“La tendencia de los denominados ‘therian’ o transespecies es un trastorno de la mente derivado de las nuevas guerras cognitivas”, aseguró este lunes el fiscal general, Tarek William Saab, en relación con la existencia de personas, sobre todo jóvenes, que se identifican como animales y piden que se les reconozcan derechos.

 Durante una entrevista en el programa “A Pulso”, transmitido por Venezolana de Televisión, Saab rechazó  el hecho de que la identificación de personas con animales constituya un derecho humano.

"No son derechos, sino expresiones de un plan global para generar caos interno”, dijo.

El funcionario advirtió que estas corrientes buscan normalizar conductas que, a su juicio, atentan contra la dignidad y la naturaleza de la raza humana.

 También expresó su preocupación por el impacto que estas tendencias podrían tener en la infancia, bajo el pretexto de supuestos derechos sexuales que, según Saab, pretenden legalizar desviaciones como la pedofilia.

Saab comparó este fenómeno con una estrategia de guerra híbrida orientada a confundir a la población presentando “lo malo como bueno”.

Señaló que estas “conductas impropias no contribuyen al progreso ni a la convivencia, sino que representan una distorsión que debe ser vigilada por la justicia para proteger la salud mental y la integridad de la familia venezolana”.

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 Saab reafirmó que la Fiscalía mantiene su compromiso con la defensa de la dignidad humana y los derechos de los niños frente a agendas externas que intentan imponer trastornos conductuales como normas sociales. 

Subrayó, además, que la institución seguirá realizando vigilancia institucional para garantizar que la paz ciudadana y el desarrollo de los jóvenes permanezcan libres de influencias cognitivas que, en sus palabras, degradan la condición humana.

🗣️SER "THERIANS" NO ES UN DERECHO, SINO "UN TRASTORNO"El fiscal general, Tarek William Saab, afirmó que el denominado fenómeno de los “Therians” no constituye un derecho de los niños, sino una “desviación mental” que intenta normalizar una situación “imposible de formalizar” pic.twitter.com/qhLqIMTjg6

Con información de VTV y Globovisión

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este lunes el atentado a tiros contra dos activistas venezolanos de derechos humanos que fueron heridos a tiros en Bogotá. 

Las víctimas fueron Yendri Velásquez, también activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, y el consultor político Luis Alejandro Peche Arteaga, quienes fueron atacados por sicarios en el barrio bogotano de Cedritos, en el norte de la ciudad.

«Condenamos el atentado con arma de fuego hoy en Bogotá que dejó heridos a los venezolanos Yendri Omar Velásquez, defensor de derechos humanos LGBTIQ+, y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+; y a Luis Alejandro Peche, consultor político, quien tiene también nacionalidad colombiana», señaló la Oficina de la ONU en su cuenta de X.

El organismo internacional urgió «a las autoridades colombianas a brindar protección a los dos activistas» e «investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este atentado, y a tomar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia, en particular, contra personas defensoras».

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1/Condenamos el atentado con arma de fuego hoy en #Bogotá que dejó heridos a los venezolanos Yendri Omar Velásquez, defensor de derechos humanos LGBTIQ+, y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+; y a Luis Alejandro Peche, consultor político, quien tiene también…

Tras lo que la Policía definió como un «ataque sicarial» Velásquez y Peche Arteaga fueron trasladados a una clínica, donde se encuentran fuera de peligro.

La Defensoría del Pueblo indicó que Velásquez había acudido a esa entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela por «persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos».

«El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos», señaló la institución en un comunicado publicado en X.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior y encargada de designar escoltas, ampliará los esquemas de seguridad destinados a activistas de derechos humanos extranjeros en Colombia.

En un mensaje en X, el mandatario subrayó que toda persona venezolana que solicite asilo en el país «es bienvenida, sin distinción de sus ideas».

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz de 2025, María Corina Machado, pidió a las autoridades colombianas que «se garantice la protección para ellos y para los venezolanos exiliados en Colombia».

La mayor coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- también exigió justicia ante el atentado y pidió una investigación «inmediata, exhaustiva y transparente».

Con información de Efe

La Fiscalía 83 del Área Metropolitana de Caracas ha sido designada para investigar la supuesta agresión cometida por dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes supuestamente agreden físicamente de manera considerable a un hombre de la tercera edad, dentro de una panadería en el sector de Ruperto Lugo, en Catia, Caracas.

La información es suministrada por el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien en su cuenta en Twitter narrá lo sucedido y muestra un video en donde se puede apreciar al hombre de la tercera edad sangrando de manera considerable.

#Designada Fiscalía 83 AMC para #investigar a funcionarios de la PNB que golpearon salvajemente -violándole sus #DDHH– a un anciano indefenso que se encontraba en una panadería: brutal hecho ocurrido en la Calle Real de Ruperto Lugo, Municipio Libertador #JUSTICIA pic.twitter.com/WFuYxIcY3h

El Ministerio Público habría iniciado las averiguaciones por abuso de autoridad y lesiones en contra de la persona mayor, quien fue trasladado supuestamente por los policías.

De manera extraoficial se pudo conocer que el hombre, quien supuestamente estaría en estado de embriaguez, se encontraba dentro de la panadería.

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Durante la situación que quedó grabada, algunas personas le gritan a los encargados de la panadería y los acusan de lo ocurrido, sin embargo, no se tiene mayores detalles al respecto.

Tarek William Saab cataloga a los funcionarios como «delincuentes uniformados» y dice que los mismos serán imputados en las próximas horas.

“Como Estado colombiano se requiere estar vigilantes para lo que pasa por ‘debajo’ de los puentes fronterizos, y evitar vulneraciones a los derechos humanos, de manera particular la trata de personas o la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”.

El alerta la hizo el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, durante una visita de trabajo humanitario que realizó al puente internacional Simón Bolívar, con motivo de las actividades de la apertura de la frontera colombo- venezolana.

