El paso de migrantes por la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, se redujo drásticamente en 2025 hasta los 3.091 cruces, un 99% menos respecto a 2024, cuando la atravesaron más de 300.000 en su camino hacia Norteamérica, a pesar de los peligros.

“Pasamos de más de 300.000 ingresos irregulares en 2024 a poco más de 3.000 este año. Es un logro histórico que refleja una gestión responsable y coordinada, siempre con respeto a los derechos humanos”, afirmó   el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Ábrego, según un comunicado.

En concreto, “los tránsitos irregulares por Darién se desplomaron de 302.203 en 2024 a apenas 3.091 este año, una reducción del 99 %”, detalló en la nota el ente de seguridad panameño.

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Además, anotó, se realizaron 22 vuelos chárter de deportación y expulsión de extranjeros.

El número de viajeros irregulares en 2025 por el Darién se asemeja a los niveles de 2012 y 2013, cuando lo hicieron 3.430 y 3.140, respectivamente, según datos oficiales.

Sin embargo, la cifra de migrantes irregulares registrada este año está muy por debajo de los más de 300.000 viajeros que llegaron a Panamá en su movilización hacia EE.UU. en 2024 o del récord histórico de los 520.085 de 2023, el año más crítico de la crisis, los 248.283 de 2022 y los 133.726 de 2021.

La drástica caída de los flujos migratorios hacia Norteamérica se atribuye a la dura política migratoria del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, desde su llegada al poder el pasado enero, basada en deportaciones y fuertes restricciones internas para esta población.

Además, a estas medidas se suman las tomadas desde el inicio de su mandato en julio de 2024 por el presidente panameño, José Raúl Mulino, como el cierre de trochas por el Darién o la firma de un acuerdo con Estados Unidos para realizar vuelos de deportación.

Estados Unidos y Panamá anunciaron que realizarán un o de los despliegues militares más grandes de la región en la selva del Darién.

Se trata del entrenamiento de infantes de  la marina de Estados Unidos , "para mejorar sus capacidades en uno de los entornos más exigentes", informó  el gobierno de Panamá.

Pero, no es solamente, sino que un ejercicio de esta magnitud no se realizaba desde 1989 y justo cuando se intensifica el conflicto entre EE. UU. y Venezuela.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó haber pedido apoyo militar a Estados Unidos para frenar la crisis migratoria en la inhóspita selva del Darién antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, como aseguró un exasesor del mandatario estadounidense.

John Bolton, exconsejero en el primer gobierno de Trump (2017-2021), afirmó el jueves al diario español El País que Mulino «había pedido tropas estadounidenses para desplegar en el Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, por donde cada día pasaban cientos de personas con la idea de llegar a Estados Unidos».

Mulino zanjó este sábado en un comunicado que la reacción ante la oleada migratoria «en el Darién estuvo ejecutada por fuerzas panameñas, financiadas principalmente con recursos propios del país y con apoyo de organismos internacionales».

«El señor Bolton, con sus confabulaciones, le falta el respeto al pueblo panameño en general y de manera particular a las fuerzas de seguridad que dedicaron días enteros, enfrentando la diversidad, con valentía y coraje», agregó.

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El mandatario centroamericano reconoció que luego de asumir el cargo firmó en 2024 un acuerdo con el antecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, pero que ese pacto «jamás implicó pedido de asistencia militar».

Previamente, el gobernante desmintió en la red social X «por falsas y temerarias» las declaraciones de Bolton.

«Esa frontera se cerró gracias al esfuerzo y determinación de Panamá integralmente, sin requerir jamás semejante cosa. Hoy (el) Darién no tiene ese problema y así lo he manifestado con pruebas evidentes ante EEUU y el Mundo», puntualizó.

En los últimos tres años más de un millón de migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron esa selva rumbo a Estados Unidos, pese a enfrentar peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales.

Sin embargo, el flujo por la jungla cayó a niveles marginales por el temor a las deportaciones de Trump y el movimiento es ahora a la inversa.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el magnate republicano lanzó una operación de expulsión masiva de migrantes en situación irregular y ha declarado en emergencia la frontera con México para impedir la entrada de personas sin visa, pues considera que el país sufre una «invasión».

Ante la reducción de la afluencia por el Darién, Panamá ya había anunciado en marzo el cierre en la zona de varios albergues para la atención de migrantes que levantó con apoyo de organismos internacionales.

El Gobierno de Panamá cerró este miércoles la principal estación migratoria a la salida del Darién tras la drástica caída del flujo hacia el Norte de viajeros irregulares, en lo que supone el fin de una crisis humanitaria que se prolongó varios años.

«Doy parte del acto de cierre de la estación temporal de recepción migratoria de Lajas Blancas, la principal estación de recepción migratoria establecida por el Estado panameño para dar efectividad al fenómeno migratorio Sur-Norte», dijo un funcionario panameño en un acto encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

Una gran pancarta con la frase «ETRM Lajas Blancas CERRADO», quedó desplegada en el lugar, que ahora muestra un paisaje desolado, en contraste con las imágenes que mostraban hasta el año pasado una muchedumbre de migrantes y de lugareños aprovechando el flujo para vender todo tipo de mercancías.

El ministro Ábrego afirmó que más de un millón de personas estuvieron en Lajas Blancas desde su apertura en 2009.

Ya a finales de abril pasado el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, había dicho que «para todos los efectos prácticos» el Darién como paso migratorio irregular estaba cerrado, con el argumento de que ese mes habían cruzado la jungla apenas 73 migrantes en su camino hacia Norteamérica, frente a los 194 que lo habían hecho en marzo o los 29.259 que lo hicieron en abril del año pasado, lo que supone una caída respecto a 2024 del 99,7 %.

