Colombia y Venezuela son los dos países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos a causa de la violencia por el conflicto armado, en el primer caso, y por la «represión estatal», en el segundo, advirtió este martes Amnistía Internacional (AI).

“Colombia y Venezuela son países de especial preocupación: son los dos países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Colombia sigue sumida en una crisis de violencia causada en gran parte por el conflicto armado, mientras que en Venezuela persiste un patrón de represión estatal que restringe gravemente el espacio cívico”,  explicó AI en su informe presentado este martes en una rueda de prensa en Bogotá.

 Amnistía Internacional expuso su preocupación respecto a la política de ‘paz total’, que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro, porque las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas “seguían sin estar claras durante 2025”.

La política de ‘paz total’ de Petro busca negociar acuerdos o el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, entre otros.

“Nos preocupa cómo se está afianzando el uso de la fuerza letal en la región”, aseguró la subdirectora de investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta.

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Una quinta parte de la población colombiana, más de nueve millones de personas, «es víctima del conflicto armado» y en 2025 se sumaron «miles» de nuevos afectados, sobre todo de la población campesina, indígena y afrodescendiente, según el informe de AI.

«La comunidad internacional no le puede dar la espalda a la crisis porque se manifiesta en cientos de miles de desplazamientos forzados y confinamientos que implican la falta de acceso a la salud y a la educación de niños y niñas», afirmó el encargado de campañas para Colombia de Amnistía Internacional, Camilo Vargas.

El programa Somos Defensores, citado en el informe de AI, denunció que 2025 fue el año con «mayor violencia letal» contra defensores de derechos humanos durante el actual Gobierno de Colombia, con 165 asesinatos.

«Colombia vive una grave crisis humanitaria y de derechos humanos y no porque sean viejas significa que se puedan aceptar. Eso no puede seguir pasando», afirmó Vargas.

La directora de Amnistía Internacional de Venezuela, Nastassja Rojas, afirmó por su parte que se debe entender la situación de Venezuela como un caso no aislado porque persiste un patrón de violación de derechos humanos.

 «En el caso de Venezuela, se habla de los cuerpos de seguridad, del sistema judicial, del Ministerio Público y de un paquete de leyes restrictivas que silencian y castigan la disidencia», dijo Rojas.

Las detenciones arbitrarias «siguen estando vigentes en 2026» y no han cesado pese a la intervención de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

En 2025, AI registró 806 personas privadas de libertad de forma irregular y hasta la fecha aún hay más de 400 detenidos.

Las desapariciones forzadas y el uso del poder judicial son los dos mecanismos de vulneración de derechos de los venezolanos, según Amnistía Internacional, que detalló que 63 personas permanecen desaparecidas.

Rojas también denunció ataques a periodistas, detenciones a manifestantes y persecución a defensores de derechos humanos, lo que «constituye una afectación en cadena» para la sociedad.

Amnistía Internacional denunció el ataque al defensor venezolano Yendri Velásquez, quien huyó de su país tras una detención forzada y se trasladó hasta Bogotá donde fue atacado por sicarios con varios disparos que casi le cuestan la vida.

«Este ataque da cuenta de la desprotección en la que los defensores están actualmente», dijo la subdirectora de investigación de AI. 

Con información de EFE

Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, Venezuela es un país modelo en materia del respeto a los derechos humanos.

Así lo han afirmado todos los altos funcionarios y, recientemente, el canciller Yván Gil,  en el Foro Internacional por Humana Humanidad, realizado en Caracas.

Sin embargo, a diario, nacional e internacionalmente, se denuncia que en Venezuela, contrariamente a la versión oficial, las violaciones a los DD. HH. están a la orden del día.

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A través de la coalición «Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo», este martes, un grupo de activistas y defensores de DD.HH. se reunieron en la sede del Ministerio Público, en Caracas, para exigir la libertad de todos los presos políticos.

Igualmente, los activistas solicitaron el cese «de la escalada represiva contra los venezolanos».

Los convocantes querían visibilizar la situación de quienes se encuentran tras las rejas por razones políticas y denunciar el hostigamiento y persecución que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y sociales en el país.

?️"BASTA DE REPRESIÓN" La coalición Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo se concentró frente al Ministerio Público para exigir la libertad de las personas detenidas por motivos políticos y el cese de la "represión contra luchadores sociales"?Vía: @_Provea pic.twitter.com/AvqGN21Wel

También expresaron su preocupación por el «aumento de las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social».

Por ello, llamaron a las autoridades para que respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los ciudadanos.

La organización Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento presentó su más reciente informe titulado “El Argos dormido. Responsabilidad de la Defensoría del Pueblo en la situación de violación a derechos humanos en Venezuela”.

Se trata de un documento que expone con detalle el «rol omisivo, inoperante y políticamente alineado de la Defensoría del Pueblo frente a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país».

Nombrado en referencia al centinela de cien ojos de la mitología griega, el informe plantea que la Defensoría venezolana «ha cerrado los ojos frente a la tortura, las desapariciones forzadas, la represión y las detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos años».