“Las difíciles condiciones económicas y sociales, la indiferencia institucional en algunas regiones, la falta de entornos protectores y el conflicto armado genera diferentes vulneraciones a los derechos de los menores de edad. Por esta razón los niños, niñas y adolescentes deben ser la prioridad en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela”, dijo Carlos Camargo.

Camargo explicó que «1.200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que se encuentran en Colombia bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar y en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos».

El Defensor del Pueblo consideró fundamental que se revise el tránsito de migrantes en situaciones de precariedad económica, sin la documentación legal necesaria y en condiciones de vulnerabilidad.

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Destacó que desde Colombia «estamos monitoreando en tiempo real, a través de las siete regionales de la Defensoría del Pueblo que comparten línea de frontera con Venezuela, todo lo que tiene ver con las diferentes vulneraciones de los derechos humanos que involucran directamente a los menores de edad».

De acuerdo a las cifras que maneja Migración Colombia, más de 2.4 millones de venezolanos migraron a Colombia, y están registrados en el Estatuto Temporal de Protección.

El defensor del Pueblo de Colombia, asegura que «es urgente encontrar una salida institucional para que los menores de edad no permanezcan indefinidamente en hogares de paso o instituciones de protección y se pueda adelantar la reunificación familiar correspondiente, verificando previamente que se cumplan las condiciones apropiadas en términos de derechos de los niños».

Humberto Prado, representante para los derechos humanos de Juan Guaidó, entregó este lunes, a organizaciones internacionales, un informe sobre la violación de los DD.HH. en Venezuela.

Prado documentó desde la realidad de los presos y las torturas a las que los someten, hasta la libertad de prensa «bajo ataque». Además de las acciones «ilegales» de cuerpos de seguridad del Estado, entre otros derechos vulnerados por la administración de Nicolás Maduro.

El documento está en manos de Esmeralda Arosamena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y José Manuel Vivanco, director Human Rights Watch. Además, también lo entregó a Ángela Meyer, directora de la Fundación Robert Kennedy y a Geoff Ramsey, director de Washington Office on Latin America (WOLA).

Se trata de un compendio donde Prado plasmó datos de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

«Ante el aumento de violaciones de DD.HH. y la ausencia de respuestas, se ha trabajado en documentar y activar los mecanismos de protección disponibles que permitan proteger y garantizar efectivamente los derechos de los venezolanos», señala el escrito.

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El documento destaca los altos índices de pobreza, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y servicios básicos. Habla de la precariedad en la atención deficiente a la pandemia, la «desnutrición» de los presos, y los homicidios y feminicidios.

En el informe se reseña que la pobreza en Venezuela se ubicó en 94,5% y la pobreza extrema alcanzó 76,6%. Se señala que la inseguridad alimentaria se redujo de 6,6% a 5,8%. Sin embargo, la inseguridad alimentaria leve tuvo un ascenso a 34,5%.

Sobre los servicios públicos, el documento destaca cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. La ONG denuncia que únicamente 24,9% de los venezolanos recibe agua potable sin restricción alguna. Mientras que 56% de los entrevistados catalogaron de forma negativa el servicio eléctrico.

Asimismo, resalta que el Observatorio Venezolano de Prisiones reveló que durante el primer semestre de 2021, fallecieron 170 personas privadas de libertad en las cárceles y centros de detención preventiva del país, 72% de las muertes se asociaron a condiciones de salud, principalmente: desnutrición y tuberculosis.

 Con la información recabada, Prado concluyó que «lo que se vive en Venezuela es la crisis más grave en los últimos 25 años. La falta de un Estado de derecho y democrático ha abierto paso a actuaciones y omisiones que se evidencian en todo el territorio nacional».

Las fuerzas de seguridad en Colombia están en la mira por el manejo que le han dado a las recientes manifestaciones en el vecino país. El Defensor del Pueblo denuncia acciones reprochables, mientras que la ONU agresiones contra misiones de DD.HH.

En las últimas horas miembros la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia, que realizaban un acompañamiento en la ciudad de Calí, recibieron amenazas e incluso disparos.

Medios de prensa recogen las declaraciones la representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

Rivero a través de sus redes sociales hizo un llamado a investigar.

“Esperamos que los hechos descritos antes sean investigados y los responsables sancionados”, expresó.

Las agresiones denunciadas al parecer son “por parte de miembros de la Policía, sin que ninguno resultara con alguna herida”, informó la Radio Nacional de Colombia.

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Por su parte,  Carlos Camargo, defensor del Pueblo, aseguró que tuvo conocimiento que una funcionaria de la Defensoría habría sido maltratada por Policías de la estación Fray Damián en Cali.

La funcionaria realizaba un acompañamiento a unos detenidos durante las manifestaciones en la capital vallecaucana.

Estaba en compañía de una delegación de Naciones Unidas y otras organizaciones de Derechos Humanos.

A juicio de Camargo “esta acción es totalmente reprochable, no solo atenta contra la integridad psicológica de la funcionaria, sino contra la institución y en general contra los derechos de toda la ciudadanía”.

Fue enfático en su petición: “Exigimos que la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos sean respetadas por todas las autoridades”.

Al solicitar las investigaciones pertinentes, anunció que se trasladará a Cali para realizar un seguimiento y una verificación a la situación de derechos humanos.

Esto como consecuencia de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días allí.

La Defensoría maneja la cifra de 19 personas fallecidas durante las manifestaciones en el país, e su mayoría en la capital del Valle del Cauca.

Cabe destacar que tanto la ONU como la Unión Europea (UE) condenaron la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes.

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Informan allí donde escasean las fuentes oficiales, atienden a enfermos, a presos. Simplemente, velan por los derechos humanos de los venezolanos. Las ONG se han convertido en un escalón fundamental de la sociedad. Pero el oficialismo las persigue, insinúa que tienen vínculos terroristas y estudia una normativa que consideran inasumible.