El Gobierno panameño vincula la caída del tránsito migratorio hacia el Norte a medidas como el cierre de caminos en la selva para habilitar un único «corredor humanitario», la aplicación de multas por entrar de forma irregular al país, y el programa de vuelos de deportación financiado por EE. UU.

Sin embargo, fue la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump y sus nuevas restricciones migratorias lo que hizo descender de manera drástica el paso de migrantes hacia el norte y provocó un aumento en el «flujo inverso», aunque de manera más limitada que los pronósticos iniciales.

Las restricciones en Panamá están vigentes desde el año pasado, que cerró con 300.549 migrantes irregulares que llegaron al país tras cruzar el Darién, un 41 % menos que la cifra récord de 511.103 de 2023, de acuerdo con las estadísticas oficiales citadas el pasado enero por Mulino en una rendición de cuentas ante el Parlamento.

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Aunque la selva del Darién ha sido utilizada durante décadas como un paso irregular de migrantes, la primera crisis que se enfrentó allí estalló en 2015-2016, cuando miles de cubanos la utilizaron para llegar a Estados Unidos ante un inminente cambio en la política migratoria hacia los isleños por parte de Washington.

El Estado panameño enfrentó aquella situación con el llamado «flujo controlado», que también se aplicó con la crisis de los migrantes venezolanos que comenzó a escalar en el 2019 y que llevó a levantar la estación de Lajas Blancas, tal como se conoce ahora, la cual fue abierta en septiembre de 2020.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destacó en su momento que la estación de Lajas Blancas fue producto de un esfuerzo del Gobierno de Panamá y actores de la cooperación internacional para ofrecer a los migrantes irregulares que cruzaban servicios médicos y de salud mental.

En las estaciones migratorias panameñas también se tomaban los datos biométricos a los migrantes, y las mismas fueron objeto de críticas y denuncias por parte de organismos de derechos humanos por causas de hacinamiento o falta de atención en casos como violaciones ocurridas en la selva.

Con información de EFE

Las medidas migratorias emprendidas por a administración de Donald Trump, hicieron que cientos de migrantes emprendiera la retirada hacia el sur, ante su imposibilidad de conquistar el sueño americano.

Pero el regreso de los migrantes presenta otros desafíos y es que Panamá se ha convertido en el último gran obstáculo para que cientos de migrantes que no lograron asentarse en Estados Unidos puedan continuar su viaje de retorno hacia Sudamérica.

Esto se debe que no tiene la posibilidad de regresar a pie por la selva del Darién, la falta de vuelos o una vía marítima demasiado costosa.

En las últimas semanas, la pequeña población caribeña de Miramar ha estado recibiendo, de manera constante, el goteo de decenas de migrantes que llegan hasta allí tras la promesa, en redes sociales o según dicen de las propias autoridades, de que podrán embarcar en barcos a precios asequibles para continuar su viaje por mar.

Pero ya en el lugar, las palabras que más repiten los migrantes consultados por EFE son «mentira» y «engaño».

«Que no sale el barco. Que es mentira. No nos lleva el barco si uno no tiene 150 dólares. Y las lanchas salen en 260», advierte la venezolana Evilys Díaz, que viaja acompañada de dos hijos de ocho y once años, en un mensaje dirigido a otros migrantes que puedan estar planteándose la posibilidad de utilizar esa ruta.

Díaz llevaba casi una semana en Miramar cuando la entrevistó EFE. Dormía en un espacio que le habían alquilado en el porche de una casa y, como otros migrantes, estaba a la espera de recibir dinero de algún familiar o que las autoridades panameñas les ayudasen a costear el viaje en uno de los barcos de carga que los trasladarían, tras más de un día de travesía, hasta el puerto de La Miel, fronterizo con Colombia.

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Su destino final es Chile, dice, de donde partió hace poco más de un año con sus hijos camino a Estados Unidos. Cruzaron la selva del Darién, fue «secuestrada con los niños» en Tapachula (México), donde los liberaron tras pagar 4.000 pesos (unos 200 dólares), viajaron en un tren de carga hacia el norte y esperaron dos meses en Ciudad Juárez a que le saliera la cita con el CBP-One para entrar de manera regular en territorio estadounidense.

Sin embargo, con la toma de posesión de Donald Trump el pasado 20 de enero y sus políticas migratorias más restrictivas, optaron por entrar por su cuenta a Estados Unidos. Siguieron a pie una vía de tren acompañados de otra mujer con dos niños y un joven, hasta que los interceptó migración. Pasaron cuatro días en diferentes refugios «comiendo burritos congelados» y el 29 de enero los deportaron en un vuelo hasta Villahermosa, en el sur de México.

Como a Díaz, al venezolano Jonathan Harry Castro, de 29 años, también lo deportaron en un vuelo hasta Villahermosa tras cruzar el río Bravo y entregarse con su esposa a migración en Estados Unidos.

Después el regreso fue «bien» por Guatemala, Honduras, Nicaragua, hasta Costa Rica, donde se entregaron y los ingresaron en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en el sur del país. Allí pasaron ocho días para, siguiendo el protocolo pactado con Panamá, tomar unos autobuses que por 60 dólares los llevaron hasta el albergue panameño de Lajas Blancas, próximo a la selva del Darién, donde permanecieron unos 15 días.

Castro se había ilusionado con la declaración del presidente panameño, José Raúl Mulino, de que estaban trabajando con el Gobierno colombiano la posibilidad de llevar a ciudadanos venezolanos vía aérea hasta Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, pero esos vuelos nunca despegaron.

Como alternativa, a Castro y su esposa las autoridades panameñas los llevaron en autobús junto a otros migrantes desde el albergue en el Darién hasta Miramar, en la provincia caribeña de Colón, donde desde hacía varias semanas habían comenzado a partir barcos de gran tamaño y lanchas con destino a la frontera colombiana.

