El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este lunes   su Informe Anual 2024, titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.

Se trata de  una investigación que expone el colapso del sistema penitenciario venezolano y documenta su utilización como instrumento de represión política, con prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Una de las primeras cosas que destaca el documentoe s que durante 2024, al menos 149 personas murieron bajo custodia del Eestado venezolano: 105 en cárceles (66 de ellos por motivos de salud),  40 en calabozos policiales y 4 presos políticos.

 A estas muertes se suman 74 heridos en centros penitenciarios, producto de motines, golpizas, omisión médica y requisas violentas.

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Enfermedades no tratadas

En este punto es importante mencionar que la mayoría de los fallecimientos ocurrieron por enfermedades no tratadas, hacinamiento extremo, insalubridad y negligencia sistemática. Asimismo, durante 2024 se registraron 23 fugas, 5 huelgas y 7 motines en los recintos penitenciarios.

En los calabozos policiales, las condiciones son igualmente críticas: 23 de las 40 muertes allí registradas estuvieron relacionadas con el deterioro físico derivado de la falta de atención médica y de condiciones mínimas de vida. En tanto, durante 2024 se reportaron 39 heridos, 56 fugas, 8 huelgas y 10 motines en centros de detención policial.

El informe señala que 2024 fue especialmente grave por el recrudecimiento de la persecución política. 

🚨CRISIS PENITENCIARIA@oveprisiones presentó su Informe Anual 2024: “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.El informe documenta cifras, denuncias y testimonios sobre tratos crueles y detenciones sin garantías en Venezuela pic.twitter.com/Nu9e9bBaQd

Luego del 28 de julio

Tras las elecciones del 28 de julio, se multiplicaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra personas consideradas opositoras al gobierno. El OVP documentó la muerte de cuatro presos políticos por falta de atención médica: Marino Lugo Aguilar, Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González.

Estos fallecimientos elevaron a 22 el número total de presos políticos muertos en custodia del Estado desde 2015.

 Las detenciones posteriores a la jornada electoral se caracterizaron por la incomunicación prolongada, traslados arbitrarios, golpizas, aislamiento prolongado y reclusión en centros previamente clausurados, como Tocorón y Tocuyito, utilizados nuevamente como espacios de tortura y represión.

En otro orden de ideas, la cárcel de El Rodeo I es otro de los recintos que usan para torturar a los presos políticos que sobreviven en celdas de 2×2 sin ventilación, sometidos a altas temperaturas con cero contacto físico y en aislamiento prolongado.

 “Esto no es más que tortura psicologica y sostenida. En todos los años que tengo trabajando en materia de DDHH, jamás había visto un ensañamiento como el que se ha registrado en contra de los presos políticos”, explicó Humberto Prado, director del OVP, quien agregó que en las cárceles de Tocorón, Tocuyito y El Rodeo I, se documentó que el personal de custodia no estaba identificado, solo se conocían por seudónimos, estaban encapuchados y vestidos de negro.

Detenciones arbitrarias

Uno de los elementos más graves del informe es la detención arbitraria de al menos 158 adolescentes durante la represión postelectoral. El OVP documentó casos de jóvenes golpeados, incomunicados, sin contar con abogados de confianza ni contacto con sus familias.

Algunos fueron recluidos en centros penitenciarios para adultos, mientras que otros fueron trasladados a lugares alejados, imposibilitando su defensa. Estas prácticas violan el principio del interés superior del niño y los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA). La detención de niños, niñas y adolescentes por motivos políticos constituye una de las señales más claras del uso del aparato judicial y penitenciario como arma de persecución.

En cuanto al colapso estructural del sistema penitenciario, el informe advierte que la población reclusa alcanzó las 22.019 personas, mientras que la capacidad real del sistema es de apenas 15.096 plazas, lo que representa un hacinamiento crítico del 145,85%. Algunos recintos, como el Centro de Reclusión Dr Francisco Delgado, el antiguo retén El Marite en el estado Zulia, superaron el 350% de hacinamiento.

Ahora bien, según el registro del OVP, del total de la población reclusa en Venezuela, 1.969 son mujeres y 28 % de ellas se encuentran recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Es de resaltar que durante el 2024 fue desalojado el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, disminuyendo así las plazas para las mujeres en prisión.

Condiciones degradantes

Tanto para ellas como para el resto de la población penal, las condiciones de vida son profundamente degradantes: la mayoría de los centros no cuentan con acceso regular a agua potable, los alimentos son insuficientes o servidos en mal estado, y los servicios médicos están prácticamente ausentes. 