En particular, señala la responsabilidad directa de su actual titular, Alfredo Ruiz.

“Estamos ante una institución que ha traicionado su mandato constitucional y se ha convertido en parte del problema, no de la solución”, alertó la organización autora del informe.

El informe advierte que la omisión de funciones por parte de la Defensoría podría implicar responsabilidad penal y administrativa conforme a la legislación venezolana.

Propone, además, una hoja de ruta para reconstruir esta institución en un futuro proceso de transición democrática.

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Más de 1.225 víctimas de tortura y al menos 40 muertes por malos tratos entre 2018 y 2024, sin acciones visibles de la Defensoría.

Silencio institucional ante crímenes de lesa humanidad denunciados ante la Corte Penal Internacional.

Nepotismo y opacidad interna, en contravención a leyes nacionales y estándares internacionales.

Testimonios de víctimas y familiares que denuncian trabas burocráticas, intimidación y nula respuesta oficial.

El informe recomienda a la sociedad civil documentar la inacción institucional y exigir reformas en la Defensoría del Pueblo; y a la comunidad internacional le pide mantener la presión diplomática y visibilizar el rol cómplice de Alfredo Ruiz con los crímenes perpetrados por el régimen.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles 30 de abril su informe general 2024, titulado «El apagón democrático de Venezuela».

El coordinador general de la ONG, Óscar Murillo, afirmó que en ese período de tiempo «el Estado respondió con la mayor represión que hemos venido registrando a lo largo del funcionamiento de Provea desde el año 1988».

Destacó que la represión que se vivió tras las elecciones presidenciales del 28 de julio no solo fue desmedida y desproporcionada, «sino que rompió todos los récords en medición de represión política».

En este sentido, la coordinadora de investigación de esta ONG, Lissette González, se refirió a la situación del derecho a la vida en el país y dijo que el año pasado «registramos 522 personas asesinadas por efectivos de la fuerza pública».

Precisó que 65% de estas personas tenían entre 18 y 30 años de edad y que 46% eran adolescentes.

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Adicionalmente, Ligia Bolívar, investigadora y especialista en derechos humanos, considera que «si no hay condiciones mínimas, no podemos hablar de garantías electorales en Venezuela».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó este martes una audiencia pública sobre los casos de violación de derechos humanos en Venezuela, responsabilizando a la administración de Nicolás Maduro por la privación arbitraria de la libertad y torturas en contra de 14 funcionarios policiales.

La denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre el caso Alfredo José Chirinos Salamanca indica que el chavismo violentó el derecho a la libertad y a la integridad personal de las víctimas, al mantenerlas privadas de libertad arbitraria e ilegalmente, durante lapsos que van desde los 17 meses hasta los 2 años, reseñó EFE.

En ese período, las personas sufrieron tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, según la demanda contra la administración Maduro.

«En junio de 2016 se emitieron órdenes de detención a las víctimas por un presunto homicidio y horas después se dio la notificación para su liberación. A pesar de ello, siguieron detenidas y cinco de ellas fueron torturadas para obtener sus confesiones», explicó ante los jueces de la CorteIDH el vicepresidente de la Cidh, José Luis Caballero.

Se señala que 12 de las víctimas fueron liberadas en diciembre de 2017. Sin embargo, Fred Armando Mavares Zambrano y Reggie Jackson Andrade Alejos, permanecieron privados de libertad y sufrieron distintas violaciones a sus derechos humanos, como la falta de traslado a audiencias judiciales, no ejecución de boletas de excarcelación y traslado a otro centro penitenciario, donde permanecieron en condiciones inhumanas de aislamiento.

La Cidh manifestó que el caso es de especial relevancia porque “involucra un importante aspecto de orden público interamericano”, luego de que el chavismo denunciara a la Convención Americana el 10 de septiembre de 2012.

“La Corte debe determinar si Venezuela continúa siendo parte de la Convención Americana y se encuentra bajo la competencia contenciosa de esta Corte”, dijo Caballero.

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Por su parte, el representante de las presuntas víctimas, Carlos Briceño, lamentó la ausencia del gobierno venezolano en la audiencia e indicó que este caso “es la primera oportunidad de la Corte para pronunciarse sobre hechos ocurridos en Venezuela con posterioridad al 10 de septiembre de 2012, cuando surtió efecto la denuncia de la Convención Interamericana”.

Con información de EFE

Un llamado a cesar de manera inmediata la persecución contra personas opositoras, defensoras de derechos humanos y periodistas, fue una de las solicitudes hechas en el seno de la Organización de Estados Americanos este miércoles 15 de enero.

La mañana de este miércoles, el Consejo Permanente de la OEA recibió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la crisis venezolana.

Recordemos que el Grupo Idea, hizo la solicitud en una declaración firmada por los 31 integrantes que lo conforma.

En la misiva alertaba sobre la situación que se vivió en Venezuela, con motivo de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente y las acciones de seguridad que afectaron a las marchas de los opositores.

