusta la búsqueda de un acuerdo, de un compromiso», dijo a la AFP Sylvie Bermann, antigua embajadora de Francia en China, en el Reino Unido y en Rusia.

La crisis en Venezuela es de hecho la última de una larga serie de mediaciones, con la guerra en Ucrania en primer lugar.

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En octubre, la presidencia francesa organizó una sesión informativa con los periodistas dedicada al conflicto en Ucrania, pero, a modo de introducción, un asesor detalló los «éxitos» logrados por el presidente y que «merecen» que su «papel» se «destaque».

De las tensiones entre República Democrática del Congo y Ruanda a un acuerdo entre Bulgaria y Macedonia del Norte, pasando por su «intervención» para un entendimiento entre Israel y Líbano. El mensaje es claro: Macron logra resultados por la paz.

Estos «éxitos» a menudo son relativos, como demuestra el deterioro de las relaciones ruandesas-congoleñas o el limitado margen de maniobra en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, en la Moscú y Bakú no quieren ver mediar París, según un diplomático de la región.

La ofensiva lanzada por Rusia en Ucrania en febrero concentra los esfuerzos diplomáticos del presidente francés, quien «asume» seguir hablando con su par ruso, Vladimir Putin, pese a que otros dirigentes occidentales prefirieron cortar el contacto.

Y mantiene un tono distinto incluso en el campo europeo, insistiendo en la necesidad de lograr en última instancia una «paz» negociada «con el enemigo de hoy», «cuando el pueblo ucraniano y sus líderes lo hayan decidido, en los términos que decidan».

Sin embargo, estos llamados a la negociación molestaron en Ucrania.

Para Bermann, el mandatario «hace bien en no rendirse» y «mantener el contacto», ya que es útil en temas concretos como el acceso de los inspectores internacionales a las centrales nucleares amenazadas por el conflicto o la exportación de cereales.

Pero la exdiplomática reconoce que su tarea es «bastante complicada», máxime cuando su par turco, Recep Tayyip Erdogan, «que no es su mejor amigo», aparece en mejor posición para desempeñar el papel de mediador con eficacia.

Michel Duclos, consejero especial del centro de reflexión Instituto Montaigne, se muestra más severo con el inquilino del Elíseo, quien «creyó durante mucho tiempo que sus relaciones personales, su capacidad de convencer harían que Putin se moviese».

«Fue honorable, pero evidentemente fue un error de análisis», dice este exembajador, lamentando que Francia se exponga así a la desconfianza de varios aliados europeos, pero también de Washington.

Pero, en cambio, el jefe de Estado gana en «credibilidad» cuando pide, como hizo en la ONU, «un nuevo contrato entre el Norte y el Sur», instando a los líderes mundiales a rechazar el «imperialismo» de Rusia, según Duclos.

El presidente argentino celebró así el jueves antes de reunirse con Macron que «en el centro del mundo», haya un mandatario con «capacidad de escuchar a los países del Hemisferio Sur y en particular de América Latina».

Un cambio político y participación en unas primarias que definan un liderazgo que conduzca ese propósito, es lo que quieren los venezolanos, en medio de un entorno de debilitamiento de la incidencia democrática internacional sobre Venezuela.

A ellos se suma un crecimiento económico interno de impacto limitado, con desigualdades sociales cada vez mayores y con pocas posibilidades de una efectiva negociación entre gobierno y oposición.

Estas son algunas de las conclusiones del evento Prospectivas II Semestre del 2022, realizado en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Allí, especialistas en diversas áreas expusieron los escenarios del entorno internacional, económico, social y político venezolano.

Al iniciar el encuentro, Benigno Alarcón, director del CEPyG Ucab, explicó que para este semestre no se prevén cambios políticos, «con el gobierno firme y cómodo de Maduro y su círculo con mayor poder dentro del oficialismo».

La oposición, mientras tanto, «sigue fracturada, con poca disposición a colaborar entre ellos, en gran medida por la desconfianza entre unos y otros y el interés en imponer sus posiciones, lo que la debilita».

A juicio de Alarcón, «esto genera una asimetría, con lo cual hace muy poco probable que avancen las negociaciones entre gobierno y oposición, ya que, al no haber presión, el primero evitará que se generen acuerdos políticos que puedan poner en riesgo su permanencia en el poder»,

El director del CEPyG Ucab cree que lo que sí puede ocurrir en el semestre es que «comiencen a desarrollarse iniciativas para organizar primarias opositoras, que pueden activar a la oposición para 2023».

Asegura que se puede «despertar interés entre la población, la cual sigue firme en su aspiración de que ocurra un cambio político y que muestra disposición a participar en tales comicios».

Alarcón refuerza sus palabras con la presentación de los resultados de la encuesta de opinión pública realizada por el CEPYG Ucab, a finales de junio de este año, con apoyo de Delphos.

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Félix Seijas, director de la firma señaló que la mayoría de la población (72,5%), «desea un cambio que le permita mejorar su situación actual y tener un futuro mejor».

Agrega que «ese cambio pasaría por la vía electoral: por un lado, mediante la escogencia de un candidato único de la oposición a través de un proceso de primarias y, por el otro, votando en las elecciones presidenciales programadas para finales de 2024».

La ficha técnica de la encuesta es de un universo de 1.200 consultados a escala nacional, donde el chavismo representa 25%, la oposición 36,4% y 37% no se identifica con ninguna de esas opciones.

Más de la mitad (51,9%) afirmó estar dispuesta a votar en unas elecciones primarias para escoger al candidato opositor que se mediría con Maduro dentro de dos años.

Pero, el porcentaje baja a 40% si el proceso es organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), «organismo que sigue generando desconfianza entre el electorado venezolano».

Seijas aclara que «esa disposición de participar en un proceso de primarias luce bastante alta. Normalmente, ese número se puede reducir a la mitad, pero aun así justifica la exigencia de celebrar un evento de ese tipo, porque se observa un apoyo inédito, por lo menos en Venezuela».

Con respecto a acciones a tomar, 24,2% dijo estar dispuesto a protestar contra el gobierno. Mientras más opositor es, aumenta más.

Seijas expresó que, aunque podría decirse que hay ambiente propicio a la protesta, es difícil que ésta se materialice.

Solo cuando se trata de reclamar por los servicios (agua, electricidad o gas) aumenta a 44,6%. Pero si la pregunta es si estaría dispuesto a participar en acciones violentas contra el gobierno, 84,3% dice que no, básicamente por miedo.

El análisis sobre el complejo escenario internacional en el que se desenvolverá Venezuela durante el segundo semestre del año, estuvo a cargo de los especialistas Elsa Cardozo y Félix Arellano.

Considera que el gobierno mantendrá su reaproximación a la Unión Europea y a EE.UU., manteniendo su rechazo a escrutinios y la exigencia de levantamiento de sanciones.