Muchos internos perdieron entre 10 y 15 kilos durante su permanencia en reclusión, y a todo esto se suma el deterioro de la infraestructura, con techos colapsados, filtraciones, falta de electricidad y espacios convertidos en verdaderas cámaras de castigo, como los llamados “tigritos”, celdas pequeñas, oscuras, sin ventilación y sin acceso a luz natural.

Durante 2024 también se produjo una oleada inédita de protestas dentro del sistema carcelario. Más de 50.000 personas privadas de libertad participaron en huelgas de hambre como forma de denuncia ante los abusos, el hambre, el retardo procesal y la ausencia de justicia. Por ejemplo, el  9 de junio se registró una huelga nacional simultánea en cárceles, calabozos y anexos femeninos de todo el país.

Pero no los castigos no tardaron en llegar, en Fénix Lara, por ejemplo, 2.000 reclusos permanecieron durante 17 horas sin agua ni alimentos como castigo por haber participado en protestas; mientras que en el Centro Penitenciario 26 de Julio, más de 1.300 presos fueron encerrados durante días sin acceso a la luz solar ni posibilidad de comunicarse con sus familias.

Al respecto, Prado expresó que, a un año de la huelga nacional, los petitorios de los presos no fueron cumplidos por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y, por el contrario, continúa el retardo procesal, el hacinamiento, las condiciones inhumanas en las que están recluidos y las constantes violaciones de DDHH.

Crímenes de lesa humanidad

En el informe anual, OVP también alerta que las prácticas documentadas configuran patrones que deben ser analizados como posibles crímenes de lesa humanidad. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas físicas y psicológicas, las muertes bajo custodia y la represión sistemática contra opositores y ciudadanos comunes, son compatibles con las definiciones establecidas en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

En conclusión, el Observatorio Venezolano de Prisiones emitió una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas la liberación inmediata de todos los presos políticos y adolescentes detenidos  injustamente, el cese de la incomunicación y el aislamiento prolongado como forma de castigo, el respeto al debido proceso, la garantía de condiciones mínimas de vida, salud y alimentación, así como la investigación independiente de todas las muertes ocurridas bajo custodia del Estado.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las condiciones de higiene e infraestructura de los centros penitenciarios de Venezuela son «precarias» y que, además, existe un «problema de alimentación grave».

«Los penales son utilizados como depósitos de personas y las condiciones de higiene e infraestructura son precarias. Asimismo, existe un problema de alimentación grave, y aunque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios maneja una partida presupuestaria para cada preso, la población penitenciaria no recibe los alimentos», dijo la directora de la ONG, Carolina Girón.

“Las personas privadas de libertad son sujetos de derechos, en virtud que lo único que pierde una persona cuando ingresa a prisión es la libertad. Cuando se solicita que cumplan con los mínimos derechos de alimentación, servicio de salud, un espacio digno, son derechos, no privilegios”, manifestó.

De acuerdo con la organización, en las cárceles en el país se ha observado que la «frecuencia en el consumo de alimentos se limita a una comida diaria con intervalos que han llegado a superar las 24 horas».

Asimismo, «el menú proporcionado no responde a una dieta balanceada con los nutrientes básicos e ingesta calórica establecida» por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Girón indicó que, desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, hasta el año pasado, han muerto 7.792 personas en prisión, y que a partir de 2018 el «porcentaje de muertes por desnutrición y tuberculosis superaron las muertes violentas».

Estas, señaló, fueron las causas del fallecimiento de 90 de los 126 reclusos en 2021 en las cárceles del país.

«En la cárcel no tiene por qué morirse nadie, porque la cárcel está bajo responsabilidad y custodia del Estado. Es algo que no se puede permitir. Los invitamos a reflexionar sobre nuestro sistema penitenciario», expresó Girón.

Por otra parte, aseguró que a los presos «los están tratando mal y, con ello, están creando personas resentidas y con odio», al tiempo que argumentó que «frente a una prisión no pueden estar ni policías ni militares».

«No pueden ser funcionarios de esos cuerpos de seguridad porque están formados para la represión, para la seguridad ciudadana. No están formados para trabajar con personas privadas de libertad», dijo.

Girón agregó que la «formación es la base fundamental para la modernización del servicio penitenciario, porque este personal es quien se va a encargar de dar las herramientas al privado de libertad para su reinserción ante la sociedad como un factor positivo».

La directora de OVP indicó que uno de los principales problemas del sistema penitenciario en Venezuela es que existe corrupción en cuanto a la formación del personal en el servicio.

Manifestó que «la formación es la base fundamental para la modernización del servicio penitenciario, porque este personal es quien se va a encargar de dar las herramientas al privado de libertad para su reinserción ante la sociedad como un factor positivo».

