«A pesar de algunos acontecimientos recientes y positivos en Venezuela, como la apertura de las fronteras con los países vecinos, millones de personas siguen sintiendo el peso de la desatención».

Estas palabras corresponden a un comunicado de la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) difundido este jueves y reseñado por la agencia Efe.

La crisis social, política y económica de Venezuela recibe «poca atención» y es una de las más desatendidas del mundo, dijo la directora del NRC en Venezuela, Alba Gutiérrez García.

La venezolana forma parte de la lista de 10 naciones que el NCR considera que tienen las crisis humanitarias más graves, entre ellas Burkina Faso, República Democrática del Congo, Colombia, Sudán, Burundi, Camerún, Malí, El Salvador y Etiopía. Colombia y El Salvador figuran por primera vez en la lista.

En Venezuela, «la gente está atrapada en situaciones terribles, debatiéndose entre huir de la violencia o soportar la pobreza extrema, sin saber con certeza cuál será su próxima comida y sin poder pagar el alquiler», prosiguió Gutiérrez García.

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La ONG subraya que las consecuencias de esta «crisis multifacética son abrumadoras», entre las que mencionó que «muchos han emprendido peligrosos viajes en busca de protección internacional y de un rayo de esperanza para el futuro».

El comunicado recuerda que, según cálculos de varias agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, más de siete millones de venezolanos abandonaron su país en los últimos años en búsqueda de mejores oportunidades.

«En Venezuela los años de crisis política siguen pasando factura», añade el escrito que resalta «la poca atención y cobertura de los medios de comunicación» que recibe el país petrolero «a pesar de ser la quinta crisis de desplazamiento más desatendida del mundo».

Diversos estudios reflejan que las crisis humanitarias más agudas del mundo son las de Venezuela y Haití. Recientemente, el grupo de ayuda Comité Internacional de Rescate (IRC), alertó que si no se entregan más fondos de asistencia podría empeorar el hambre y la violencia a la que han sido sometidas las personas de ambos países.

Asimismo, detalló que 12,3 millones de venezolanos y 4.7 millones de haitianos enfrentan inseguridad alimentaria.

«Las crisis en Haití y Venezuela representan desafíos prolongados que sacuden a toda la región, pero, a medida que los conflictos se intensifican en el mundo, las prioridades contrapuestas están agotando la atención que reciben», dijo el vicepresidente regional de IRC, Julio Rank Wright.

Haití ocupó el puesto número 9 en la lista de vigilancia de emergencia 2023 del IRC, por debajo de Sudán del Sur y Burkina Faso y un escalón por encima de Ucrania.

El IRC aseveró que en Venezuela, los servicios de salud están sobrecargados y los medicamentos son inaccesibles para unos 9,3 millones de personas tras años de una inflación altísima y crisis políticas.

Se estima que 7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años.

También alertó que el cambio climático había desplazado a casi 1,3 millones de personas en el norte de Centroamérica, lo que agudiza la pobreza y el hambre.

La organización expresó su preocupación por México, que recibió cerca de 250.000 solicitudes de asilo en los últimos dos años y continúa apoyando a los migrantes expulsados de Estados Unidos.

México es el único país de la región mencionado por el IRC el martes sin un plan de respuesta humanitaria bajo las directrices de la ONU, lo que dificulta la acción y la coordinación para ofrecer asistencia.

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Con respecto a Haiti, detalló que ocupó el puesto número 9 en la lista de vigilancia de emergencia 2023 del IRC, por debajo de Sudán del Sur y Burkina Faso y un escalón por encima de Ucrania.

El IRC estimó que al menos 5,2 millones de haitianos necesitan ayuda humanitaria y que alrededor del 40% de los ciudadanos del país se ve forzado que saltarse las comidas.

El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la Organización de las Naciones Unidas (CERF, por sus siglas en inglés) aprobó 8 millones de dólares para apoyar la respuesta humanitaria en Venezuela, informó este viernes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del organismo multilateral (OCHA).

 “Los fondos serán destinados a proyectos del Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023 y estarán enfocados en personas en situación de vulnerabilidad”, escribió en su cuenta de Twitter la oficina de OCHA en Venezuela.

Además, indicó que se trata de una asignación global del CERF “para impulsar operaciones humanitarias con financiación insuficiente en 11 países de África, Asia, las Américas y Oriente Medio”.

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“Esta asignación del CERF abordará ese problema de frente”, dijo el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de ONU, Martin Griffiths, citado en el escrito oficial.

El alto funcionario, que visitó Venezuela el mes pasado, instó a los donantes a seguir apoyando estas crisis que presentan financiación insuficiente.

“Millones de personas sufren penurias sin precedentes en conflictos, sequías, inundaciones y otras emergencias humanitarias en las que la magnitud de las necesidades ha superado con creces los recursos de los que disponemos”, expresó.

A mediados de agosto, la ONU y sus socios lanzaron un nuevo plan de ayuda humanitaria para Venezuela que busca asistir a 5,2 millones de personas con necesidades urgentes y para el cual necesitan 795 millones de dólares.

El llamado “Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023″ es una hoja de ruta bianual que requiere del dinero este año para atender a las poblaciones más vulnerables del país, ubicadas mayoritariamente en los estados Miranda, Sucre, Falcón, Bolívar, Delta Amacuro, Apure, Amazonas y Zulia.