Por otro lado, seguirá propiciando apoyos geopolíticos y económicos extracontinentales al precio que impongan las conveniencias ajenas, especialmente por parte de países como Rusia, China, Irán y Turquía.

Asimismo, el gobierno seguirá explorando posiciones, coincidencias y relaciones antisanciones, acuerdos económicos opacos y asimétricos (especialmente en petróleo, en manejos financieros) y apoyo a reanimación de foros regionales convenientes (Alba, Celac) y abandono o descalificación de los que no lo son.

«Mostrará posiciones pronegociación sin propósitos de verdaderos cambios políticos ni institucionales. Su interés seguirá centrado en mantener el diálogo directo con la Casa Blanca», dice Arellano.

En cuanto a la oposición, Cardozo y Arellano prevén que Estados Unidos mantendrá un apoyo constante, pero concentrado y limitado por sus desafíos.

Aseguran que Europa reducirá su compromiso con tendencia a reorientación de su incidencia mientras que Latinoamérica centraría su foco en la emergencia de las migraciones, llamados en derechos humanos, oportunidades políticas y materiales de la relación.

A los expertos les preocupa que se profundicen las divisiones, desacuerdos, pugnas por liderazgo que, desde su interior, la fragmentan y alejan de la sociedad.

«Esto podría en riesgo el proceso de reorganización, ampliación y revinculación social como Plataforma Unitaria y de cara a las primarias y adicionalmente provocarían el debilitamiento de la proyección e interlocución nacional e internacional», alertan.

En cuanto al escenario económico, el director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros afirmó que la perspectiva para el segundo semestre se mantiene en el terreno positivo, especialmente en términos de venta y consumo.

Esto, a pesar del freno en el proceso de dolarización que se viene dando como consecuencia de la aplicación del Impuesto a la Grandes Transacciones Financieras.

Sin embargo, destacó que «la actual política de estabilización del gobierno es muy costosa, dado que el Banco Central cada vez tiene que inyectar más divisas para estabilizar el tipo de cambio».

Señala que, aunque el tipo de cambio oficial se mantiene en Bs. 5,61 por dólar, el tipo de cambio de equilibrio se ubica alrededor de Bs. 22 por dólar.

Pero a pesar de las circunstancias complicadas del entorno mundial y de los problemas internos con la producción petrolera, Maduro sigue en su “zona de confort”, lo que se mantendrá así.

“Incluso si el resto de 2022 fuera malo, seguiría casi duplicando a 2021”, dijo el experto.

«Si se produjera una caída del precio del petróleo, su impacto se sentiría en 2023. Para las empresas los mayores desafíos están en el campo de la competitividad y el aumento del costo de vida en dólares», explicó.

Las proyecciones de Ecoanalítica apuntan a que la variación del PIB anual pasará de 0,9% en 2021 a 9,7% este año; el PIB petrolero de 2,8% a 8,7%; mientras que el PIB no petrolero subiría de 0,5% a 9,8%.

Las exportaciones irán de -7,5% a 15,9%; las importaciones de -84,3% a 15,8% al cierre del presente año.

Se estima que la producción petrolera vaya de 632 mil barriles diarios a 756,7 mil barriles diarios en 2022 con un precio estimado de $50 por barril para la cesta petrolera en 2021 y de $78,7 por barril en 2022.

Las reservas internacionales pasarían de 5.750 mil millones de dólares a 4.802 para este año.

Oliveros cerró su intervención señalando que “mientras no se resuelva el tema político, la capacidad de la economía para crecer estará muy limitada”.

Según Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO, y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, OVV, los cambios que se han producido en la economía y que pueden ser interpretados como mejoría, están provocando una mayor exclusión de sectores sociales que no pueden acceder a esas “mejorías”.

También fomentan una mayor desigualdad entre los grupos sociales y a lo interno de dichos grupos. De hecho, 92 % de la población piensa que la distribución de la riqueza en la sociedad venezolana es injusta.

A su juicio, las tensiones entre grupos sociales se concentran entre aquellos que tienen privilegios políticos y/o económicos y el resto de la sociedad. Es decir, entre “los enchufados” y los demás.

No obstante, y a pesar del incremento de la desigualdad en el acceso a la salud, la educación y a los servicios, la mayoría de las personas piensa que el país mejorará en los próximos años.

“Pero esta visión optimista del futuro es limitada, pues se observa que casi la mitad de la población está pensando en emigrar y afirma que le gustaría trabajar en otro país”, advierte Briceño León.

Los traficantes de personas emplean «la corrupción» para que los gobiernos se hagan la vista gorda, afirmó este martes un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos al presentar su informe anual sobre la trata de personas, en el que Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en la lista negra.

Hay 25 millones de víctimas de trata en todo el mundo, afirmó el secretario de Estado Antony Blinken durante la presentación, insistiendo en que «la corrupción sigue siendo la principal herramienta de los traficantes».

«Funcionarios gubernamentales cómplices pueden hacer la vista gorda ante actividades ilícitas, proporcionar documentación falsa a los trabajadores y alertar a los traficantes», lo cual les permite actuar con impunidad, añadió, en reseña de AFP.

Según el informe, Cuba, Venezuela y Nicaragua ocupan el «Nivel 3», es decir aquel donde los gobiernos incumplen los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas.

Estos tres países se unen a Malasia, Afganistán, Eritrea, Guinea-Bisáu, Irán, Birmania, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur, Siria, y Turkmenistán.

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En el documento se resalta que en algunos de los casos, los gobiernos participan en la trata.

Por ejemplo, tomando represalias cuando los ciudadanos se expresan políticamente o mediante trabajos forzados en sectores como la minería, la tala o la agricultura. E incluso enviando a miembros de grupos étnicos minoritarios para ser «desradicalizados» en campos o desplegando trabajadores en otros países sin decirles adónde van, confiscando pasaportes y salarios y vigilando sus movimientos.

Pone el ejemplo de Cuba, que sigue «una política o patrón gubernamental» para sacar provecho de «programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero».

Washington estima que La Habana utiliza «tácticas coercitivas» y no abordó las denuncias de «oenegés creíbles, antiguos participantes (en los programas) y gobiernos extranjeros».

El informe sostiene que no se informa a este personal médico de los términos de los contratos, que varían de un país a otro, y se confiscan sus pasaportes y salarios, y «amenazan a profesionales médicos y sus familiares si los participantes» se van del programa.

Cuba vende servicios a países terceros a través de las llamadas «misiones internacionalistas» que incluyen actividades médicas.

Apenas se publicó el informe, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reaccionó en Twitter diciendo que Estados Unidos «carece de autoridad moral y miente deliberadamente sobre el desempeño de #Cuba contra la trata de personas».

«Sus calumnias no lograrán empañar la labor ejemplar en la prevención y combate a ese flagelo ni doblegar nuestro compromiso con la cooperación médica internacional», añadió.

El Departamento de Estado observa en el informe que La Habana «tomó algunas medidas» contra la trata como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.