En tanto, Girón comentó que frente a una prisión no pueden estar ni policías ni militares. “No pueden ser funcionarios de esos cuerpos de seguridad porque están formados para la represión, para la seguridad ciudadana. No están formados para trabajar con personas privadas de libertad”, dijo.

La defensora de DDHH manifestó que actualmente a los presos los están tratando mal y con ello están creando personas resentidas y con odio. “Ni los presos sudafricanos son tratados como en Venezuela, que no tienen acceso a la alimentación, al servicio médico, al agua potable”, situación que es responsabilidad del Estado.

«La falta de herramientas para una reinserción, la presencia de pranes en las cárceles y la no clasificación en cuanto a los delitos, incumplen en su totalidad con las reglas», afirmó.

Desde los patios del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de San Carlos de Zulia, municipio Colón, se mantiene una protesta pacífica por parte de los reos.

La manifestación se hace desde el viernes 22 de abril, según la ONG Una Ventana a la Libertad. Los presos denuncian “un brote de tuberculosis” en las diferentes áreas del penal.

Por ello, exigen la intervención de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial.

La ONG indicó que un equipo de médicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) evaluó a los internos.

“Tenemos una epidemia de tuberculosis crónica y nuestros compañeros están padeciendo. Hace ocho días falleció el señor Nelson Fernández y no nos están dando pronta respuesta a la situación que se está viviendo de hacinamiento», denunció uno de los internos, a través de un video difundido por UVL.

«Este es un centro de arresto construido para 80 personas. Tenemos un hacinamiento de 530 presos en este recinto”, agregó.

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El líder de cada patio hizo un llamado a los legisladores de la Asamblea Nacional, al diputado Pedro Carreño, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello.

Desde el pabellón A, el vocero detalló que el 21 de abril de 2022 se instaló una mesa técnica en el penal. Lo hicieron para conocer la situación de salud y judicial de cada privado de libertad.

De no obtener respuesta en las próximas horas, los detenidos amenazan con una huelga de hambre. “Ya basta que jueguen con nuestras vidas. Somos seres humanos, nos duele que extorsionen a nuestras familias», alegaron.

Posteriormente, un equipo médico del Senamecf evaluó a 426 privados de libertad dentro del retén de San Carlos de Zulia. Lo hizo a solicitud de Miguel Fernández, fiscal provisorio 75 del Ministerio Público.

Extraoficialmente, se supo que durante la jornada de salud se conoció que había un detenido en el Hospital General de Santa Bárbara de Zulia en condiciones graves.

Dentro de las instalaciones solo había dos reclusos con tuberculosis con tratamiento, en condiciones “regulares”. Además, se detectaron dos casos de esquizofrenia y cuatro embarazadas.

Las protestas dentro del retén de San Carlos comenzaron, el 7 de abril de 2022, tras el fallecimiento de Nelson José Fernández Rodríguez.

El hombre murió en el pabellón A, tras sufrir una desnutrición severa, complicada con tuberculosis y un edema pulmonar.

Sus compañeros retuvieron el cadáver dentro del penal hasta que se acercó una comisión de la Secretaría de Seguridad y Orden Público de la entidad.

El malestar se mantiene hasta la actualidad. Los detenidos denuncian la existencia de al menos otros 25 casos de tuberculosis. Pero, no los confirman por la falta de recursos para exámenes médicos en clínicas.

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El primer semestre de 2021 al menos 95 reclusos murieron en calabozos policiales ubicados en 21 estados de Venezuela. Entre enero y junio, 75,79 % de estos decesos, que suman 72, ocurrieron por enfermedades.

La información se conoció a través de un informe semestral elaborado por la ONG, Una Ventana a la Libertad.

«La tuberculosis es la principal causa de muerte con más de 65 % de los casos. El resto de las muertes se distribuye en cinco causas principales: infarto, desnutrición, enfermedades respiratorias, neumonía y síntomas de COVID-19. Además de cirrosis, hemorragia pulmonar, amibiasis, VIH y otras», señala el documento.

La segunda causa de muerte, confirmada por los investigadores de la ONG, son los supuestos enfrentamientos entre funcionarios y reclusos fugados.

Entre enero y junio del 2021, 15 fugados murieron en procedimientos de recaptura. Mientras que otras ocho defunciones se dividen en: tres en riñas, tres por abusos de funcionarios y dos en motines.

En materia de salud, la escabiosis (sarna) desplazó a las otras enfermedades que son frecuentes en los CDP.

El 29,5% de las personas detenidas enfermas sufren de escabiosis o sarna. Es una enfermedad que se contagia por la piel o por contacto con la ropa de una persona infectada y una sana.