El joven insiste en que le engañaron, que miembros de las fuerzas de seguridad panameña le habían dicho que ahí en el puerto de Miramar no tendría problemas para embarcar, que «uno podía hablar con los dueños de los barcos que nos podían colaborar y mentira, tampoco fue así», y denuncia que el servicio migratorio «se lavó las manos» y los dejó allí a «la deriva».

Según los últimos datos del Servicio Nacional de Migración, desde noviembre han llegado a Panamá por el flujo migratorio inverso 4.337 migrantes, de los cuales 4.108 son venezolanos, 140 colombianos y 29 peruanos, entre otras nacionalidades. De ellos más de 700 son menores.

Después de intentar sin éxito entrar en Estados Unidos, el venezolano Randall Josué Ovalle, de 29 años, se siente «derrotado, cansado», mientras espera en Miramar la posibilidad de tomar una de las embarcaciones.

«Fuimos robados, estafados, de todo, y bueno, ya vimos la decisión, gracias a Dios, estamos aquí bien, con (…) salud, con más fuerza que nunca para seguir (…). Pero con todo lo que hemos pasado, ahorita estamos sin dinero y viendo cómo solucionamos para poder llegar hasta nuestro destino nuevamente, reencontrarnos con nuestra familia, nuestros hijos», lamenta.

Con información EFE

Autoridades panameñas anunciaron este viernes la detención de diez personas que operaban para el Clan del Golfo minas ilegales de oro en la selva panameña del Darién, en la frontera con Colombia, donde causaban graves daños al medioambiente.

«Detrás de todo esto hay una organización criminal que delinque en el área de la frontera que es el Clan del Golfo», dijo a periodistas el subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís.

«La minería ilegal puede producirle unas ganancias de 12 millones de dolares al año» a este grupo criminal, principal cártel narcotraficante de Colombia, agregó Solís.

En el operativo, realizado el jueves y al que acudió un colaborador de AFP y de otros medios de prensa locales, fueron arrestados siete panameños y tres colombianos.

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La red, en cuyo desmantelamiento también colaboró el ejército de Colombia, operaba al menos dos minas de manera ilegal en la cabecera del río Mangle, a 5 km de la frontera con Colombia.

Las autoridades incautaron sustancias, herramientas y otros «implementos que se utilizaban en el ejercicio de esta actividad ilegal», señaló la fiscal del Darién Leyda Sáenz.

Las minas están ubicadas en zonas selváticas de difícil acceso y espesa vegetación.

En el área hay campamentos utilizados posiblemente por trabajadores de la mina. En algunos aún hay comida preparada, ropa colgada, instrumentos y herramientas aparentemente para colar oro, constató el colaborador de la AFP.

Según Solís, el Clan del Golfo utiliza personas a las que supuestamente amenazan o convencen para trabajar en estas actividades ilegales. Las minas están en zonas que han sido taladas ilegalmente.

«La minería ilegal es un cáncer que destruye nuestros parques nacionales y nuestros bosques y es promovido por las mafias y carteles internacionales de la droga y del tráfico humano», dijo el ministro de Medio Ambiente, Juan Carlos Navarro.

El Darién es también un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. Algunos son víctimas de violaciones, robos o son asesinados por los grupos criminales que operan en esta zona.

El mayor del Senafront, Juvenal Velázquez, señaló que Panamá y Colombia seguirán colaborando para «neutralizar todo tipo de modalidad delictiva».

Hasta el 23 de enero de este 2025 solo 1.710 personas cruzaron el Darién, la selva fronteriza entre Panamá y Colombia, lo que representa una caída de del 93% en comparación con el año anterior.

La información la dio a conocer el gobierno de Panamá este viernes a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública, en el que se comparan las cifras indicando que “representa una diferencia de 21.389 personas y una reducción porcentual del 93%”, reseña EFE.

Las autoridades panameñas atribuyen el descenso de la cifra a las políticas migratorias aplicadas por el presidente Donald Trump y las acciones emprendidas por el gobierno de José Raúl Mulino.

Cabe destacar que las autoridades informaron la semana pasada que entre el 1 y el 14 de enero de este año, había llegado 9.002 personas tras cruzar el Darién; una cifra que fue desmentida por una fuente oficial a EFE este viernes.

 La fuente confirmó a la agencia que la cifra fue mucho más baja a lo portado, y todo se debió a un error en las estadísticas y que oficialmente el paso ha sido mucho menor, de 1.710 personas en los primeros 23 días de 2025.

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Las cifras venían en descenso desde finales del año pasado, cuando el gobierno de Panamá reportó una reducción de 41% del flujo de migrantes en comparación con el año 2023.

El director de Servicio Nacional de Migración, Roger Tejada, informó que se registraron un total de 300 mil 549 migrantes, la gran mayoría venezolanos, que cruzaron el Darién en 2024.

Atribuyó la reducción de la cifra a las políticas aplicadas por el gobierno de su país están dando resultados.

“El paquete de medidas, las medidas tomadas por el Servicio Nacional de Fronteras, las medidas administrativas, el clima también nos ha favorecido, el cambio de políticas. Es un conjunto de todo que se ve reflejado en la disminución del flujo migratorio”, cita nota de EFE.

El gobierno de Panamá cierra el año con una reducción de 41% del flujo de migrantes en comparación con el año 2023, al registrar un total de 300 mil 549 migrantes, la gran mayoría venezolanos, que cruzaron el Darién en 2024.

El director de Servicio Nacional de Migración, Roger Tejada, aseguró este martes que las políticas aplicadas por el gobierno de su país están dando resultados.