También ha visto «algunas medidas» por parte del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega como «el enjuiciamiento de ocho presuntos traficantes y condena a cuatro traficantes sexuales» pero le reprocha que «siga restando importancia a la gravedad» de la trata en Nicaragua, donde la corrupción es «endémica».

Venezuela sale peor parada porque «los representantes del régimen no reportaron haber asistido a ninguna víctima ni procesado o condenado a traficantes», afirma.

Dice que el país «no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo».

La trata de personas afecta especialmente a las poblaciones marginadas, las minorías, los pobres y por supuesto los migrantes.

Ante el deterioro de la economía y la crisis política más de seis millones de venezolanos han huido del país y los traficantes se aprovechan de ello: en 2021, los traficantes atrajeron a mujeres, algunas de ellas transgénero, a España y Alemania con empleo fraudulento y las sometieron a procedimientos quirúrgicos forzados para explotarlas sexualmente.

Cita también el caso de Kali. Creció en Venezuela con su madre y dos hermanos y cuando estaba terminando la carrera de ingeniería, antes de que la universidad cerrara debido a la crisis, se enteró de que una empresa de contratación internacional en línea ofrecía puestos de niñera.

Le propusieron uno en una familia adinerada de Egipto, que le quitó el pasaporte y la retuvo en un sótano con más mujeres y trabajando sin cobrar. Logró escapar y ahora vive en Panamá.

El escrito afirma que la administración de Maduro «continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad».

El dinero que perciben los venezolanos de su salario no alcanza. La comida es la prioridad, comprar ropa es un lujo.

Impacto Venezuela salió  a varias tiendas de ropa donde hay ofertas y consultó a los ciudadanos para conocer si les alcanza el presupuesto para aprovechar las ofertas.

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Algunos dicen que tienen que ahorrar varios meses para comprarle un par de zapatos a sus hijos.

Otros esperan con ansias las utilidades de diciembre para hacer ese gasto.

Esto es lo que nos cuentan los ciudadanos en La Calle Dice…

La otra cara de la migración en Venezuela son esos padres que con mucho sacrificio logran sacar a sus hijos del país y se quedan solos entre recuerdos y la esperanza de que regresen.

En Impacto Venezuela contamos la historia de Yurima Silva, una madre que se quedó sola tras migrar sus dos hijos a Argentina.

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“Ellos dicen que están bien, que tienen oportunidades y que no quieren regresar a Venezuela”, asegura entre lágrimas esta venezolana que vive entre los recuerdos de sus hijos.

Son miles las familias  que se han separado debido a la migración forzada de los últimos años. Más de 6 millones de venezolanos están regados por el mundo; de este grupo, al menos un millón de jóvenes entre 15 y 29 años.

Si hay un gremio que se ha visto afectado en los últimos años por la crisis económica, política y social de Venezuela ha sido el de los docentes.

Según un estudio realizado por la ONG Fundaredes, las renuncias de docentes en las escuelas públicas del país alcanzan el 50 %.

La Asociación Civil Con la Escuela, que monitorea un total de 72 planteles en todo el país, indica que 43% de las instituciones reportaron tener falta de docentes, especialmente en la etapa inicial y primaria, donde alcanzó 18%.

Materias como Matemáticas, Física y Química también presentaron ausencia de profesores. Así como en las áreas técnicas, tales como Refrigeración, Carpintería o Mecánica.

Según Luisa Pernalete, miembro del Centro de Investigación y Formación de Fe y Alegría, el factor económico es el principal motivo por el cual los docentes dejan sus cargos para dedicarse a otros oficios más lucrativos.

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El sueldo de un maestro no da para garantizar su derecho a la alimentación, transporte, vestimenta, y recreación, tal como lo establece la Constitución.

En la actualidad un maestro gana por debajo de los salarios que ofrece Cuba y Haití, que son dos de los países de América que menos pagan a sus docentes.

Según un reportaje de El Nacional, precisa que en 2018 se firmó y aplicó el factor de las tablas de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), lo que violó todo lo referente a la progresividad de los derechos laborales y puso a los trabajadores públicos en desventaja.

Además, eliminó o redujo algunas primas y cláusulas que tenían hasta ese momento los docentes.

«Por ejemplo, hay unas primas de antigüedad que pasaron de 50 a 10%. Por eso, estamos solicitando que esté instructivo sea eliminado, pues viola todo lo que es el contrato colectivo y la ley que se ha establecido en las mesas de negociación», señaló Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital.

Una encuesta realizada por la Asociación Civil Con la Escuela junto a la Red de Observadores Escolares, precisa que los maestros que decidieron continuar impartiendo clases, al menos 46% se traslada a pie a sus lugares de trabajo.

80% de los encuestados que se moviliza a pie coinciden en que no tienen para comprar zapatos nuevos. Además, 20% de los maestros también indica que no come tres veces al día y 2% solo lo hace una vez.

Esta situación ha llevado a muchos docentes a reinventarse. La mitad de los educadores consultados en la encuesta publicada en mayo admitió que tienen fuentes adicionales de ingresos para sobrevivir.

77% dijo tener solo un trabajo adicional, 18% tiene dos trabajos adicionales, y 3% de los casos asegura tener de 3 a 4 trabajos.

Gricelda Sánchez, educadora y coordinadora de la organización Fordisi Venezuela, asegura que la mayoría de los docentes que continúan en las aulas tienen también otros oficios, “tales como vender dulces, comida, trabajan para algunas empresas de medio tiempo, redactan tesis, documentos”.

“De cada 7 docentes consultados, al menos 4 están haciendo otra actividad alternativa a su profesión”, indicó

Quienes no se dedican a otro oficio para poder costear sus gastos generalmente cuentan con algún familiar que les ofrece apoyo económico.

“Si los docentes no tuviesen apoyo de un hijo, esposo, u otro miembro de la familia, muchos estarían muertos”, precisó.

La crisis económica, el cierre de las escuelas por la pandemia y la violencia son algunos de los factores que han empujado a muchos niños en Venezuela a trabajar.

Se trata de un problema «invisibilizado» por la falta de cifras oficiales que permitan conocer su alcance real.

Una primera dificultad que existe es que no hay cifras oficiales para saber cuántos jóvenes están laboralmente activos, dijo el director de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizajes (Cecodap), Carlos Trapani.

«El no tener cifras indica que el problema está invisibilizado y no sabemos la magnitud y el alcance en lo que refiere al trabajo», afirmó en entrevista con la agencia Efe.

«La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) reconoce el trabajo como una garantía específica, es decir, hay un conjunto de derechos y garantías para adolescentes trabajadores a partir de los 14 años», explicó.

Esto significa que debe haber un contrato de trabajo, seguridad social, incluso, el derecho a huelga y a formar parte de un sindicato. Pero «el problema en Venezuela es el trabajo informal o las peores formas de trabajo infantil, donde hay una gran cifra negra», manifestó.