El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, advirtió que en Venezuela deben priorizar los cambios económicos y sociales para que puedan producirse cambios políticos.

Por ello, lideró un Instagram Live junto a la directora del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) y miembro electo de la Academia Nacional de Medicina (ANM), Marianella Herrera; la profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keta Stephany; y con el economista, Jospe Guerra, en donde abordaron los principales aspectos en los que está más afectado el país.

Recordemos que Herrera, Stephany y Guerra son algunos de los firmantes de la carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden para que alivien las sanciones económicas contra Pdvsa.

Por su parte, Henrique Capriles, aseguró que uno de los principales aspectos que se deben tomar en cuenta para el cese de la crisis, es recuperar los ingresos del país.

“Hay que dar la lucha para que los ingresos no se los roben, y esa es la lucha que deben dar los gremios y sindicatos; si se incrementan los ingresos en divisas, se permitiría pronto proponer que el salario mínimo sea 200 dólares», aseveró.

Asimismo, hizo un llamado a priorizar los aspectos humanitarios, para luego preocuparse por los cambios políticos.

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Nosotros tenemos el peor salario del mundo y eso lo que hace es que el ingreso sea bajo en las familias y que un profesor gane al mes 150 dólares”, alertó el dos veces candidato presidencial en Venezuela.

Por ello  resaltó atender los problemas sociales. “Todo lo que fomente la recuperación económica hay que hacerlo porque eso no excluye los esfuerzos políticos. El proceso de negociación no puede circunscribirse en temas políticos, debe circunscribir temas económicos y sociales”.

«Pensar que una política de debilitamiento social, que en la medida en que la gente esté mal habrá un cambio político, es errada. (…) ni hubo un quiebre en la institución castrense, ni en lo social ni en el poder”, aclaró.

Asimismo resaltó que, “todo lo que hagamos en términos de recuperación económica hay que hacerlo porque eso no excluye los esfuerzos que hagamos en lo político, todo lo contrario. Con la expectativa que hay en el país de retomar un proceso de negociación, este no puede circunscribirse únicamente a temas políticos. Debe tener temas económicos y sociales con actores sociales vinculados a esa mesa, que es la administración del gobierno de EEUU. Muy importante que ellos, que son los que tienen la llave de algunos candados. Todo lo que haga en beneficio de los venezolanos nos va a acercar al cambio político».

«Los venezolanos estamos a la expectativa de que este juego se barajee, que está trancado, que nos permita pensar que tendremos más alimentos para nuestros niños», luego de la visita de la delegación de EEUU a Venezuela”, aseveró el exgobernador de Miranda.

En ese sentido, aclaró que, “aquí no hay recuperación económica posible si no se recupera el sector petrolero, y para eso tenemos que recuperar otros sectores».

«Hay que hacer una cruzada a nivel nacional para la recuperación de salarios. Van a venir ingresos y es momento de exigir», concluyó Capriles.

El presidente de Guyana, Irfaan Alí, asegura que en su territorio no construyen campos de refugiados para recibir a los migrantes venezolanos que salen de su país buscando un provenir.

El mandatario guyanés considera que sus palabras han sido «malinterpretadas» cuando se ha referido a la ayuda humanitaria que han prestado a los venezolanos que han llegado a dicho territorio. La mayoría son miembros de la etnia warao, que han cruzado la frontera a través del delta del Orinoco.

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«Guyana ha dado una respuesta humanitaria para los migrantes que huyen de la inestabilidad social, económica y política en sus países. Queremos apoyar sus medios de subsistencia, higiene y salud. Reconocemos que este es un problema grave y también tenemos nuestras preocupaciones de seguridad», dice Alí.

Alí dice que se realizan labores para atender a los migrantes de manera ordenada y con el apoyo de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y su oficina para refugiados ACNUR.

En noviembre del 2021, los representantes de ACNUR, entre ellos, Philippa Candler, manifiesta que desde Venezuela habían llegado para ese momento 24 mil venezolanos. La mayoría pertenecientes a la etnia indígena warao.

Las condiciones en las que llegaron los indígenas son considerables. Enfermedades como el propio COVID-19, la malaria y desnutrición han hecho mella en dichas comunidades. Reportaron unos 20 niños desnutridos en los últimos días.

Además, parte de estos migrantes dicen que huyen de Venezuela para buscar mejora económica y no tener que enfrentarse a las mafias del narcotráfico y de la minería ilegal, que han devastado los territorios que ancestralmente pertenecen a los indígenas.

El gobierno de Trinidad y Tobago otorgó 13.500 permisos de trabajo a venezolanos residentes en el país, que se inscribieron de forma legal en marzo del 2021.

El anuncio lo hizo el Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, organismo que indica a través de un comunicado, que la extensión de dicho permiso legal será hasta el 31 de diciembre de este año.

Se pudo conocer que inicialmente se inscribieron 15.523 en marzo del 2021, pero además de los 13.500 beneficiados, otros venezolanos salieron del país. Algunos se devolvieron a Venezuela.

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Vale destacar que desde el 2019 se han otorgado prórrogas de este tipo. Esta que entregaron este miércoles, sería la cuarta oportunidad que daría la isla a los venezolanos que han ingresado a Trinidad de manera legal y se han registrado con las autoridades trinitarias.