«Pareciera que en Venezuela, cada vez más, ser solidario se convierte en un factor de riesgo». Así lo denuncia Marino Alvarado, miembro de Provea, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Hay una regla que la administración de Nicolás Maduro ahora les impone a las ONG y que estas consideran una amenaza. Se trata de una providencia administrativa que las obliga a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.

Frente a ello, Alvarado denuncia que esta resolución «deja en la responsabilidad» de las ONG demostrar que no están «involucradas ni en la promoción ni en actividades de delincuencia organizada ni de terrorismo».

«Es decir, aquí la presunción no es de inocencia, sino de culpabilidad», subraya Alvarado, en entrevista con la agencia Efe.

Sin embargo, considera que esta normativa es «la continuidad de una política» de Estado. La misma implica «ir cerrándole espacios a organizaciones de la sociedad civil que reivindican su autonomía frente al Estado».

Esa política, para el activista de Provea, comenzó hace dos años . Lo hicieron «con obstáculos para el registro de nuevas organizaciones. Después, impidiendo que organizaciones puedan registrar las actas de asambleas y el cambio en sus directivas». Y finalmente planteando «a los bancos que deberían controlar y vigilar las cuentas» de las ONG.

«Y esta (última) resolución no solamente tiene que ver con buscar un control de la cooperación que se recibe y el uso de la misma. También de quienes son los beneficiarios», sostiene.

Ahí recae una de las principales críticas de las organizaciones. Conforme a esa normativa, deberán informar a quienes prestan ayudan.

Alvarado comenta que en Venezuela hay «una amplia experiencia de discriminación por razones políticas». Por ello considera que dar los nombres «implicaría un riesgo».

Con ese registro, cree que se puede exponer «a personas que aparezcan como beneficiarias de organizaciones que el Gobierno puede calificar como enemigas».

Frente a esa situación, se expondrán a sanciones, pero no darán los datos.

Si una organización ha ganado impacto en Venezuela en el 2021 es FundaRedes. También se dedica a la defensa de los derechos humanos en el estado Táchira. Pero que cada vez tiene más presencia en todo el país.

Gracias a sus trabajadores sobre el terreno, se convirtieron en una fuente clave para conocer lo que sucedía en Apure. Allí desde el pasado 21 de marzo estallaron combates entre militares y disidentes de las FARC que no han concluido.

Desde entonces, las fuentes oficiales y castrenses han dado datos a cuentagotas. Ha sido Fundaredes la que ha informado a quién combaten, qué cuerpos están involucrados en los enfrentamientos. También ha recogido diferentes denuncias de ejecuciones extrajudiciales y actuaciones ilegales.

«Las ONG se convierten en un elemento principal por la imposición del miedo como política. Esto por la arbitrariedad que hay en el país. Se han cerrado liderazgos, sectores, gremios, colegios de profesionales, sindicatos o partidos», explica el director de Fundaredes, Javier Tarazona.

Para el activista, las asociaciones suponen «una acción transversal, emergente de la sociedad civil como respuesta a la crisis», No duda en afirmar que, por eso, «hoy están en la mira de quienes ostentan el poder en Venezuela».

Tarazona y Fundaredes, al igual que Alvarado y Provea, son con frecuencia señalados por el oficialismo. Especialmente, por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa semanal «Con el mazo dando».

El coordinador de Fundaredes explica que esas acusaciones no son inocuas. Cuando sucede, «el nivel de hostigamiento aumenta».

«Yo he contabilizado, solo contra mi integridad, en los últimos diez años, más de 15 atentados que no son públicos. Por la propia seguridad no decimos», asegura.

Como en Provea, Tarazona explica que en Fundaredes están «negados a exponer a las víctimas» dando sus datos.

«Es un compromiso de vida, es un compromiso de códigos superiores a una legislación o sublegislación», explica.

Sin embargo, son conscientes de que si no facilitan esa información se exponen a sanciones. Detalla que entonces se cerraría una ventana, puesto que han informado al mundo de la presencia de grupos armados en el país, entre otros asuntos, y sus reportes han llegado ante la Justicia internacional.

Es una decisión -«nos negamos a ser los sapos (soplones)»- que les expone a una posible desaparición, lo que cerraría una ventana de información, de denuncia y de atención a la salud o protección de los derechos de millones de venezolanos.

Este miércoles, Estados Unidos se comunicó con la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet y le comentó su preocupación por la situación de Venezuela.

También extendió sus inquietudes de países como China y Birmania y los conflictos actuales.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, mantuvo una reunión virtual con Bachelet.

Su portavoz Olivia Dalton, informó en un comunicado que Greenfield trasladó un mensaje importante sobre estos países a Bachelet

La semana pasada, el Departamento de Estado publicó un informe anual sobre los DD.HH. y expresó su preocupación por lo que ocurre en Venezuela.

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Específicamente las torturas, presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y en otros países latinoamericanos como Cuba y Nicaragua.

En ese informe, EE.UU. acusa a China de «genocidio» y «crímenes de lesa humanidad» contra los uigures.

Así como contra otras minorías musulmanas en la provincia noroccidental de Xinjiang, publicó EFE.

Además de estos países, también expresó su preocupación por situación de los derechos humanos en Etiopía y Yemen.

Subrayó la importancia de que los responsables de abusos rindan cuentas.

Según su portavoz, la embajadora estadounidense expresó también el apoyo del gobierno de Joe Biden al trabajo de la oficina de Bachelet.

Sobre todo para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo.

Además recalcó la importancia de investigaciones independientes en este ámbito.

Thomas-Greenfield abordó con la responsable de Naciones Unidas el regreso de EE.UU. al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Hay que recordar que lo abandonó bajo la Administración de Donald Trump y al que ha retornado con el actual Ejecutivo.

La relatora especial de DD.HH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, se encuentra en Venezuela. La visitante comenzará sus actividades oficialmente este lunes, informó un boletín del ministerio de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro.

A la experta de la ONU la recibieron en el aeropuerto de Maiquetía. La funcionaria expresó su plena voluntad de “examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si la adopción, mantenimiento o aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas y de qué manera”.