«No es posible caracterizarlo, ni siquiera geográficamente, o cuál es el grupo de edad o por sexo que más incide en este tipo de trabajo. Muchos rayan en formas de esclavitud moderna, trabajo doméstico, servil, sexual, ser pimpineros de combustible, trabajar en vertederos de basura», lamentó.

Trapani alertó acerca de las razones que empujan a los niños a trabajar. Lo hacen para «poder contribuir con el presupuesto familiar (…) que está profundamente golpeado, que ha perdido capacidad de compra, entonces el trabajo surge como una necesidad ineludible para la familia».

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Por su parte, Ángel González, integrante de la Coordinación Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (Corenat) dijo que el tema del trabajo infantil es «complejo y multifactorial».

«Desde la Corenat partimos de que no se puede ver la realidad social al derecho de los niños, niñas y adolescentes bajo una mirada de la estigmatización, bajo el enfoque de la peligrosidad, bajo la propuesta de la erradicación total de lo que llaman trabajos infantiles», sostuvo.

Las propuestas, dijo, deben partir de lo que sienten, expresan y viven los propios menores trabajadores. No es lo mismo trabajar en el campo, o en zonas rurales, que en la ciudad.

«Debemos primero mirar que hay una realidad que existe en nuestro país, que cada vez va en aumento y cada vez se complica. Además, de acuerdo a esa complejidad de nuestro país, tenemos que intervenir desde varias formas», dijo.

González sostuvo que se debe tomar en cuenta la pandemia. «Por eso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que la pandemia (provocó) que el número de niños que trabaja aumentara y el número de riesgos haya aumentado también».

«Hay muchas familias pobres en el mundo y en Venezuela que estaban en el dilema ‘o nos morimos de hambre o nos enfermamos de COVID-19′», argumentó.

La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en el estado Bolívar, Eumelis Moya, relató en investigaciones sobre la minería, han encontrado que los jóvenes son víctimas de explotación laboral y sexual.

Moya dijo que, en el ámbito sexual, encontraron que 76 % de las víctimas son mujeres y 25 % corresponde a niñas y adolescentes.

«Los niños, en el contexto minero, son utilizados, por ejemplo, para bajar a los huecos, porque hay minas subterráneas (…) por sus dimensiones corporales. Son usados para bajar por esos huecos a hacer el trabajo de lo que ellos llaman el saloneo, que es el picado de la tierra para ir sacando el material aurífero», relató.

En el municipio Caroní, la organización ha encontrado que hay menores que trabajan en el mercado municipal a cambio de víveres o de cabezas de sardinas.

«Sin embargo, ellos (los jóvenes) manifiestan estar conformes, porque es comida que se llevan a su casa», apostilló.

Moya afirmó que, junto a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), han registrado casos en los que para los menores «no es rentable» estudiar, porque implica el pago de transporte o el uso de equipos tecnológicos para seguir las clases.

Aunque no hay cifras, Moya aseguró que desde el Consejo de Protección en la región hay iniciativas de amparo a menores, aunque solo cuando son casos denunciados.

«El llamado es a unir esfuerzos por disminuir los índices de (niños) en situación de calle», exhortó.

Ya desde el 2020, la ONG World Vision alertó sobre los estragos de la crisis en Venezuela y de su impacto sobre los más pequeños. El aumento del trabajo infantil es una de esas secuelas. Sobre todo en aquellos cuyas familias padecen por la pobreza, la migración y la pandemia.

«Crecer rodeado de la pobreza y sin la protección de los padres, o de redes de protección robustas, abre una profunda herida en la identidad, la autoestima y las oportunidades de una generación», destacaba el informe titulado: La espada de doble filo»

World Vision develó «el drama humano de una dolorosa fractura social que está dejando marcas gravísimas en los niños y adolescentes venezolanos. Su exposición al abuso, el abandono, el trabajo infantil y la desesperanza», marcan a toda una generación de venezolanos.

Dentro de poco están por cumplirse 5 años de las primeras sanciones aplicadas contra Venezuela, por parte de Estados Unidos. Las mismas han dividido a empresarios y sectores opositores. Unos piden que se levanten y otros que se mantengan.

Pero ¿Qué ha cambiado en el país? Su principal propósito era sacar a Nicolás Maduro del poder. No obstante, él sigue «atornillado» y la situación económica del país no ha cambiado, salvo por algunas excepciones.

La polarización sobre este tema es tal que, recientemente, dos grupos de venezolanos enviaron sendas cartas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Unos pedían levantar las sanciones y los otros, todo lo contrario.

La carta de los 25 pedía a Biden que continuara con «negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana». Las mismas «enfocadas al levantamiento de las sanciones, que no lograron su objetivo de sacar del poder a Nicolás Maduro».

La respuesta la dieron otros 68, quienes criticaron a los primeros y pidieron «reforzar las sanciones para evitar que se perpetúe la tiranía».

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En entrevista con la agencia Efe, el economista Víctor Álvarez explicó que las sanciones aplicadas desde 2017 han hecho «un tremendo daño a la economía y a la sociedad». Esto, por sus efectos no solo a las empresas públicas, sino también a las compañías privadas y organizaciones humanitarias.

«A las empresas privadas les han cerrado cuentas en EE.UU., en los bancos y en el sistema financiero de los EE.UU., han perdido líneas de crédito. Los proveedores, que les vendían materias primas, insumos, repuestos, maquinarias (y) equipos, sencillamente no quieren tener negocios con Venezuela», detalló Álvarez.

Señaló que la «crisis de los servicios» se ha agravado debido a que las empresas públicas de electricidad, agua, gas y de telecomunicaciones también perdieron a sus proveedores.

En su opinión, sería «absurdo» argumentar que las condiciones socioeconómicas han mejorado gracias a unas medidas que fueron aplicadas con el objetivo de «ahogar financieramente al régimen y golpear la economía y la sociedad para que el descontento conduzca a un estallido social que tumbe al Gobierno».

Cinco años después de la imposición de las primeras sanciones -explicó- estas aún «no han cumplido el objetivo» de «derrocar» a Maduro, quien «está más atornillado que nunca», mientras la oposición «luce muy dividida y debilitada».

Las sanciones, consideró, también han dado al Gobierno el «pretexto perfecto para construir toda una narrativa de resistencia épica antiimperialista».

Por otro lado, el economista Omar Zambrano, contrario a Álvarez, consideró que existe «una coincidencia temporal entre la vigencia de las sanciones sectoriales y el renacimiento de la actividad económica venezolana, que venía arrastrando casi ocho años de recesión».

Zambrano dijo a Efe que Venezuela ha visto mejorar, en los últimos tres años, el nivel de su actividad económica, produciendo «unos niveles mayores de bienestar», pese a las medidas coercitivas.

Indicó que los ingresos per cápita en dólares desde 2020 se «han recuperado más del 100 %» y que, a partir de 2017, han crecido «los niveles de importación de medicinas y alimentos por la recuperación del sector privado».