La primera extensión fue aprobada en marzo del 2020 y fue extendida hasta el 2022 debido a la pandemia por COVID-19.

La comunidad de venezolanos en Trinidad y Tobago se pronunció a través de las redes sociales. La mayoría vio con beneplácito la prórroga entregada por el gobierno trinitario.

Sin embargo, algunos consideran que por parte de las autoridades trinitarias ha habido xenofobia y segregación hacia los ciudadanos venezolanos, sobre todo contra aquellos que han ingresado de manera ilegal a la isla, buscando un mejor provenir.

Vale acotar que la atención a los migrantes venezolanos en Trinidad no ha sido la más idónea. Uno de los últimos hechos que convulsionó a la opinión pública internacional, fue el asesinato de un niño venezolano por parte de la Guardia Costera de Trinidad. Durante este evento la madre de la víctima también resultó gravemente herida.

Justo cundo a la madre le daban de alta y enterraban el cuerpo del niño, la policía procedió a detener a la mujer. Días después quedó en libertad.

La ONU calcula que unos 274 millones de personas, 17 % más que en 2021, necesitarán ayuda humanitaria en 2022. Esto, a causa de conflictos y crisis en lugares como Etiopía, Siria, Afganistán, Venezuela o Centroamérica.

Además de la crisis humanitaria, sobre esos países pesan los efectos de la pandemia y del cambio climático.

Tras dos años difíciles, marcados por la COVID-19, pero en los que también han surgido nuevos conflictos, hay otros de larga duración persisten.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha decidido aumentar también, en 17 %, su petición de ayuda para 2022. El presupuesto solicitado es un récord de 41.000 millones de dólares.

«Mi objetivo es que este llamamiento mundial pueda contribuir a darle esperanza a millones de personas que lo necesitan desesperadamente». Así lo destacó al presentar el plan anual de asistencia, el jefe de coordinación humanitaria de Naciones Unidas, Martin Griffiths.

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Con este plan de asistencia presentado este miércoles, se espera ayudar a 183 de los 274 millones de personas vulnerables ante desafíos como la violencia. Pero también por los problemas medioambientales desencadenados por el calentamiento global. Según la ONU, estos problemas afectaron a unos 16 millones de personas en 2020.

Las catástrofes naturales relacionadas con el clima cada vez son más frecuentes y variables. La ONU estima que hasta 216 millones de personas podrían tener que desplazarse dentro de sus propios países en 2050 debido a este motivo.

Muchos de los 63 países a los que se dirige el plan de la ONU han visto agravada su situación por la pandemia de la COVID-19, reseñó Efe. Según datos de la agencia de coordinación humanitaria, se perdieron 1,8 millones de vidas a consecuencia de esta enfermedad. Y solo han recibido un 4 % de las vacunas administradas en el planeta.

De los 41.000 millones de dólares solicitados, la mayor partida se dirigiría a Siria y los países vecinos que acogen refugiados de esa nación en conflicto (9.800 millones). Mientras que más de 5.000 millones se destinarían a Afganistán, casi 4.000 millones a Yemen y 2.800 millones a Etiopía.

En Afganistán, el único país donde este año llegó toda la asistencia humanitaria que había solicitado la agencia de la ONU, la petición de asistencia se triplicará para 2022. Esto, debido al colapso económico del país, la sequía y a la erosión de servicios básicos tales como la salud o la educación

Para Latinoamérica la ONU pide 2.500 millones de dólares con el fin de asistir a los venezolanos tanto en su país como emigrados a otras naciones vecinas. Son 200 millones para Colombia, 114 millones para El Salvador, 153 millones para Guatemala, 373 millones para Haití y 143 millones para Honduras.

Naciones Unidas pide a la comunidad internacional un especial esfuerzo para responder a estas peticiones de ayuda, después de que en 2021 las donaciones hayan cubierto por ahora solo 46 % de la ayuda humanitaria solicitada hace un año por la misma agencia.

De los 37.700 millones de dólares solicitados para 2021 sólo se han materializado 17.200 millones, y en países como Zimbabue, Pakistán, Haití, Colombia o Chad llegó menos de un tercio de la ayuda requerida para los programas de asistencia de la ONU.

Griffith resaltó que la hambruna «sigue siendo una perspectiva aterradora para 45 millones de personas en 43 países» y destacó que en la mayoría de las crisis «las mujeres y las niñas son las que más sufren, ya que se acentúan las desigualdades de género”.

Entre la inseguridad presupuestaria y las condiciones de vida precarias de quienes laboran en las universidades, la educación superior está en emergencia.

Según el Observatorio de Universidades desde inicios de la pandemia, han ocurrido 202 hechos delictivos en 9 de las 39 universidades de todo el país.

Del estudio se desprende que 66 de esos hechos fueron hurtos.

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La universidad que debe ser la institución por excelencia dedicada a hacer investigación y docencia, no puede.

El presupuesto asignado no da, sin contar que la calidad de vida de los profesores ha desmejorado considerablemente en los últimos años por la crisis.  

“Una institución que era guía del desarrollo del país hoy en día es una institución afectada por la crisis humanitaria compleja”, dijo a Unión Radio Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades.

Meléndez indicó que la Universidad Central de Venezuela (UCV), se quedó sin las instalaciones de la escuela de estudios políticos.