“Me enfocaré en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela”, dijo la alta funcionaria en un comunicado de prensa de la ONU.

Douhan estará en Venezuela al 12 de febrero. Prevé reunirse con altos funcionarios de la administración de maduro, del Consejo nacional Electoral y de la Asamblea nacional.

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También espera encontrarse con integrantes del Poder Judicial; representantes de organismos internacionales, cuerpo diplomático, sociedad civil y sectores de la oposición.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el mandato del Relator Especial en septiembre de 2014. Esto, tras la preocupación del sistema de derechos humanos de la ONU por el impacto negativo de las sanciones unilaterales en los derechos humanos de la población civil.  Esto se ha vuelto aún más relevante durante la pandemia de COVID-19.

La Relatora Especial presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2021.

La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas efectuó consideraciones a modo diagnóstico sobre la situación de DD.HH. en Venezuela.

En el informe contrastó el panorama actual respecto del año 2019, y así la opinión pública hacerse una idea de la magnitud de la crisis.

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Los derechos humanos en Venezuela han sido relegados, en el mejor de los casos, al incumplimiento, y en el peor, al absoluto olvido.

Dicha circunstancia se puede evidenciar en los siguientes once (11) elementos ubicados por la Comisión Presidencial:

1. Durante el 2020, hubo avances importantes en los mecanismos internacionales de protección gracias a los pronunciamientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, la Comisión de Encuesta de la OIT, la CIDH y la Corte IDH, no obstante, las recomendaciones de esos organismos no han sido cumplidas, ya que de ese ser el caso habría una mejora, por pequeña que fuere, en los indicadores de derechos, y la realidad es que han desmejorado notablemente, por tanto, Venezuela ostenta un clima de Contumacia Institucional orquestado por el Poder de facto tal y como lo viene documentando la Comisión Presidencial.

2. La emergencia humanitaria compleja continúa profundizándose. Las personas con VIH/SIDA, condiciones oncológicas, esclerosis, diabetes, desnutrición, enfermedades cardiacas, lepra, dengue y demás no tiene acceso a atención de salud de calidad ni a medicamentos, aumentándose innecesariamente el número de muertes evitables.

3. El COVID-19 ha impactado de manera diferenciada a Venezuela, siendo que el Poder de facto ha utilizado la pandemia como subterfugio para limitar derechos, y los infectados corren con altos riesgos de fallecer debido a la falta de insumos médicos, bioseguridad y atención médica de calidad. Por su parte, el personal de salud ha estado expuesto a riesgos excesivos al punto que muchos han fallecido en el cumplimiento de su deber debido a la falta de insumos en bioseguridad.

4. Los servicios básicos no operan en lo absoluto. Sigue sin haber agua, luz, gas o internet. No es viable vivir en Venezuela, y la cuarentena acrecienta la demanda y la prestación deficiente de ello. Es comprensible que, debido a la propia situación en la que nos colocó la usurpación, no sea posible que con los recursos nacionales se pues solventar la situación, empero, la reticencia frente a la ayuda humanitaria es muestra de la falta de compromiso por solventar dicha circunstancia.

5. La violencia de género ha aumentado durante la cuarentena. La discriminación estructural sigue siendo patente, y mientras tanto, las autoridades del Poder fáctico estigmatizan y perpetúan prejuicios de género tal y como quedó cristalizado en el correspondiente Informe sobre la materia de la Comisión Presidencial.

6. Los ciudadanos han salido espontáneamente a protestar porque no pueden tolerar las condiciones económicas y de salubridad, no obstante, la respuesta de la fuerza pública ha sido la acostumbrada: uso desproporcionado de la fuerza, generar lesiones en manifestantes pacíficos y hasta desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, las cuales, dicho sea de paso, constituyen violaciones graves contra los derechos humanos.

7. Los Grupos de Exterminio se han afianzado. A pesar de que la CIDH y la Alta Comisionada recomendasen la disolución de la FAES, la misma continúa incurriendo en letalidad e impunidad. Se militariza recurrentemente la seguridad ciudadana y prácticas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas en contra de civiles y militares disidentes son cada vez más frecuentes.

8. La disidencia política, así como los miembros del Gobierno Interino, son perseguidos, encarcelados, hostigados y criminalizados. El ejercicio de los derechos políticos está suspendido en Venezuela. Los periodistas y personas defensoras de derechos humanos también son perseguidas y detenidas porque su labor es incómoda para la usurpación.

9. Todo lo anterior ocurre bajo los ojos complacientes de un Poder Judicial que ha traicionado su deber constitucional de defender los principios elementales de la República, siendo nada más y nada menos que un brazo ejecutor del régimen para castigar a sus adversarios.

10.Millones de venezolanos han abandonado el país, enfrentando difíciles contextos de discriminación en razón de su nacionalidad en Estados hermanos. Debido a la pandemia, muchos desean regresar a Venezuela, pero en su retorno son calificados de armas biológicas a pesar de simplemente querer volver a casa. Hay aquellos que, en su desesperación por huir de la dictadura, optaron por la movilidad irregular mediante embarcaciones improvisadas, buscando como destino las Antillas holandesas o Trinidad y Tobago. En 2020 los venezolanos y venezolanas lloraron la muerte de varios compatriotas en naufragios. Dicha situación pudo haberse evitado si Trinidad y Tobago hubiese sido respetuosa de normas internacionales de ius cogens como el principio de no devolución, empero, fueron condenados a la profundidad del océano debido a la mezquindad política. La Comisión Presidencial recuerda que si un país no tiene la capacidad de albergar personas que han arribado a su territorio con necesidades de protección, tiene de todas formas el deber de buscar un tercer país en donde ello si sea posible, y nunca optar por devolverlos al país de origen del que precisamente huyeron.

