La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, reseñó ante la Corte Interamericana de DDHH, el caso del joven activista de Derechos Humanos, Víctor Alfonso Navarro López, quien fue detenido de manera arbitraria y sometido a vejámenes en las celdas de El Helicoide.

En un comunicado oficial de la OEA, se puede leer que el ente multilateral habría consignado el expediente ante la CIDH, en donde hacen todo un dossier de la situación de Navarro López, quien a pesar de haber sido liberado, emigró a Argentina, donde actualmente obtuvo el beneficio de refugiado.

Según la carta de la OEA, Navarro López, quien pertenecía a la Fundación Embajadores Comunitarios y el proyecto «Corazón Valiente», fue detenido cuando tenía 22 años en enero del 2018. Acusado de supuestos actos desestabilizadores.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), habría acudido a su hogar y llevo a cabo un allanamiento sin una orden judicial, según cuenta la OEA, para finalmente poner preso al joven.

Durante su estadía en las celdas del SEBIN, en la sede de El Helicoide, Navarro López habría sido torturado.

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A casi un mes de haber sido detenido, un juez ordenó una medida cautelar y la liberación del muchacho. Sin embargo, no fue sino hasta el 2 de junio del mismo año cuando las puertas de las celdas del SEBIN se abrieron para Navarro López.

A partir de allí vino una serie de diferimientos de la audiencia preliminar, por motivos casi inexplicables.

Debido a esto y por el temor de volver a ser encarcelado, Navarro López decidió emigrar a Colombia, para luego radicarse en Argentina, donde le fue otorgado el beneficio de refugiado.

La comisión realizó todos los estudios pertinentes del caso y determinó que el Estado Venezolano es responsable de las violaciones de los derechos fundamentales de Navarro López.

Este caso se sumaría a la ya larga lista de casos de violaciones de derechos humanos, entre los que resalta el adherido recientemente, de la situación de El Junquito, donde murió el policía que decidió pronunciarse en contra de la administración de Nicolás Maduro, Óscar Pérez.

Javier Tarazona, director general de FundaRedes se pronunció frente a las acciones de los últimos días contra defensores y activistas, ante lo cual afirmó que aún con amenazas y judicialización no lograrán silenciar al DDHH.

FundaRedes expresó su rechazo a la criminalización de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, que ha arreciado con la detención de las ONG.

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Tarazona aseguró que quienes ocupan el poder en Venezuela, pretenden silenciar a los defensores y activistas de derechos humanos, en un intento por ocultar lo que ocurre en el país.

Además buscan impedir la asistencia humanitaria que estas organizaciones civiles han ofrecido a la población desasistida que enfrenta las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja.

#16Ene ONG @FundaREDES_: “Aun con amenazas y judicializaciónno lograrán silenciar al movimiento de DDHH”Javier Tarazona, director general de FundaRedes hizo un pronunciamiento frente a las acciones de los últimos días contra defensores y activistas en Venezuela pic.twitter.com/k6jZpiPSq4

El director explicó que lo ocurrido con los miembros Azul Positivo, es una detención arbitraria y una persecución sin razones:

«Se trata de una organización dedicada a la asistencia humanitaria, que solo ha atendido a ciudadanos desvalidos con programas destinados a personas con VIH».

Así mismo, alertaron sobre las graves amenazas contra los miembros de la organización Provea, que tiene más de 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

Este sábado, David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, evidenció la nueva arremetida de Trinidad y Tobago contra venezolanos que están en ese país.

En ese sentido, consignó la denuncia que realizaron varios abogados y activistas de los derechos humanos sobre una nueva deportación masiva de migrantes venezolanos.

Denunció que se trataría de una nueva deportación ordenada por el gobierno de Trinidad y Tobago.

Además coincide con las recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Stuart Young.

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Young hace varios días aseguró que las deportaciones de migrantes venezolanos iban a continuar.

Ya que aseguró que desde el gobierno trinitense estaban aplicando las leyes necesarias para combatir la “migración ilegal”.

Además aseveró que cualquier persona que ingrese a la isla de forma ilegal es una “persona indeseable”, ignorando la grave crisis que sufre Venezuela.

Por su parte, David Smolansky asegura que deportaron a al menos nuevos 100 venezolanos, incluyendo personas regulares.

Es decir, muchos de los que deportaron contaban con papeles y permisos que le permitían permanecer en el país.