Precisa que la inseguridad alimentaria se ha evidenciado dentro de las universidades de la región nororiental, ya que «48% de los docentes comen menos de tres veces al día».

Con respecto a la migración, reporta 60% de los estudiantes y 40% de su planta profesoral se ha ido en busca de mejores oportunidades.

“Actualmente nuestra educación se realiza en emergencia”, agregó.

El Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara, fue noticia la mañana de este #04Nov después de que el cuarto piso quedará inundando aparentemente por un grifo abierto.

El presidente del Sindicato del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Alberto Domínguez, conversó con el diario regional El Impulso. Comentó que el hecho se suscita en horas de la mañana en el techo del piso cuatro, donde funciona el área de hospitalización.

¡Emergencia total!La mañana de este jueves se hizo viral un video en el que se observa un bote de agua en una de las plantas del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto.Vía: @laprensalara@impactove? pic.twitter.com/fYGJso7O3E

Al parecer, en el quinto piso, en el área de Neonatología, dejaron abierto un grifo durante toda la noche. El agua se empozó y cuando rebasó el nivel comenzó a salir por rendijas hacia el cuarto piso, afectado el techo raso y creando diversas cascadas.

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Domínguez indica que la situación afectó de manera considerable a familiares de los pacientes recluidos en dicho piso, por lo que procedieron a denunciar por redes sociales la situación ante el colapso del techo.

«A pesar de que se pudo conocer, que la causa se motivó luego de que un grifo quedará abierto durante toda la noche de este miércoles y nadie se percatará, es necesario denunciar públicamente la desinversión que existe en el recinto hospitalario», dijo Domínguez.

La crisis hospitalaria que arropa al país no es ajena para los nosocomios del estado Lara. El dirigente sindical explica que por lo menos en Barquisimeto hay una especie de desidia colectiva.

Manifiesta que en los hospitales existe anarquía, que por ende trae falta de mantenimiento y desinversión. Situación que genera a su vez un deterioro constante en la infraestructura de los hospitales, como el caso del hospital Central de Barquisimeto.

En la mañana de este lunes, las madres de los pacientes del hospital J.M. de los Ríos, protestaron ante el trato cruel e inhumano por parte de la directiva del centro de salud.

Las madres alertaron sobre las condiciones inhumanas a las que están sometidos sus hijos por la falta de atención médica.

Entre las precariedades que sufren los niños se encuentra la falta de insumos por lo que el personal médico reutiliza las jeringas.

Esta situación puso en alerta a los padres de los pacientes, quienes solicitaron a la directora del hospital, Mercedes Valero, priorizar las principales necesidades del hospital.

“El ego de la directora no la deja ver la real necesidad que tiene el hospital”, denunció una de las madres afectadas.

Ante esto, exigió que se avoque a reparar las áreas que se encuentran fuera de servicio como el de cardiología, el laboratorio.

Destacó que ante las carencias del Hospital entre 500 y 1.000 niños dejaron de atenderse anualmente.

También denunciaron que hay un brote de Hepatitis entre los pacientes del hospital. Por lo que exigieron atender la situación.

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Las madres de los niños pacientes del hospital J.M. de los Ríos denunciaron que la directiva impidió que llegara ayuda para los pacientes.

También alertaron que en retaliación a las constantes denuncias, desalojaron a la Organización No Gubernamental, Santi y Sus Amigo,.

Las representantes de estos niños alegaron que gracias a esas fundaciones pueden costear varios tratamientos a sus hijos, ya que el hospital mantiene inoperativo varias de las áreas.

La exsenadora de Colombia, Piedad Córdoba, se atrevió a cuestionar la situación que hay en Venezuela y desmintió que exista una crisis humanitaria.

Aseveró que no hay ciudadanos que estén pasando hambre ni que busque comida en la basura. La dirigente de izquierda alegó que recientemente estuvo de visita en el país y que no se encontró con esa realidad.

 “Eso de que allá la gente está aguantando hambre, que pide limosnas, que esculca la basura es pura paja, eso es pura mentira. Y yo no soy la defensora de oficio de los venezolanos porque son ellos los que tienen que resolver sus problemas y buscar la salida como nosotros en Colombia lo tenemos que hacer”, manifestó.

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Córdoba, quien mantuvo durante años cercanía con Hugo Chávez y ahora con su sucesor Nicolás Maduro, afirmó durante una entrevista en el programa El boletín del Gomelo, que Venezuela atraviesa por un proceso complicado que tiene mucho que ver con las sanciones económicas establecidas por Estados Unidos.

Comparó la situación venezolana con la de Cuba, bajo el régimen castrista.

“Recientemente estuve allá y puedo hablar con alguna objetividad porque no puedo dejar de reconocer que hago parte de un proyecto en el que creo. No sé qué hubiera pasado si a Chávez le hubiera tocado vivir todo lo que ha vivido Maduro. Creo que van a salir adelante por razones muy importantes; respetan a la oposición y están sentados en el diálogo en México. Van muy bien y yo creo que lo fundamental no es desaparecer a la oposición, sino todo lo contrario. Eso alimenta y fortalece”, aseguró.