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Como contexto es de resaltar que el pasado 9 de enero, la OEA repudió las acciones en materia de seguridad emprendidas por los cuerpos del Estado venezolano.

En la jornada de este miércoles, pidieron el cese de la «persecución contra personas opositoras, defensoras de derechos humanos y periodistas», al tiempo que pidieron la liberación inmediata de las personas detenidas por motivos políticos en el país.

Según un reporte de la ONG Foro Penal, solo el 10 de enero detuvieron a 19 personas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió este jueves un llamado urgente a las autoridades venezolanas para garantizar los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente en el contexto de la toma de posesión presidencial programada para el 10 de enero de 2025.

Esto lo anunció a través de la red social X, acompañado de un mensaje de Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, exhortando al respeto de los derechos de manifestación y expresión sin represalias.

En vísperas de la toma de posesión presidencial, la Misión de Investigación de la @ONU_es sobre #Venezuela insta a las autoridades a respetar el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todos y a liberar a las personas detenidas arbitrariamente.➡️https://t.co/1hsUYKqRfh pic.twitter.com/sOJfmfoQhg

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En el difícil contexto político reinante en el país, donde la oposición ha asegurado que su candidato Edmundo González será el que tome posesión de la banda presidencial el 10 de enero, la ONU busca prevenir una escalada de violencia en las calles venezolanas.

«Hacemos un fuerte llamado a las autoridades para que los derechos a manifestarse y a expresarse libremente puedan ser ejercidos sin miedo a posibles represalias», destacó Valiñas en su mensaje.

Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales se han sumado al exhorto, pidiendo garantías para los ciudadanos que decidan participar en las movilizaciones.

Los gobiernos de Alemania y Francia concedieron este martes el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho de 2024 a varios activistas, entre ellos el venezolano Yendri Velásquez, miembro del Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+.

Al joven venezolano se suma la opositora cubana Marthadela Tamayo, el israelí Maoz Inon, que perdió a sus padres en el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, y el palestino Issa Amro, premio Nobel Alternativo de la fundación sueca Right Livelihood, así como otros premiados de Ucrania, Turquía, Túnez, Sudán, Serbia, la India, Fiji, Sudáfrica y Camboya, apuntó EFE.

Estos últimos premiados no han sido publicados con su nombre por su propia protección, explicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Alemania, que concede este galardón junto a Francia con motivo del Día de los Derechos Humanos.

Desde 2016, Francia y Alemania aprovechan esta jornada para rendir homenaje conjuntamente a personas de todo el mundo que han demostrado un compromiso excepcional con los derechos humanos.

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Yendri Omar Velásquez es el director del Observatorio de Violencias LGBTIQ+.

En septiembre pasado el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), denunció la detención arbitraria y subsecuente liberación en agosto de Velásquez y de otros dos defensores venezolanos de derechos humanos.

Según esta fuente, Velásquez fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía, donde le informaron de que su pasaporte había sido anulado mientras se disponía a viajar para representar a una coalición de organizaciones ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en Ginebra, por invitación de la ONU.

Fue liberado el mismo día, después de varias horas durante las cuales se desconocía su paradero.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el dirigente opositor, Edmundo González, ratificó su compromiso con lograr que Venezuela sea un país donde impere la paz y la justicia.

Lo hizo durante el evento «Reto de la Liberación en Venezuela: DD. HH., Justicia y Democracia».

«La libertad de expresión, el acceso a la justicia imparcial, poder vivir en paz y con oportunidades, no son privilegios, sino derechos que deben garantizarse a todos los venezolanos», expresó.

A exactamente un mes para la toma de posesión, el 10 de enero del 2025, González pidió «la máxima presión democrática y diplomática para concretar el cambio» en Venezuela.

Resaltó la urgencia de que «haya justicia para las víctimas» que son «más de 16.000 personas que fueron detenidas arbitrariamente por razones políticas en los últimos 10 años».

«Un gobierno que incurre en este tipo de violaciones y crímenes no es ni democrático ni popular. Por eso, los venezolanos han decidido movilizarse masivamente para sustituirlo, expresando su voluntad soberana a través de las elecciones del pasado 28 de julio. El resultado de dichas elecciones constituye un mandato que debe ser acatado», dijo.

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Denunció que en el Gobierno de Nicolás Maduro, «entre quienes aún controlan el Estado venezolano no existe ninguna disposición de acatar la voluntad ciudadana expresada en las pasadas elecciones presidenciales. Eso es lo habitual en los gobiernos de facto y por eso también es habitual que estos terminen abandonando el poder a través de situaciones relativamente inesperadas o poco convencionales».

Aseguró que su mano «sigue siempre tendida, dispuesta a facilitar una transición ordenada y concertada».

No obstante, lamentó que ese deseo «no nos hace perder de vista la necesidad de seguir ejerciendo presión democrática y diplomática para concretar el cambio que los venezolanos ya decretaron».