11.Finalmente, todo esto se enmarca en un contexto de deterioro ostensible del estado de derecho y la democracia en el país. El derecho a votar y ser elegido se ha anulado, y en tanto, la usurpación busca mediante artimañas electorales que no reúnen estándares cónsonos con el derecho a la participación, despojar de legitimidad al único Poder Público que aún continúa apegado la Constitución, Maduro y el sistema de justicia a bloqueado sistemáticamente, a la Asamblea Nacional, ah despojado la inmunidad parlamentaria a varios diputados, han tenido que irse al exilio, o refugiarse en embajadas etc, cuando hablamos de un parlamentario perseguido se trata de alguien que ha podido ser atacado por colectivos paramilitares, que le han podido anular el pasaporte, ha recibido amenazas graves a la vida y allanamientos en su residencia, tiene la casa rodeada por colectivos o por patrullas del Sebin, ha sido agredido físicamente, se le han abierto inhabilitaciones administrativas o procesos judiciales, como estos nuevos allanamientos a la inmunidad, o incluso ha sufrido agresiones de tipo económico y le han cerrado y confiscado empresas a su familia.

A partir de estas consideraciones, el diagnostico luce aún más evidente: estamos en terapia intensiva.

No obstante, por más desolador que se el horizonte, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino continuará haciendo lo que constitucionalmente le corresponde, esto es, promover y defender los derechos humanos de todas las personas venezolanas.

Ahora bien, la Comisión Presidencial nota la existencia de un paralelismo innegable entre el desmejoramiento de la situación interna la documentación y denuncia de las violaciones a nivel de los organismos internacionales.

La Comisión Presidencial no puede pasar por alto la importan histórica de diversos mecanismos que en este 2020 han jugado un papel central en la visibilización de la situación de derechos humanos, a saber:

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en febrero de 2020 efectuó un proceso de visita in loco, cuyas observaciones preliminares fueron enfáticas en ubicar como causa de la crisis nacional la permanente intervención del Poder Ejecutivo de facto en las demás esferas del Poder Público nacional. Igualmente, la CIDH, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), ha emitido de forma reiterada comunicados públicos y pronunciamiento de redes sociales en donde efectúan llamados de atención pertinentes.

2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió los fallos Corte Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Serie C No. 415 y Corte IDH. Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2020. Serie C No. 417 en los cuales se confirmó la crisis estructural de los centros penitenciarios en Venezuela. La Comisión Presidencial seguirá trabajando a los efectos del cumplimiento de estas decisiones.

3. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas (FFM, por sus siglas en inglés) determinó que en Venezuela existían motivos razonables para creer que en el país se habrían cometido crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves contra los derechos humanos, individualizando algunas responsabilidades y recomendando que la Corte Penal Internacional avanzara en su examen preliminar.

4. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos emitió al menos tres (3) actualizaciones donde confirmó la falta de cumplimiento de sus propias recomendaciones, en particular lo referente a la desarticulación de Grupos de Exterminio como la FAES, la persistencia de la crisis estructural en la prestación de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y muy especialmente, la falta de condiciones adecuadas a la luz del estado de derecho para la celebración de comicios electorales parlamentarios.

5. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanzó hacia la tercera etapa del examen preliminar sobre el caso de Venezuela “I” que fue elevado ante esa instancia, entre otros actores, por diferentes Estados partes del Estatuto de Roma. Actualmente la Fiscalía esta investigado la complementariedad, para precisar si las investigaciones internas han sido genuinas, cosa que la Comisión Presidencial, al igual que la sociedad civil, continuaran demostrando a los efectos de dar constancia que en el país ni siquiera se investiga.

6. La Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo emitió a finales de 2019 un reporte donde llamó al cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno. La Comisión Presidencial considera que esa es la instancia de más alto nivel de la OIT y solo se invoca frente a casos de sostenido clima de violaciones contra grupos sindicales y trabajadores, por lo que resulta conveniente insistir en su uso.

No hay ninguna duda de que la situación, por grave que sea, ha sido objeto de recurrente documentación por parte de los órganos de protección, o. en otras palabras, realmente hay un consenso tanto regional como internacional de que Venezuela en cuanto a derechos humanos debe ser una prioridad.

Por primera vez una instancia independiente como a FFM determinó de forma expresa que en el país habían ocurrido crímenes de lesa humanidad, ello previamente no había ocurrido y supone un mecanismo dinamizador del examen preliminar ante la CPI.A partir de estas consideraciones, el diagnostico luce aún más evidente: estamos en terapia intensiva. No obstante, por más desolador que se el horizonte, la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Interino continuará haciendo lo que constitucionalmente le corresponde, esto es, promover y defender los derechos humanos de todas las personas venezolanas en aras de revertir el status quo de violaciones vigentes.

Para ello, el equipo del Comisionado Presidencial ha trabajado desde inicios de 2020 en el desarrollo del Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual contiene indicadores concretos de políticas públicas a implementar en el marco de un proceso transicional para fomentar condiciones de compatibilidad con la vida digna de las personas venezolanas.

Desde el día 14 de diciembre el Comisionado Prado dio inicio a un proceso de consulta ciudadana por medio del cual cualquier venezolano o venezolana con interés en los temas abordados en el Plan, sin necesidad de pertenecer a una ONG, puede formular recomendaciones.De tal suerte que se hace un llamado a todos y todas a formar parte del proceso de culta ciudadana. Solamente a través de la incorporación de sus perspectivas es que será posible construir un Plan Nacional inclusivo.

No nos detengamos. Conquistamos mucho en este 2020, y debemos seguirlo haciendo en el 2021.

Habrá justicia.

Cuando hablamos de un parlamentario perseguido se trata de alguien que ha podido ser atacado por colectivos paramilitares, que le han podido anular el pasaporte, ha recibido amenazas graves a la vida y allanamientos en su residencia, tiene la casa rodeada por colectivos o por patrullas del Sebin, ha sido agredido físicamente, se le han abierto inhabilitaciones administrativas o procesos judiciales, como estos nuevos allanamientos a la inmunidad, o incluso ha sufrido agresiones de tipo económico y le han cerrado y confiscado empresas a su familia. Todo esto ocurre en un contexto donde no hay Estado de derecho

HUMBERTO PRADO SIFONTESComisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas

Las reacciones de los defensores de los Derechos Humanos sobre la última decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), en cuanto a Venezuela, no se hicieron esperar. Tamara Suju, Delsa Solórzano y Luis Ortega Díaz consideran que se trata de un avance.