«Pasó lo peor de la crisis, y la economía, los sectores y los indicadores socioeconómicos de Venezuela empiezan a recuperarse en un ambiente donde hay sanciones (…) la crisis se formó sin sanciones y con sanciones estamos saliendo de la crisis», aseguró.

El pasado 25 de abril, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que las «más de 502 medidas coercitivas» han violado «masivamente los DD.HH. del pueblo», aunque la mayoría no afectan a la economía pública, sino que pesan sobre los bienes personales de funcionarios y miembros del chavismo, o sobre su capacidad de movilización.

La funcionaria, quien no aclaró esa diferencia entre unas sanciones y otras, detalló que los ingresos del país pasaron de 52.609 millones de dólares en 2013 a «apenas» 743 millones en 2020, lo que significa una caída del 99 % en siete años.

No obstante, sí hubo pérdidas, ya que a consecuencia de las sanciones, la estatal petrolera Pdvsa se vio obligada a aplicar, según Álvarez, «enormes descuentos» en la venta del crudo que antes colocaba en países sancionadores que dejaron de comprar, como el caso de EE.UU.

Según la firma Ecoanalítica, Pdvsa perdió 4.000 millones de dólares en 2021 en descuentos para negociar su crudo.

Ante esta situación, Álvarez plantea la creación de fondos supervisados internacionalmente en los que se depositen los ingresos adicionales que reciba Venezuela tras un levantamiento de las sanciones, para garantizar que sean destinados a atender la «emergencia humanitaria».

Sin embargo, para Zambrano, «el sector público tiene objetivos distintos a resolver los nudos de la crisis humanitaria», lo que se evidenció, en su opinión, en la «venta del 49 % de la refinería de República Dominicana (Refidomsa), dinero que no necesariamente fue a satisfacer necesidades humanitarias».

Pedro Martínez trabaja de noche como camillero en un hospital de Caracas y de día vende galletas en un bulevar de Caracas. Es uno de los tantos trabajadores públicos que, a sus 56 años, tiene que salir a la calle a vender lo que sea.

Su salario de 29 dólares como empleado público no le alcanza, como a millones de trabajadores venezolanos, reseña Efe.

Sentado en una silla de plástico en el dinámico y popular bulevar, Martínez ofrece también otros productos como caramelos, condimentos, jabón y máquinas de afeitar. Con estas ventas puede llegar a hacer hasta 30 dólares en una semana, el salario mínimo que paga el Estado en un mes.

«Desde hace cinco años para acá, he tenido que salir a la calle a trabajar en la buhonería. El el sueldo que ganamos, el salario, como lo quieran llamar, no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades diarias. Menos semanales o mensuales», dijo a Efe Martínez.

Empezó, a trabajar en la calle en 2017, cuando Venezuela entró en una hiperinflación que se prolongó por cuatro años.

La misma dio paso a una dolarización no oficial de la economía, que produjo una migración de trabajadores a la informalidad que buscan mejores ingresos y en divisas.

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La más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), muestra que la proporción de trabajadores por cuenta propia creció de 30,6 % a 49,4 %. Esto entre 2014 y 2021, mientras que la cantidad de empleados u obreros del sector público bajó de 35,8 % a 21,8 % en ese mismo periodo.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, dijo a Efe que actualmente más de 50 % de los trabajadores públicos buscan en el sector informal un complemento de su salario «para la sobrevivencia».

El líder sindical aseguró que la crisis socioeconómica que vive el país «obliga a todos los sectores de trabajadores a buscar ingresos adicionales. No solamente a los obreros, sino a los profesionales y técnicos. Especialmente los empleados públicos, que son más atropellados en cuanto al salario».

«Conseguimos hoy a trabajadores de los diferentes sectores, educadores inclusive, no solamente vendiendo verdura. También en actividades paralelas para tratar ellos de subsistir, porque es un problema aquí de sobrevivencia», señaló.

En su casa en una zona popular del centro de Caracas, Carlos Betancourt, repara, en su tiempo libre, equipos de línea blanca. Él es empleado del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y tiene 55 años,

Entre el sueldo base, un bono de alimentación y la prima de antigüedad, devenga en el ente público 210 bolívares. Al cambio oficial son casi 47 dólares al mes.

Pero, este ingreso que no alcanza la cifra de 1,90 dólares al día que fija el Banco Mundial para considerar la salida de la situación de pobreza extrema por rango de ingresos.

«Eso no me da para poder sobrellevar la vida diaria de aquí de la familia, mi esposa, mi hijo, mi sobrina, mi hermana. Por eso me he dedicado a hacer reparaciones de línea blanca», contó a Efe Betancourt.

Precisó que puede hacer alrededor de 200 dólares semanales reparando unos cinco equipos.

Recordó que antes, hasta 2008, podía vivir solo de su salario en el Inces, donde lleva 20 años,.

Incluso podía comprar un vehículo usado o dar la inicial de un apartamento en una zona popular si hacía horas extras en el instituto. Solo tenía que reunir el bono vacacional, los pagos por guardias nocturnas y los aguinaldos.

Pese a la desmejora de su situación laboral en el Inces, donde tampoco cuenta con seguro médico, no ha querido renunciar. Dice que tiene un compromiso tanto con el instituto como con la lucha como dirigente sindical por la defensa de los trabajadores.

Betancourt vio como «un gran logro» la visita de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país.

Se busca el apoyo técnico de un foro de diálogo social que se celebró del 25 al 28 de abril, debido a que -a su juicio- crea la esperanza de que se pueda retomar el diálogo tripartito.

Este proceso implica discutir temas como los salarios y el respeto a los derechos laborales y sindicales.

El Gobierno de Nicolás Maduro insiste en que la culpa de los bajos ingresos de los trabajadores es de las «más de 502 medidas coercitivas (sanciones) impuestas» por EE.UU.

Alfredo Coronil Hartmann-Viso, abogado y politólogo cree firmemente en que la crisis de Venezuela es tal, que a estas alturas la elección presidencial no es la salida. Aunque, valora un proceso electoral como parte del proceso para reencausar al país.

«La salida no es solo hacer una elección y elegir un presidente, como parece que creen en los Estados Unidos. Este es un país al que durante más de 20 años se le han desmontado todas las instituciones», dijo en entrevista con la Prensa de Lara.

Destacó que, «aparte de desmontar las instituciones jurídicamente, se han aupado malos hábitos que no se cambian en un día. Han hecho lo posible por convertirnos en un pueblo de mendigos», aseveró.

Dice que, si en el país se da una elección real, con condiciones adecuadas y en las que se respeten los resultados de ese proceso, Nicolás Maduro no las ganaría. «Pero para que se llegue a una elección real, es necesario que él se sienta obligado por la presión internacional», aseguró.

«Una elección real con una contabilidad confiable no la ganaría nunca. Maduro no tiene prestigio ni siquiera entre el chavismo», agrega.

