Venezuela está políticamente estancada, a pesar del apoyo de países del mundo en la crisis postelectoral, consideran

Mientras, la Corte Penal Internacional (CPI) sigue jugando un papel clave, ante la falta de acciones diplomáticas concretas que aceleren el camino hacia una negociación o transición entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

Aunado al conflicto bélico en el Medio Oriente, que es otro factor que podría desviar la atención de organismos internacionales.

Todo el mundo tiene la mirada puesta en el conflicto en esa región, que puede ser incluso el punto de partida de una Tercera Guerra Mundial.

Esto es «Cara a Cara» con la periodista Mildred Manrique y el analista Alfredo Rojas Calderón.

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Con todo esto, ¿el tema de Venezuela pasará a segundo plano?

De este «Cara a Cara», como de sus ediciones anteriores, puede consultarlo en nuestro canal de Youtube.

La inestabilidad política en Venezuela ha creado un ciclo interminable de crisis que afecta a todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos.

Desde la escasez de alimentos y medicinas hasta la represión de la disidencia, la falta de un gobierno legítimo y las luchas de poder han sumido al país en el caos.

Sobre esto trata la presente edición del podcast «Venezuela en Profundidad», conducido por Génesis Pérez, quien entrevista al escritor Silvio Klein.

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Por Alfredo Rojas-Calderón*

Mucho se ha dicho, poco se ha concretado internacionalmente y casi nada se sabe de lo que terminará pasando en Venezuela, a casi un mes de realizadas las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el país se sigue desgarrando institucional, económica y socialmente, al límite de la deshumanización. Hasta ahora, nada ha cambiado desde la sociedad internacional respecto de este país: los gobiernos democráticos y los organismos del mundo occidental siguen esperando lo mismo que al día siguiente de las votaciones del 28 de julio: que se publiquen las actas, de manera oficial, porque de hecho ya el comando de la oposición ha hecho accesibles sus copias mediante una web. Pero ¿hasta cuándo se seguirán pidiendo las actas y, además, al órgano electoral que el gobierno controla, que anunció unos resultados falsos y que proclamó rápidamente a Maduro como el ganador?

Es engañosa la lectura que se hace desde algunos países e instituciones internacionales, en cuanto a que esta faceta poselectoral de la larguísima crisis institucional venezolana puede aguantar hasta el 10 de enero, cuando constitucionalmente el nuevo presidente debe tomar posesión del cargo. Hoy en día, Maduro está demostrando con hechos que no va a traspasar el poder nacional en una transición ordenada y pacífica. Su arquetipo cognitivo o conductual es el de la enemistad radical o existencial, el mismo que guía a Putin en Rusia. No ve a sus contrarios como rivales o adversarios; actúa con la fuerza o la violencia. Su estrategia es atemorizar hasta callar las voces y detener las acciones disidentes, lo que hace imposible siquiera el diálogo y menos la negociación entre un gobierno saliente y otro elegido, como es la normalidad en cualquier país de mínimos democráticos.

La deseable reconversión democrática de Maduro, de los militares, de su partido y colaboradores más cercanos, no fue y no será. Por supuesto, ese escenario de reinstitucionalización, a pesar de su poca probabilidad, era en el que creíamos y queríamos que ocurriera. Las encuestas anticipaban una victoria por amplio margen del candidato opositor, a quien, por desconocido e inexperto político, el gobierno subestimó y sí le permitió inscribir cuando expiraba el plazo de postulaciones. Fue ilusorio pensar que, sabiéndose derrotados electoralmente, los jefes maduristas estaban preparándose para pasar a la oposición, para lo cual hubiese sido imprescindible un acuerdo poselectoral que reestableciera las bases de la convivencia política y gobernabilidad democrática. Optaron por el fraude, por más autoritarismo, y es muy difícil pensar que abandonen ese camino. Solo un quiebre interno, que tiene de momento una bajísima posibilidad de que se dé, podría marcar un punto de inflexión.

Mientras los representantes de la política internacional se mantienen en sus gestos de apoyo y siguiendo el protocolo de solicitar al gobierno venezolano la publicación oficial de las actas –cuyo plazo ya venció-, el madurismo sigue su ofensiva militar, policial y pseudolegal contra los opositores y periodistas; nuevos migrantes salen del país, más censura se impone a los medios, peor funcionan los servicios públicos y más se retraen las empresas por la inestabilidad y la incertidumbre. Desde afuera, se sigue interpelando a una instancia electoral disfuncional y parcializada que hasta el propio Maduro marginó, cuando pocos días después del 28 de julio recurrió al Tribunal Supremo, que también controla, para que ahora le sentencie como ganador de las elecciones y, además, con la cualidad de cosa juzgada. Es dramático y ciertamente difícil de comprender en cualquier país democrático, por muy imperfecto que pueda ser su régimen, que en Venezuela no hay salidas institucionales internas al actual conflicto poselectoral y que su democracia finalmente colapsó.