«Ese es el reto de la liberación que encarna nuestro país desarrollar una fuerza ciudadana que hace falta para concretar el cambio democratizador que los venezolanos decretaron mediante su mandato soberano el pasado 28 de julio. Para ello requerimos el máximo apoyo de las democracias del mundo», destacó.

«Venezuela entera clama por libertad, justicia y democracia. Así lo exigen las víctimas directas de la represión. Así lo demanda el más elemental sentido de humanidad. Ese es nuestro propósito y hacia allí seguiremos orientando todos nuestros esfuerzos. Más temprano que tarde nuestro país verá concretarse el cambio que tanto anhela», concluyó.

?️ "NO RECIBEN LUZ SOLAR NI AGUA"@EdmundoGU denuncia violaciones al debido proceso, regímenes de presentación y tratos inhumanos a los presos políticos en Venezuela. Afirma que algunos han muerto por falta de atención médica adecuada y que otros tienen pensamientos suicidas. pic.twitter.com/ABWejxLvJv

Además, en sus redes sociales, González reafirmó «mi compromiso con la construcción de un país donde los derechos humanos sean respetados y protegidos sin excepción. La libertad de expresión, el derecho a la vida, el acceso a una justicia imparcial, y la posibilidad de vivir en paz y con oportunidades no son privilegios, sino derechos que deben garantizarse a todos los venezolanos».

Hizo «un llamado a la comunidad internacional para que continúe acompañando nuestra lucha. En Venezuela no solo se trata de recuperar la democracia, sino de restituir los derechos básicos que han sido arrebatados a millones de compatriotas. Estar del lado de quien viola derechos fundamentales, justificarlos o permanecer indiferente equivale a ser cómplice, directa o indirectamente, de quienes los violan».

Aseveró que «el camino no es fácil, pero está lleno de fuerzas, porque sabemos que la justicia, la verdad y la libertad pronto llegarán».

?️ "NUESTRA MANO SIGUE SIEMPRE TENDIDA Y DISPUESTA A FACILITAR UNA TRANSICIÓN ORDENADA"A un mes para el #10Ene, @EdmundoGU llamó a ejercer "la máxima presión democrática y diplomática para concretar el cambio" en Venezuela pic.twitter.com/hXmktKhgmK

Los defensores de los derechos humanos también conmemoraron este día y recordaron que se debe seguir alzando la voz para que cada delito cometido en el país quede registrado y denunciado, ya que consideraron que se traduce en más presión a quienes tienen el poder en Venezuela

El expreso político, Nicmer Evans dijo que es un día para reflexionar sobre las cosas que no deben volver a suceder y de las cosas que se deben corregir en Venezuela.

«Organizarse y seguir denunciando. Creo que el trabajo del comité de los familiares de los presos políticos está siendo extraordinario y quienes no forman parte del comité, pero que están también siendo familiares que están develando cosas, han logrado triunfos claros», agregó.

Destaco como importante, el caso de develar la carta de la joven que «entró en depresión y advertía no querer seguir viviendo y que al día siguiente hubiese sido liberada es un indicador importante con la estrategia de la presión de los familiares, eso quiere decir que hay una condición de debilidad y abuso de fuerza por parte del gobierno que están reconociendo”.

La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, denunció en una entrevista con EFE en Lisboa que Venezuela ha ido de mal en peor en lo que respecta a derechos humanos y que no ha habido progresos en la última década.

Callamard subrayó que su organización tiene “el mismo diagnóstico” sobre el país latinoamericano que el que hizo recientemente una misión expertos independientes, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Según esa misión, Venezuela ha sufrido una de las crisis de derechos humanos más graves tras las elecciones de julio pasado, en las que se proclamó vencedor el presidente Nicolás Maduro en un controvertido anuncio, ya que la oposición rechaza el resultado y ha denunciado fraude.

Callamard subrayó que AI ha llevado a cabo una investigación “a fondo” en los últimos cinco años y que ha encontrado “pruebas” de crímenes contra la humanidad cometidos en territorio venezolano, “en particular persecución con motivos políticos“.

“Hemos hallado pruebas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, estigmatización de los defensores de derechos humanos y arrestos de gente por disentir de las autoridades“, enumeró Callamard, quien remarcó que “en el periodo post electoral la represión ha escalado” y se ha visto “un deterioro marcado”.

En ese sentido, recordó que unas 2.000 personas que fueron apresadas tras los comicios siguen detenidas, entre ellas varios activistas pro derechos humanos.

Además, “sabemos que al menos 25 personas han fallecido por el uso de fuerza letal, incluidos menores -agregó-. Sabemos que se ha adoptado una ley anti-ONG; que se ha maltratado a menores que siguen detenidos“.

Esta situación también ha afectado a AI: “Nuestros colegas de Amnistía Internacional han tenido que marcharse, han tenido que tomar muchas precauciones para continuar su trabajo“, dijo Callamard.

Ante este panorama, el grupo pide “la liberación incondicional de quienes estén detenidos por la expresión pacífica de sus puntos de vista políticos o de otro tipo“.