La fiscal de la CPI Fatou Bensouda, anunció existen «fundamentos razonables para creer» que en Venezuela ocurren crímenes de lesa humanidad.

La activista Tamara Suju sostiene que «hemos avanzado a fase III, porque ellos consiguieron fundamentos para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes con competencia de esa corte. es decir, crímenes de lesa humanidad».

Pidió no olvidar que la CPI está analizando los siguiente: «asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violencia sexual cometidos por el régimen».

Explicó que «la fase III es cuando la CPI indaga si el sistema de justicia venezolano ha juzgado o investigado de forma imparcial a los culpables de estos crímenes».

Dijo que los venezolanos debemos «estar contentos de este avance, porque la justicia internacional avanza de forma lenta, pero segura. Las víctimas y quienes hemos luchado para hacer estas denuncias deben estar contentas. Venezuela va a tener justicia y los criminales van a ser juzgados», aseveró en un video publicado en Twitter.

Por su parte, la diputada Solorzano, destacó la importancia del anuncio de la CPI. Y aseguró que «el fiscal de la dictadura salió con las tablas en la cabeza». Esto en referencia a que la fiscal de la CPI hizo en anuncio en su cara.

Entre tanto, la fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, aseguró que las pruebas presentadas por su despacho ante la Corte «son contundentes». «El pronunciamiento de la fiscal Bensouda lo demuestra. No descansaré hasta lograr que Maduro y su grupo paguen todos sus crímenes. Los venezolanos tendrán justicia!», expresó.

#Venezuela. Mi mensaje para todos los venezolanos con motivo del avance del Examen Preliminar en la @IntlCrimCourt en contra del régimen de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/9HPeNJzS0N

Los invito a ver esta importante noticia sobre @IntlCrimCourt . El fiscal de la dictadura salió con las tablas en la cabeza. ? 1https://t.co/hN0u3YTiXe

Las pruebas entregadas por el Ministerio Público legítimo de Venezuela a la CPI @IntlCrimCourt son contundentes. Pronunciamiento de la fiscal Bensouda lo demuestra. No descansaré hasta lograr que Maduro y su grupo paguen todos sus crímenes. Los venezolanos tendrán justicia! https://t.co/ZGjOp5tmwD

El comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela exigió «la renovación del mandato de la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela”.

A través de una carta pública, el partido se dirigió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo hizo a su presidenta y vicepresidenta, Elisabeth Tichy-Fisslberger y María del Socorro Flores Liera, respectivamente.

En la misiva, Vente asegura que es necesario «garantizar la reparación a favor de las víctimas». También reclama para que no se repitan «los graves hechos expuestos en el informe de la ONU«.

“Denunciamos que el Estado criminal de Nicolás Maduro persiste en el incumplimiento de las obligaciones», dice el escrito. Añade que «avanza con su política de represión, persecución, tortura y agresión”.

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Para el equipo de Vente DD.HH, «las violaciones de derechos humanos constituyen una política de odio y terror». Asegura que esto auspicia «la impunidad respecto a la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Reconoce el rol de las ONG, partidos políticos, víctimas, familiares y otras instancias que denuncian sin descanso estos crímenes. «Los hicieron visibles. El sistema internacional debe accionar la protección de las víctimas que son hostigados y perseguidos. 

Y agregaron: “Los venezolanos estamos decididos a no sucumbir ante los atropellos del régimen. Desde Vente Venezuela asumimos el compromiso de lograr la restauración de nuestros derechos y libertades”.

Insisten en que la renovación de la Misión garantizaría completar la documentación de estos hechos. Además de que sería un respaldo a la labor que múltiples defensores y organizaciones llevan a cabo.

Por otra parte, manifestaron a Naciones Unidas la necesidad de activar los mecanismos de justicia internacional. Deben «investigar y sancionar penalmente a los responsables de las violaciones y crímenes de lesa humanidad en Venezuela».

“La prevención de conflictos que involucran graves violaciones a los DD.HH. pasa por ponerle fin a la impunidad de los perpetradores de estos crímenes. Sólo al iniciar las acciones legales contra los responsables se podrá lograr justicia para las víctimas. Hay que velar por el principio de no repetición» de estos crímenes, asegura la carta.

Las organizaciones Observatorio de Conflictividad Social y Provea, exigen al régimen el respeto del derecho a las protestas pacíficas y el cese de la represión.

Se refieren a las protestas de los últimos días relacionadas con las fallas de los servicios públicos. Organismos del régimen reprimieron las manifestaciones y detuvieron a varias personas.

En un comunicado, las ONG denuncian «el avance de la política de represión implementada por el Estado».

Argumentan que las protestas se deben «a la profundización de la emergencia humanitaria compleja. La misma impacta a todos los venezolanos, pero de manera más dramática y aguda a los habitantes de las pequeñas poblaciones del interior del país». Ellas «protagonizan la mayoría de las acciones de calle y movilizaciones pacíficas, para exigir el acceso a servicios básicos».

Recuerdan que «las protestas se han ido incrementando a lo largo del año. Hasta agosto se documentaron cerca de 6.000 acciones. De esta cifra, más de 80% se deben a la exigencia de derechos. Y ubican las carencias socioeconómicas en el epicentro de las acciones de calle».

Las organizaciones aseguran que «hasta el lunes 28 se reportaron más de 190 manifestaciones pacíficas. Toidas relacionadas a reclamos de servicios públicos. Además del rechazo a la escasez de combustible. Estas manifestaciones son protagonizadas fundamentalmente por familias».

