Un gran jurado federal en Washington presentó una acusación formal contra el excongresista David Rivera por no registrarse como agente extranjero de un magnate de los medios venezolano sancionado en cuyo nombre el republicano de Miami supuestamente presionó al gobierno de Trump, informó la agencia AP.

La acusación es el segundo conjunto de cargos penales que examinan la relación de Rivera con Raúl Gorrín, un empresario multimillonario acusado en 2018 y nuevamente en 2024 de sobornar a altos funcionarios venezolanos en acuerdos corruptos para malversar fondos estatales de la administración de Nicolás Maduro.

La acusación formal revelada alega que Rivera, entre junio de 2019 y abril de 2020, presionó a funcionarios estadounidenses, incluido un alto funcionario anónimo del poder ejecutivo, para eliminar las sanciones contra Gorrín.

Rivera supuestamente recibió ayuda en ese esfuerzo de otro exfuncionario estadounidense anónimo y residente en Nueva York, a quien supuestamente le pagó 125.000 dólares de los más de 5,5 millones de dólares que recibió de Gorrín o en su nombre, dijeron los fiscales de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Rivera fue acusado de lavado de dinero y de no registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, como se requiere cuando se presiona a funcionarios estadounidenses en nombre de personas y empresas extranjeras.

Para promover sus actividades delictivas, Rivera supuestamente creó empresas fantasmas registradas en Delaware utilizando nombres asociados con un bufete de abogados y con el funcionario anónimo, así como la ciudad natal del funcionario, para dar la falsa apariencia de que las empresas fantasma eran legítimas, según la acusación. Los fiscales dijeron que el funcionario no sabía que las empresas estaban utilizando su nombre y su ciudad natal.

Ed Shohat, un abogado defensor de Miami que representa a Rivera, se negó a hacer comentarios, diciendo que no había tenido tiempo de discutir la acusación con su cliente.

Rivera fue arrestado en 2022 en otro caso de cabildeo ilegal, fuera de un tribunal federal en Miami, vinculado a un contrato de consultoría de 50 millones de dólares que su firma, Interamerican Consulting, firmó con una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Los fiscales dicen que el contrato de 2017 fue una artimaña para ocultar una campaña secreta del gobierno de Maduro para congraciarse con la administración entrante de Trump.

El acercamiento a Maduro, que se produjo al mismo tiempo que la actual jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, trabajaba como lobista para Globovisión, la cadena de televisión de Gorrín, finalmente fracasó.

En 2019, Trump reconoció al legislador opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela e impuso duras sanciones petroleras al país de la OPEP en un intento de derrocar a Maduro.

Pero antes de que se desatara la ofensiva de encanto, Gorrín, con la ayuda de Rivera y otros, logró que le tomaran una foto estrechando la mano al entonces vicepresidente Mike Pence en un evento en Florida.

Rivera y Gorrín también se reunieron con el candidato de Trump para convertirse en Secretario de Estado, el senador estadounidense Marco Rubio, quien alguna vez fue compañero de habitación de Rivera cuando ambos eran legisladores estatales en Tallahassee.

Rivera también intentó organizar un posible vuelo y reunión en el avión de Gorrín para una asesora de campaña convertida en “consejera” de la Casa Blanca el 27 de junio de 2017, según los registros judiciales de la denuncia penal anterior y una demanda paralela presentada contra Rivera por los opositores de Maduro que ahora controlan la filial estadounidense de PDVSA. Ese mismo día, la asistente de Trump Kellyanne Conway estaba en Miami para una cena de recaudación de fondos con republicanos de Miami.

Conway dijo a The Associated Press que no tomó ningún vuelo privado y que ella y su equipo de seguridad volaron en vuelos comerciales de ida y vuelta a Miami para el evento. Todos los preparativos del viaje fueron realizados por el Servicio Secreto de Estados Unidos, agregó.

Rivera también convenció al representante Pete Sessions de Texas para intentar organizar una reunión del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela con ejecutivos de Exxon, que tenía su sede en el distrito de Sessions en ese momento.

Rivera, que sirvió en el Congreso de 2011 a 2013, se ha visto envuelto en varias controversias relacionadas con las elecciones, entre ellas la organización de la financiación encubierta de un candidato demócrata desconocido para que se enfrentara a su principal rival en una carrera por el Congreso en el sur de Florida y una investigación estatal sobre si ocultó un contrato de un millón de dólares con una empresa de juegos de azar.