No obstante, de acuerdo con diversos testimonios constatados en otras oportunidades por Impacto Venezuela, denunciaron que el gobierno trinitense no valída documentación de los venezolanos.

A pesar de contar con identificaciones de Acnur o permisos de trabajos han llegado a deportar venezolanos.

El comisionado denunció que se maneja con mucho hermetismo la deportación de los venezolanos desde el caso de los 16 menores de edad deportados.

Por ello, asevero que de ser cierta esta nueva expulsión representa una nueva violación a los derechos humanos de los venezolanos.

Además una nueva violación la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Refugiados de 1951, ambas suscritas por Trinidad y Tobago.

“Los 16 niños permanecen en la isla, pero es inadmisible una ‘puerta giratoria’ de deportaciones para los refugiados venezolanos en Trinidad”, dijo Smolansky.

#28Nov Se estima que al menos 100 venezolanos fueron deportados desde la isla, incluyendo a varios que estaban regular, es decir contaban con una documentación vigente.Vídeo: Cortesía@ImpactoVE ? pic.twitter.com/tteIHDJhw0

Jorge Rodríguez informó la creación de una Consulta Nacional para “construir un programa de cambio”, en la nueva Asamblea Nacional a propósito de las víctimas de DDHH.

Durante un acto en el comando de campaña Darío Vivas informó que esto será luego de las cuestionadas elecciones parlamentarias que se efectuarán el 6 de diciembre.

 Rodríguez se refirió a los crímenes lesa humanidad y violaciones de DD.HH. que evidenció el informe de la ONU, en el cual responsabiliza al régimen de Maduro.

Afirmó que desde el nuevo Parlamento, y apoyados en la Constitución, el régimen chavista debe convertirse en campeones de los DDHH.

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«Tenemos que convertirnos, desde esta Constitución, y en el trabajo del Poder Legislativo que inicia el 5 de enero, en campeones de los DDHH”, aseveró el vocero del régimen.

En ese sentido, aseguró que, “hemos sido nosotros las verdaderas víctimas de violaciones a los DDHH durante los años de 1958 hasta 199», dijo.

El funcionario chavista se burló una vez más de los miles de asesinados, torturados y desaparecidos bajo los regímenes de Chávez y Maduro.

Reiteró que tanto él como su hermana, son unas víctimas más de las «dictaduras de la cuarta República».

«Somos los hijos de los torturados y asesinados, somos los hijos de los desaparecidos», afirmó.

Insistió que, «somos los que fuimos víctimas de torturas, desapariciones y allanamientos, por eso debemos defender los DDHH de todas y todos», expresó.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela en el exilio ha expresado su opinión sobre el reciente Informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que revela la terrible situación de los derechos humanos en el país.

La funcionaria perseguida del chavismo, dijo mediante un LIVE en sus redes sociales, que «hoy en Venezuela estamos en una situación de extrema vulnerabilidad. Si no te matan de hambre, te asesina la policía».

Además agregó Ortega Díaz que quien usurpa su cargo como Fiscal General en Venezuela, frente al informe de la ONU, salió a defender a Maduro en vez de a las víctimas. «Eso es inaudito», espetó.

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Ortega Díaz contó además con la participación de Gabriela Ramírez, exdefensora del Pueblo, quien también está en el exilio. Esta aseguró por su parte que una característica del gobierno venezolano es desdeñar, anular y desconocer cualquier interlocución que ellos no consideren valida.

Pero además destacó que no se pueden dinamitar los puentes de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro y que se debe insistir en esa comunicación con los actores que están en el poder.

Ramírez hizo referencia a las condiciones de salud del General Miguel Rodríguez Torres, según reveló son bastante precarias.

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, afirmó que el informe emitido por la ONU sobre Venezuela en el que refleja crímenes de lesa humanidad es histórico.

Se refirió a este documento que evidencia las torturas y asesinatos cometidos por el régimen que son el libro negro de Nicolás Maduro.  

Mediante una rueda de prensa insistió que en Venezuela se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos.

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Además desmintió las declaraciones emitidas por Jorge Arreaza y Tarek William Saab el sábado.

“El día de ayer los cómplices de las torturas, de las detenciones arbitrarias, de todos los crímenes de lesa humanidad trataron de desvirtuar y desmeritar lo que está en el informe y se burlaron de las víctimas», aseveró.

