Federico Gutiérrez, el alcalde electo de Medellín, denunció que la administración saliente deja un déficit fiscal de 2,2 billones de pesos en la capital antioqueña.

Para él, «Fico», la corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero podría superar al tristemente célebre escándalo del corrupto carrusel de la contratación acontecido hace una década en Bogotá.

Federico Gutiérrez presentó un balance parcial del empalme, a un mes de su arrolladora victoria en las urnas. 

El alcalde electo de Medellín advirtió que se está abriendo la caja de pandora de irregularidades de la administración de Daniel Quintero.

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Caracol, antes hacer pública esta información noticiosa dada a conocer por Carolina Valencia Lucas, buscó al alcalde encargado de Medellín, pero, según su equipo de prensa, por ahora no habrá declaraciones.

Juan Carlos Upegui, candidato afín a Petro optando por la alcaldía de Medellín, aceptó que debieron ajustar los reportes registrados en Cuentas Claras sobre los dineros que han entrado a su campaña al observar que habían aportes de algunos contratistas de la actual administración y eso está prohibido por ley; así dijo en una entrevista televisiva.

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol le preguntó al candidato sobre el reporte de Cuentas Claras en el que aparecen 20 donantes en la campaña, de los cuales 15 eran contratistas pagados por la Alcaldía de Daniel Quintero, y entonces Upegui aseguró que debieron hacer ajustes.

Upegui dijo más: «Nosotros tuvimos una alerta. Estamos sacando los contratistas que pudieron haber incurrido en algún tipo de no correcta financiación, porque sabemos que más del 50% de sus ingresos el año pasado provienen de recursos públicos no lo pueden hacer. Entonces, nosotros estamos saneando toda la campaña”.

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Publimetro, al dar a conocer esta información, destaca un aspecto muy importante establecido en la legislación colombiana y es que la Ley 1475 del 2011 en su artículo 27 hace referencia a la Financiación Prohibida, diciendo que: “Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas: (…) 7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta porciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar”.

Se conoció que Daniel Quintero Calle renunció a la Alcaldía de Medellín y se estaría procesando el decreto para nombrar al alcalde encargado.

Dejó nombrado al secretario de Hacienda, Oscar Hurtado.

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Este sábado sorprendió a la ciudad al verlo recorriendo las calles entregando una publicación impresa en que incluyó su rendición de cuentas.

Ángel Beccassino, argentino con muchos años viviendo en Colombia, a través de su empresa Beccassino S.A.S, suscribió un contrato con TeleMedellín para mejorar la imagen de la gestión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en año electoral y cierre de su mandato al frente de la capital antioqueña.

El contrato, que es de $374.850.000 (unos 78.000 dólares) terminará el 19 de noviembre de 2023, equivale a un monto promedio de 46.856.000 (casi 10.000 dólares) mensuales durante los ocho meses de ejecución y ya está recibiendo cuestionamientos porque los ciudadanos le preguntan al mandatario por redes sociales por qué ese dinero para lavar su imagen en momentos en que presenta una favorabilidad de 59 %, según el portal Medellín Cómo Vamos; en primicia dada por el medio Las2Orillas.

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En verdad, en este año electoral para un alcalde saliente, Beccassino no la tiene fácil y tendrá que hacer acopio de su larga experiencia, pues logró casi convertir llevar a Rodolfo Hernández en presidente de Colombia.

La ventaja que tiene este experimentado publicista es que antes de asumir ese reto, trabajó con Quintero y ahora lo acompañará en el remate político.

La revocatoria en contra del alcalde Daniel Quintero revivió, pues este miércoles 9 de noviembre se conoció una sentencia en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia donde dan ocho días a la Registraduría para que le informe al presidente de la República Gustavo Petro el cumplimiento de los requisitos de parte del comité promotor de la revocatoria, es decir, las firmas de ciudadanos que apoyan la revocatoria y el informe de los estados contables para financiar la recolección de las mismas.

La decisión la adopta el Tribunal luego de que el abogado Nelson Hurtado Obando impugnara la sentencia en primera instancia emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín, el 27 de abril pasado, en la cual declaró improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por Hurtado, que buscaba que la Registraduría cumpliera con informar al presidente para que convocara a las urnas.

En este nuevo fallo, el Tribunal le dice a la Registraduría que debe informar al presidente, quien tiene la competencia para convocar a las urnas, independiente de las decisiones que adopte el Consejo Nacional Electoral (CNE) que, en últimas, ha sido la entidad que ha frenado la posibilidad de que los ciudadanos salgan a las urnas porque en su consideración hubo supuestas fallas en el informe contable.

