La Defensoría del Pueblo anunció la activación de mecanismos institucionales para dar respuesta al caso de Víctor Hugo Quero, tras recibir este domingo a su madre, Carmen Teresa Navas, en la sede del organismo ubicada en Plaza Morelos.

En nota de prensa, se conoció que la titular de la institución, Eglée González Lobato, sostuvo un encuentro con Navas, quien ha solicitado información sobre el paradero de su hijo, denunciando que, pese a múltiples gestiones realizadas ante distintos centros de reclusión, no ha obtenido respuestas oficiales.

Durante la reunión, González Lobato expresó su solidaridad con la madre y se comprometió a impulsar acciones concretas para avanzar en la investigación. Indicó que el equipo ejecutivo y legal de la Defensoría ya se encuentra realizando diligencias y coordinaciones con distintos entes del Estado para esclarecer el caso.

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“Ha hecho muchas diligencias, ha ido a diferentes centros de reclusión y manifiesta que no tiene respuestas, y que desconoce el paradero de su hijo. Esta Defensoría ha recibido ya el caso de la señora Carmen Teresa, y queremos expresarle que institucionalmente vamos a activar mecanismos y vías para que haya una respuesta verificable, para que el Estado la atienda, para que su incertidumbre disminuya y su calidad de vida no se deteriore porque todo esto la afecta. Es una madre de familia, así que Carmen Teresa, aquí estamos, te vamos a acompañar”, declaró la funcionaria.

Por su parte, Carmen Teresa Navas agradeció la atención recibida y las gestiones iniciadas por la institución en la búsqueda de información sobre su hijo, Víctor Hugo Quero.

Finalmente, la Defensora del Pueblo reiteró que continuará promoviendo encuentros con distintos sectores del país, con el objetivo de coordinar acciones urgentes y atender casos de ciudadanos cuyos derechos hayan sido vulnerados.

Con información de nota de prensa.

La defensora del pueblo, Eglée González, recibió este viernes a los trabajadores, sindicalistas y pensionados que marcharon por el Día del Trabajador, y en reclamo de un sueldo digno.

Los trabajadores expusieron ante la funcionaria la situación en la que se encuentran, sobre todo luego del anuncio de la presidenta Delcy Rodríguez de aumentar “el ingreso integral”, pero solo en bonos y no en el salario real.

  Luego de recibir a los manifestantes, la defensora resaltó el "coraje y las gestiones que hemos hecho para que esta marcha llegue de manera organizada y pacífica como debe ser".

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"Esta Defensoría se compromete a mediar en esa cercanía entre ustedes y autoridades del Ejecutivo para lograr que sea en beneficio de la población venezolana", afirmó.

Asimismo, informó que está haciendo gestiones para todos los casos que son muy sensibles a la opinión pública", en referencia a la denuncia de la desaparición forzada del preso político Víctor Quero Navas.

🗣️ DEFENSORÍA PROMETE MEDIAR TRAS PROTESTALa defensora del Pueblo, Eglée González, agradeció el “coraje” por una movilización organizada y pacífica. Aseguró que la Defensoría mediará entre los trabajadores y el Ejecutivo para buscar soluciones en beneficio de la población pic.twitter.com/oAGRmgNyjy

Con información de Tal Cual.

Para la recién designada defensora del Pueblo, Eglée González Lobato,  su rol dentro del Poder Ciudadano y las expectativas que hay alrededor de sus funciones, lo primordial es generar cercanía en los ciudadanos y luego confianza en la institución.

 “Lo primero es acercarse a los ciudadanos. Tiene que haber cercanía y dar tiempo para la construcción de confianza. Este es un país de necesidades que no tienen respuesta (...). La Defensoría tiene un mandato constitucional amplio que abarcaría defender a los ciudadanos cuando tengan una necesidad crítica (...), que abarque la defensa de los derechos humanos que son de todos, ¿no? Y no solamente aquellos que son los más visibles o los que son en el extremo vulnerable. Aquí tienen que haber planes pilotos sobre proyectos que, en breve o en poco tiempo, haré e informaré a la nación”, dijo González, en el programa Abriendo puertas que transmite Venevisión.