«El paquete de medidas, las medidas tomadas por el Servicio Nacional de Fronteras, las medidas administrativas, el clima también nos ha favorecido, el cambio de políticas. Es un conjunto de todo que se ve reflejado en la disminución del flujo migratorio», cita nota de EFE.

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Recordemos que 2023 miles de migrantes cruzaron la peligrosa jungla del Darién, frontera entre Panamá y Colombia, registraron números récords.

En un balance de fin de año, Migración de Panamá presentó las cifras de los seis meses del Gobierno de José Raúl Mulino.

Mulino ha hecho énfasis en políticas más severas para frenar la crisis migratoria en Darién.

Al hacer una comparación de las cifras tenemos que este 2024 son 300.549 migrantes reportados hasta lo que va de diciembre, lo que se traduce en una reducción de menos 210.554 transeúntes (un 41 %) en comparación con el mismo lapso de 2023.

El 2023 la cifra récord se ubicó en más de 520.000 personas cruzando el Darién.

Con un flujo de unos 1200 migrantes que transitan a diario por la peligrosa selva del Darién, Migración Panamá se ve en la necesidad de solicitar los servicios de una empresa que elabore los alimentos  que se le ofrecen a los migrantes.

Las autoridades panameñas han desarrollado una campaña nacional que implica varios ministerios para atender una de las peores crisis migratorias de la historia, donde el Servicio Nacional de Migración (SNM) es clave para prestar asistencia a los miles de migrantes que atraviesan su territorio.

Uno de los aspectos más críticos de esta ayuda es el suministro de alimentos para los migrantes que se encuentran en las Estaciones Temporales de Recepción Migratoria de Darién.

Según la prensa local, el suministro de alimentos consta de tres comidas principales: desayuno, almuerzo y cena.

La empresa que se contrate deberá tener un nivel de logística importante en vista que se trata de una cantidad aproximada de 438,000 raciones de cada uno de estos platos para el periodo de un año.

Recordemos que la mayoría de los migrantes que atraviesan la selva del Darién, según cifras de Migración Panamá son de nacionalidad venezolana.

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Diversas organizaciones  y el propio gobierno de Panamá han reportado las dificultades extremas, y peligros que viven quienes se atreven a hacer la mal llamada “ruta migratoria”, que se convierte en un infierno para la gran mayoría.

Para atender la crisis migratoria, el Gobierno de Panamá, a través del Servicio Nacional de Migración, ha dispuesto un sistema de albergues temporales en las estaciones de recepción migratoria.

En estos lugares los migrantes pueden descansar y recibir asistencia básica antes de continuar su viaje, según La Estrella de Panamá.

La inhóspita selva del Darién, por la que pasaron 250.000 niños rumbo a Estados Unidos desde 2020, es la «peor experiencia» que puede vivir un niño ante la incapacidad de los gobiernos de garantizar una migración segura, manifestó un experto de la ONU.

«Darién es lo peor que le puede pasar a un niño migrante y a su familia en su experiencia por buscar un futuro mejor», dijo a la AFP en Panamá Luis Pedernera, vicepresidente del Comité Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Para el experto, la Convención de los Derechos del Niño, que este miércoles cumple 35 años, «en su integralidad está siendo atacada» cuando un menor «tiene que vivir la experiencia de atravesar el Darién».

«Y si es un niño no acompañado, peor», lamentó Pedernera, al señalar que se le vulneran los derechos básicos a la vida, educación y salud, entre muchos otros.

Este año, según el gobierno panameño, 286.000 migrantes cruzaron el Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, rumbo a Estados Unidos. En su mayoría son venezolanos, pero también hay colombianos, ecuatorianos, haitianos y chinos, entre otros.

De esa cifra, unos 61.000 eran niños. Si bien algunos hicieron la travesía acompañados por adultos, otros estaban solos, enviados así por sus familiares o porque los perdieron en el camino.

«El Darién es la peor experiencia que puede vivir un niño a la que han empujado los gobiernos que no se han puesto de acuerdo en garantizar una ruta migratoria segura», agregó Pedernera.

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En la selva, los migrantes enfrentan peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales que les roban y violan, según organizaciones internacionales.

Las autoridades panameñas desconocen con exactitud la cantidad de migrantes que mueren en la selva debido a lo inaccesible del terreno para recuperar los cuerpos.

«Cada vez más el enfoque que se prioriza es el de la seguridad, y el enfoque que debe priorizarse, más cuando hay niños, es el enfoque de la protección», afirmó Pedernera. 

El gobierno panameño cerró varios caminos por el Darién e inició, con el apoyo de Estados Unidos, la deportación de migrantes en vuelos pagados por Washington. Además, recientemente anunció el cobro de multas a quienes pasen por la jungla.

Para Pedernera, el endurecimiento de las restricciones en las fronteras «hacen que la ruta» sea «cada vez sea más peligrosa».

Un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para repatriar migrantes irregulares que cruzan el tapón del Darién, vigente desde julio pasado, ha reducido en 92 % el tránsito por esa selva de ciudadanos ecuatorianos y en 65 % el de colombianos, dijo este martes la Embajada estadounidense en el país centroamericano.

El acuerdo, suscrito el 1 de julio pasado, contempla la repatriación vía aérea y con base en las leyes panameñas, de migrantes irregulares que hayan llegado a Panamá tras cruzar la selva fronteriza con Colombia, con Estados Unidos financiando los vuelos, reseña la agencia Efe.

«Desde que los vuelos comenzaron, hemos visto una disminución en el cruce de migrantes ecuatorianos y colombianos del 92 % y 65 %, respectivamente, comparado con los meses de agosto y septiembre del año pasado», dijo la embajada de Estados Unidos en Panamá en un comunicado.

Los colombianos y los ecuatorianos están entre las principales nacionalidades de los migrantes irregulares que atraviesan la selva con destino a Norteamérica. Desde hace varios años la gran mayoría son venezolanos, aunque el plan de deportación no se puede aplicar a ellos dada la suspensión, desde finales de julio, de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela.