Tres de cada cuatro venezolanos viven en pobreza extrema en medio de una larga crisis económica complicada por los confinamientos por la pandemia de covid-19, y la escasez de combustible; reveló la Encuesta sobre Condiciones de Vida desarrollada por la Universidad Católica Andrés Bello.

76,6% de los hogares sufre pobreza extrema, pues sus ingresos no cubren sus necesidades alimenticias. 94,5% sufre pobreza. Las cifras de la encuesta distan de las ofrecidas por Maduro en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional electa en 2020; aseguró que 17% de la población vivía en la pobreza y solo 4%, en pobreza extrema.

En el marco de la septuagésima sexta edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente de Colombia Iván Duque, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para refugiados, Filippo Grandi; Estados Unidos, y Canadá, ratificaron su compromiso con visibilizar y brindar una respuesta humanitaria efectiva a la crisis de migrantes venezolanos generada por la emergencia humanitaria en Venezuela.

Durante el evento “Hazlos visibles”, organizado por el Gobierno de Colombia en Nueva York, el Presidente Duque afirmó que con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos en Colombia regularizó este año la situación de 1.3 millones de venezolanos. Espera que para el primer semestre de 2022 regularicen a 1 millón más.

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“Con este TPS Colombia ha visibilizado la crisis venezolana y ha demostrado fraternidad. Pero los venezolanos han demostrado resiliencia, esperanza y hermandad”, dijo Duque. Añadió, “este mecanismo de protección es el más importante gesto de paz en la historia latinoamericana reciente”. En ese sentido, llamó a los países de la región a impulsar mecanismos de integración similares para los migrantes y refugiados venezolanos.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, dijo que “el fenómeno venezolano es muy complejo y estos ciudadanos necesitan nuestra protección”.

Destacó que “la protección por inclusión es una de las mejores formas de protección”. También resaltó que “el estatus de protección de Colombia para Venezuela ha sido por 10 años y sin duda es un gran gesto de inclusión. Esto beneficia la economía, el manejo más eficiente del Estado y otros temas clave de los países receptores”.

Edward Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM, pidió “seguir buscando mecanismos para una respuesta humanitaria efectiva a la crisis de migrantes venezolanos”. Subrayó su llamado a otros países que reciben la migración venezolana a “implementar medidas necesarias. Entre ellas, las realizadas por Colombia, para una respuesta humanitaria más efectiva”. Asimismo, Grandi pidió que estos mecanismos “sean duraderos en el tiempo”.

Durante el evento, el embajador Jeffrey DeLaurentis, Asesor Principal de Asuntos Políticos Especiales de Estados Unidos, anunció un nuevo aporte de 336 millones de dólares como nueva ayuda para responder a la actual crisis humanitaria en Venezuela y la región.

El embajador de Canadá ante la ONU, Bob Rae, afirmó que “la crisis económica y social que vemos en Venezuela, sin dudas ha generado una tragedia humanitaria que afecta a toda la región (…) Esta crisis es generada por el régimen y requiere de soluciones políticas dentro del país”.

Miguel Pizarro, comisionado ante la ONU, advirtió que en 2020 Venezuela fue el país suramericano con mayor cantidad de migrantes desaparecidos en trayectos migratorios.

“La crisis de migrantes y refugiados venezolanos podría escalar a 7 millones en 2021. El viaje de los migrantes y refugiados venezolanos hacia una vida estable puede durar años. Incluso puede que muchos se queden en el camino si no hacemos algo”, aseveró.

Pizarro recordó que “nadie deja su hogar salvo que las circunstancias lo obliguen”. Agregó que “la desesperación lleva a los venezolanos a arriesgar sus vidas cruzando selvas, montañas y mares para empezar una vida desde cero, si es que tienen éxito”. Agradeció el apoyo y compromiso incansable de Colombia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países. También de multilaterales y agencias humanitarias, para atender la crisis de migrantes venezolanos.

Más de 10.000 migrantes, mayoritariamente de Haití, acampaban el viernes bajo un puente en la frontera sur de Estados Unidos, una crisis humanitaria que pone en aprietos al gobierno de Joe Biden.

Estos migrantes llegaron a la pequeña ciudad de Del Rio, Texas, cruzando el Río Grande que divide a Estados Unidos de México, informó AFP.

De los 2.000 que eran a principios de la semana subieron a 10.500 el jueves por la noche, dijo Bruno Lozano, el alcalde de esta localidad limítrofe con la mexicana Ciudad Acuña.

«Son principalmente de Haití e ingresan de manera ilegal (…) solo están esperando ser detenidos por los guardias fronterizos» para iniciar los trámites de autorización de estadía, explicó en un video publicado en Twitter.

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El viernes, el alcalde demócrata, que espera miles de llegadas más, declaró el estado de emergencia y cerró el puente al tráfico.

«Las circunstancias extremas exigen respuestas extremas», declaró al diario Texas Tribune.

«Hay mujeres que dan a luz, personas que se desmayan por la temperatura, son un poco agresivas y eso es normal después de todos estos días de calor».

A pesar de sus llamados a una «acción rápida» del gobierno federal, el presidente Biden y su gabinete permanece en silencio.

En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en inglés) aseguró que había aumentado su personal para enfrentar la situación de manera «segura, humana y ordenada».

El área de sombra debajo del puente internacional sirve como sitio de parada temporal «para prevenir enfermedades relacionadas con el calor».