Sin embargo, alerta que para la oposición tampoco será fácil. «Si aquí logramos buscar un candidato de oposición mínimamente coherente, ganaría. La cosa ahora es conseguir uno, esa es la principal tragedia», señala.

Enfatiza en que la administración de Maduro «no tiene ningún deseo de realizar una elección real, pero aparte de eso ¿quiénes van a competir en esa elección? La situación es sumamente oscura», lamenta.

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Para Alfredo Coronil, en Venezuela no se pueden dar más «cheques en blanco a ningún ‘pistola’ (sic.) porque aparece en programas de televisión». Menos porque «porque es aparentemente muy sexy su imagen o usa una gorra o es joven solamente».

Aclara que «la juventud es necesaria, por supuesto, pero tiene que estar acompañada de una gran cantidad de cosas. No basta por sí sola».

Acerca de si cree en que el oficialismo se ha fortalecido, dijo que «hay un grupo de gente ávida y deseosa de acumular riquezas lo más rápido posible». También de «ejercer el poder por el gusto de fregar a los que no están con ellos. Eso lo vivimos a diario todos los venezolanos. Entonces, sí hay un fortalecimiento relativo».

A su juicio, una salida a la crisis de Venezuela no está clara. «Hace poco tiempo cuando la desastrosa aventura de Cúcuta, se llegó a pensar que estábamos al borde de una solución. Al final llegamos a esta situación insostenible».

«El panorama se ha oscurecido, no se ve en claridad la posible salida y la situación de los partidos políticos venezolanos es caótica. Todo ello contribuye a que en medio de esta nebulosa y esa confusión como una gran borrachera colectiva, no se vea una salida a corto plazo», afirmó.

Por otro lado, el experto sostiene que «Venezuela está pasando un momento crucial y muy difícil en su historia. Lo está haciendo en las peores condiciones porque nos faltan protagonistas».

«Se critica con frecuencia que estamos muy críticos con la oposición siendo nosotros miembros o personas de la oposición. Pero hay que empezar por criticar lo más cercano que es lo que deseáramos que fuera una alternativa válida», aseveró.

Por parte del gobierno, cree que «Maduro fue un pícher tapón que señaló Chávez en el momento de su enfermedad final. Pero que nunca fue el líder del chavismo. Todo eso contribuye a crear un clima de desconfianza».

«Eso impide que la población, las fuerzas vivas del país, lo agonizante que es lo que queda. No encuentren en qué depositar su confianza en forma masiva y contundente», expresó.

En cuanto a la oposición, dice que «le faltan muchísimas cosas. En primer lugar, le faltan partidos políticos medianamente serios».

Resalta que no ve los liderazgos de la oposición «lo suficientemente definidos. Estamos en un vacío de liderazgos terrible y lamentablemente. Por lo menos no he podido percibir hasta ahora una nueva dirigencia».

Y sobre las presidenciales y las ofertas opositoras, cree que se debe llegar a un acuerdo. «Yo creo que tendría que llegar obligada por las circunstancias, pero lo ideales que llegue sinceramente a ese consenso».

«Evidentemente, si ahorita se plantea una situación de un arbitraje internacional que garantizara la pulcritud de un proceso electoral, algún candidato se tendría que elegir. Ahora ¿a quién van a elegir? Ese es el temor que a uno le da», enfatiza.

Acerca del liderazgo de Juan Guaidó, dijo que «le faltó ser gobierno. Lo importante de la aplicación del artículo 233 era que sirviera como un elemento para quebrar la farsa. Que se fuera a una transición real, un cambio práctico y concreto de la situación. No una cosa puramente simbólica».

A su parecer, «se pecó, tuvimos que usar esa fórmula que no tuvo el apoyo que se esperaba dentro del país, pero nunca ha sido legítima. La legitimidad supone que tenga el acatamiento y el respaldo».

Agrega que «el respaldo afectivo del país siempre lo tuvo cualquiera que no fuera Maduro. Pero el acatamiento no y básicamente el acatamiento es de las Fuerzas Armadas. La que queda en ridículo es Venezuela como país».

«Tenemos dos presidentes, dos congresos y ninguno sirve para nada. Yo considero que lo de Guaidó fue una gran decepción», manifestó.

Reveló que para él, Guaidó no era el hombre para dirigir el interinato. «Yo nunca pensé que fuera el indicado. Simplemente, ese artículo absurdo de la Constitución establece que el presidente de la Asamblea y da la casualidad que era él. Pero no ha habido ningún juicio de valor para pensar si era o no el hombre para eso».

«Creo que los hechos por desgracia han demostrado que no lo era. Ojalá hubiese tenido todo el éxito y lo pienso con la mayor sinceridad», dijo.

Según Alfredo Coronil, «este interinato quedó absolutamente en el pasado, si es que alguna vez fue un interinato. Fue un cumplimiento formal, verbal de un artículo absurdo de una Constitución mal hecha, una constitución arbitraria».

Definitivamente en Venezuela hay dos realidades y bastante diferenciadas. La de aquellos que siguen sumidos en una crisis tremenda, con carencias de todo tipo y la de quienes se pueden dar el lujo de asistir a conciertos.

Y es que estas consideraciones se hacen luego, precisamente, de los conciertos de artistas nacionales e internacionales que han regresado al país. Vale decir, Servando y Florentino y Alejandro Fernández, por mencionar algunos.

Pero ¿Qué hay detrás de estos conciertos? Para algunos, esta situación es una muestra de la incipiente recuperación de la economía venezolana. Pero para otros, es un reflejo de las desigualdades que persisten en el país.

Trino Márquez (sociólogo), Ronald Balza (economista) y el productor musical Alejandro Blanco, realizaron un análisis de estos conciertos en Venezuela, en entrevista con Unión Radio.

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Para Trino Márquez, estos conciertos se pueden tomar como «una buena noticia» para la gente. Esto, por el mensaje «positivo» para el país, tomando en cuenta que estos espectáculos no se veían hace años.

Igualmente, podrían reflejar «la disminución del control e intervención desmedida» del Estado en las actividades de los ciudadanos o empresarios. En este caso, de los espectáculos.

No obstante, estos conciertos y el hecho de que se llenen también envía otro mensaje: «una enorme concentración de la riqueza».

«La inmensa mayoría del país está excluida de estos espectáculos», afirmó Márquez.

Entre tanto, Ronald Balza cree que el tema se debe analizar haciendo la pregunta correcta. No se trata de cuánto cuesta ir a un concierto de estos, sino de quién puede pagar la entrada.

«Los que pagan mucho, pagan tanto que pagan más que otros en otra parte del mundo», indicó.

Explicó que desde el punto de vista económico se hizo una «reprogramación de estos grandes eventos en el país». Todo, debido a que «el alcance de los conciertos se redujo».

Es decir que, al ser para menos gente, la entrada es más cara.

En cambio, el productor musical, Alejandro Blanco, dijo que la industria «no solo entretiene, sino que también mueven la economía con fuerza.