Solórzano alertó que en esas declaraciones de estos funcionarios, reconocieron que en Venezuela hay violaciones de Derechos Humanos.

“Hablaban de la detención de quienes agredieron a Rufo Antonio Chacón Parada, pero es mentira, esa gente está en libertad», denunció.

La parlamentaria resaltó que en Venezuela no hay posibilidad alguna de hacer justicia. Por ello, pidió la Corte Penal Internacional actúa de inmediato.

Informó que en Venezuela en este momento hay “más de 300 presos políticos que siguen secuestrados por la dictadura”.

Por su parte, el diputado, Rosmit Mantilla indicó que el informe de la ONU, lo que ha hecho es decir la verdad.

“La verdad que hemos venido denunciando en carne propia y la verdad que ha denunciado la Asamblea Nacional”, relató.

Asimismo, contó su experiencia dentro del El Helicoide tras más de dos años y medio en los que fue víctima y espectador de la tortura.

En la rueda de prensa, estuvo, Zarai Agostini como representante de las familias de las siete víctimas de la “Masacre de El Junquito”.

Agostini exigió  justicia internacional, alertó que varios familiares de los asesinados están fuera del país.

Resaltó que aunque hay varias autoridades del gobierno legítimo en distintos países y les han brindado la protección para continuar, la experiencia no ha sido fácil.

El expreso político, Vasco Da Costa, dijo que el cinismo del régimen está llegando a límites increíbles.

Aseveró que para el régimen denunciar y decir la verdad es el crimen, “es por ello que Tarek William Saab amenaza con devolver a la cárcel a los indultados”.

Molly de la Sotta, hermana del capitán Luis Humberto de La Sotta, actualmente preso en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), aseguró que los funcionarios conocen las torturas que ha sufrido su familiar.

Ante las condiciones delicadas de salud en la que se encuentra el militar, los familiares exigen sea liberado de inmediato.

Asimismo le solicitó a la AN el apoyo para que ingresen los relatores de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Para que a su vez, sea publicada la lista de todos los involucrados en las violaciones y los crímenes de lesa humanidad.

El diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila, calificó como trascendental el informe emitido por la Misión de las Naciones Unidas que verificó delitos de lesa humanidad en Venezuela. Y aseveró que las violaciones de derechos humanos llevarán a Nicolás Maduro y a sus cómplices a la cárcel. 

«Este informe es el testimonio más importante de las reiteradas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que soportan delitos de lesa humanidad», dijo Dávila al abordar el tema.  

El informe de la ONU, deja a Nicolás Maduro y a sus cómplices Néstor Reverol y Vladimir Padrino López como personas que planificaron e instruyeron acciones de persecución contra la disidencia política, las instituciones del Estado, la prensa, estudiantes y todo aquel que se oponga al régimen.

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A propósito de este tema, Dávila, quien también es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior precisó que «es cuestión de tiempo». Además adelantó al respecto que los responsables de lo que citó como crímenes atroces «no tienen escapatoria» de la justicia internacional. 

Asimismo, el parlamentario de Acción Democrática recalcó que queda, una vez más, en evidencia la concienciación universal de que en Venezuela existe un Estado fallido. «Es un Estado que solamente controla al país en función de graves violaciones de derechos humanos», apuntó. 

Antes de finalizar, en un video difundido por redes sociales, el legislador agregó que este hecho debe fortalecer la lucha para defender valores y principios democráticos que encabeza Juan Guaidó. «Los derechos humanos, universales e imprescriptibles, van a llevar a Maduro y a su clase burocrática a la cárcel», enfatizó.

85 organizaciones solicitaron al Consejo de DDHH de la ONU, revitalizar “la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela”, que rendirá informe en septiembre.

Información de la agencia VOA, dice que el objetivo de la petición a la Misión, creada en 2019, es que pueda continuar investigando y documentando violaciones a los derechos humanos, “incluidas ejecuciones extrajudiciales cometidas en Venezuela desde 2014”.

Las 85 organizaciones alertaron: “Los Estados deben garantizar que la Misión cuenta con financiación suficiente y está capacitada para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas para futuros procesamientos u otros fines de rendición de cuentas”.

Además, “evitar la impunidad por crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela”.

