La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió recientemente un equipo a Caracas que mantuvo reuniones con autoridades y sociedad civil, y mantiene conversaciones para reanudar la presencia permanente de este organismo en el país, confirmó este martes su portavoz Ravina Shamdasani.

El equipo «se reunió con muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas autoridades y familiares de personas que están todavía detenidas, subrayando el hecho de que no todas las sometidas a detención arbitraria han sido liberadas», indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk

La fuente también confirmó que el alto comisionado y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantuvieron una conversación telefónica el 26 de enero, en la que Türk ofreció apoyo para «la construcción de una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, en la que los derechos humanos deberían ocupar el centro».

Con información de EFE

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó este lunes el atentado a tiros contra dos activistas venezolanos de derechos humanos que fueron heridos a tiros en Bogotá. 

Las víctimas fueron Yendri Velásquez, también activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, y el consultor político Luis Alejandro Peche Arteaga, quienes fueron atacados por sicarios en el barrio bogotano de Cedritos, en el norte de la ciudad.

«Condenamos el atentado con arma de fuego hoy en Bogotá que dejó heridos a los venezolanos Yendri Omar Velásquez, defensor de derechos humanos LGBTIQ+, y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+; y a Luis Alejandro Peche, consultor político, quien tiene también nacionalidad colombiana», señaló la Oficina de la ONU en su cuenta de X.

El organismo internacional urgió «a las autoridades colombianas a brindar protección a los dos activistas» e «investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este atentado, y a tomar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia, en particular, contra personas defensoras».

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1/Condenamos el atentado con arma de fuego hoy en #Bogotá que dejó heridos a los venezolanos Yendri Omar Velásquez, defensor de derechos humanos LGBTIQ+, y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+; y a Luis Alejandro Peche, consultor político, quien tiene también…

Tras lo que la Policía definió como un «ataque sicarial» Velásquez y Peche Arteaga fueron trasladados a una clínica, donde se encuentran fuera de peligro.

La Defensoría del Pueblo indicó que Velásquez había acudido a esa entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela por «persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos».

«El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos», señaló la institución en un comunicado publicado en X.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior y encargada de designar escoltas, ampliará los esquemas de seguridad destinados a activistas de derechos humanos extranjeros en Colombia.

En un mensaje en X, el mandatario subrayó que toda persona venezolana que solicite asilo en el país «es bienvenida, sin distinción de sus ideas».

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz de 2025, María Corina Machado, pidió a las autoridades colombianas que «se garantice la protección para ellos y para los venezolanos exiliados en Colombia».

La mayor coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- también exigió justicia ante el atentado y pidió una investigación «inmediata, exhaustiva y transparente».

Con información de Efe

“Condenamos las amenazas de cerrar la oficina del Alto Comisionado  de la DD. HH. de la ONU en Venezuela. Lejos de resolver la crisis, estas acciones solo agravan la desprotección de las víctimas”.

Así lo señala el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe)  luego de que el Parlamento solicitara a Nicolás Maduro que el país «se salga» de la organización.

«Resulta profundamente contradictorio que quienes hoy atacan y amenazan con cerrar la Oficina del Alto Comisionado sean los mismos que en su momento solicitaron apoyo a ese organismo para atender casos como el de los venezolanos deportados arbitrariamente a El Salvador», indicó la ONG en un comunicado,

A su juicio, esto constituye una «doble moral» que «pone en evidencia que no existe un compromiso real con los derechos humanos, sino una instrumentalización política de las instituciones internacionales según sus intereses».

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COMUNICADO | Respaldamos el informe del Alto Comisionado de la ONU y rechazamos los ataques contra su oficina en Venezuela.Como madres, familiares, amigos y defensores, víctimas de la represión, apoyamos el reciente informe de Volker Türk, que refleja la verdad que hemos… pic.twitter.com/ShuY8sR4rC

Buscan desacreditar el informe de Volker Türk

 El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo que las amenazas contra el Acnudh buscan «desacreditar» el informe presentado por Türk y «aumentan gravemente la desprotección de las víctimas», lo que deja, añadió, a los venezolanos «aún más vulnerables frente a un aparato estatal que actúa con total impunidad».

«El cierre de esta oficina en Venezuela sería un retroceso inaceptable que comprometería aún más el derecho a la verdad, la justicia y la reparación», agregó la organización no gubernamental, que consideró vital el acompañamiento de esta oficina para «avanzar hacia la justicia y evitar que más personas sean sometidas al sufrimiento».

“Exigimos respeto al trabajo de la ONU, el cese inmediato de la represión en #Venezuela, la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas y el pleno respeto a los derechos humanos”, resalta el ClippVe. 

En febrero de 2024, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica del Acnudh, establecida desde septiembre de 2019, por supuestos sesgos en su labor, según el Ejecutivo.

