Nicolás Maduro ordenó este jueves activar en el año 2024 el programa policial “Pran Cero”, con el propósito de erradicar la figura conocida como pranes, líderes negativos, que actúan en las cárceles venezolanas.

En mandatario nacional instruyó este programa con el objetivo de instaurar un régimen disciplinario «totalmente seguro» en todas las penitenciarías de Venezuela.

El «Pran Cero 2024» será aplicado en los 83 centros penitenciarios “para que estén bajo régimen disciplinario verdadero, total y absoluto y se cumplan las normas, esto es el vértice 9”, expresó el jefe de Estado, en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), durante la jornada presidencial por los aniversarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Maduro indicó que existen grandes logros en 2023, aunque falta mucho todavía.

“Pero lo que se ha hecho es un avance, nadie lo puede negar: ¡se acabó Tocorón!, se acabaron todos esos centros, se desarticularon y fue un golpe certero, pero certero-certero. Ahora vamos por los pranes que han surgido en las cárceles del sistema penitenciario bajo régimen», aseguró.

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Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores recibieron la condecoración de Comisarios Generales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en reconocimiento a su vocación de servicio.

Exhibieron con orgullo sus placas.

#EnFoto?| Jefe de Estado @NicolasMaduro, y la primera combatiente @ConCiliaFlores, recibieron la condecoración de Comisarios Generales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en reconocimiento a la vocación de servicio.#VictoriaDeLaVerdad pic.twitter.com/MJ46fFzgWE

Los cuerpos policiales y demás organismos de seguridad en Venezuela, lejos de ser más eficientes, se han convertido en un peligro para la sociedad venezolana.

La afirmación la hizo la ONG Acceso a la Justicia, en su más reciente informe sobre la administración de justicia penal en Venezuela.

Unas de las conclusiones del documento es que «los organismos de seguridad están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden».

Citó como ejemplo el reciente anuncio del director del Cicpc, Douglas Rico, en relación con la detención de seis agentes del cuerpo policial, por su presunta participación en el asesinato, de Daniel Lezama, en un restaurante en Carúpano, estado Sucre. Los policías maniobraron para hacer creer que la víctima era un delincuente que quiso resistirse a la autoridad.

Rico se apresuró a calificar el hecho como una «mala práctica policial» en la que incurrieron unas «manzanas podridas».

No obstante, para la ONG «lo cierto es que este tipo de lamentables situaciones se producen en el país con una escalofriante frecuencia».

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Acceso a la Justicia hizo el informe sobre la base de datos recabados desde el 2016 al 2021.

En este caso, cita datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). En ese lapso, la organización determinó que «30.088 venezolanos fueron asesinados por agentes policiales y efectivos militares en presuntos enfrentamientos a la autoridad».

«Estos escalofriantes números podrían explicar por qué la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación sobre Venezuela», destaca la ONG.

«Las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido durante el Gobierno de Maduro son solo uno de los tantos delitos que prevé el Estatuto de Roma», destacó.

Además, alerta que «los venezolanos no solo están a merced del hampa sino de quienes supuestamente deben protegerlos».

Por otro lado, el informe denuncia que «las policías se están haciendo cada vez más ineficientes. Como prueba de ello se destaca que el número de homicidios en averiguación no para de crecer».

En consecuencia: «el 2021 cerró con 4.003 homicidios en averiguación, mientras que un año antes fueron 3.507».

¿Qué significa ello? Acceso a la Justicia responde que «en estos casos no se han identificado a los presuntos autores de las muertes ni tampoco se han esclarecido las causas de las mismas».

Agrega que «estas cifras ponen en tela de juicio la efectividad del Cicpc, sobre todo, porque este tiene la responsabilidad constitucional y legal de hallar a los responsables de los delitos que ocurren en el país».

De igual forma, la organización adelanta que «esto podría ser consecuencia de las reformas legales que el chavismo ha aprobado en los últimos años y las cuales han otorgado mayor autonomía y discrecionalidad al Cicpc en la conducción de la investigación penal, en detrimento de la autoridad del MP».

También recuerda que el cuerpo detectivesco «figura entre los más señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con los datos manejados por organizaciones como Provea y Proiuris».

Otro elemento que subraya la investigación de la ONG es que «la militarización es una de las causas por las cuales los cuerpos policiales se han convertido en una amenaza para los ciudadanos. En especial aquellos que habitan en las zonas populares».

«Si la racionalidad bélica con la que se guían los militares se aplica a la lucha contra el crimen, puede haber consecuencias fatales. Esto es lo que en efecto ha ocurrido en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad del Estado, en particular la policía, son responsables de más muertes», concluye.

Recuerda que «80% de quienes han ocupado el cargo de Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desde 1999 han sido militares activos o en situación de retiro».

«Desde el 2014, Nicolás Maduro ha venido aprobando normas legales en las que se le da a la Fuerza Armada Nacional más potestades en materia de seguridad ciudadana», señala.

De hecho, destaca que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela determinó que, desde enero de 2015, «se autorizó a los militares a intervenir en reuniones y manifestaciones públicas usando armas de fuego en casos extremos, algo expresamente prohibido en la Constitución».

Finalmente, la ONG alerta que «estas medidas no solo representan una desviación de lo establecido en la carta magna y en las leyes, sino que contradicen lo establecido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».

La comisión «ha advertido sobre el uso de los militares en temas de seguridad ha traído como consecuencia graves crímenes y violaciones a los derechos humanos».

La reestructuración de todos los cuerpos policiales del país fue el principal tema de debate en la última reunión del Consejo General de Policía (Congepol).

De la reunión participaron los principales directores de los organismos de seguridad y la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, la intención es buscar reducir las malas actuaciones de los funcionarios y la construcción de un nuevo modelo policial.

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En la reunión también se trataron puntos como la mejora de las condiciones laborales y económicas.

Meléndez aseguró que se busca la transformación completa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), aunque no ofreció detalles de qué se trata el cambio.

En el plan también se planteó la creación de más oficinas para los diferentes cuerpos policiales.