Expertos de la ONU alertan sobre la criminalización de defensores y ONG en Venezuela y denuncian la incomunicación del abogado de PROVEA, Eduardo Torres.

La información la dio a conocer la ONG, en su cuenta en X, donde señala que la respuesta de las relatorías sobre defensores DD. HH., libertad de expresión, independencia magistrados y abogados, y libertad de reunión y asociación, junto al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

Estas relatorías hicieron pública (tras 60 días sin respuesta del Estado venezolano) una comunicación enviada sobre la situación de Eduardo Torres, abogado de PROVEA detenido arbitrariamente desde al menos el 9 de mayo 2025 y mantenido en incomunicación.

En la comunicación, los expertos advierten que “este aislamiento aumenta su riesgo y representa una violación de derechos fundamentales”.

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🗣EXPERTOS DE LA ONU DENUNCIAN CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES Y ONG EN VENEZUELAExpertos de la ONU denuncian la criminalización de defensores y ONG en Venezuela. También rechazan la incomunicación al que es sometido el abogado Eduardo Torres, detenido desde el 9May📹 @_Provea pic.twitter.com/DkEWMCOOhL

Falta de respuesta

También denuncian la falta de respuesta judicial a los recursos de Habeas Corpus introducidos en tribunales penales de Caracas y la ausencia de avances en el presentado ante la Sala Constitucional, lo que agrava la vulneración al debido proceso.

El documento también rechaza la criminalización de la defensa de derechos humanos en Venezuela.

Condenan los ataques y acusaciones desde altas instancias del poder contra organizaciones como Foro Penal, MedicosUnidosVe y  la misma Provea.

También recuerdan que “estas campañas buscan intimidar y debilitar al movimiento de derechos humanos en su conjunto”.

Asimismo, los expertos subrayan que el Estado “tiene la obligación de garantizar que defensoras y defensores puedan trabajar sin persecución ni riesgos”.

Alertan que la criminalización “no se limita a personas, sino que alcanza también a las organizaciones, restringiendo de manera grave el espacio cívico en el país”.

Finalmente, exhortan a la libertad inmediata de Torres, al cese de la persecución contra quienes defienden derechos humanos y a garantizar condiciones plenas para que las organizaciones puedan continuar su labor en Venezuela sin represalias.

Con información de Provea

En el 2021 hubo 743 ataques contra defensores de los Derechos Humanos. Es la conclusión del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) en un informe anual emitido este jueves. La cifra representa un aumento de 145% con respecto a 2020, señala la ONG.

El año pasado «estuvo marcado por el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. La política de criminalización, represión y control social recrudeció, generando graves afectaciones a las libertades fundamentales». Esto, principalmente en lo relacionado con «los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos», agrega el documento.

«El Estado venezolano siguió aplicando la tesis del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional». Lo hace «mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales». Y agrede «a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos», asevera.

La organización cita como ejemplo lo que ocurre con el director de Fundaredes, Javier Tarazona, detenido junto con su hermano y otro activista, desde el 2 de julio.

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En el informe, el CDJ destacó en julio hubo 140 ataques. Le siguen abril (115), enero (99), octubre (73), marzo (56) y septiembre (49).

“Aumentaron los niveles de riesgo para el movimiento de derechos humanos en el país. El incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales fueron empleados para justificar la tesis del enemigo interno”, agregó.

Destacó que hubo 502 casos de estigmatización, 16 detenciones arbitrarias, 125 hostigamientos, 15 judicializaciones, 50 amenazas, 13 ataques digitales, 5 allanamientos, entre otros.

Mientras que los principales responsables de los ataques e incidentes se dividen entre los medios de comunicación del Estado (229). Le siguen funcionarios públicos (221), personas o agrupaciones afectas a los intereses del Estado (127). Y finalmente están las instituciones públicas (103) y organismos de seguridad del Estado (63).

En los primeros seis meses del 2021, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 374 ataques e incidentes contra organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con este informe, representa el incremento de un 243% con respecto al primer semestre del 2020.

El CDJ contabilizó en el primer semestre del 2020 109 situaciones irregulares en contra de los activistas y ONG.

Asimismo destacó que hubo un aumento en las restricciones del espacio cívico y democrático en el marco de la emergencia humanitaria que existe en el país.

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El CDJ denunció que se consolidan las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas.

Así como también en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria.

Por ello, esta organización alertó a la administración de Nicolás Maduro que continúan realizando acciones contrarias a sus obligaciones internacionales.

Ya que continúan agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

Reportó que en estos seis meses, se acentuaron medidas de facto y legales, “para justificar la tesis del enemigo interno amparada en la Doctrina de la Seguridad Nacional”.

Por lo que se refirió al aumento de los niveles de riesgo para quienes defienden y exigen derechos humanos en el país.

Los 374 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:

Estigmatización (252)

Intimidación y hostigamiento (43)

Amenaza (35)

Judicialización (11)

Detención arbitraria (11)

Ataques digitales (11)

Otros (8)

Allanamientos (3)

En Venezuela ser defensor de los Derechos Humanos, en un país donde estos son los más violentados por el régimen, tiene un alto costo. De allí que en lo que va del año, al menos 109 personas y organizaciones que defienden los DD.HH fueron atacados. situación que se ha agravado durante la pandemia por COVID-19.

Así lo establece un informe publicado este lunes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

“La política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos se ha agudizado durante el estado de alarma decretado en el país el 13 de marzo (…) El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno”, señala el escrito.

La ONG contabilizó 51 ataques en el primer trimestre y otros 58 entre abril y junio, justo durante los cuales el régimen de Nicolás Maduro ha impuesto la cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

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El informe señala que entre los más atacados figuran los profesionales de la salud, trabajadores de organizaciones humanitarias, periodistas, activistas sociales, líderes sindicales y defensores de derechos humanos.

La investigación explica también que las formas más usadas para atacar han sido «actos de intimidación y hostigamiento, persecución, detenciones arbitrarias, judicialización, amenazas de muerte, ataques digitales y restricciones legales de la libertad».

Además, se registraron 43 “estigmatizaciones” durante el segundo trimestre, ataques que muestran “el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través del sistema nacional de medios públicos para afectar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos”.

El informe también señala que 35% de los responsables de todos estos ataques han sido los medios públicos que controla el Ejecutivo, 31% funcionarios o instituciones del Estado, 12% los organismos de seguridad y 22 % de “otros” que no fueron especificados.

En el segundo trimestre, subraya el CDJ, los venezolanos no han dejado de protestar en las calles debido a la crisis económica y “se ha puesto en evidencia la sistematicidad y el agravamiento de las condiciones adversas en las cuales las personas y organizaciones en Venezuela defienden y exigen derechos humanos”.

Por todo ello, la ONG pide que se investigue y sancione a los responsables de cometer estas agresiones toda vez que “el derecho a defender se ha convertido en una labor de alto riesgo” en el país sudamericano.