La explicación la ofreció el CBP, señalando que a los migrantes se les proporcionó agua potable, toallas y baños portátiles.

Una vez atendidos, «la gran mayoría de los adultos que llegan solos y muchas familias continuarán siendo expulsados bajo el Título 42».

Se trata de una normativa de salud adoptada al inicio de la pandemia para frenar la propagación del virus, según este comunicado de prensa.

«Quienes no puedan ser expulsados bajo el Título 42 y no tengan una base legal para permanecer serán colocados en procedimientos de deportación acelerados», aseguró el CBP.

Un juez federal ordenó sin embargo el jueves al gobierno federal no expulsar a las familias en este contexto; lo que podría complicar la tarea de las autoridades, enfrentadas desde hace meses a flujos migratorios récord en la frontera con México. La administración Biden apeló la decisión el viernes.

«Venimos a trabajar, para buscar acuerdos que alivien la grave crisis humanitaria que sufre el pueblo de Venezuela”, así lo aseguró el líder de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Gerardo Blyde.

Blyde declaró este sábado, previo a la jornada de negociaciones en México con la Administración de Maduro.

Resaltó que llegaron al proceso de diálogo en busca de una solución a la crisis humanitaria que se vive en el país sudamericano.

Además, dijo que también buscan construir el camino de regreso a las instituciones y a la democracia.

En torno a la crisis humanitaria que vive Venezuela, Blyde dejó claro que el “único responsable es el régimen, que ha impuesto un modelo generador de miseria».

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«Estos acuerdos buscan aliviar en alguna medida la crisis humanitaria, pero todos los venezolanos sabemos que no habrá solución permanente a nuestra profunda crisis económica mientras no haya democracia», citó la agencia EFE.

Dijo que esto significa «instituciones autónomas, respeto a los derechos humanos, regreso al orden constitucional, reglas claras de convivencia y que los venezolanos pueden elegir libremente su destino».

Blyde señaló que con estos agregados «Venezuela se reinsertará en el concierto de naciones, recuperará la confianza y avanzará hacia una recuperación economía sostenible».

Además, dijo que no llegaron a estos diálogos «a olvidar la historia, ni a redimir a los responsables, venimos a abrir respetuosamente, pero decididamente, un espacio donde se acuerde la necesidad de repensarnos cómo República».

El exalcalde del municipio Baruta también pidió «abandonar la terquedad del modelo que solo ha traído hambre y miseria, que se desista de la agenda de aniquilación de la disidencia y especialmente, que podamos devolverle al pueblo venezolano la voz que nos indique el camino que debemos transitar», finalizó Blyde.

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Ituango es protagonista de una crisis humanitaria que, aunque ha sido hitporica por la violencia, se ha recrudecido por nuevas intimidaciones a sus habitabtes y el invierno.

Frente a este último, la fuertes lluvias en el país han provocado el cierre de vías de acceso y la atención de víctimas.

Se trata de la peor crisis humanitaria, con un balance parcial de 4.000 desplazados internos en la zona según reportan organizaciones sociales y las autoridades locales.

Todo indica que la desde el pasado 22 de julio comenzaron a llegar al casco urbano de Ituango pobladores de veredas tras amanezas de grupos armados que se tomaron su territorio.

Según la líder social de Ituango, Isabel Cristina Zuleta, son 1.674 familias afectadas que viven en 31 veredas del municipio, una cifra que también maneja la Alcaldía del municipio.

“Este es el mayor desplazamiento del que tiene noticias la Procuraduría en el departamento de Antioquia (…) Rebasa la capacidad del municipio», señaló el procurador regional Luis Fernando Bustamante.

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Piden con urgencia la presencia del gobierno nacional «y que nos acompañe en la atención de esta situación”, complementó el Bustamante.

Detrás de este desplazamiento, las autoridades han señalado al frente 18 de las disidencias de las Farc e integrantes del Clan del Golfo.

Delincuentes que buscan el control territorial de Ituango y las zonas rurales intimidando a sus población con amenazas.

La zona es estratégica para el paso de armas y drogas por parte de los violentos.

«No se han presentado enfrentamientos entre los grupos armados que tienen presencia en el municipio, por lo que sus acciones se limitan a presionar a los campesinos», dijo a La W el alcalde Edwin Mira.

«Es evidente que la disputa territorial está generando los desplazamientos forzosos con amenazas de muerte que obligan a los campesinos a salir de sus veredas», analizó el Movimiento Ríos Vivos.

No es la primera vez que la población ha tenido que dejar sus casas y animales por amenazas este año, en febrero ya se había presentado otro episodio.

Una situación que, denuncian, no fue atendida por las autoridades y el Estado y desembocó en un nuevo desplazamiento.

Y la zona históricamente ha sido un eje importante para los grupos criminales quienes han despojado a los campesinos de sus tierras y hoy tiene en crisis de nuevo a sus habitantes.

Una crisis humanitaria a la que se suma la dificultad de acceso al municipio debido a la ola invernal que afecta el país.

La única vía que conecta con Medellín esta bloqueada po derrumbres de tierra.

Esto ha generado que no haya gasolina, gas natural ni alimentos, lo que ameneza con un desabastecimiento generalizado.