Al ahondar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la funcionaria afirmó: “Yo diría que hay que buscar los derechos vulnerables. Dónde está la vulneración, allí tenemos que estar, y la vulneración actualmente atraviesa a todos los ciudadanos; y hay lugares en el territorio donde hay mayor vulnerabilidad. Es decir, no es el tema el que pone la agenda. Son los derechos los que ponen la agenda (...). Yo voy hacia el cumplimiento de los objetivos y esos objetivos de defensa de derechos humanos dependen de un conjunto de instituciones que tienen que integrarse con la Defensoría”, aseveró.

En relación con el tema de las cárceles, González manifestó: "Esa es una petición que han hecho desde todos los sectores, pero repito, la visión no es tomar decisiones unilaterales (...). Tú construyes confianza con las acciones. No que yo vaya y después declare y me quede en la declaratoria, haga checklist, así como: 'Bueno, ya visité esta y visité la otra, tómenme una foto'. No, uno no está para eso. Uno está para ofrecer propuestas, pero esas propuestas tienen que ser, repito, coordinadas entre las diferentes dependencias".

En ese sentido, dijo: "Entre los proyectos, objetivos que tiene la Defensoría, está que hay que hacer una visita por todo el país, porque esto no es un problema únicamente acá, sino en todo el país y debe dejarse registro de todo el país. Entonces, uno de los proyectos precisamente es esa humanización, tanto de donde se encuentran los retenidos de libertad como donde están los familiares. Es decir, esa es una realidad que golpea, pero a la que hay que darle alguna respuesta que estén esperando (...). Esto es un problema estructural que no tiene una solución inmediata".

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Sobre el proceso que se está siguiendo con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y el vencimiento del lapso de trabajo de la comisión, señaló: "La realidad no se está escondiendo ni se está evadiendo. Y a la sociedad hay que hablarle con la verdad y decir: Mira, estos son los casos que pudieran tener complicaciones o que todavía se mantienen sin resolver, y entiendo que hay disposición para responderlos Yo diría que ahora a esos esfuerzos se suma la Defensoría; bueno, deberíamos tener propuestas".

 También se refirió a la reciente protesta que fue reprimida.  "Yo creo que uno de los desafíos de la Defensoría no es ser reaccionaria, sino que pudiera tener alertas tempranas. Nosotros no tenemos dentro de la Defensoría un observatorio de conflicto (...) para tratar de entender –como en Colombia, como lo hace la Defensoría en Colombia– cuando se viene una marcha o viene una manifestación, que es un derecho. Bueno, como lograr que las diferentes partes que forman, tanto los de seguridad como quienes van a marchar, haya acuerdos en que todo se desarrolle normal. ¿Por qué? Porque lo que no puede haber es violencia".

Interrogada sobre la vigencia de las leyes contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia y la Ley Libertador Simón Bolívar, expresó: "Esas leyes tienen que tener una revisión, una revisión técnica. Hay que mirar cuáles han sido los resultados, cuáles han sido los casos que se han generado allí; pero, como te digo, ese planteamiento –cuando se hagaFormalmente, es porque es un planteamiento que ha sido conversado, que ha sido hablado, porque hay que trabajar los casos. (...). ¿Qué hago yo anunciando algo que no depende de mí? En todo caso, creo una expectativa que no es. Ahora, yo lo que puedo hacer es dar razón para que haya un ajuste técnico de ese tipo de norma".

Al consultarle por la importancia de defender la libertad de expresión en Venezuela, González advirtió: "Es que si no, yo misma no voy a poder hablar. Hay disponibilidad y el momento histórico del país reclama responsabilidad, reclama coordinación, conversaciones, diálogo. Yo pienso que en este momento hay que aprovechar esa oportunidad para el logro hacia una democracia plena, hacia más amplitud de libertades (...). Los conflictos no se van a desaparecer, pero sí tienen que encauzarse, sí tiene que haber reglas, normas".