Si la expectativa externa es forzar a Maduro a negociar una transición, el tiempo le juega en contra a los gobiernos y organismos implicados. Cada vez más presión de opinión pública, internacional e internamente, legítima pero no vinculante, contribuirá a ese propósito, pero se necesita más. Para poner en evidencia el fraude electoral del candidato oficialista, no basta con insistir en que se cuelguen las actas en la web oficial del organismo electoral venezolano ni esperar la sorpresa que no iba a llegar del TSJ. Lo que urge es auditar los resultados electorales con una verificación internacional y la anuencia del actual gobierno. Un paso inmediato sería conformar una comisión o un grupo de técnicos y expertos electorales, con los que cuentan todos los países y organismos internacionales del mundo democrático, y comenzar a disuadir a las partes de su pertinencia y de la obligatoriedad de observar sus conclusiones.

Están llamados a la labor todos los países y organismos internacionales, pero el foco está puesto sobre  EE.UU., por su liderazgo hemisférico y mundial, aunque con unas próximas elecciones presidenciales condicionadas por sus desafíos económicos internos y unas prioridades de política exterior que están del otro lado del planeta; sobre España, por sus vínculos históricos, pero con un gobierno progresista de coalición, que, aunque moderno y liberal, apenas se asoma con excesiva sutiliza; sobre Brasil y Colombia como vecinos vigilantes, pero con más complicidad y temor que firmeza porque se trata con un amigo; y sobre China, con sus intereses económicos y deudas por cobrar, aun con esa política exterior de pasividad a veces desesperante. Se incluyen también la OEA y la ONU con su Consejo de Seguridad, pero siempre que pasen de las resoluciones a las gestiones. Ante las urgencias de Venezuela caben, al menos, tres exigencias: convergencia, celeridad y concreción o actuación en el terreno, de cara a la tan conocida estrategia madurista de dispersión, dilación y «normalización», porque ya todo pasó.

*Profesor e investigador universitario, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar, así como consultor político, de opinión pública y gestión de intereses. Autor de varios artículos de investigación publicados en revistas y libros científicos y académicos. Su espacio de divulgación y discusión sobre Comunicación Política en Instagram y otras redes sociales es @verbocracia.

Francisco Palmieri, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos para Colombia, se pronunció acerca de la crisis que se vive en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, y aseguró que la comunidad internacional tiene un desafío de cara a restaurar la democracia en el país caribeño.

«Nicolás Maduro tiene que aceptar el resultado de las elecciones. Todo mundo sabe que Edmundo González ganó muchos más votos y, en ese sentido, la salida a la crisis no es con ultimátum, sino que es un proceso en el que los venezolanos pueden reconocer la realidad que todo mundo sabe: González ganó más votos”, afirmó el embajador en una entrevista con la emisora colombiana La W.

En cuanto a los cargos que podrían ser formulados contra Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ante un eventual acuerdo, Palmieri se refirió a las garantías que tendría la negociación.

«Para llegar a esa discusión, Nicolás Maduro primero debe haber aceptado el resultado de la elección. En ese sentido, la diplomacia de Gustavo Petro y de Lula da Silva para pedir la transparencia y promover un diálogo es donde tiene que comenzar, antes de discutir otras cosas”.

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En cuanto a la votación de una resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Venezuela, en la que Colombia tomó la decisión de abstenerse en días pasados, Palmieri recordó que los gobiernos de Colombia y Brasil están liderando directamente con Venezuela un proceso diplomático.

“Los dos (gobiernos) han sido muy claros en que apoyan el proceso de transparencia en la presentación de resultados y cuando presenten una nueva resolución, confío que los dos van a considerarla en la manera más seria”, sostuvo

Sin embargo, aseguró que la diplomacia “requiere paciencia”, por lo que las soluciones no pueden llegar de la noche a la mañana, sino que requieren de una “persistencia en el esfuerzo”.

En este sentido, reconoció el esfuerzo del presidente Gustavo Petro y del canciller Luis Gilberto Murillo.