Ya hay damnificados por las inundaciones las cuales ha sido necesario transportarlas por vía aérea. Este lunes se entregaron 3 toneladas de ayudas en helicópteros de la ONU y la Fuerza Aérea.

Por su parte el presidente Iván Duque ordenó al ministro del Interior ir a Ituango “para que muchas personas puedan regresar a sus casas”.

Y de esa manera garantice la “seguridad en los perímetros” de ese municipio antioqueño.

“En Ituango se ha presentado presiones de grupos armados ilegales desde hace mucho tiempo, nosotros venimos enfrentando esos grupos desde que empezó nuestro gobierno”, dijo el presidente.

Duque cnfirmó que se estpa pidiendo ayuda internacional para atender la crisis humanitaria en Ituango.

«Estamos buscando con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo se atienda y se restablezca la movilidad, también hay un equipo de Invías trabajando en eso”, expresó este marte el mandatario colombiano.

Sobre la militarización de Ituango, Duque comentó que el Ministerio de Defensa desplegó un operativo con el que buscan recuperar esa zona .

“Venimos avanzando en un programa que es integral en la región del Bajo Cauca Antioqueño, en lo que tiene que ver con formalización de pequeños mineros en cadenas productivas, allá tenemos una Zona Futuro”, subrayó.

Con información de Infobae.

Desde hace más de ocho años, la alimentación del venezolano no ha sido igual. La pulverización del poder adquisitivo los obligó a que varios alimentos desaparecieran de la mesa, principalmente la carne.

La crisis humanitaria en el país obligó a que Venezuela se convirtiera en la nación que menos carne consume.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó unos datos en los que determinó que en Venezuela las personas consumieron al menos 3 kilos de carne al año en el 2020.

En un trabajo especial publicado por El Diario, informó que Venezuela pasó de ser uno de los países que más carne comía a ocupar el último peldaño.

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Venezuela alcanzó su pico más alto en 2012, cuando en promedio las personas comían 65 kilos de carne al año.

En 2015, la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), las personas disminuyeron el consumo de carne a 14 kilos.

Mientras que en 2016 los números cayeron a 7 kilos por persona.

Esta tendencia hacia la baja se mantuvo durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, hasta alcanzar los 3 kilos per cápita.

Estas cifras evidencian la debacle en la que se encuentra sometida Venezuela y contrastan la realidad del continente.

En Colombia, por ejemplo, el consumo de carne fue de 17,1 % en 2020.

Brasil tuvo un consumo per cápita de 40 kilos en el 2020, 5 % más del registrado en 2019 y 1500 % más de lo que se consume en Venezuela.

Argentina, sumida en crisis económica, también mantiene un nivel de consumo de carne muy superior al de Venezuela, al ubicar las estadísticas en un 49,7 %.

Los números reflejan una marcada crisis en el sector alimenticio; en especial cuando en naciones africanas.

Tales como Nigeria, Etiopía o Ruanda las personas comen alrededor de 9 kilos de carne al año.

La dirigente nacional de Primero Justicia, Karim Vera, aseguró este martes que el tema de los caminantes es grave.

Alertó que no sólo es una medida desesperada asumida por venezolanos en búsqueda de un mejor futuro.

Señaló que están expuestos a  eventos infortunados en los que incluso, ponen sus vidas en riesgo.

Vera exhortó a la comunidad internacional y a los ciudadanos a no permitir que la situación de los llamados caminantes llegue al punto de ser normalizado.

“Son nuestros hermanos que han perdido todo, incluso sus vidas a causa de una crisis que día a día se agudiza en el país”, aseveró.

Asimismo, insistió que esto es un tema que va más allá de lo político, es un tema de humanidad.

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Informó que en los últimos 15 días, se observaron caravanas en crecimiento de venezolanos en las vías de Pamplona.

Por lo que sostuvo que esto generó que se creen puntos de control en su transitar.

“La crisis lleva a los venezolanos a tomar medidas desesperadas, no es suficiente lo que hace hasta ahora”, aseguró.

Indicó que se trata de seres humanos que no llevan ningún tipo de protección personal.

“Reconocemos la colaboración que países hermanos han tenido con los venezolanos, así como ataques de xenofobia impulsados incluso por autoridades”.

Karim Vera, hizo un llamado a todos los organismos internacionales a impulsar algunas medidas de emergencia.

Por el grave escenario y evitar que más venezolanos pierdan la vida en su trayecto e incluso sean captados por grupos irregulares.

Más de 39 pasos irregulares, denominadas trochas, distribuidas entre Puerto Santander, Cúcuta y Villa del Rosario, ha identificado la Policía Metropolitana de Colombia en la frontera con Venezuela.

Este incremento, aseguran las autoridades colombianas, se debe al cierre de la frontera entre Colombia Y Venezuela como medida de contención ante la COVID-19.

Según Migración Colombia, el flujo constante de migrantes venezolanos por las trochas llegó a sumar 35 mil personas en 2019.

Pero en la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus esta situación se incrementó y se necesita de mucho esfuerzo para controlarla.

Reporta La Prensa de Lara que a través de las trochas, existen entre 5 mil y 7 mil personas de forma semanal.

En estos lugares no se cumplen con las medidas de bioseguridad para frenar el contagio del virus.

El Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación del Norte de Santander, Víctor Bautista, señaló que «el país está diseñado para tener un mínimo de humanidad”.