De cara al compromiso que tiene, dijo: "Yo defiendo los derechos humanos, pero hay deberes también para respetar los derechos del otro. Es decir, tu derecho llega hasta que empieza a molestar el mío. Y eso también tiene que ver con una conciencia, pero eso también tiene que ver un poco con la igualdad ante la ley. O sea, no hay unos más que otros. ¿Y qué hace la Defensoría? La Defensoría defiende frente a los abusos de cualquier autoridad. Entonces, no puede ser que tú, porque tengas una autoridad, entonces  abuses de los derechos del otro".

Frente a lo que cambiaría de inmediato en la Defensoría, determinó: "Abrir las puertas de la Defensoría, decir: 'Esta es la Defensoría y esto es para los ciudadanos y además, cambiar –incluso instalar en los funcionarios de la Defensoría— la mejor atención posible y para allá vamos. No me voy a adelantar a los programas que tengo, lo haré cuando tenga la viabilidad de ellos y el compromiso será lograr objetivos progresivos".

Para finalizar, y al preguntarle si será imparcial, González puntualizó: "Yo creo que ningún discurso que yo tenga va a suplir las acciones que se tienen que hacer. La gente no espera discurso (...). Yo soy independiente, tan independiente que quienes me adversan, incluso en este momento, saben que lo soy. Y luego, esto es un esfuerzo por la calidad de vida cotidiana del venezolano (...). Representar un poder no es sencillo, pero yo soy militante del diálogo, de la conciliación, de la mediación, de los acuerdos y siento a mi país".

Con información de Abriendo puertas

Alrededor de 70 ONG emitieron un comunicado conjunto en el cual exigen a la nueva defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, que interceda para la liberación de todos los presos políticos.

Estas organizaciones consideran importante “demandar públicamente la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas o por ejercer sus derechos civiles y políticos, incluyendo la libertad de expresión, asociación, participación política, reunión y manifestación pacífica, así como revisar los casos excluidos o denegados en aplicación de la ley de amnistía y actuar como garante de su reconsideración ante las autoridades competentes”.

Asimismo, piden a la institución “realizar visitas a los distintos centros de detención identificados por mecanismos internacionales y por organizaciones de la sociedad civil, y publicar informes periódicos, verificables y transparentes sobre sus hallazgos, recomendaciones y acciones de seguimiento”.

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Por otro lado, piden que se establezcan “canales formales de coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos y otros mecanismos internacionales pertinentes, incluyendo la adopción de gestiones concretas para facilitar visitas al país”.

Agrega que la Defensoría promueva "activamente el reconocimiento del reingreso oficial de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos e impulsar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A ello se añade “la ejecución de sus informes de fondo, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los dictámenes de los órganos de tratados de Naciones Unidas y de las recomendaciones emitidas por la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Igualmente, piden que se solicite “a la Asamblea Nacional la derogación inmediata o demandar la nulidad por inconstitucionalidad de la legislación contraria a los estándares en materia de derechos humanos, tales como Ley contra el Odio, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, la Ley Libertador Simón Bolívar, así como de otras normas que han sido utilizadas para perseguir, criminalizar y restringir la exigencia de derechos”.

Con información de CEPAZ

“La designación de Larry Devoe como fiscal general y de Eglée González Lobato en la Defensoría del Pueblo termina de desdibujar la frontera entre el poder político y la justicia en Venezuela.":

La afirmación la hizo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que, en sus redes sociales, señala: “Observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”.

Afirma JEP que “es muy difícil que las víctimas sientan confianza cuando el nuevo fiscal ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos bajo argumentos de defensa institucional”.

También destaca que “la verdadera legitimidad de estos cargos no debería depender solo de una firma en la Asamblea Nacional, sino de un proceso de selección que la gente pueda auditar”.

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Sin embargo, agrega que “las evaluaciones ocurrieron a puerta cerrada, convirtiendo la participación ciudadana en un saludo a la bandera”.