Esa investigación también involucró un posible uso indebido de fondos de campaña para pagar actividades de la Cámara estatal que ya habían sido reembolsadas por el estado.

Ha negado cualquier actividad de lobby ilegal en nombre del gobierno de Venezuela y ha contrademandado a los opositores de Maduro en un tribunal federal.

David Rivera, excongresista de Miami (Florida, EE.UU.) fue arrestado este lunes en Atlanta (Georgia) por cargos criminales tras una investigación federal sobre un contrato de asesoramiento por 50 millones de dólares que firmó con Citgo, filial Pdvsa.

El arresto de Rivera, de 57 años, quien estuvo en el Congreso de EE.UU. entre 2011 y 2013, se llevó a cabo este lunes en el aeropuerto de Atlanta.

Se supo que Rivera ya fue puesto en libertad, pero la investigación en su contra prosigue. Según publicaciones locales, el excongresista firmó en 2017 un contrato de consultoría por valor de 50 millones de dólares con Pdvsa- Citgo, con el objetivo de mejorar la imagen de esa corporación en Estados Unidos.

Rivera fue acusado el pasado 16 de noviembre por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida de Miami, pero el documento permanece sellado, por lo que de forma oficial no se conocen los cargos, reseñó por su parte la agencia Efe.

Rivera estuvo durante muchos años bajo investigación, luego de que se supo recibió esa cantidad millonaria a través del contrato con Pdvsa.

La firma ocurrió en el contexto de una primera etapa de las relaciones entre Nicolás Maduro y Donald Trump, cuando desde Caracas se trataba de conseguir un acercamiento con el entonces nuevo inquilino de la Casa Blanca.

La compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por la filial de PDV en EE.UU. al alegar que el excongresista no realizó ningún trabajo de consultoría como parte del contrato firmado en 2017.

Ese contrato es investigado por fiscales federales en Miami.

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La demanda establece que Interamerican Consulting, propiedad de Rivera, debía desarrollar estrategias para mejorar la reputación y el posicionamiento de PDVSA en Estados Unidos, un trabajo que no llegó supuestamente a realizarse.

El acuerdo establecía que Interamerican cobraría 50 millones de dólares por sus servicios entre marzo y junio de 2017, los cuales serían cancelados en seis pagos por parte de la filial de PDV, según la demanda.

Rivera ha mantenido su inocencia y presentó una contrademanda en EE.UU. alegando un supuesto incumplimiento de contrato por no pagarle 30 millones de dólares que aún le adeudan.

El contrato de Rivera era con una entidad estadounidense, por lo que cualquier trabajo que realizara en favor de intereses comerciales venezolanos habría requerido registrarse como cabildero extranjero, lo que según parece no realizó.

Rivera recibió solamente una parte de los 50 millones de dólares, pero la acusación denuncia que, supuestamente, desvío el dinero a un narcotraficante y a una compañía de yates a nombre de un magnate televisivo venezolano buscado por las autoridades estadounidenses.

El fundador de Voluntad Popular, Leopoldo Lopez, demandará al excongresista federal David Rivera por las falsas declaraciones que emitió contra su reputación, la integridad de su nombre y la causa por la que ha luchado por muchos años.

En entrevista exclusiva al Diario Las Americas, López anunció que contrató una firma de abogados estadounidense que demandará a Rivera, quien lo “implicó falsamente en un plan para beneficiar al régimen de Nicolás Maduro”.

Rivera opera la firma Interamerica Consulting, por la cual el exlegislador firmó un contrato con la a estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, SA, (PDVSA), en 2017.

“PDVSA, un brazo del régimen venezolano controlado por Nicolás Maduro, acordó pagarle a Interamerican Consulting la asombrosa cantidad de $ 50 millones por “servicios de consultoría estratégica”, destinados a mejorar la reputación de PDVSA (y, por extensión, al régimen de Maduro) y conseguir así su posicionamiento ante el público y las autoridades de EEUU”, según el reportaje que publicó el medio con sede en Miami.

El equipo legal estadounidense incluye, entre otros, al profesor David Mills de Stanford Law School, y a David Kobel, socio de la firma Kirby McInerney LLP, especialista en litigios con sede en la ciudad de Nueva York.

Este equipo de letrados estadounidenses, en conjunto con el sr. Juan Carlos Gutiérrez, abogado venezolano con vasta experiencia en la lucha por la justicia y la libertad en su país, tiene la intención de presentar un caso por difamación en Estados Unidos, contra David Rivera.