En segundo lugar, está la desnutrición que asciende a 28,21%. «Esto se esperabam puesto que las visitas estaban suspendidas y son los familiares los que alimentan a esta población reclusa», señala la organización.

Por último, aún y cuando aparece más bajo que a finales del año 2020, «la tuberculosis agrupa 21,04 % de casos durante el monitoreo. Luego encontramos la gripe con 8,40 % de casos».

La cuarta enfermedad frecuente en los centros es la gripe, con o sin fiebre. Si bien la misma durante el primer semestre de 2021 presentó 437 casos, para la actualización a mediados de junio ascendió a 918.

«Este dato es interesante, en especial si vemos que aumentan los casos de gripe y fiebre y se mantiene bajo el número de casos de COVID-19», dice el informe.

«¿Podría ser que estos síntomas que se presentan como enfermedades respiratorias que desaparecen de manera súbita, mientras aumentan los de gripe, estarán encubriendo otra realidad, infecciones severas y casos de CIVID-19?», pregunta la ONG.

En cuanto al coronavirus, los casos disminuyeron de manera notoria de 300 en 2020 a 43 y 15 en la actualización para junio de 2021.

«Al respecto queremos señalar que en el país se ha penalizado la información sobre la pandemia, en particular a miembros del sector salud. Ante esta realidad y la desconfianza generalizada, no tenemos ninguna certeza sobre esta pandemia en los calabozos. Los datos obtenidos no permiten una visión clara sobre esta situación», aclara la entidad.

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Para finales del primer semestre de 2021 los hombres constituían un total de 23.186, es decir, 92 % del total de la población y las mujeres detenidas 2.015, lo equivalente a 8 %.

El número de adolescentes en conflicto con la ley detenidos en calabozos policiales fue de 22: 18 varones y cuatro mujeres que representan que representan 81,8% y 21,90% respectivamente.

Este primer semestre de 2021 se revisó la información de 289 centros de detención preventiva que están ubicados en 21 estados del país: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital y Área Metropolitana de Caracas, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia.

El estado Miranda está dividido en tres sectores, debido a la importancia del número de CDP en el mismo: Valles del Tuy, Eje Guarenas-Guatire y los Altos Mirandinos.

El cierre de este informe coincidió con un nuevo plan gubernamental. El 21 de junio de 2021, durante una reunión del consejo de Estado, Nicolás Maduro ordenó la creación de una Comisión Especial para Reformar el Sistema Judicial de Venezuela, que se enfocará en resolver los problemas del retardo procesal y el hacinamiento de reclusos en los centros de detención.

La comisión tendrá 60 días para el trabajo que le ha sido asignado y Una Ventana a la Libertad espera que, concluido el periodo, podamos ver una reducción significativa de hacinamiento.

“Acá en el penal tenemos una población aproximada de 3500 reos de los cuales 3000 personas estamos pasando por una etapa de desnutrición debido a que los custodios nos están reduciendo el alimento”

En este sentido, reseñaron a través de un video, que tan solo desayunan una arepa fina sin relleno, en el almuerzo la situación se repite y muchas veces no cenan.

Cabe destacar que la crisis carcelaria en el país se ha incrementado en los últimos meses donde además se han presentado situaciones violentas en los penales.

Medios de todo el mundo se han hecho eco de rumores sobre la supuesta muerte del líder totalitario de Corea del Norte, Kim Jong-un, tras su desaparición pública.

Y es que Kim fue visto por última vez en una reunión del partido gobernante en Pyongyang el 11 de abril y desde entonces nada se sabe, por lo que se rumora que su hermana, Kim Yo-jong, tiene muchas probabilidades para ser la siguiente gobernante de Corea del Norte.

Los rumores comenzaron después de que Kim, no estuvo presente en las celebraciones públicas por el aniversario del nacimiento de su abuelo, el fundador del estado norcoreano, Kim Il Sung, el 15 de abril.

Fue entonces que un sitio web de Corea del Sur, Daily NK, citó a fuentes anónimas reportando que el líder había sido sometido a una cirugía de corazón el 12 de abril y se recuperaba en una villa de las afueras de Pyongyang. 

No obstante, la cadena CNN, mencionó a fuentes anónimas estadounidenses que dijeron que estaban “monitoreando informes de inteligencia” que sugerían que Kim estaba en “grave peligro” después de la cirugía.

Luego el sitio de chismes TMZ, indicó que Kim había muerto, lo que desató una serie interminable de bromas por internet sobre el líder norcoreano.

Para conocer más detalles sobre el paradero del líder totalitario de Corea del Norte, Kim Jong-un y la situación en la que se encuentran los privados de libertad en Venezuela, les invitamos a ver el video al inicio de la nota.