Justicia, encuentro y perdón asevera que “para cualquier venezolano, esta situación genera una sensación de orfandad jurídica”.

Agrega que “el fiscal debe ser quien controle la acción penal con objetividad y el defensor tiene que ser el primer escudo de los vulnerables; si ambos están alineados con quien ejerce el poder, el ciudadano pierde su último refugio”.

“Al final, lo que estamos viendo es un sistema que se cierra sobre sí mismo: el Estado investiga sus propios excesos y se absuelve a conveniencia. Sin independencia real ni contrapesos, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política, dejando a la sociedad civil sin espacios donde exigir sus garantías básicas”, concluye la ONG.

#ATENCIÓN La designación de Larry Devoe como Fiscal General y de Eglée González Lobato en la Defensoría del Pueblo termina de desdibujar la frontera entre el poder político y la justicia en Venezuela. Al observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles…

Luego de casi un mes de espera, en la sesión ordinaria  de la Asamblea Nacional (AN) de este jueves, se llevó a cabo la designación de Larry Devoe como nuevo fiscal general conforme a lo establecido en la Constitución.

Con 275 votos a favor, Devoe  asume la titularidad del Ministerio Público (MP) del cual ya era encargado, desde que renunció Tarek William Saab.

El nuevo fiscal es abogado egresado de la UCAB con una formación académica en el exterior y trayectoria en la administración pública y en la defensa de los DD.HH.

Larry Devoe, posee especialización en ciencias penales y criminológicas, además de maestrías en Derecho Constitucional y en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en Iberoamérica.

Por su parte,  González Lobato sustituye a Alfredo Ruiz.  Es abogada y profesora universitaria, con especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Ha  desarrollado su carrera en el ámbito académico y en el análisis político e institucional del país.

También tiene experiencia en materia electoral.

Al tomar juramento en la Asamblea Nacional, ambos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero, sobre todo trabajar en la defensa de los DD.HH. de todos los venezolanos por igual. 

El exministro para la Cultura, Ernesto Villegas, renunció la tarde de este martes a sus aspiraciones  de ocupar el cargo de defensor del pueblo.

Así lo hizo saber en una carta publicada en su cuenta en Instagram.

Argumentó que su decisión busca facilitar consensos dentro de la AN y dar paso a candidaturas con mayor respaldo político.

Villegas hizo el anuncio justo cuando la AN dio un plazo de 48 horas más al Comité de Postulaciones para que analice la lista de aspirantes a los cargos de fiscal y defensor. 

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Comparto la comunicación mediante la cual estoy desistiendo de mi postulación a la Defensoría del Pueblo.Caracas, 24 de marzo de 2026  Diputado GIUSEPPE ALESSANDRELLO Presidente del Comité de Postulaciones al Poder Ciudadano Presente. Me dirijo a usted para dejar sin efecto mi postulación al cargo de Defensor del Pueblo.             Confío en que la Asamblea Nacional sabrá seleccionar un venezolano o venezolana que ejerza a plenitud las atribuciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo le confieren a esa institución esencial para el funcionamiento equilibrado del Estado social democrático de Derecho y de Justicia enunciado en el texto constitucional.             Estoy seguro de que la persona seleccionada contribuirá, como aspiraba a hacer yo, con los nobles propósitos que animaron a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando instaló el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática el pasado 23 de enero.             Asumo esta decisión para dar paso a otras opciones con mayores posibilidades de consenso en el seno del Poder Legislativo y de la sociedad venezolana.             Desde mi posición de ciudadano, en ejercicio del periodismo o cualquier otra responsabilidad que el destino me depare, seguiré acompañando los esfuerzos por la construcción del proyecto de país escogido por el pueblo en el referendo aprobatorio del 15 de diciembre de 1999.             Con las seguridades de mi alta estima y consideración, quedo de Usted,  Atentamente,  ERNESTO VILLEGAS POLJAK C.I.V-9.487.963 

🚨 RETIRA SU POSTULACIÓNEl periodista venezolano Ernesto Villegas anunció que deja sin efecto su aspiración al cargo de Defensor del Pueblo. Explica que su decisión busca facilitar consensos dentro de la AN y dar paso a candidaturas con mayor respaldo político. pic.twitter.com/6QXON4rYEJ

Una vez vencido el plazo de las postulaciones para la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional publicó el listado preliminar de los inscritos.