Hizo la afirmación en referencia a todo el movimiento que implica montar un espectáculo público.

Asimismo, destacó detalles como lo ocurrido recientemente en un concierto, donde una persona ingresó con un arma, por fallas en la seguridad.

«Tras 10 años de paralización, las fallas en la organización, se deben al desorden con el que se están iniciando las actividades», dijo.

Entre el 2019 y el 2021 en los hospitales venezolanos unos 233 pacientes habrían perdido la vida por las constantes fallas eléctricas que se dan a diario en el país.

Un estudio realizado por la Organización No Gubernamental, Médicos por la Salud, expone que los constantes cortes de luz, tanto en la región capital, como en el interior del país, fueron factores fundamentales para que la cantidad de personas antes descritas perdieran la vida, ya que muchos de ellos dependían de equipos especiales que los mantenía con vida.

El informe llamado Encuesta Nacional de Hospitales, reúne datos y entrevistas recabados desde el 2019 hasta el 2021 en diversos centros sanitarios de Venezuela.

«Para el año 2019, el total de fallecidos atribuibles a los cortes de energía en Venezuela fue de 17 personas. Para 2020, fue de 75 y para el cierre de 2021 fue de 141», se puede leer en parte del informe.

Vale destacar que el estudio cuenta no solamente con el aval de la ONG, sino también, con organizaciones de la oposición venezolana y la Academia Nacional de Medicina.

El informe fue creado en el 2014, pero una vez que se conoce la situación con el conocido megaapagón del 2019, los catedráticos realizan la respectiva verificación relacionada directamente a la falta de energía.

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«Pacientes que fallecieron porque necesitaban ventilación mecánica o tenían que entrar a quirófano de emergencia y no pudieron trasladarlos dentro del hospital porque no había ascensor para hacerlo», dice el informe.

La administración de Nicolás Maduro insiste que las fallas eléctricas son producto de un ataque terrorista proveniente de los Estados Unidos. Dice además, que las actuales fallas no han podido corregirlas por el bloque económico.

Sin embargo, conocedores de la materia manifiestan que el colapso y las fallas eléctricas son producto del abandono y la falta de repotenciación del Sistema Eléctrico Nacional.

Según el oficialismo, llevan a cabo un Plan de Administración de Carga que supuestamente permite recuperar el sistema, cortando por varias horas la luz en unas zonas, mientras la redirigen a otra.

Pero más allá de eso, hay zonas que aunque no están en el plan de Administración de Carga del día, pasan horas sin el servicio eléctrico.

Para el final de este #01Abr Corpoelec informa que habrá Plan de Administración de Carga para diversos estados.

Zulia: de 6 pm a 10 pm y de 10 pm a 2 am del 02 de abril, Barinas: de 11 pm a 3 am del 02 de abril y de 3 am a las 6 am del 02 de abril.

En Apure el corte será desde las 6 pm hasta las 10 pm. En Portuguesa de 7 pm a 11pm y en los estados Mérida, Trujillo, Táchira se hará el corte en algunas zonas desde las 11 pm hasta las 03 am del 02 de abril.

«70% de los venezolanos no está consumiendo proteína animal, porque no tienen poder adquisitivo para ello. En el país se pasó de un consumo de 28 kilos de carne per cápita anual a 1.8 kilos».

La denuncia la hizo el presidente de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar (Avaf), Juan Carlos Montesinos, en entrevista con Fedecámaras Radio.

Lamentó que esto no pasa solo con la carne de res o de pollo, también pasa con el consumo de huevos.

«El consumo de huevos estaba entre 180 y 200 per cápita y ahora está entre 30 a 40, a pesar de ser uno de los rubros más comunes, populares y tradicionales en el país», expresó.

Sobre la producción de otros rubros, indicó en el 2021 hubo un incremento de siembre de maíz blanco y amarillo a 250 mil hectáreas. «Sin embargo, eso no ha compensado el consumo que tiene el país».

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Por otro lado, advirtió que el conflicto en Ucrania tiene consecuencias en Venezuela. «Rusia tomó la decisión de paralizar la exportación de fertilizantes, por lo tanto, Venezuela se ve afectada. La empresa Pequiven solo produce 10% de lo que se consume en el país haciendo que aumente el costo de producción de alimentos».

Agregó que todos los países han tomado medidas de prevención y han dado la orden de almacenamiento de alimentos para prever cualquier situación. Esto, ante la posibilidad de que se alargue el conflicto o si hay escasez de alimentos en el mundo».

“Venezuela es un caso particular (…) estamos trabajando con las uñas y la inversión que el productor venezolano hace implica el patrimonio familiar, no hay ningún apoyo financiero”, expresó.

Denunció que los productores no cuentan con un seguro de producción y si llegan a tener alguna pérdida, ellos mismos deben resolver.

De igual forma, señaló que en Venezuela hay maquinaria instalada y unidades productivas que están trabajando entre 15% a 20% de su capacidad, por los altos costos de la materia prima.

“Pero si hacemos una planificación nacional de producción de esa materia prima para fabricar los alimentos de estos animales evidentemente pudiéramos tener una producción no solamente para abastecer el país en este momento, sino ser exportadores de alimentos para otros países”, manifestó.

La crisis económica venezolana es un “caso de estudio”, en muchas facultades de Ciencias Sociales en el mundo. Tanto, que deben estudiar el fenómeno que destruyó la economía desde el 2013 y que tardará entre 32 y 40 años en recuperarse.

Así lo manifestó el economista Manuel Sutherland, en un artículo publicado en el portal PolitikaUcab. «En 8 años la economía ha perdido alrededor de 80 % de su PIB. Esto la podría ubicarse como el tercer peor colapso macroeconómico en la historia del capitalismo», dijo el experto.

Sutherland recordó que Venezuela era «una nación medianamente desarrollada, inmensamente rica en recursos naturales. Y, tras un vertiginoso auge rentístico petrolero, se arruinó por completo».

Por ello, el economista compara lo que pasa en Venezuela con «la gran depresión estadounidense, de 1929 que derribó 29 % de su PIB. O la sanguinolenta guerra civil española que trajo una contracción de 34 %», dijo.

Expresó que «la impresión visual de semejante pérdida podría imaginarse como una persona que en 2013 pesaba 100 kilos, y luego verla, en 2020, pesando apenas 20 kilos. Si nos centramos en el asunto salarial la situación es notablemente más trágica».

Lamentó «el tiempo que le tomaría a la economía regresar a su último año de crecimiento (2013), previo al citado 2021. Mientras que con una tasa de crecimiento de 5 % interanual, Venezuela llegaría a la economía que tuvo en 2013, en el año 2054, con suerte».

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A su juicio, «Venezuela amerita de un gran salto exponencial de crecimiento, unas tasas de dos dígitos largos, que inicialmente luzcan como una “explosión productiva”».