“Debemos pedir el fin de las detenciones arbitrarias, debemos pedir rendición de cuentas por todo lo que ha pasado“, subrayó la secretaria general de AI.

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Callamard opinó que el régimen de sanciones contra Venezuela “funciona moderadamente”, ya que durante y después de la pandemia, y a lo largo de la guerra en Ucrania, “Venezuela y el petróleo venezolano se han convertido en un atractivo interesante, incluso para aquellos que querían condenar a Venezuela“.

“Por tanto, esta es una de esas crisis de derechos humanos proactivas y parece que ahí tampoco hay un final a la vista“, zanjó la activista.

Con información de EFE

Quince expertos independientes de Naciones Unidas (ONU), en calidad de relatores especiales y grupos de trabajo, enviaron una carta al gobierno del Nicolás Maduro, exponiendo «las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y las protestas que siguieron».

En la comunicación, los expertos piden a la comunidad internacional, mantenerse alertas ante la situación de Venezuela y señalan que han recibido «denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles afines».

Asimismo, advierten sobre la «creciente persecución contra activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, y líderes de oposición, así como restricciones severas a la libertad de expresión y de reunión pacífica».

“La situación refleja un patrón sistemático de violaciones, que socava los derechos fundamentales de la población venezolana y obstaculiza el ejercicio pleno de la democracia,” mencionan los relatores en su carta, subrayando además la falta de respuesta del gobierno venezolano a anteriores comunicaciones enviadas por estas mismas instancias de la ONU.

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Represión y persecución política: Se reportan arrestos arbitrarios masivos de personas vinculadas con la oposición, así como de activistas y líderes comunitarios, acompañados de desapariciones forzadas y hostigamiento judicial.

Restricciones a la libertad de prensa: Los relatores denuncian la censura y el bloqueo de medios de comunicación independientes, así como la expulsión de periodistas internacionales.

Obstáculos al derecho al voto y participación: Se señala la inhabilitación política de líderes opositores y restricciones para que venezolanos en el extranjero ejerzan su derecho al voto.

Uso desproporcionado de la fuerza en las protestas: Durante y después del proceso electoral, la represión contra manifestantes dejó un saldo de muertes y cientos de detenciones arbitrarias.

Los relatores instan al gobierno venezolano a «investigar de manera transparente las denuncias recibidas, garantizar el respeto a las libertades fundamentales y poner fin a las represiones y detenciones arbitrarias».

Asimismo, destacan la necesidad «urgente de asegurar condiciones dignas en los centros de detención y permitir el acceso de los familiares y abogados a los detenidos».

“La comunidad internacional debe mantener su vigilancia sobre Venezuela y exigir responsabilidad ante las graves vulneraciones de derechos humanos,” señalan los expertos.

A continuación el informe completo:

Una treintena de países, liderados por Estados Unidos y Argentina, instaron este jueves a las autoridades venezolanas a que pongan fin de las detenciones arbitrarias y los abusos de los derechos humanos, registradas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Estamos profundamente preocupados por la represión generalizada continuada así como por los informes de abusos y violaciones de los derechos humanos», reza una declaración divulgada al final del encuentro en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

La declaración está firmada por 31 países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países latinoamericanos, como Costa Rica, Guatemala o Perú, y cuenta con las notables ausencias de Colombia, México o Chile, reseña AFP.

Los países firmantes instan a la administración de Nicolás Maduro la «liberación inmediata de las personas arbitrariamente detenidas, el fin del uso de la fuerza excesiva, la violencia política y el acoso contra la oposición y la sociedad civil».

Recordemos que esto se da en un contexto donde el presidente Maduro fue declarado ganador con el 52% de los votos para un tercer periodo consecutivo, sin haber presentado hasta ahora los resultados detallados del escrutinio, como obliga la ley, mientras la oposición denuncia fraude.

Liderada por María Corina Machado, la oposición publicó en un sitio web copias de cerca de 80% de las actas electorales, que demostrarían la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se exilió en España el 8 de septiembre luego de permanecer más de un mes en la clandestinidad.

La proclamación Maduro desató protestas que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.000 detenidos, según cifras oficiales.

«Si tenemos un objetivo único, éste es garantizar que la voluntad y los votos del pueblo venezolano sean realmente respetados, que puedan determinar su propio futuro» y sus voces «escuchadas», había dicho el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken al inicio del encuentro copresidido con su homóloga argentina Diana Mondino.

Maduro «está haciendo todo lo que está en su mano para negarles ese derecho con el fin de reforzar su propio control del poder», dijo Blinken, «manipuló los resultados electorales» y «dictó injustamente una orden (de arresto) contra el candidato de la oposición».

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Sin embargo, a  Maduro «no le importa su gente», sostuvo por su parte la canciller argentina, que recordó que 7,8 millones de venezolanos han huido del país, con «consecuencias» para otros países, muchos latinoamericanos.

Con información de AFP

El excandidato opositor Edmundo González Urrutia se refirió este martes a la información documentada en el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM).