Entre las organizaciones está el Centro de DDHH de la UCAB, el Observatorio Venezolano de Prisiones, el Observatorio Venezolano de DDHH de las Mujeres, Foro Penal y Justicia Capítulo Venezuela, entre otros.

La petición explica que el informe a presentarse en septiembre “marcará un importante primer paso en la senda de la rendición de cuentas en Venezuela mediante la documentación de la participación de aquellas personas de las que se sospecha que son penalmente responsables”.

En el informe que presentó en 2019, Bachelet hizo 23 recomendaciones al régimen en las que se destaca, la petición de poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Esto no se cumplió, así como ninguna de las demás.

Este 15 de julio de 2020, salió un nuevo informe de Bachelet que para la ONG, Foro Penal, pareciera que se trata de un «borrón y cuenta nueva», pese a que se hace se hace referencia a la falta de independencia del sistema judicial venezolano, así como la situación de violación de los Derechos Humanos de comunidades indígenas debido a la explotación del Arco Minero del Orinoco.

Sin embargo, no menciona que mantienen tras las rejas a 13 indígenas pemones, por ejemplo.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, detalló que en este nuevo documento de la Oacnudh no se establece concretamente cuáles son los resultados de la colaboración con el Estado venezolano, pues solo insta al cese «inmediato» de cualquier intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia. «Si esto no es así, entonces esta colaboración es totalmente inefectiva e ineficiente».

Romero aseguró que siguen ocurriendo casos graves de violaciones de derechos humanos en el país. «Hace falta comparar y exigir respuestas más contundentes sobre esto (…) Las condiciones de detención de presos políticos ha empeorado desde el año pasado y la gravedad de las condiciones de detención es cada día peo. Actualmente hay 410 presos políticos», dijo este miércoles en rueda de prensa virtual.

El defensor de DD.HH resaltó el caso del médico José Alberto Marulanda, uno de los presos sobre los que la Oacnudh ha urgido su liberación, y que fue detenido desde hace dos años por estar vinculado sentimentalmente a una militar acusada de presunta traición a la patria y rebelión.

«Cómo es posible que si hay un mandato específico del Consejo de Derechos Humanos para exigir la liberación de estas personas, no se mencione en ninguno de los dos informes presentados este año», reiteró.

En esta ocasión la oficina de la Oacnudh emitió 21 nuevas recomendaciones para su adopción por parte del régimen.

Por su parte el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, insistió que «no hay continuidad en el análisis de lo que ocurre en los derechos humanos en Venezuela (…) Se formulan 21 nuevas recomendaciones sin ningún tipo de garantías que estas se vayan a cumplir. El informe 2020 presenta ambigüedades, esto es una omisión grave que presenta este informe (…) pareciera «borrón y cuenta nueva», expresó.

«Desde las medidas por la COVID-19, la situación ha empeorado; desde marzo, solo familiares de algunos detenidos han recibido tres o cuatro llamadas muy cortas. Les impusieron que para entregar alimentos, medicamentos o útiles personales no pueden acercarse a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas; los obligan a llegar hasta un centro comercial retirado de allí donde unos funcionarios van a buscar los insumos».

Así lo denuncia la periodista especialista en temas militares, Sebastiana Barráez en su blog y destaca que estos «detalles» sobre la situación de los presos en la Dgcim no están reflejados en el informe publicado recientemente por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, lo cual habría causado indignación entre los familiares de los detenidos.

Dijo que «tampoco aparece en ningún párrafo que la Comisión de Delegados que dejó en Venezuela se ha negado a acompañar a los familiares cuando le han solicitado que los acompañen para pedir información o fe de vida de los detenidos. Esos delegados también tienen miedo. Han preferido hacerles sonrisas a los funcionarios del Gobierno. Han resultado una gran decepción”, comenta la esposa de un oficial, citada por Barráez en el portal Infobae.

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Otra de las mujeres consultada dijo: “Ella, Bachelet, tiene las denuncias. Muchos de nosotros nos arriesgamos a hablar con ella cuando estuvo en Venezuela, pero una cosa dijo ahí y otra lo que ha sucedido desde entonces. Las consecuencias para algunos ha sido castigos, incomunicación total y vaya a saber qué otros tratos”.

“Hace cuatro meses que los tribunales están cerrados, impidiendo que podamos hacer alguna actuación, pero para detener a la gente e imputarla para eso sí funcionan cada vez que quieren”, es la respuesta que da el representante de un oficial.

