Con el propósito de fortalecer las labores de seguridad en el país, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello Rondón, encabezó una reunión con altos funcionarios policiales y el instituto de los derechos de los niños.

Se trata de una actividad que responde a las instrucciones del presidente, Nicolás Maduro, para activar los mecanismos que permitan aumentar la seguridad de la ciudadanía.

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El objetivo es fortalecer las labores de despliegue permanente para garantizar la tranquilidad, seguridad y paz en todo el territorio nacional, informó El Mazo Dando.

Participaron en la  mesa de trabajo el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Alexis Rodríguez Cabello; el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán y la presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (IDENNA), Anahi Arizmendi.

 Asimismo representantes de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

En 2021 Fundaredes reportó al menos, 317 presuntos enfrentamientos en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, en los que 439 personas murieron, lo que representa 45% del total de las víctimas de homicidio en dichas regiones.

La información la suministró la organización en su informe anual, correspondiente al año 2021 que presentó esta semana la organización.

«Casi la mitad de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes, los cuales no prevén la muerte de los detenidos o sospechosos», reza el documento.

La coordinadora de documentación y derechos humanos de Fundaredes, la abogada Clara Ramírez, en entrevista a EFE dijo que estas muertes ocurrieron en medio de enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y bandas criminales.

También entre grupos armados irregulares, que no son «exclusivamente la guerrilla sino también bandas con alto poder de fuego que operan en estados fronterizos».

El documento también incluye muertes en algunas ejecuciones extrajudiciales «que las quieren hacer pasar por enfrentamientos».

En el informe, la ONG precisó que los organismos de seguridad del Estado con más responsabilidad en estos hechos fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana.

Además, las policías regionales y municipales, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales.

«Los grupos irregulares han coexistido con fuerzas del orden público, que mantienen en muchos casos actitud displicente ante el sufrimiento de la población», aseveró Fundaredes.

Precisó Ramírez que en el año 2021, se documentó un total de 979 víctimas de homicidio en los estados fronterizos.

De los cuales 872 eran varones y 76 féminas -39 de ellos, niños y adolescentes-, mientras que de las 31 víctimas restantes no se pudo determinar el género.

Fundaredes detalló que, aunque las armas de fuego fueron las más utilizadas en los homicidios (804 casos), también se registró el uso de armas blancas en 91 muertes.

Otras 36 personas murieron por golpes con objetos contundentes y 15 fueron estranguladas, mientras que en 33 casos no se determinó el arma utilizada.

«La consagración del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional venezolano, bajo cuyos postulados el derecho a la vida es inviolable, constituye letra muerta para muchas familias que se han visto afectadas por la situación de violencia que se vive en el contexto fronterizo venezolano», aseguró la organización.

Sostuvo que el Estado ha permitido «las acciones de grupos armados irregulares, bandas criminales con alto poder de fuego e incluso organizaciones internacionales del narcotráfico que, desde instancias del poder, han recibido respaldo para actuar en asociación con los cuerpos de seguridad en la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas».

Refirió que los grupos armados irregulares «han tomado, para su uso, fincas de propiedad particular, las cuales convierten en espacios para sus acciones criminales».

Por otra parte, Fundaredes denunció que su fundador y director general, Javier Tarazona, «permanece arbitraria e injustamente detenido» desde julio de 2021.

Hasta la fecha de publicación del informe, «aún no se ha llevado a cabo el respectivo juicio».

El monitoreo del proyecto Lupa por la Vida, que llevan a cabo el Centro Gumilla y Provea, contabilizó de julio a septiembre de este año 372 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado; las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

El informe  detalló que cinco de las muertes fueron de mujeres. Consideran que es una cifra de asesinatos de mujeres durante operativos de seguridad

El Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el cuerpo armado del Estado identificado con el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales con 114, según los datos.

Lupa por la Vida afirmó que en informes anteriores observó que “el Estado persistía en su patrón letal”.

Alertó que maquillaban los hechos, sustituyendo a las FAES por el Cicpc, esta tendencia se mantiene este trimestre”.

Asimismo, destacan la participación de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presuntamente responsables de 40 casos. “Lo cual es el resultado de los procesos de militarización de las labores de seguridad ciudadana”, explicó.

“Creemos importante observar está tendencia porque de profundizarse estaríamos en presencia de una reconfiguración del modelo represivo”, agregó el informe.

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En los últimos nueve meses, el monitoreo registró 1.197 ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales y militares en casi todo el territorio nacional.

En este trimestre, el mes de julio mostró la mayor cantidad de víctimas con 137. Añaden que en la primera quincena de este mes se efectuaron diversos operativos policiales en las zonas de la Cota 905 y El Paraíso de Caracas.

De acuerdo a las cifras de Lupa por la Vida; en agosto hubo una leve baja con 120; cerrando el mes de septiembre con 115 ejecuciones extrajudiciales.

En este sentido, durante este lapso se registraron 16 muertes más en comparación con el lapso de abril a junio, cuando se monitorearon 356.

En la data certificada por la organización se constata que fueron identificadas 242 de las víctimas. Otras 130 quedaron sin ser reconocidas al momento de recoger los datos.