González expresa que el informe evidencia que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad.

“Es un informe que devela ante el mundo la intensificación del aparato represivo del Estado, destacando la existencia de una represión sin precedentes que profundiza la grave crisis de derechos humanos que está viviendo Venezuela”, afirmó en una nota de prensa.

La actualización de la FFM muestra un incremento de las violaciones a los derechos humanos en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, registrando 2.200 detenciones arbitrarias, muchos de ellos víctimas de torturas como golpes, choques de electricidad, deprivación del sueño, desnudez forzada y aislamiento.

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Edmundo González resaltó que «en Venezuela nos encontramos en una situación que, aunque es un patrón de violaciones continuas, en el contexto post electoral el régimen ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para silenciar toda oposición pacífica».

«Las muertes documentadas, en su mayoría jóvenes que con valentía manifestaron su descontento hacia un régimen que está ignorando el deseo de cambio de los venezolanos, son aberrantes, como lo es la detención de 158 niños, algunos con discapacidades, niñas vulnerables que solo quieren un futuro de bienestar”, agregó.

Destacó además que el informe recoge «las violaciones a la libertad de expresión, el miedo y la angustia de las familias de las víctimas de desapariciones forzosas, y los tratos crueles e inhumanos contra los detenidos».

«Este informe nos demuestra que los venezolanos no estamos solos en esta lucha. Hay testimonios documentados sobre las violaciones y el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela, atestiguando la grave situación que vivimos. Mantengo mi compromiso con el mandato que he recibido el 28 de julio en las urnas de votación, y continuaré trabajando para que todas y cada una de las violaciones perpetradas en el país sean denunciadas y documentadas por todos organismos internacionales”, finalizó.

En Venezuela, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos ha alcanzado niveles alarmantes. Activistas y defensores se enfrentan a amenazas, detenciones arbitrarias y violencia por sus esfuerzos en proteger los derechos fundamentales.

Esta brutal persecución ha forzado a muchos a abandonar el país, buscando asilo para escapar de la creciente opresión y continuar su labor desde el exilio.

Así lo cuenta la activista Denise Bourne a nuestra compañera Génesis Pérez en la presente edición de «En Profundidad».

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La Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo este martes que en Venezuela reina un clima de miedo a causa de la detención de personas por el simple hecho de expresar sus ideas o por su voluntad de participar en la vida política.

“Lo que estamos viendo en Venezuela es una situación muy lamentable en la que se detiene a personas por ejercer su derecho a la participación política, a la libertad de expresión o a la libertad de reunión”, señaló la portavoz Ravina Shamdasani, de la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, al ser preguntada por la orden de detención emitida contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, reseña la agencia Efe.

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Shamdasani señaló que no podía hacer comentarios “sobre casos específicos”, pero apuntó al sentimiento de miedo en el país.

El organismo está pidiendo a Nicolás Maduro que se asegure de que las medidas que adopta respetan el derecho internacional sobre los derechos humanos y ayudan a la solución pacífica de las disputas.

“Instamos a todas las partes a que resuelvan todas sus disputas electorales por medios pacíficos”, declaró.

El Ministerio Público (MP) ha ordenado la detención de González Urrutia, candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio, por seis delitos relacionados con su denuncia de fraude en esos comicios, en los que Maduro fue proclamado ganador.

El ambiente en Venezuela está marcado por incertidumbre, tensión y miedo, tras la escalada denunciada por diversas instancias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y las amenazas que rodean, no solo a defensores de DD. HH., sino a la sociedad en general.

Una ley que fiscaliza organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, sancionada la semana pasada por el Parlamento, impone nuevas obligaciones que afectan el derecho de asociación, coinciden activistas de DD. HH. que cuestionan los argumentos del gobierno.

Una serie de expertos consultados por la Voz de América, alerta que el instrumento legal es «ambiguo», «arbitrario» y completamente punitivo.

El oficialismo sostiene que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero, pero activistas denuncian que el objetivo es “suprimir” el derecho de asociación.

El gobierno, además, ha argumentado que en el país existen al menos 60 ONG financiadas por gobiernos extranjeros, entre ellos el de Estados Unidos, que, afirma, operan con fines políticos con el objetivo de “generar desestabilización”.

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Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) sostienen que la ley viola “flagrantemente” los derechos de asociación y participación en asuntos públicos.

“Pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

El canal del Estado divulgó un video en el que miembros de la Sala Electoral del Tribunal Supremo avanzan en un cuestionado proceso de verificación de resultados electorales.Para Acceso a la Justicia, que monitorea la administración de justicia y el Estado de derecho en el país, la legislación pretende que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan para fines determinados y con estructuras obligatorias que “atentan contra la diversidad propia” de la sociedad civil y la autonomía de gestión, organización y formas de financiamiento que el estándar internacional prevé en el ámbito.

Ali Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, expone en un análisis de los artículos que, a su juicio, son los más controversiales que «todos tienen fines punitivos».