La respuesta del Estado es la represión, «utilizando armas de fuego y sustancias tóxicas». Pero no solo eso, sino que detuvieron a más de 30 personas y hay reportes de «tratos crueles inhumanos y degradantes. también allanamientos ilegales en viviendas».

«Este patrón de represión se repitió en Yaracuy, Aragua, Lara, Nueva Esparta y Sucre. Allí también se registraron manifestaciones de vecinos por servicios básicos. Adicionalmente, estas entidades fueron militarizadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)», reportan las ONG.

Aseveran que «esto confirma que bajo la administración de Nicolás Maduro se continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos». Así se demuestra el contenido «del informe de la ONU sobre Venezuela».

Provea y el Ovcs señalan que «el Estado está obligado a respetar el derecho a la protesta pacífica en virtud del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos».

Entre las exigencias de las ONG destacan: «Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución. Libertad plena para las personas detenidas arbitrariamente».

Agregan «dar respuesta oportuna y satisfactoria a las personas que exigen servicios básicos. Realizar las investigaciones para establecer responsabilidades por los tratos crueles inhumanos y degradantes»..

Insisten en que se deben «atender las recomendaciones» de los organismos como la ONU y la OEA sobre el respeto a los DD.HH.

Uno de los miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos que elaboró el informe sobre Venezuela, recomendó remover a los funcionarios del Sebin y Dgcim que cometieron los crímenes de lesa humanidad.

Se trata de Francisco Cox, él es abogado penalista. Dirigió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado para este caso.

En una entrevista difundida por Provea, Cox dijo: “Recomendamos realizar inmediatamente investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos. Los autores se deben responsabilizar por los delitos de conformidad con las normas internacionales y proporcionando justicia para las víctimas”.

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Cox agregó que el documento «generará un efecto disuasivo entre los autores materiales e intelectuales». También contribuirá en la vigencia de los derechos humanos.

Informó que realizaron 65 recomendaciones precisas de acuerdo con las distintas violaciones que se señalaron en el informe. Todas dirigidas a las autoridades venezolanas y algunas a la comunidad internacional.

“La implementación y el seguimiento puede hacer que las recomendaciones se traduzcan en una mejoría de la situación de los derechos humanos investigados”, dijo el experto de las Naciones Unidas.

El informe lo presentaron este miércoles en la ONU y es debatido en el Consejo de DD.HH.

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, hace un llamado a garantizar protección a quienes proporcionaron información para el informe, y a la Comunidad Internacional a estar atenta a cualquier represalia. Instan a que se haga justicia oportuna #JusticiaParaVenezuela pic.twitter.com/N5VZWSRDYL

El presentante de la ONG Provea, en Europa, Calixto Ávila, denunció que «las violaciones de DD.HH en Venezuela quedan impunes en 93%» y que en esa materia hay que estar conscientes de que se trata de una lucha de años.

Durante un conversatorio sobre el informe de la alta comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, difundido a través de Twitter, el activista dijo: “Debemos prepararnos para luchas a largo plazo. Como el caso de El Amparo, con 30 años de impunidad”.

Sobre el informe de Bachellet manifestó que esas «recomendaciones debieron traducirse en pasos positivos de (Nicolás) Maduro para evitar consecuencias. Pero las FAES en vez de ser disueltas fueron alabadas”.

Recordó que “Venezuela no cumple con recomendaciones de organismos internacionales, como liberación de Rubén González”, líder sindical de las empresas básicas de Guayana.

Lamentó que de parte del régimen haya «una falta de voluntad política para cumplir con las recomendaciones de @mbachelet sobre Venezuela. Por una inercia”.

Dijo que no «se puede esperar nada de un Estado que le da la espalda a las poblaciones. El Estado venezolano está dispuesto a mantenerse en el poder, y a sacrificar a otras poblaciones que están siendo víctimas de crímenes”.

En este sentido, denunció que “Venezuela fue el único Estado de 47 naciones en votar en contra de resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre responsabilidad de proteger a poblaciones del genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad”.

Calificó como «inconcebible que una nación se oponga a discutir algo así. Se traduce en falta de voluntad de un Estado que dice ser defensor de los derechos humanos”.

La organización no gubernamental Cofavic denunció que en el primer trimestre del 2020 en Venezuela se han producido 357 ejecuciones extrajudiciales.

Las fuerzas de seguridad del régimen siguen siendo las responsables de las operaciones que han sido denunciadas incluso por organismos como Human Rights Watch y por Naciones Unidas, destacó una publicación del diario ABC de España.

Desde 2012 hasta marzo de este año, la ONG Cofavic ha registrado más de 11.300 presuntas ejecuciones cometidas por funcionarios de seguridad del Estado, destacó la publicación.

La organización destacó que esos 357 casos, han ocurrido en sectores populares del país, pero remarcó que esos llamados «procedimientos especiales» iniciaron en 2015 con despliegues policiales, ordenados por el régimen, y con ellos nacieron las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), el temido grupo de exterminio, con la finalidad de «combatir» la violencia.

Pero estas operaciones se han traducido en excesos y abusos de autoridad que incluyen además la toma de la zonas hasta la detención arbitraria de mujeres y hombres, dejando muy lejos las garantías para el respeto de sus derechos humanos.

La directora de Cofavic, Liliana Ortega, dijo que  99% de las víctimas son hombres y 76% son menores de 25 años, y quienes denuncian son en su mayoría pensionados que viven en precarias condiciones y cuyo ingreso económico es el salario mínimo.

Explicó que los ejecutados dejan hijos pequeños y las familias sobrevivientes se ven obligadas a salir de manera forzada por miedo a las represalias que toman muchas veces los funcionarios al volver.

«La media de las ejecuciones ocurren a plena luz del día con presencia de vecinos como un mecanismo de mostrar control social. El 99% de los casos no llegan a juicios y las familias de las víctimas no tienen la oportunidad de sentarse frente a un juez independiente para ser escuchadas. Esto ha sido documentado por las Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo Ortega.