Coincidencia en el maltrato

Todos los consultados por Infobae coinciden en su indignación por el informe Bachelet. Una anciana considera que “ha sido el peor de los informes de la Alta Comisionada, no solo no dice nada de lo que está sucediendo en esos sótanos de tortura, sino que hasta alaba a la Fiscalía. Bachelet no solo perdió mi confianza, también mi respeto”.

Operación Gedeón

A los detenidos en Dgcim por la Operación Gedeón les desaparecieron los alimentos y los medicamentos. “Con el cuento de que ellos iban a tumbar a Maduro, los han tratado de manera brutal, como si no tuvieran derecho a nada”, argumenta una de las personas consultadas.  

“La denuncia que colocamos ante Atención a la Víctima no tuvo respuesta por parte del Ministerio Público. El Defensor del Pueblo hace silencio”, es la crítica de una víctima.

Todas las denuncias coinciden en la poquísima cantidad de alimentos que les sirven a quienes están en esos sótanos y el robo de la comida que llevan los familiares, por lo que la pérdida de peso es alarmante de hasta 20 kilos. No salen al sol. No respiran aire limpio. Cero actividades recreativas. “Bachelet lo que ha hecho es acumular informes. En el del 4 de julio recomendó que los detenidos en esos sótanos fuesen trasladados. Si no han dejado entrar a sus delegados, menos han considerado sus sugerencias. Al contrario, ese lugar está ahora más hacinado que nunca”, es la agria expresión de uno de los familiares.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, considera que la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del TSJ del régimen de Nicolás Maduro, “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

“El TSJ nombra a nuevos rectores del CNE sin consenso de todas las fuerzas políticas e interfiere en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”, criticó la Alta Comisionada durante la presentación del informe preliminar de Derechos Humanos y diálogos interactivos sobre la situación en Venezuela.

Bachelet  lamentó que los actores políticos “no logren encontrar una solución” para resolver la grave crisis que atraviesa el país y los llamó a una “negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos, y en la restitución de derechos políticos”.

Ofreció su oficina para contribuir en el proceso de negociación que permita a Venezuela avanzar.

El pasado mes de junio, el TSJ del régimen de Maduro nombró a los rectores del CNE para organizar elecciones parlamentarias. Los nombramientos se hicieron, luego que se declarara la omisión legislativa, violando la Constitución Nacional.

Indira Alfonzo es la nueva presidenta del CNE en reemplazo de Tibisay Lucena, quien superaba los 14 años como cabeza de ese poder público y 15 años como rectora. En la vicepresidencia fue designado Rafael Simón Jiménez y como rectores principales Tanía D’ Amelio, Gladys Gutiérrez y José Luis Gutiérrez Parra.

Este miércoles el nuevo CNE irrito decidió que las elecciones parlamentarias se realicen el próximo 6 de diciembre.

#2JulEn minutos, @mbachelet presentará ante el Consejo de #DDHH de la @ONU_es un nuevo #InformeBachelet con los resultados de la investigación de posibles violaciones de los #DDHH a la vida, la libertad y la integridad física y moral en Venezuela.#VzlaNoCooperaNoCumple pic.twitter.com/7n97RAazn2

Un total de 540 funcionarios pertenecientes a diversos organismos de seguridad del Estado han sido presentados ante tribunales como presuntos responsables de vulneraciones a los derechos humanos.

Según el Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, se han investigado todos los casos presentados ante el Ministerio Público, donde se evidencian excesos e irregularidades por parte de las fuerzas de seguridad.

Por vulneraciones a los derechos humanos también han sido presentados al menos 40 civiles

Desde nuestra llegada al MP, el #5Ago de 2017, hemos presentado imputación contra 540 funcionarios de cuerpos de seguridad, así como contra 30 particulares como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos

Igualmente han sido acusados un total de 786 funcionarios y 113 particulares que han cometido actos como tratos crueles, violación a la propiedad privada, torturas y otros delitos.

Saab también detalló que hasta la fecha han sido condenados 140 funcionarios de seguridad.

Estas cifras fueron otorgadas luego de anunciar la presentación ante tribunales de cuatro funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), involucrados en el homicidio de cinco ciudadanos, entre ellos un escolta de la ministra de asuntos penitenciarios del régimen, Iris Varela.