Daniels explica que la legislación da a entender que una organización debe esperar a que el órgano competente se pronuncie sobre la legalidad de los fondos que recibe, lo que, basado en la experiencia con la administración pública venezolana, puede tomar tiempo.

“Pueden pasar meses antes de que te respondan. Esto puede tener repercusiones terribles para la ayuda humanitaria, porque en este proceso pueden perderse vidas. En realidad a quien afecta es al pueblo venezolano que es el beneficiario de la acción de las organizaciones”, afirmó en una conferencia de prensa.

Todas las organizaciones deben modificar sus estatutos y no hay lapsos garantías de respuestas para los diversos procedimientos a los que deben someterse.

Daniels cuestiona que la ley contemple una suspensión indefinida de las organizaciones, en caso de existir motivos para considerar que se ha producido un incumplimiento de prohibiciones establecidas.

“En la práctica esto es una medida de cierre encubierto y por tanto hay que verlo como una sanción, no como una medida preventiva como la quieren disfrazar. Prácticamente, todos los añadidos agravan la situación de la organización civil”, sostiene.

“Queda en manos del Estado legalizar o no a las organizaciones, de una manera prácticamente discrecional”, expone.

El gobierno venezolano informó que se dará seguimiento a viajeros de países con brotes confirmados, quienes deberán reportar su estado de salud y datos personales al ingresar al país para posible seguimiento médico.Además, precisa que las multas que impone la ley, por, entre otras cosas, el incumplimiento de deberes formales, entre ellos la consignación de documentos, son “impagables” para el 99% de las organizaciones, lo que puede acarrear la disolución de las mismas.

“Esto es el equivalente de ir a la cárcel de una deuda. Aquí en vez de ir a la cárcel dejas de existir en el mundo jurídico. Por no pagar una multa vas a dejar de existir. Porque dejo de entregar a tiempo dos papelitos, puedo dejar de existir. No hay ninguna proporción entre la falta cometida y la sanción”, insiste.

Para Daniels, el gobierno venezolano busca una sociedad civil “a su medida”, que las organizaciones callen y que no denuncien violaciones a los derechos fundamentales. “Se quiere tener una sociedad civil callada, sumisa y domesticada, ese es el verdadero fin de la ley, no es la regulación, porque las organizaciones ya estábamos reguladas por el Código Civil”.

El abogado aclara que en Venezuela existen unas 10.000 organizaciones con personalidad jurídica, pero afirma que la mayoría son “de hecho”, por ejemplo, grupos de vecinos que se reúnen para atender asuntos de su comunidad, que también se ven afectados por la legislación.

Días después de ser proclamado ganador de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro instó a acelerar la aprobación de leyes contra el “fascismo”, la regulación de las redes sociales y exigió a las instituciones del Estado “mano de hierro” contra quienes promueven actos de violencia y de odio, tras las protestas contra los resultados de las elecciones del 28 de julio que, de acuerdo a la fiscalía, dejaron 25 muertos.

Sin presentar datos desglosados por mesa, el organismo electoral venezolano dio como ganador de los comicios a Maduro, pero la oposición insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y que han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato presidencial Edmundo González Urrutia con más del 67% de los votos.

Varios organismos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE CIDH), que han asegurado que en Venezuela se están documentando prácticas de terrorismo de estado, habían instado a la AN a abstenerse de aprobar el proyecto de ley.

Gina Romero, relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, recordó que a finales del año pasado fue enviada al gobierno venezolano una carta en la que fueron presentadas observaciones ante las “restricciones incompatibles” que aseguran establece el marco jurídico.

Tras la presentación del informe sobre los DD. HH. en Venezuela, de parte del alto comisionado de la ONU, Volker Türk, en Ginebra, la delegación venezolana que asistió a la sesión, calificó el documento como «un panfleto».

El representante del gobierno del presidente Nicolás Maduro, Alexander Yánez, dijo: «El informe que se nos presenta hoy no es otra cosa que un panfleto propagandístico cuidadosamente redactado para animar a la oposición fascista».

«Venezuela quiere enfatizar que no reconoce el documento que se ha presentado, porque su mandato ha sido el resultado de una resolución elaborada por EE. UU.», enfatizó.

Ante la petición de la mayoría de los presentes, para que vuelvan a Venezuela los delegados de esa oficina de la ONU, y del mismo alto comisionado, quien dijo que la expulsión es contraria al derecho internacional, el funcionario de Maduro aseveró: «Voy a ser enfático señor alto comisionado, mientras persista esta actitud de agresión contra Venezuela será muy difícil restablecer la cooperación con su oficina como era nuestra voluntad».

También calificó de “insólito” que la oficina defienda a los presos políticos, cuya detención justifica.

Destacó que el pueblo venezolano «tendrá presente el 28 de julio que varios de sus hijos debieron salir de Venezuela debido a las sanciones económicas de EE. UU».

Sostuvo que «es inadmisible y no tiene justificación las sanciones impuestas a Venezuela y el daño que le han hecho a la población».