Esto debe «allanar el camino para una verdadera recuperación sólida. Hablamos de un aluvión de inversiones extranjeras/nacionales, emprendimientos formalizados, fusiones empresariales. Además de un profundo aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas que tiene el país».

Para el economista, «sin ese estallido inicial que, incendie la pradera del crecimiento, Venezuela podría transitar, en el mejor de los casos, años de crecimiento paulatino. Eso está muy lejos de las urgentes necesidades de reconstrucción económica, salarial y social, que el país con angustia anhela».

De no darse este gran “salto adelante, los posibles crecimientos económicos tendrán una muy limitada influencia en el bienestar de la clase trabajadora y en las necesidades de reconstrucción nacional».

El asunto central radica en que Maduro «parece tener demasiadas, y muy fuertes, trabas o limitaciones para realizar ese gran salto hacia adelante».

«Venezuela se arregló». Aunque suene a burla, es la frase «de moda» en Caracas. Y no solo alrededor del poder de los chavistas. También la hicieron suya colaboradores de la falsa oposición e influencers teledirigidos.

Se ven por redes sociales y no falta quien haga un tour para tomarse «la selfie» de rigor, como ocurrió en diciembre, en las calles de Las Mercedes. En esos días, las avenidas iluminadas a más no poder, eran el atractivo. Así como lo fue el debut y despedida del café del Starbucks «fake» que terminó saliendo del país.

La burbuja caraqueña se levanta en el este de la capital para gozo y disfrute de jerarcas chavistas, llamados boliburgueses. Además de militares de alto rango, empresarios afines y beneficiados de la dolarización, destaca un trabajo del diario La Nación, de Argentina.

Son los «enchufados» de Nicolás Maduro, protagonistas de la Disneylandia revolucionaria en Caracas. Cuentan con Ferraris, autos de alta gama, casinos «socialistas», restaurantes de lujo y los famosos bodegones.

Es más, tienen hasta sus marcas favoritas de ropa y su paraíso casi exclusivo a poco más de 100 kilómetros en avioneta: Los Roques.

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Anónimo es el restaurante de moda a precios prohibitivos donde los jerarcas de la administración de Nicolás Maduro disfrutan de reservados invisibles.

MoDo es la gran novedad del momento, colores y ambientes para elegir. La heladería Versailles encandila a los caraqueños poderosos, así como los bodegones del Hotel Eurobuilding, como Actual, más protegidos de las miradas.

Otro bodegón, el 212, impresiona por su tamaño. El Marriot, que acogía a los nuevos ricos, vivió mejores tiempos, pero no se cae de la agenda de los enchufados de Maduro.

La última gran novedad, de impacto nacional además de los Ferraris en Caracas, son los casinos, como el de Las Mercedes o el del Centro Comercial Tamanaco. Tienen cientos de máquinas tragamonedas haciendo las delicias de los que sí tienen buenos fajos de dólares, la inmensa minoría del país.

Y por encima de todos, elevado sobre las alturas, permanece el imponente hotel Humboldt y el primer casino socialista de América Latina, como lo bautizó el propio Maduro.

Vigila desde el cielo, en la cima del majestuoso Ávila, el pico de la cordillera que separa a la capital de la costa de La Guaira.

El hotel es hoy el sitio favorito de los más adinerados de la revolución para celebrar sus fiestas y para gastar su dinero. Tan extravagante que en plena pandemia servían cócteles como si fuera el goteo salino de un hospital.

Psycho Bunny, la marca de la calavera con orejas rosas de conejo en Caracas, hace furor tanto como los Ferraris.

«¡Qué bella, me fascina!», comenta una joven tras comprar una franela para su chico, que la llevará al paraíso exclusivo de Los Roques.

El novio, top secret, es asistente de un poderoso ministro. Los precios exagerados ya no permiten a los mortales el viaje al atolón caribeño. Este es el favorito de los hijos de los poderosos y de las modelos acompañantes de los contratistas, a 500 dólares la hora.

La burbuja de Caracas es lo más parecido a un inmenso set de cine, en el que un Corvette ruge a tu lado a pocos metros de un derrame de aguas sucias y donde Ferraris último modelo presiden un concesionario a precios que supondrían 15.000 años de salario mínimo para un venezolano.

Mustangs, Audis de alta gama y Lamborghinis –eso sí, a cuentagotas, porque el asfalto caraqueño tampoco está para grandes fiestas–.

Por eso frente a los deportivos se imponen las camionetas gigantes que parecen tractores de última generación, desde las Toyotas Land Cruiser, Fortuner y Hilux a los Hummers norteamericanos.

Los casinos socialistas, otrora prohibidos por ser «lugares de perdición», iluminan una de las noches más oscuras de la región mientras los bodegones se multiplican para vender miles y miles de productos importados gracias a la supresión de los aranceles desde Estados Unidos, España o Turquía.

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Aunque parezca mentira, el mismo país que hace cinco años sufría una escasez tan aguda que forzó la huida de casi siete millones de personas, la mayor diáspora del planeta.

«Es una ficción, lo que hace el sistema es relacionar el auge de los bodegones con una cierta mejoría en términos económicos. Lo que nosotros vemos es que la tal mejoría es mentira, no existe. El impacto económico de los bodegones sobre la economía real es mínimo, por eso es un espejismo. Es una pantalla para mostrar una realidad que nada tiene que ver con la economía de la gente», desentraña Mirla Pérez, coordinadora del Centro de Investigaciones Populares.

«El ingreso promedio en los barrios de Caracas es más o menos 50 dólares, cuando mucho. El grueso de la población vive de los bonos (el último roza los cuatro dólares), de la pensión y salario mínimo (dos dólares) y de la caja CLAP (comida subvencionada)», concluye Pérez.

¿Cuál es la arquitectura económica que sostiene la Venezuela de los bodegones? «Hay gente que acumuló mucha plata hasta 2017, cuando se pagó la deuda externa. Millonarios en dólares gracias al control de cambios, sobrefacturando importaciones, que ahora no pueden invertirlo en el exterior y lo hacen en Venezuela. Hay otra gente que está exportando y recibiendo dólares, que los invierte en el país. Tercero está la clase militar y vinculados al régimen, beneficiados de contratos. Y lo cuarto es el lavado de dinero», responde el economista José Guerra.

Los caraqueños miran a su burbuja como si se tratara de una gigantesca lavadora, surtida por sancionados en el exterior y por quienes temen sufrir persecución de Estados Unidos y de Europa.

«Sabemos que hay dinero del narcotráfico, de la venta de divisas, del contrabando de oro, de la trata de blancas. Ese dinero circula y se limpia a través de la compra de inmuebles, carros, bienes y montando negocios que son una fachada», confirman fuentes económicas bajo anonimato.

Una neorrealidad impuesta a la fuerza. Y el que no esté convencido con el espejismo, que se prepare. «No voy a permitir que nadie hable mal de Venezuela, hay que hablar bien de nuestro país”, amenazó Maduro en una de sus últimas homilías televisivas.