Hasta el pasado 13 de octubre, 274.444 viajeros irregulares han llegado a Panamá a través de la jungla, 36,5 % menos que los 432.211 registrados en el mismo lapso de 2023, de acuerdo con las estadísticas panameñas.

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Unos 787 migrantes han sido deportados en 19 vuelos financiados por 1.140.846 dólares por EE. UU. en operaciones aéreas ejecutadas por Panamá «para deportar o expulsar migrantes irregulares que no cuenten con las bases legales para permanecer en el país», señaló este martes un comunicado de la legación diplomática estadounidense.

La financiación estadounidense «cubre el pasaje de los deportados, escoltas, traductores, entre otros gastos relacionados», de acuerdo con la información oficial.

«El primer vuelo bajo este programa se realizó el 20 de agosto de 2024 y el más reciente se realizó el pasado 19 de octubre. En los primeros tres meses del plan piloto, se han deportado o expulsado personas en vuelos charter a Colombia, Ecuador e India. Además, cuatro migrantes irregulares fueron retornados en vuelos comerciales a Afganistán, Pakistán, Rusia y Turquía», añadió.

Los migrantes irregulares deportados o expulsados, algunos de ellos con notables antecedentes penales, fueron procesados según la ley migratoria de Panamá, siguiendo acuerdos internacionales de protección a migrantes, dijo la legación diplomática.

La embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, dijo que «Panamá es un estrecho aliado de Estados Unidos y prueba de ello es que fue el primer país en tener un entendimiento de este tipo con nosotros».

El objetivo, según la misión diplomática estadounidense, «es destacar que los migrantes irregulares pueden ser devueltos a sus países, aunque logren cruzar la peligrosa selva de Darién».

De igual manera, la fuente diplomática remarcó que la migración irregular «solo beneficia al crimen organizado, que lucra con la necesidad de las personas, sin importarles si los migrantes mueren en el camino».

Panamá y EE.UU. firmaron este acuerdo el 1 de julio pasado para devolver a migrantes que atraviesen el Darién, que vive una crisis por el flujo migratorio, y para el que el Departamento de Estado destinó 6 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano para financiarlo.

EFE

Con el fin de prestar asistencia a los migrantes, en su mayoría venezolano, que cruzan la peligrosa Selva de El Darién, la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo instaló una pequeña clínica de emergencia a finales del mes de septiembre.

Se trata del proyecto Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta, Start por sus siglas en inglés.

Este programa busca atender niños y mujeres, muchos con lesiones en los pies, víctimas de abusos sexuales o físicamente agotados, que logran hacer el registro con las autoridades panameñas.

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La clínica está ubicada en el río t+Turquesa, Bajo Chiquito donde llega más de un millar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que instalan tiendas de campaña en fincas privadas o en cancha deportiva.

La jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, Lucía Prieto explica que el START es un esfuerzo de la cooperación española que consiste en un hospital de campaña que se nutre de voluntarios de todas las comunidades autónomas.

El proyecto se hace posible a través del Ministerio de Salud de España y el aporte de otros ministerios.

Con información Start – EFE

Panamá deportó este martes a 29 colombianos con antecedentes criminales que ingresaron al país por la inhóspita selva del Darién, al aplicar por primera vez un acuerdo sobre migración suscrito con Estados Unidos en julio.

«Tenemos el primer vuelo del convenio financiado por Estados Unidos», dijo a la prensa el viceministro panameño de Seguridad, Luis Felipe Icaza, acompañado por funcionarios estadounidenses, luego de que despegara al amanecer el vuelo chárter desde el aeropuerto de Albrook de la capital panameña con los 29 deportados rumbo a Bogotá.

Antes de abordar el avión Fokker 50, el grupo fue formado a un costado de la pista y cada uno fue revisado con detectores de metal. Los deportados, que no portaban equipaje, iban esposados de pies y manos, por lo que subieron lentamente la escalerilla de la nave.

Icaza dijo que «el viernes o sábado» puede partir el siguiente vuelo en el marco del memorándum que Panamá suscribió con Estados Unidos el 1 de julio, el día que José Raúl Mulino asumió como nuevo presidente panameño.

Mediante este convenio, Washington se comprometió a financiar con seis millones de dólares la deportación desde el país centroamericano de migrantes que crucen el Darién, la inhóspita jungla situada en la frontera colombo-panameña.

Todos los viajeros que cruzan esta selva van rumbo a Estados Unidos, que se encamina a unas elecciones en noviembre en que la migración es un tema clave.

«El memorándum acoge a cualquier persona, no solo criminales», dijo la agregada de Seguridad Interior de Estados Unidos en Centroamérica, Marlene Piñeiro, quien presenció el proceso de deportación junto a otros funcionarios estadounidenses y panameños.

«Además de los vuelos chárter, nosotros estamos apoyando con vuelos comerciales» para el retorno de migrantes a sus países de origen, agregó.

El director de Migración de Panamá, Roger Mojica, indicó que «el proceso de deportación cubre tanto las personas que tienen antecedentes penales en sus países de origen y personas que hayan ingresado irregularmente al país».

«La persona que ingresa por la frontera con Colombia [el Darién] ingresa de forma irregular» a Panamá, destacó.

Este es el primer grupo de migrantes deportados en virtud del acuerdo, aunque Panamá ha enviado anteriormente este año a Colombia al menos un par de vuelos chárter con ciudadanos de ese país con antecedentes penales.

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Durante la campaña electoral, Mulino había prometido «cerrar» el Darién a la migración. «La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá», afirmó el 16 de abril.