En sendos avisos difundidos por el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano se puede apreciar que el número de inscritos fue de 73 para el cargo de fiscal y de 61 para el de defensor.

Del primer listado destaca la postulación de Larry Davoe, quien actualmente ocupa la fiscalía en calidad de encargado, tras la renuncia de Tarek William Saab. En esta lista también figura la doctora Magaly Vásquez, postulada por las facultades de derecho de la UCV y Ucab, y es una de las “preferidas”, de parte de académicos y opositores.

En el caso de la Defensoría, llama la atención la postulación de Ernesto Villegas, actual ministro de la Cultura y militante del PSUV.

Se recuerda que desde hace días se han hecho denuncias acerca de una supuesta “componenda” para asignar estos cargos “según cuotas partidistas”, entre el Psuv y la oposición con tendencia hacia el gobierno.

Igualmente, destaca que Tarek William Saab, quien funge como defensor encargado, no aspira a repetir en ninguno de los dos cargos.

A continuación, los listados con los candidatos para cada cargo.

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La Asamblea Nacional (AN) prorrogó el lapso del proceso de postulaciones para los cargos de fiscal general y de defensor del pueblo.

Así lo acordó el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria de este lunes, luego del balance que presentó el titular del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, diputado Giuseppe Alessandrello.

En un punto de información, Alessandrello explicó a la plenaria que para este lunes se cerraba el proceso, pero debido a la demanda de los ciudadanos que requieren más tiempo para reunir los requisitos, el comité se reunió y decidió extender el lapso hasta el día viernes a las 10 de la mañana.

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Asimismo, destacó que, una vez concluida la prórroga para la recepción de documentos, el comité iniciará el proceso de evaluación, como lo indica el cronograma establecido.

También señaló que este proceso de postulaciones ha superado el número de aspirantes con respecto a la última elección que se realizó para elegir al fiscal general, defensor del pueblo y contralor general de la República, lo que "demuestra el interés de los venezolanos por participar en este tipo de actividades", comentó el asambleísta.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Jorge Rodríguez, agradeció la labor realizada por el parlamentario Giuseppe Alessandrello, "por su trabajo incansable en la coordinación de estos comités que le otorga la AN para llevarlos a buen término", expresó. 

Hasta el momento se desconoce el número de candidatos inscritos.

Con información de prensa AN

El proceso de recepción de postulaciones a cargos del Poder Ciudadano avanza satisfactoriamente, informó el diputado Giuseppe Alessandrello.

El parlamentario, que preside el Comité de Evaluación de Postulaciones para la selección del defensor del pueblo y el fiscal general de la República, ofreció un balance de este proceso ante la Plenaria del Parlamento.

Recordó que, el viernes pasado, se instaló la comisión y se elaboró el cronograma de trabajo.  

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Explicó que ese día fue aprobado el reglamento de funcionamiento del comité, y se avanzó sobre el baremo de evaluación de las postulaciones como parte del proceso de trabajo, revisión y consideración de documentos.

“Aprovecho la oportunidad para decirle a todos los venezolanos y venezolanas que estén interesados en ocupar los cargos de fiscal general de la República y defensor del pueblo, que no esperen los últimos días para presentar la documentación que está en la página web de la AN con todos los requisitos”, recalcó.

El parlamentario destacó que previamente se revisará la lista de postulados para luego abrir un nuevo proceso sobre el listado de seleccionados. Posteriormente, se abre otro proceso político, donde participan las fracciones políticas de la Asamblea Nacional (AN).

