Una corte de apelaciones examinará este jueves el futuro de un programa federal (DACA) que protege de la deportación a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos, conocidos como «soñadores».

En septiembre del año pasado, un juez de distrito de Texas declaró ilegal el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) lanzado por el expresidente demócrata Barack Obama hace 12 años.

DACA permite a «los soñadores», llamados «dreamers» en inglés, vivir y trabajar legalmente en el país que consideran su hogar.

El juez de Texas estimó que DACA viola la ley de inmigración de Estados Unidos, pero no ordenó al gobierno del presidente demócrata Joe Biden que la clausurase ni que dejase de procesar las solicitudes de renovación.

La sentencia fue recurrida y será examinada este jueves por la corte de apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans.

Este tribunal, uno de los más conservadores del país, escuchará los argumentos de los estados republicanos que demandaron el programa, por considerar que los ha perjudicado con decenas de millones de dólares gastados en servicios de salud para atender a esta población.

Las organizaciones que defienden a los «soñadores» también presentarán sus alegatos.

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«Es difícil no sentirse angustiada, ansiosa acerca de esta decisión porque mi vida realmente depende de esa decisión», declaró a la AFP Giselle Gasca, beneficiaria de DACA desde 2012.

El programa «fue como un antes y un después para mí», añade esta mujer de 30 años, miembro de la organización Poder Latinx, defensora de los derechos de la comunidad latina.

Y es que le permitió «vivir sin ese miedo a la deportación» y «poder tener acceso a mejores trabajos».

«Es muy probable» que la corte mantenga el fallo judicial y en ese caso se espera que «el departamento de Justicia apele la decisión a la Corte Suprema», un proceso que podría llevar meses o años hasta obtener un veredicto, explica el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) en su página web.

Pero se desconoce si el Quinto Circuito seguirá permitiendo las renovaciones de DACA mientras el proceso de apelación sigue su curso.

La última vez que la Corte Suprema examinó el programa bloqueó el intento del expresidente republicano Donald Trump de ponerle fin.

Pero desde entonces la composición de la corte ha cambiado, con una mayoría de jueces conservadores.

Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden pidió al Congreso, sin éxito, que brinde un camino hacia la ciudadanía a los «soñadores».

Ha contraatacado con medidas que no necesitan aprobación parlamentaria como la ampliación de la cobertura de salud a más de 100.000 «soñadores». La tasa de beneficiarios del DACA que no tienen seguro médico es tres veces mayor a la del resto de la población, según una estimación oficial.

Desde el lanzamiento de este programa federal, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han aprobado más de 800.000 solicitudes y cuenta con unos 580.000 beneficiarios, según datos oficiales.

Para acogerse al DACA, estos migrantes deben vivir en Estados Unidos desde 2007 y haber llegado antes de cumplir 16 años. También deben estar estudiando, haberse graduado o ser veteranos de las fuerzas armadas y no tener antecedentes penales.

La vista judicial en la corte de Orleans tiene lugar en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, que disputarán Trump, de 78 años, y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, de 59, partidaria de proteger a los «soñadores».

Un juez federal declaró el miércoles como «ilegal», una versión revisada de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

El juez federal Andrew Hanen coincidió con Texas y otros ocho estados que presentaron una demanda para frenar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), informaron agencias de noticias.

Se prevé que el fallo del juez será apelado ante la Corte Suprema, en la que sería la tercera ocasión que el máximo tribunal examina el programa.

Hanen, el juez designado por los republicanos, determinó que un reglamento de la administración Biden emitido el año pasado no remediaba las deficiencias legales que le llevaron a declarar ilegal el DACA en 2021 y bloqueó nuevas inscripciones al programa, que ha estado vigente por más de una década.

La sentencia, dictada en respuesta a una demanda interpuesta por Texas y otros estados, se prevé que sea apelada.

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La reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar y dijo estar «profundamente decepcionada».

«Estamos en desacuerdo con el fallo de la corte distrital (…) y seguiremos defendiendo esta importante política de los desafíos legales», detalló el comunicado del Ejecutivo estadounidense leído por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

La decisión del juez Hanen supone un nuevo revés para el programa y para sus 579.000 inscritos y otros migrantes que se podrían haber acogido al mismo.

Jean-Pierre recordó que para el Gobierno de Biden ha sido una prioridad proteger a los beneficiarios de DACA «desde el día uno» e hizo un llamamiento al Congreso a aprobar una legislación que permita abrir camino en esta regularización.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas, aclaró también en un comunicado que, a pesar del fallo, los «dreamers» (soñadores, en inglés), como se les conoce a los beneficiarios de DACA, no serán deportados y se les seguirán renovando las solicitudes de permiso de trabajo.

El programa se puso en marcha por el Gobierno de Barack Obama como una medida temporal, pero su sucesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), decidió en el primer año de su mandato ponerle fin, lo que desencadenó un efecto dominó de demandas y contrademandas en juzgados que han llevado a la situación actual.