Tras asumir el mando, Mulino dijo que el convenio con Washington conduciría a iniciar «los procesos de repatriación de toda esta gente que está aquí acumulada» en la selva panameña, pero el 18 de julio matizó sus declaraciones anteriores al afirmar que no planeaba «repatriarlos a la fuerza», sino de manera voluntaria.

La selva del Darién, de 266 km de longitud y 575.000 hectáreas de superficie, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos.

Más de 520.000 personas cruzaron por allí en 2023. Este año han hecho la travesía más de 230.000 migrantes, según cifras oficiales panameñas.

«La frecuencia de estos vuelos va a depender mucho de los flujos [de migrantes] y tramitología [contactos con los países de destino]», dijo Mojica.

El funcionario aclaró que por ahora no es posible enviar deportados a Venezuela, país del que proceden dos tercios de los migrantes que cruzan el Darién, debido a la crisis diplomática entre Panamá y Caracas a raíz de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.

«Ahorita mismo se nos impide hacer cualquier movimiento hacia Venezuela», indicó Mojica, al aludir a que Caracas prohibió, un par de día después de las elecciones del 28 de julio, el ingreso a su espacio aéreo de todos los aviones panameños.

El próximo martes 20 de agosto comenzarán los vuelos financiados por EE. UU. para devolver a los migrantes que crucen la selva del Darién, la frontera entre Panamá y Colombia, según anunció el presidente panameño, José Raúl Mulino.

«El día 20 (de agosto comenzará el plan de regreso de migrantes)», dijo Mulino en una entrevista a Univision Noticias.

«Lo lamento en el alma, sinceramente, porque sé por qué muchos de ellos huyen. La crisis política de Venezuela los está ahorcando», dijo el mandatario.

Mulino además reiteró que esos vuelos de retorno de migrantes están financiados por los Estados Unidos «sin costo alguno para Panamá porque (es) su problema, la frontera está en Darién no en Texas», dijo, en reseña de Efe.

«El grueso (de migrantes es) Venezuela. Es una situación triste porque son seres humanos, para comenzar. (Hay) familias desgarradas, niños de cinco o seis años que sus padres han muerto en la travesía y ahora los tenemos en albergues en Panamá, que no sabemos quiénes son (ni) cómo se llaman», expresó Mulino.

También indicó que dentro del flujo migratorio en Darién las autoridades panameñas, que registran los datos de los migrantes, han encontrado personas «vinculadas al narcoterrorismo, (y) al terrorismo internacional».

El miércoles pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país «está listo» para iniciar este mes de agosto el acuerdo con Panamá para regresar a través de vuelos a los migrantes que crucen la selva del Darién tras sostener una reunión telefónica con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, según un comunicado de la Presidencia panameña.

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Panamá y EE. UU. firmaron el pasado 1 de julio un acuerdo para devolver a aquellos migrantes que atraviesen el Darién, la selva fronteriza con Colombia usada a diario como ruta migratoria para llegar a Norteamérica, a través de vuelos, financiados por el país norteamericano.

El acuerdo implica un apoyo estadounidense valorado en 6 millones de dólares.

Según la información más reciente dada por Mulino el pasado 8 de agosto, los vuelos de retorno de migrantes que han llegado a Panamá tras atravesar la selva del Darién serán hacia Colombia, como país fronterizo y desde donde entran esos transeúntes.

El objetivo es reducir el flujo de migrantes por esa peligrosa selva del Darién, que ya la han atravesado en lo que va de año más de 216.000 migrantes, la mayoría venezolanos, mientras que en todo 2023 fueron más de 520.000, una cifra inédita, según datos oficiales de Panamá.

Panamá ha cercado progresivamente, desde el pasado 3 de julio, con «barreras perimetrales» (vallas de alambre con púas) unos 4,7 kilómetros en el Darién, donde había al menos cinco pasos no autorizados o trochas, para «canalizar» a los migrantes a través de un «corredor humanitario» y que, según las autoridades, ha reducido el flujo migratorio en julio en comparación con el mes anterior.

Mulino ha insistido en varias ocasiones que podría aumentar la cantidad de migrantes por el Darién, según como se desarrollara la situación tras los comicios del pasado 28 de julio en Venezuela, al ser la mayoría de los transeúntes de ese país caribeño.

Panamá, además, ofrece a los migrantes asistencia y alimentos en los albergues situados en el Darién para que continúen su camino en autobuses, costeados por los migrantes, hasta Costa Rica.

Con el fin adelantar las labores de reconocimiento forense de los cadáveres de 10 migrantes que murieron en el Darién las autoridades trasladaron los cuerpos a la capital  de Panamá.

Una representante de la Procuraduría General de la Nación, identificada como Lilia Sanjur, difundió un video a través de las redes sociales en el que dijo que «se estarán realizando las pruebas de necropsia de los cuerpos para identificarlos a cada uno de ellos».

Sanjur añadió que también se tiene abierta una investigación para «determinar» causas o situaciones relacionadas con el hecho.

Como se recordará el miércoles 24 el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que 10 migrantes, entre ellos tres niños, murieron por la crecida de un río cercano a la comunidad de Carreto, en la comarca indígena de Guna Yala.

#AcciónFiscal? La personera de Guna Yala, Lilia Sanjur, informa sobre el traslado de los cuerpos de 10 supuestos migrantes que perecieron en Carreto. Los mismos fueron llevados a la Morgue Judicial para la práctica de pruebas forenses con apoyo del @IMELCFPANAMA. ? pic.twitter.com/oXCbDWurl3

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Y la tarde del sábado la Procuraduría General de la Nación anunció que había concluido las diligencias de recuperación de los cuerpos, que fueron trasladados desde Guna Yala hacia la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), en Ciudad de Panamá.