En el fallo de ese 27 de abril el Juzgado le dio la razón a la Registraduría en su argumento de que no informó al presidente, debido a que el CNE no le había certificado los estados contables que presentó el comité revocador sobre la financiación de la recolección de firmas.

Cabe recordar que la Registraduría ya certificó en tres ocasiones las firmas ciudadanas que apoyan la revocatoria, con lo cual han sido los estados contables la piedra en el zapato del proceso.

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En términos procesales, el fallo del Tribunal debe ser notificado a todas las partes y quedar ejecutoriado (cuando ya terminaron todos los trámites legales y se genera el efecto jurídico de cosa juzgada) para que corran los ocho días que tiene la Registraduría para entregar su certificación.

Luego de enviar el oficio al presidente Gustavo Petro y que este fije la fecha.

Todo debe hacerse antes del 31 de diciembre, porque en ningún caso proceden votaciones para la revocatoria del mandato en el último año del periodo correspondiente, según lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia C-150 de 2015.

De tener lugar la votación y revocarse el mandato de Quintero, el presidente designará a una persona del mismo partido de Quintero para lo que reste, porque no puede haber elecciones en los últimos 18 meses del periodo.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, por incurrir presuntamente en el delito de pánico económico, en un debate acontecido en el Concejo de la capital antioqueña.

La denuncia fue puesta por el concejal Carlos Andrés Ríos Puerta, del Centro Democrático, quien afirmó que el alcalde Quintero divulgó información falsa a través de sus redes sociales, lo cual incidió negativamente sobre las empresas EPM y UNE.

El cabildante derechista al denunciar, dijo “Denunciamos al alcalde por sus afirmaciones falaces, irresponsables y mentirosas con respecto a la enajenación de las acciones de EPM en UNE”.

Detallando Ríos Puerta el sustento de tal denuncia: Tras recopilar trinos publicados por Daniel Quintero, dice que encontró aseveraciones donde el mandatario afirmaba que el distrito habría sufrido un supuesto detrimento patrimonial, luego de que el Concejo se rehusara a darle luz verde para vender las acciones, asegurando incluso que los recursos que se buscaban recaudar con la transacción habrían sido “regalados”.

El Concejal afirmó que “Estas son informaciones totalmente falaces, que generan desconfianza en clientes, usuarios, inversionistas o accionistas; al hacerles creer situaciones negativas de mercado que no se han presentado en la realidad”; añadiendo que, con esa acción, Quintero incluso habría pasado por encima de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Ríos dice que el alcalde, además de arremeter contra otras empresas del sector privado; también amenazó con nacionalizar a UNE, sin tener competencia para ello.

“El delito de pánico económico es predicable de la conducta de Quintero en la medida de que, independientemente que la investigación penal demuestre que se produjo un resultado financiero adverso en contra de las compañías involucradas en la alianza de EPM y UNE, esta conducta punible es de peligro abstracto, por lo cual solo se requiere para su penalización que la información falsa o inexacta pueda impactar sobre la confianza de los clientes, lo cual estimamos se encuentra debidamente corroborado”, agregó el concejal Ríos Puerta.

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Esta denuncia se hace tres semanas después de que el Concejo de Medellín hundiera por quinta vez consecutiva un proyecto de acuerdo radicado por la Alcaldía con el que se buscaba darle a EPM permiso para vender su participación accionaria en UNE.

De comprobarse este delito de pánico económico sería demoledor para Daniel Quintero porque podría ser castigado hasta con cárcel, pago de altísima multa, y su consecuente muerte política.

La negativa del Concejo de Medellín, por quinta vez, a debatir la venta de las acciones de EPM en UNE motivó que el alcalde, Daniel Quintero, le pidiera al Gobierno Nacional la nacionalización de Tigo con el objetivo de “recuperar los recursos públicos” que él considera robados.

El mandatario de la capital antioqueña lanzó la propuesta en un trino publicado en su cuenta de Twitter en las horas de la noche, momentos después de que la corporación votara negativa la posibilidad de revivir el debate del tema, que ya había tenido cuatro fracasos similares.

EPM acaba de perder 3 billones de pesos. Como lo anticipamos, al uribismo y sus aliados no les bastó con privatizarla en 2014, esta vez fueron por sus restos. Pido al Gobierno Nacional explorar una Nacionalización de Tigo para recuperar los recursos públicos robados.

No se hicieron esperar las reacciones a la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Tanto el mandatario como el candidato presidencial Gustavo Petro solicitaron a los habitantes de la capital antioqueña que asistan a un plantón en señal de protesta por la decisión que anunció este martes 10 de mayo la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello.

Luego de que se conociera que la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, este se pronunció.

“Ha iniciado el golpe de estado en Colombia”. Este fue el primer comentario del alcalde Quintero

Ante el anunció de la decisión de la Procuraduría, el candidato presidencial Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter:

“Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la CIDH defender el voto popular. La procuraduría no puede evadir el mandato popular”.