Con información de Efe

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó este martes una actualización de la situación en Venezuela, donde su vocera Nada Al-Nashif, adjunta de Volker Türk, pidió «la aplicación íntegra» del Acuerdo de Barbados.

La funcionaria destacó que este acuerdo «fue un paso positivo para elecciones creíbles. Pido su aplicación íntegra», insistió.

Asimismo, informó que en Venezuela, «desde enero de 2023, el ACNUDH ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención. Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas», denunció.

«Hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero», dijo.

Y pidió la «liberación total de todas las personas detenidas arbitrariamente».

También expresó su preocupación por las «medidas tomadas para limitar el espacio electoral y cívico. Los defensores de DD.HH. siguen siendo víctimas de detención, (por ello) pido abstenerse del aprobar el proyecto de ley de las ONG», lamentó.

En este sentido advirtió que la ley «podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital».

Alertó que «las personas defensoras de derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas, entre ellas Javier Tarazona y Rocío San Miguel».

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Acerca de la expulsión de los funcionarios de la Oficina de DD.HH. de la ONU en Caracas y suspender sus operaciones, expresó: «Desde la presencia del ACNUDH puedo dar fe de que se produjeron cambios positivos, sin embargo mucho queda por hacer».

Así que calificó la expulsión como «una medida incoherente».

Por otro lado, enfatizó en que «aunque no se ha registrado un uso indebido de la fuerza contra las manifestaciones pacíficas, sí ha habido detenciones arbitrarias y represalias contra personas que asisten a las protestas, en particular dirigentes sindicales y empleados públicos que reclaman por mejoras salariales».

Sin embargo, insistió en que , «nuevamente hay que retirar las sanciones» y solicitó al gobierno «hacer esfuerzos adicionales para ajustar el salario mínimo».

Mientras que condenó que «no hubo avances en legislación para favorecer y amparar a la comunidad LGBTQ+».

#19Mar ?️ "EL ACUERDO DE BARBADO FUE UN PASO POSITIVO"La alta comisionada adjunta de la ONU para los DD.HH., Nada Al-Nashif, dijo que la firma del acuerdo de Barbados en octubre de 2023 fue un paso positivo para establecer condiciones para unas elecciones creíbles en… pic.twitter.com/jw6a7N5YbU

#19Mar ?️ "SON MEDIDAS INCOHERENTES"La alta comisionada adjunta de la ONU para los DD.HH., Nada Al-Nashif, tildó de incoherente la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte de… pic.twitter.com/boD3n1KeGN

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de DD. HH. de la ONU en Ginebra, Martha Hurtado, confirmó este martes, que los 13 empleados del organismo que estaban en Venezuela ya dejaron el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor.

La información se conoció a través de la agencia EFE, pero Hurtado no dio más detalles al respecto.

Los 13 funcionarios salieron del país, luego de que el pasado viernes, el canciller, Yván Gil, anunciara el cese de las operaciones de la oficina en el país, tras haberse pronunciado por el caso de Rocío San Miguel. Gil acusó a la oficina de parcializarse

Sin embargo, se conoció que la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk, “tiene mandato global, por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela, aunque no tenga presencia física en el país”, agregó la fuente oficial citada por Efe.

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Cabe recordar que el propio Nicolás Maduro aseguró que los funcionarios se fueron de Venezuela al cumplirse el lapso de 72 horas anunciado por el canciller.

Maduro dijo que esa instancia de la ONU “se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela”.

“Hasta tanto, esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen”, aseguró.

La apertura de la oficina en Venezuela data del 2029, cuando la antecesora de Türk, la chilena Michelle Bachelet, firmó un acuerdo con Maduro para «mejorar la cooperación en materia de derechos humanos».

“El cese temporal y expulsión de oficiales de la OACNUDH de Venezuela es un nuevo incumplimiento de las obligaciones y acuerdos del Estado venezolano con la comunidad internacional, ahora con la ONU y los órganos de protección universal, evidenciando que no existe voluntad de cumplimiento en materia de respeto a los derechos humanos, garantías de protección, justicia, libertades y democracia”.

La advertencia la hicieron casi 200 ONG en un comunicado, luego de que el presidente Nicolás Maduro y el fiscal Tarek William Saab, no solo ratificaran la expulsión, sino que acusaron a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH. de fungir como “espías”.

“Queremos expresar nuestro más profundo rechazo” a la medida, destaca el comunicado, donde que “las graves violaciones de derechos humanos por las políticas de represión del Estado ocurridas durante las manifestaciones pacíficas entre los años 2014 y 2017 en todo el país, aumentaron la atención sobre la situación de Venezuela”.

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En consecuencia, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, tuvieron que acudir cada vez con más frecuencia al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, a cargo de las Naciones Unidas (ONU), en la búsqueda de protección, justicia y reparación.