En un informe presentado por Human Rights Watch (HRW) en septiembre del año pasado arrojó que desde 2016 hasta la fecha de publicación, las Faes habían ejecutado a casi 18.000 personas por supuestamente «resistirse a las autoridades».

Las denuncias realizadas por Cofavic y por HRW son consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que a través de un demoledor informe pidió al régimen de Nicolás Maduro disolver al grupo de exterminio y expuso casos con seudónimos para proteger la integridad de los denunciantes.

Sin embargo, Maduro solo se pronunció para decir que era un reporte «selectivo» y «parcializado».

El informe detallaba que los miembros de las FAES llegaban vestidos de negro con el rostro cubierto. Se transportan en camionetas sin matrícula y portando armas largas. Una vez en las casas, separan a los jóvenes que presuntamente están inmersos en delitos y los asesinan. También detalló que algunas mujeres sufren violencia sexual en esos escenarios.

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, rechazó el ascenso a coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Alexander Enrique Granko Arteaga, vinculado al asesinato de Óscar Pérez, en enero de 2018.

Es uno de los principales agentes de violación de derechos humanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), manifestó la parlamentaria.

«Me llega esta lista de ascensos militares. Destaca entre ellos Alexander Gramko. De ser cierto, cosa que no extrañaría en esta dictadura ¿Será que se ganó el ascenso en el Junquito el 15 de enero de 2018? ¿O tal vez se lo ganó en la casa de los sueños” de DGCIM?”, expresó Solórzano a través de Twitter.

Granko Artega fue sancionado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos con el congelamiento de cualquier propiedad e intereses que pueda tener en dicha nación o en posesión o control de estadounidenses, por su historial de violaciones a los derechos humanos.

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De hecho, la periodista especializada en temas militares, destacó en su Blog que este ascenso es la respuesta de Nicolás Maduro al informe de la alta comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet, quien condenó nuevamente los tratos crueles, inhumano y las torturas que se cometen contra los presos políticos en los calabozos del Sebin y la Dgcim, gran parte de ellos ideados por Granko Arteaga.

«Nadie se explica cómo ha llegado a ser un personaje tan cruel, pero eso le ha permitido encajar perfectamente en la Dgcim, como mano derecha del general Hernández Dala. Es Granko quien ha manejado realmente la Dirección de Contra Inteligencia Militar, impone reglas, incluso por encima de los generales que han ocupado cargos subalternos en la institución”, enfatizó Barraéz en un artículo.

El comisionado especial para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, aseguró este jueves que el informe presentado por la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, demuestran que al régimen lo siguen vigilando de cerca, a propósito de los detalles sobre las violaciones a los derechos fundamentales que dio a conocer la expresidenta de Chile.

«Hoy ha sido un día importante, fue el resultado de lo que se vio el año pasado con el primer informe y que Maduro intentó pasar por debajo de la mesa», dijo Pizarro, en relación con que el régimen no cumplió con el compromiso de dejar trabajar en Venezuela a los representantes del Alto Comisionado.

«Es una prueba que las instancias internacionales siguen visibilizando la crisis social, política y económica de Venezuela; en este caso con énfasis en la violación de DDHH que el régimen utiliza como arma política», agregó.

«Esto le ha generado al régimen un costo importante ante la Comunidad Internacional. Lo primero es que, en medio de una pandemia, Venezuela nuevamente está en el centro de la discusión», agregó.

Para Pizarro, las palabras de Bachelet dan «una nueva dimensión de gravedad y deja claro que Venezuela no será una crisis olvidada. La Alta Comisionada Michelle Bachelet hace unas afirmaciones que son importantes resaltar»

Resaltó cómo Bachelet está pendiente del sufrimiento de los venezolanos y de sus carencias. «Hoy en día la oficina de la Alta Comisionada afirma que el salario mínimo apenas llega a dos dólares para solo comprar poco más del 1% de la cesta básica», destacó.

Otro ejemplo de los detalles del informe sobre lo que pasa en Venezuela es que «la ONU no pudo precisar el paradero del diputado Gilbert Caro, detenido en enero. Un diputado desaparecido sería escándalo en España o Canadá», advirtió.

Por otra parte, anunció que en septiembre será difundido el informe de «verificación de hechos». Pero, aclaró que hasta el momento el régimen no ha permitido la primera visita de los relatores.

La ONG Provea instó este jueves al régimen al cumplimiento de las recomendaciones de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

«En Venezuela se ha profundizado la militarización con el uso de milicianos y los denominados colectivos, grupos armados aprobados por el Estado. Se debe aceptar recomendación de Bachelet y detener el uso excesivo de la fuerza», indicó la organización en Twitter.

Igualmente denuncia que el régimen «continúa con el control social y discriminación a través de sus programas sociales. Hasta la fecha no han garantizado una implementación no politizada sin extorsión alimentaria», lo cual también forma parte de las recomendaciones de la alta comisionada.

Asimismo, Provea considera que «el Estado venezolano debe permitir el acceso a los centros de detención como el DGCIM y el Sebin para evaluar casos de torturas y verificar integridad de detenidos», a los cuales «el equipo de Miguelle Bachelet siguen sin acceso».

La ONG afirmó que es «urgente la liberación de todos los presos políticos y el cumplimiento de las decisiones de libertad del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias», tal como lo recomendó la expresidenta chilena. «A la fecha se registran más de 400 presos políticos en Venezuela», recordó Provea.

También remarcó que «Venezuela continúa sin cumplir las recomendaciones» del Alto Comisionado, en cuanto al respeto de los derechos económicos y sociales de los venezolanos, pues «los recursos deben ser administrados transparentemente, y con responsabilidad».

La alta funcionaria de la ONU presentó este jueves un informe sobre Venezuela donde denunció la situación en que se encuentra el país. «En Venezuela continúan padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales, debido a bajos salarios, altos precios de alimentos y carencias en servicios público», dijo la alta comisionada de la ONU.