Por su parte, el Imelcf informó que «se mantiene laborando de manera continua» en los procedimientos de necropsia e identificación de las víctimas «con laboratoristas, médicos forenses, antropólogos y odontólogo forense».

Un dato relevante de este caso es que el presidente José Raúl Mulino, el número de migrantes muertos era de 16, aunque la Procuraduría General de la Nación ha señalado que «por ahora» solo 10 cuerpos se han recuperado.

Luego de tres días de investigaciones, las autoridades panameñas anunciaron este sábado que concluyó el «levantamiento» de 10 cuerpos de migrantes que murieron por la crecida de un río en la zona selvática del Darién, en Panamá.

A través de las redes sociales, la Procuraduría General de la Nación informó que «la personería de la comarca Guna Yala concluyó las diligencias de levantamiento de 10 presuntos migrantes fallecidos por inmersión en (la comunidad) Carreto».

Como se recordará, el 24 de julio el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) dio a conocer que 10 migrantes murieron por la crecida de un río cercano a la comunidad de Carreto, en la comarca indígena de Guna Yala.

Un día después, el presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo que el balance de migrantes muertos era de 16 y que los lugareños habían enterrado los cuerpos, presuntamente para ocultar la complicidad con los traficantes de migrantes.

#PGNEnDesarrollo | La Personería de la Comarca Guna Yala concluyó las diligencias de levantamiento de 10 presuntos migrantes fallecidos por inmersión en Carreto. Por ahora es el número de víctimas recuperadas luego de 3 días de diligencias junto a @senafrontpanama y @SENANPanama. pic.twitter.com/icU5txSjPA

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Pero lo cierto es que oficialmente, la Procuraduría General de la Nación indicó que «por ahora» los 10 cuerpos recuperados son los que se tienen «luego de tres días de diligencias» que realizó junto al Senafront y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Cabe destacar que la comarca indígena de Guna Yala, cerca de la frontera con Colombia, es una aislada zona selvática que se ha convertido en corredor de miles de migrantes que desde Sudamérica marchan hacia Estados Unidos, reseña AFP.

Solo en 2023 más de medio millón de migrantes cruzaron esta jungla, de 575.000 hectáreas, pese a peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales.

Los reportes oficiales de Migración Panamá revelan que la mayoría los migrantes son de nacionalidad son venezolanos, aunque también figuran ecuatorianos, colombianos, haitianos y chinos.

Sobre la cifra de fallecidos en la peligrosa selva del Darién, las autoridades panameñas desconocen el número exacto de personas que mueren en esta travesía por dos razones: lo inaccesible de la selva y porque a veces los cuerpos son devorados por animales.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, confirmó que la cifra oficial de la tragedia de migrantes que resultaron ahogados, producto de la crecida de un río subió a 16 personas, pero no reveló sus nacionalidades.

En rueda de prensa ofrecida este jueves, el mandatario confirmó que «el número son 16», personas más que las que reportadas el miércoles por la policía fronteriza panameña (Senafront)  que dio cuenta de 10 muertos.

Se trata de una tragedia que ocurrió dentro de la comarca indígena de Guna Yala, cerca de la frontera con Colombia, una aislada zona selvática que se ha convertido en corredor de miles de migrantes que desde Sudamérica marchan hacia Estados Unidos.

Un dato que destacan las autoridades panameñas es que los cuerpos de los migrantes fueron enterrados por lugareños, lo que hace pensar que estarían ocultando su complicidad con traficantes de personas.

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El presidente Mulino, dijo que «haber enterrado a sus cuerpos sin dar parte a las autoridades es un delito que tiene que investigarse como corresponde».

Por su parte, Senafront denunció el miércoles que «la delincuencia organizada trasnacional a través de colaboradores locales de estas comunidades costeras del Caribe insisten en utilizar pasos no autorizados, poniendo en grave riesgo la vida de estas personas».

El presidente panameño aseguró que «ese es el riesgo que se corre cuando se salen de la ruta controlada».

«No es que la ruta controlada sea la panacea […], pero por lo menos está vigilada, está más protegida», agregó.

Al menos diez migrantes murieron ahogados en su intento por cruzar la selva del Darién, en la zona limítrofe con Colombia, reportó la policía fronteriza de Panamá este miércoles.

Se trata del mayor percance mortal registrado en los cruces por esa peligrosa ruta en lo que va del año y en momentos en que el país centroamericano busca frenar ese incesante flujo cuyo destino es Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Fronteras indicó en un comunicado que los extranjeros fallecieron arrastrados por una gran corriente en un río.

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Según la información recabada, los cuerpos fueron vistos en una zona cercana a la comunidad indígena de Carreto, Darién, agregó la nota.

El Senafront considera probable que previamente se habían «sepultado estos cuerpos para encubrir sus nexos criminales con el tráfico de migrantes», y que posteriormente debieron desenterrarse.

Las autoridades panameñas insistieron en que están tratando de «canalizar la migración irregular por el corredor humanitario que ofrece mayor protección a la población migrante», pero lamentó que «la delincuencia organizada a través de colaboradores locales de estas comunidades costeras del Caribe insisten en utilizar pasos no autorizados, poniendo en grave riesgo la vida de estas personas»

«El Senafront reiteró que el paso autorizado para la migración irregular es el que conduce a Cañas Blancas, donde se disponen de patrullas especializadas para su protección y asistencia humanitaria», subrayó.

Una funcionaria de seguridad de Panamá al tanto de la situación que no estaba autorizada a dar su nombre dijo a la agencia, The Associated Press que, según reportes en las redes sociales de migrantes, el percance se registró el 16 de julio en una área de difícil acceso y tras lo cual comenzaron a hacerse las averiguaciones.