Acto seguido escribió: “Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano”.

A través de sus cuentas de Twitter, tanto el aspirante del Pacto Histórico (Gustavo Petro) como el recién sancionado burgomaestre (Daniel Quintero) convocaron a los paisas a que, durante el transcurso de este miércoles 11 de mayo, asistan a la Plazoleta de la Alpujarra y protesten contra lo que llamaron un “atentado a la democracia”.

El mandatario antioqueño recibió el respaldo de múltiples personalidades del mundo político en Colombia e inclusive el de varios ciudadanos que avalan su gestión desde que gobierna la ciudad desde enero del año 2020.

Petro, por su parte, también aseguró que la sanción contra el alcalde es un supuesto golpe de Estado y por eso respaldó la solicitud de que salieran a pronunciarse a las calles todos aquellos que sientan “empatía” por su candidatura y así “defender la democracia”, dijo.

Hay que recordar que cuando el exprocurador Alejandro Ordóñez destituyó a Petro en diciembre del 2013 por el polémico tema de las basuras, este acudió ante la comunidad internacional y, a su vez, también le pidió a los capitalinos que salieran a protestar en contra de la iniciativa que, entre otros, le daba 15 años de inhabilidad política.

Funcionarios y exintegrantes de la Alcaldía de Medellín, en esta administración, también evidenciaron su solidaridad con el alcalde y aseguraron que acudirán al encuentro en la plaza medellinense este miércoles. 

“En la plazoleta de la Alpujarra defenderemos y apoyaremos a nuestro alcalde Daniel Quintero no dejaremos que el gobierno corrupto nos doblegue, desde el 27 de octubre del 2019 estamos escribiendo una historia diferente, ya no hay miedo ¡Acompáñanos!”, trinó Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Inclusión Social de Quintero.

Otros congresistas electos del Pacto Histórico como Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, y Alex Flórez, han dicho que acudirán al masivo evento que, según informaron a través de sus redes sociales, esperan que sea masivo y logre cambiar el fallo que sacaría a Daniel Quintero, en primera instancia, tres meses de sus funciones como gobernante de Medellín.

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Cabe recordar que, con la decisión de este martes, la procuradora Cabello indicó que los servidores públicos debían tener claro que la intervención en política no se reducía al pedido de votar por uno de los candidatos, sino que contemplaba cualquier actuación que generara en el “imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos” que rompan, con lo que definió, como el equilibrio de la convulsionada contienda electoral que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo.

“La democracia tiene reglas y estas deben cumplirse. Mientras no exista ley estatutaria ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar de las actividades de los partidos y de los movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la constitución y la ley”, señaló la jefa del Ministerio Público en Colombia.

El alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle enfrenta, desde hace más de un mes, el inicio del proceso de revocatoria en su contra. Hace unos días las firmas para sacar al mandatario del cargo fueron radicadas en la Registraduría.

Quintero presentó una impugnación por la recolección de firmas, pues dice que su equipo asesor evidenció varias irregularidades en algunas de las rúbricas que presentaron. Entre ellas, dicen que fueron encontradas unas 30.000 firmas que posiblemente fueron hechas por una misma persona.

Por ese hecho, Andrés Rodríguez, promotor de la revocatoria de Quintero, presentó en las últimas horas una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el mandatario por los delitos de injuria, calumnia, violación de datos personales.

Adelantar una denuncia penal en contra de Daniel Quintero, en un documento de más de 30 hojas donde allegó alrededor de uno 17 puntos donde describimos unas conductas punibles”, dijo Rodríguez a la prensa colombiana.

El equipo de revocatoria aseguró que existen otras 20.000 firmas, a parte de las casi 130.000 radicadas, que no se incluyeron dentro del aval para adelantar este proceso.

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La Registraduría Nacional de Colombia tiene plazo hasta antes del próximo 10 de enero para revisar las impugnaciones y anomalías presentadas.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, pidió este martes hacer un país que supere el odio que trajo como consecuencia el proceso orden de arresto domiciliario contra el expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez.

«Debemos construir un nuevo país que supere la espiral de odios que nos trajo hasta aquí», dijo el burgomaestre, en su cuenta en Twitter, tras conocer el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Colombia que ordena al actual senador permanecer detenido en su casa, mientras continúa el proceso que sigue en su contra, por los presuntos delitos de fraude procesal y sobornos.

Por otra parte, Quintero dijo que «a pesar de las diferencias, reconozco el dolor que causa su detención en él (Uribe), en su esposa e hijos Tomás y Jerónimo». Igualmente, envió un «abrazo sincero y solidario en estos momentos».