La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a Colombia por la desaparición en 1995 a manos de la Policía de dos defensores de derechos humanos, Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá.

Colombia es responsable por «la violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a defender los derechos humanos, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección a la familia y la niñez por la desaparición forzada» de ambos, señaló la Corte en su sentencia.

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El tribunal continental, con sede en San José, explicó que Ubaté y Bogotá desaparecieron el 19 de mayo de 1995 a manos de «agentes del Estado», tras ser capturados por la Unidad Antiextorsión y Secuestro de la Policía (UNASE).

Ambos habían sido guerrilleros del izquierdista Ejército Popular de Liberación (EPL) que se habían desmovilizado en 1991 y su desaparición se dio en el contexto de «un conflicto armado interno donde existió violencia impulsada por el Estado y graves violaciones a los derechos humanos», según la sentencia.

La Corte determinó que «el Estado es responsable internacionalmente por la violación del derecho a defender los derechos humanos» y que todavía existe «impunidad total» de estas desapariciones, ya que hasta el momento no se han identificado a los responsables.

En Colombia persiste un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9,5 millones de víctimas, en su mayoría desplazados, según registros oficiales.

El Estado colombiano había realizado ciertas medidas de reparación solicitadas previamente por la Corte Interamericana, que incluyó en la sentencia «una serie de medidas de satisfacción, en materia de justicia y búsqueda, garantías de no repetición y en medidas de memoria».

También ordenó un pago en «concepto de medida de rehabilitación» y otro por daños materiales e inmateriales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un fuerte llamado al gobierno de Colombia por el incremento de la violencia contra quienes quedan atrapados en medio de las confrontaciones entre grupos armados.

El pronunciamiento de la CIDH es un llamado a reforzar medidas y acciones para enfrentar las causas de la violencia en el país cafetero.

La CIDH señaló que hay un aumento alarmante de los asesinatos, que según estadísticas del Ministerio de Defensa colombiano, totalizan 11.509 casos hasta el 4 de noviembre, un incremento del 15,5 % en relación con los 9.962 hechos registrados durante el año anterior.

Es que la CIDH pudo verificar que existe una concentración de hechos de violencia en contra de personas defensoras y con liderazgo social. En tal sentido, destacan las masacres en los departamentos de la región del Pacífico en particular en Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, Antioquía y Norte de Santander; que afectan a pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinas.

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También se resaltan muchas muertes ocasionadas por las minas antipersona en el resguardo del pueblo embera en La Divisa, Alto Baudó, Chocó.

La Comisión recordó al gobierno colombiano que es una obligación del Estado garantizar la participación de la sociedad civil. Garantizando que se en todas las etapas de la construcción de las políticas públicas de protección; en la medida que permita incorporar las experiencias y puntos de vista de las personas y grupos que son titulares de los derechos que se busca salvaguardar.

Con información de Infobae