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Por su parte, representantes de los países aliados de Nicolás Maduro, como Nicaragua, Cuba, Irán, entre otros, defendieron la posición de Venezuela.

«Se transmite el apoyo firme y solidario a Venezuela. Para las elecciones es fundamental la institucionalidad y el modelo participativo de este pueblo», dijo el embajador de Nicaragua.

Mientras que el representante de Cuba dijo: «Rechazamos la existencia de mecanismos selectivos en países de desarrollo. Exhortamos a la cooperación de las partes. Cuba reitera su apoyo a Maduro».

En la misma línea se expresó la vocera de Bolivia, quien manifestó: «Venezuela ha mostrado voluntad de cooperar con la Acnudh. El trabajo debe regirse desde el respeto y la no injerencia».

Entre tanto, el embajador chino enfatizó que «es lamentable que no se incluya la información con la autoridad del Gobierno. Apoyamos al gobierno venezolano y pedimos que se busquen soluciones en el marco jurídico».

Este miércoles, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de Argentina aprobó una declaración que denuncia las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y aboga por la celebración de elecciones presidenciales libres y democráticas el próximo 28 de julio.

La declaración unificó tres proyectos que habían presentado en los últimos meses diversos diputados, preocupados por la situación de Venezuela.

En el documento conjunto, los diputados expresaron su «preocupación por las graves irregularidades en el proceso electoral de la República Bolivariana de Venezuela llevadas a cabo por el gobierno de Nicolás Maduro de cara a las próximas elecciones y por la información vinculada a los impedimentos para la inscripción de los aspirantes presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral, lo cual representa un grave incumplimiento a los Acuerdos de Barbados».

Desde esa palestra, el Parlamento argentino denunciaron una vez más al Helicoide, el cual aseguran que «es conocido como el mayor centro de torturas de la región».

La diputada Karina Bandi dijo que esta afirmación se basa «en la evidencia que ha tenido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas».

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También manifestaron su «inquietud por el accionar del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y su embajada en nuestro país, imponiendo aranceles exorbitantes para la obtención de documentación que le permite ejercer el derecho al voto de los ciudadanos venezolanos, alterando el calendario electoral e impidiendo a los residentes inscribirse en el registro, desvirtuando así la ley electoral vigente en el país, de cara a las elecciones del día 28 de julio del corriente año».

Exigen así mismo a Maduro que se respete «de manera irrestricta la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas» y manifiestan su «preocupación por la interrupción del suministro eléctrico en la residencia oficial de la Argentina en Caracas».

«Durante el año (2023) no se produjeron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Venezuela».

El párrafo anterior forma parte del informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, elaborado por Estados Unidos, el cual fue publicado este jueves por la embajada de ese país.

«Entre los principales problemas de derechos humanos figuraban informes creíbles sobre: homicidios ilegítimos o arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a manos de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales», señala.

A ello se unen «arrestos o detenciones arbitrarios a manos de las fuerzas de seguridad; problemas graves con la independencia del poder judicial; presos o detenidos políticos; injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada; castigos a familiares por presuntos delitos cometidos por un pariente. Además del reclutamiento ilegal o utilización de niños por grupos armados ilegales».

Destaca también que, en Venezuela ocurren «graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, como violencia o amenazas de violencia contra periodistas, detenciones o procesamientos injustificados de periodistas, censura y aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales por difamación para limitar la expresión; graves restricciones a la libertad en Internet».

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El documento cuestiona las «injerencias sustanciales en la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes excesivamente restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; restricciones a la libertad de circulación y a la posibilidad de salir del país».

Hace especial énfasis en que estas restricciones generar «la incapacidad de los ciudadanos para cambiar pacíficamente su gobierno mediante elecciones libres y justas; restricciones graves e irrazonables a la participación política».

Igualmente, menciona «la corrupción grave del gobierno», y las «restricciones graves a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos u hostigamiento de las mismas».

Denuncia la «violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el feminicidio y otras formas de este tipo de violencia».

El documento subraya «los obstáculos significativos al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva».

Asimismo, destaca los «delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra pueblos indígenas como los Yanomamis; trata de personas; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer o intersexuales».

Mientras que, por otro lado, alerta sobre la «prohibición de sindicatos independientes o restricciones significativas o sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores, como violencia y amenazas contra activistas laborales; y las peores formas de trabajo infantil».

El escrito afirma que «los representantes de Nicolás Maduro Moros no tomaron medidas o acciones creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos».

También resalta que «se recibieron informes de grupos armados no estatales y bandas delictivas implicados en actos de violencia, trata de personas, reclutamiento de menores, explotación de comunidades indígenas y abusos sexuales».

«Aunque los representantes de Maduro no publicaron estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que las entidades policiales nacionales, estatales y municipales, así como las fuerzas armadas y los colectivos (bandas vecinales armadas alineadas con Maduro), llevaron a cabo cientos de asesinatos durante el año», denuncia.