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Sin embargo, considera que “esto es una situación que necesita control y seguridad, pero también hay una crisis humanitaria que desborda la capacidad del Estado y debemos encontrar algunas soluciones transitorias y alternativas».

El Hospital Universitario Erasmo Meoz, hizo también un llamado al Gobierno Nacional para solicitar el pago de la deuda que los 62 mil millones de atención a migrantes.

El coronel Freddy Barbosa, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseguró que los operativos en la frontera “son permanentes”.

Allí participan “100 hombres del ejército y la policía”.

Juan Felipe Corso, secretario de Gobierno de Norte de Santander, precisó que en esa zona se garantiza la seguridad tanto de los colombianos como de las personas que se mueven en la frontera.

“Históricamente hemos tenido conocimiento de delitos en la modalidad de trata de personas y seguiremos estando en territorio para tomar acciones para contrarrestar este delito».

Indicó, además, que el Norte de Santander tiene 140 camas disponibles y 295 camas ocupadas, lo que representa un porcentaje de 68% de ocupación de UCI.

En el último reporte del Ministerio de Salud, el departamento presenta 48.193 casos de COVID-19.

Pablo Hernández, nutricionista e investigador del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), alertó que 3 de cada 10 niños venezolanos tiene afectado su crecimiento físico y desarrollo intelectual por la falta de una buena alimentación.

Destacó que hay limitaciones para que la población venezolana pueda cumplir con una dieta balanceada.

A su juicio, esta acción repercute en el estado nutricional de los niños y de las personas más vulnerables.

Asimismo, informó que el estado nutricional de esos ciudadanos está bastante comprometido e incide de manera directa al sector productivo del país.

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Detalló que los venezolanos consumen carbohidratos en mayor proporción, ya que satisfacen lo suficiente y son “relativamente” económicos.

Pablo Hernández señaló que el venezolano optó por consumir grasa animal que no es recomendable.

Por ejemplo, extraen la piel del pollo y así producen aceite o manteca para rendir las comidas.

Puntualizó que la proteína es lo que menos se consume en los hogares venezolanos.

 “Eso se ve en la baja talla de los niños y en la aparición de caries y aunque afecta la parte ósea y, el crecimiento de ellos”, argumentó.

En ese sentido, el nutricionista explicó que la proteína animal (carne, pescado y marisco, huevo, leche y derivados lácteos) se deben consumir todos los días.

Informó que no necesariamente en gran proporción, pero sí en menor escala que los carbohidratos.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (encovi) indicó que el 30% de los niños tienen talla baja.

Ya que, presentan una estatura menor a la medida de los demás niños de su edad.

“Cuando ese niño crezca no podrá tener la capacidad intelectual a diferencia de los niños que sí pudieron acceder a una mejor alimentación”, dijo Encovi.

Por lo que alertan que podrá sufrir de enfermedades crónicas como hipertensión y tendrá más riesgo de diabetes

Es necesario aclarar que aquel niño que no pueda contar con una buena alimentación en su niñez y al crecer mejora su situación alimenticia podrá padecer de obesidad.

Con información de Humvenezuela

Los venezolanos continúan alzados en las calles de Venezuela exigiendo el respeto de los derechos, por ello este martes se registraron 35 protestas.

Entonces, ciudadanos salieron a exigir calidad de servicios básicos en 13 estados de Venezuela, reportó el Observatorio de Conflictos.

De acuerdo con el Observatorio de Conflictos, se registraron aproximadamente 35 manifestaciones en al menos 13 estados del país:

Amazonas (1), Anzoátegui (1), Barinas (1), Bolívar (2), Carabobo (1), Distrito Capital (2), Lara (2), Mérida (2), Miranda (2), Monagas (17), Sucre (1), Trujillo (1), Zulia (2).

Entre los principales temas que exigen los venezolanos sean resueltos están: las fallas de servicio eléctrico, escasez de suministro de agua y la falta de gasolina.

Además, que la hiperinflación y la crisis económica mantienen a la mayoría de los venezolanos sumergidos en la pobreza.

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Ya que el sueldo mínimo en Venezuela no alcanza ni para obtener dos productos de la canasta básica. Actualmente está valorado en 0.88 dólares.

Pese a que este año no ha habido movilizaciones masivas, los venezolanos igual salen a las calles de sus sectores para exigir los servicios básicos.

De acuerdo con el OVSC, este 2020 se registraron más de siete mil protestas por la falla de servicios básicos.

En septiembre se rompió record del número de protestas que se presentaron en el país, informó el OVSC.  

A principios de octubre el observatorio informó que en septiembre se presentaron 1.193 manifestaciones por la crisis que aqueja al país.

Anzoátegui lideró el índice de protestas con 112 manifestaciones, seguido de los estados Sucre (107), Nueva Esparta (102), Bolívar (94), Lara y Zulia con 79 protestas, respectivamente.

#20Oct Hasta la 1 pm hemos registrado aproximadamente 35 protestas en 13 estadosAmazonas (1)Anzoátegui (1)Barinas (1)Bolívar (2)Carabobo (1)Distrito Capital (2)Lara (2)Mérida (2)Miranda (2)Monagas (17)Sucre (1)Trujillo (1)Zulia (2)*No hubo represión*