Por otro lado, la agencia Efe publicó que la ruta por Carreto, en el Caribe panameño, es la más costosa, teniendo que pagar hasta 550 dólares para tomar un bote desde Capurganá, en Colombia, hasta esa comunidad, para luego caminar durante dos o cuatro días por la selva para llegar hasta la comunidad indígena de Canaán Membrillo.

Según una información de 2023 de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), que estuvo prestando servicios en el Darién hasta que este año no fue renovado su permiso para operar,,

Desde que el pasado 1 de julio comenzó la nueva Administración del presidente José Raúl Mulino, se han tomado varias medidas para tratar de reducir el flujo de migrantes por esa peligrosa selva del Darién, que ya la han atravesado en lo que va de año más de 216.000 migrantes, la mayoría venezolanos, mientras que en todo 2023 fueron más de 520.000, una cifra inédita, según datos oficiales de Panamá.

Entre esas medidas, desde el pasado 3 de julio Panamá ha cercado progresivamente con «barreras perimetrales» (vallas de alambre con púas) unos 4,7 kilómetros en el Darién, donde había al menos cinco pasos no autorizados o trochas, para «canalizar» el flujo de los migrantes a través de un «corredor humanitario».

A la espera de datos comparativos de todo el mes de julio respecto al mes anterior, las autoridades panameñas aseguran que tras esas medidas se ha percibido ya una reducción del número de transeúntes.

El director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera, aseguró recientemente que su política migratoria se guía por los principales internacionales de una migración segura, ordenada y regular, «y es claro que el tránsito de migrantes por la selva darienita no es seguro, ni ordenado y tampoco regular».

#24Jul ?? EL DARIÉN NO ES UNA RUTAEl Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (@senafrontpanama) informó que 10 migrantes murieron ahogados después de ser arrastrados por la corriente del río que atraviesa la peligrosa selva del Darién?: #Comunicado pic.twitter.com/Lz3xShIJvR

En la búsqueda de un futuro mejor una familia venezolana, familia Gómez Dávila emprendió un viaje que los llevaría a la ruta de El Darién son sospechar la muerte alcanzaría a una madre y a su hija.

Es el caso de Junior Gómez quien perdió a su esposa y su hija de 10 años, cuando cruzaban la peligrosa selva del Darién.  Aunque el accidente ocurrió el 16 de julio, recientemente se conoció del fallecimiento de la caraqueña Alejandra Dávila y su hija quienes murieron ahogadas.

Junior Gómez, oriundo de Umuquena, municipio San Judas Tadeo, estado Táchira, con residencia en Caracas, junto a su esposa Alejandra Dávila, y sus dos pequeñas hijas, emprendieron el viaje por la Selva del Darién.

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La pareja se conoció en Caracas hace 10 años y de la relación nacieron dos niñas. Trascendió que Junior trabajaba como mesero y Alejandra era maquilladora profesional, y en vista que no podía cubrir los gastos para mantener  sus hijas decidieron migrar a los Estados Unidos, por lo que pasaron por la peligrosa Selva del Darién.

Hasta la fecha no se sabe en realidad como ocurrió el accidente, solo se sabe que el martes 16 de julio, Alejandra y la mayor de sus hijas se ahogaron.

 Sin embargo, lo podo que se sabe se pudo conocer cuando Junior salió de la selva para avisar lo ocurrido a sus familiares.

Junior y su hija menor se encuentran en un campamento de la ONU, esperando que las autoridades recuperen los cuerpos y pueda iniciar las gestiones para repatriarlos y darles cristiana sepultura. J

La familia de Juan Carlos Monzant, está devastada por el dolor. Y es que el zuliano de 29 murió de un infarto cuando transitaba por la loma La Llorona, en en la selva del Darién, el pasado lunes 15 de julio.

Eduardo Gutiérrez, primo de la víctima, informó que su cuerpo tuvo que ser sepultado en plena selva, ante la imposibilidad de sus allegados de conseguir que lo trasladaran, aunque sea a un pueblo cercano.

Según versión del diario La Verdad, Gutiérrez relató que «no tenían los equipos y las herramientas necesarias. Mi primo estaba muy gordo y pesaba mucho”.

Dijo que desde el deceso, los familiares se activaron en redes sociales para lograr que las autoridades panameñas rescataran el cuerpo y posteriormente lo repatriaran a Sabaneta de Palmas, en el municipio Miranda del estado Zulia, donde nació. Sin embargo, nadie respondió.

“Al parecer, Alfredo (quien viajaba con la víctima) cuando llegó a Migración le dio miedo quedarse a ver qué se podía hacer (con el cuerpo de Juan Carlos), porque él quedó solo y los demás migrantes iban a agarrar el bus para Panamá. Es triste, porque ahora no se sabe dónde fue sepultado por los indígenas. Se perdieron las esperanzas de darle un entierro digno a mi primo”, contó el familiar al diario.

“Sus padres están inconsolables. No van a viajar al lugar del incidente, porque no están bien. Además del dolor por la pérdida de su hijo, no cuentan con los recursos económicos. Esto es muy lamentable, es una tragedia”, lamentó.

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Juan Carlos Monzant partió junto a su primo Alfredo Delgado hace 15 días, desde Ecuador con destino a Estados Unidos, pero un infarto lo sorprendió cuando trataba de pasar una de las lomas de la peligrosa selva panameña. Era hipertenso y asmático.

El joven inició sus estudios de Medicina en la Universidad del Zulia, pero que no terminó la carreta porque decidió migrar a Ecuador, donde vivió los últimos años, antes de aventurarse a pasar la inhóspita selva.

“Juan Carlos estaba soltero, era muy alegre, ocurrente y de buen corazón. Su sueño era llegar a Estados Unidos donde lo esperaba su hermano mayor. Él quería darle a su familia una mejor calidad de vida. Tenía muchas metas y sueños que no pudo cumplir”, acotó.