“Desde ese momento, el ACNUDH tuvo un papel destacado en la presentación de informes documentados, objetivos, exhaustivos y contundentes acerca de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, advirtiendo sobre la gravedad de sus patrones, que luego se convirtieron en una emergencia humanitaria compleja de gran escala”, agrega.

Por ello, “las evidencias de los patrones, junto con políticas de criminalización, persecución y amenazas al espacio cívico, dieron lugar a que el Consejo de Derechos Humanos extendiera mandato al ACNUDH para el seguimiento de Venezuela.

Recuerdan que tras su visita al país en 2019, la ACNUDH, acordó con el Estado venezolano la instalación de una oficina técnica en el terreno, mediante una carta de entendimiento, cuyas acciones primordiales fueron desde entonces:

1) la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos de derechos humanos de la ONU

2) El apoyo a la sociedad civil

3) La asesoría técnica y formación a las instituciones del Estado para la reforma del sistema judicial, en normativas garantes y acordes con los estándares en derechos humanos

4) La evaluación continua y de manera creíble de la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno, incluyendo visitas in loco de Procedimientos o Relatores Especiales de la ONU.

De la presencia de esta oficina técnica del ACNUDH en Venezuela destacan dos objetivos aceptados por el Estado venezolano:

“Evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos, mediante el establecimiento de una estrategia de alerta temprana, que incluya el desarrollo de un mecanismo conjunto de remisión de casos individuales de violaciones de los derechos humanos a las autoridades competentes para que se adopten medidas urgentes”

“Proteger y mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores de los derechos humanos, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de procesos participativos e inclusivos en los debates y la adopción de planes y políticas de derechos humanos”.

Al transcurrir más de 3 días de la detención arbitraria y desaparición forzada de corta duración de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, el día 13.02.24 el ACNUDH emitió un pronunciamiento vía red social X en el que lee: “#Venezuela Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”. El 14.02.24, se produce además una rueda de prensa del Relator sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, al final de su visita en el país por invitación del Estado entre los días 01 y 14 de febrero, presentando hallazgos de suma gravedad sobre la persistencia de las privaciones de acceso a este derecho en el país.

Las ONG insisten en que “la medida de expulsión de la OACNUDH de Venezuela constituye una grave decisión y un paso adicional del Estado venezolano para desproteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, actuales y potenciales, y a la sociedad civil en su conjunto”.

Alertan que “en un contexto de indefensión institucional, emergencia humanitaria compleja y ante próximas elecciones presidenciales, el Estado ha incrementado acciones para la confiscación de las libertades civiles y democráticas en el país con “La Furia Bolivariana” como política de vigilancia, control y persecución política”

A ello se suma “la intención de aprobar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional; el incremento de los ataques, detenciones y violaciones graves contra personas defensoras en el país”.

Las organizaciones sostienen que “mientras existan estas circunstancias, el trabajo de la Misión independiente de investigación y Determinación de Hechos y la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, cumplen hoy un papel más claro e imperante en el país”

Sobre todo porque Venezuela está “a las puertas de un ciclo electoral presidencial en el que de manera cíclica se han incrementado de forma dramática los patrones de violaciones graves de los derechos humanos y la violencia contra la población, los mismos que dieron origen a la necesidad de la creación de estas tres instancias”.

Finalmente, las ONG alertan “sobre la posible agudización del problema migratorio en la región por razones políticas, la judicialización de amplios sectores de sociedad venezolana, la aplicación de leyes que inhabilitan la acción independiente de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, con consecuencias devastadoras para el país y la región”.

Piden al alto comisionado Volker Turk, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y “a todos los órganos e instancias de la ONU el rechazo alto y claro, a esta acción inaceptable del Estado venezolano y a no cesar en su compromiso para proteger la vida, integridad y seguridad de nuestra población, la garantía de libertades y derechos de todas las personas y unas elecciones libres, creíbles y transparentes en Venezuela”.

Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó la preocupación de la instancia por lo que ocurre en Apure.

“Desde la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estamos profundamente preocupados», dijo la funcionaria. En entrevista con el portal Monitoreamos, dijo que les preocupan «las denuncias sobre la situación de los DD.HH. en el contexto de la escalada de enfrentamientos entre la FAN y grupos armados no estatales en el estado Apure».

Anunció que la oficina de Michelle Bachelet sigue «de cerca lo que ocurre». Y también está «documentando la situación de derechos humanos».

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En la institución están atentos “por el grave impacto de los enfrentamientos, que ha provocado que miles de residentes locales huyan de la zona a través de la frontera. Por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y por la detención de periodistas y defensores de los derechos humanos arrestados”.

Sobre la situación de periodistas y medios dijo: “Subrayamos que los medios de comunicación y sus empleados, así como los defensores de los derechos humanos deben ser protegidos”.

Además, dijo que la Oficina de la ONU alienta a que se lleven a cabo investigaciones rápidas, transparentes y exhaustivas.