Agregó que sobre esos nombres de los seleccionados, se va a discutir, deliberar y escoger la designación formal de quienes serán los ciudadanos y ciudadanas que ocuparán los cargos de fiscal general de la República y defensor del pueblo.

Invitó a todos los interesados a presentar su documentación en los lapsos previstos en el cronograma, del 2 al 9 de marzo, en la sede del Palacio Legislativo, donde un equipo técnico está dispuesto en un horario de 8:00 am a 5:00 pm, incluyendo sábado y domingo.

Quienes ya se hayan postulado anteriormente a ocupar cargos del Poder Ciudadano, pueden hacerlo nuevamente en este proceso de postulantes, concluyó.

Con información de prensa AN

La ONG defensora se los Derechos Humanos, Cepaz, emitió este jueves un comunicado en el cual fija posición acerca de la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz a la Fiscalía y Defensoría, respectivamente.

En el escrito, la organización aclara que estás renuncias no exime a ambos personajes de la rendición de cuentas por los cuales en los cuales estuvieron al frente de estas instituciones, mientras abundan las denuncias por violaciones a los DD.HH. e irregularidades por las que deben responder. 

A continuación el  COMUNICADO:

 La renuncia del Fiscal General y del Defensor del Pueblo abre una coyuntura institucional determinante para el sistema de justicia venezolano. No se trata únicamente de un relevo de autoridades, sino de una oportunidad para corregir graves déficits estructurales en la garantía y protección de los derechos humanos.

Durante la gestión de Tarek William Saab al frente del Ministerio Público y de Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo, el país fue escenario de denuncias sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y persecución por motivos políticos.

 Estos patrones han sido documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La función del MP

En este contexto, el Ministerio Público tenía la obligación jurídica de actuar con debida diligencia reforzada en la investigación de violaciones graves. 

La ausencia de investigaciones estructurales eficaces frente a patrones documentados de violaciones configura responsabilidad por omisión cuando la autoridad competente, teniendo conocimiento de hechos graves y capacidad para actuar, no adopta medidas adecuadas para prevenir, investigar o sancionar.

La inacción de la Defensoría 

La Defensoría del Pueblo, por su parte, tenía el mandato constitucional de prevenir abusos, proteger víctimas y denunciar prácticas violatorias. 

La inacción sistemática frente a situaciones de riesgo y la minimización pública de denuncias comprometieron el cumplimiento de ese mandato y degradaron su calificación ante la comunidad internacional.

Rendir cuentas

La renuncia no extingue la necesidad de evaluación de responsabilidades institucionales.

 La rendición de cuentas es una condición para la no repetición.

 Ambos funcionarios tendrán que aclarar, en un futuro, su responsabilidad frente a graves violaciones de derechos humanos.

La designación 

Alertamos que la designación de Devoe como Fiscal “encargado” y Saab como Defensor “encargado” vulnera las normativas de ambos organismos. 

El artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que las faltas absolutas del Fiscal, como la renuncia, serán suplidas por el Vicefiscal o la Vicefiscal. 

Por su parte, la falta absoluta del Defensor, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, sería suplida por el Director o Directora Ejecutiva de la institución.

Ante este nuevo escenario, hacemos las siguientes exigencias:

1) Un proceso de selección transparente y verificable – Publicación de los criterios de evaluación. – Acceso público a credenciales, antecedentes y declaraciones de intereses de los postulantes. – Audiencias públicas transmitidas y con posibilidad de observación ciudadana.

2) Criterios mínimos de idoneidad e independencia – Trayectoria demostrable en defensa o investigación de derechos humanos. – Ausencia de participación previa en estrategias de negación o encubrimiento de violaciones. – Compromiso público con la cooperación internacional en materia de justicia.

3) Plan inmediato de reforma institucional– Auditoría independiente de casos emblemáticos de violaciones graves.– Creación o fortalecimiento de unidades especializadas en tortura, ejecuciones extrajudiciales y responsabilidad de mando.– Protección efectiva a víctimas, testigos y denunciantes.

4) Compromiso con estándares internacionales– Reconocimiento explícito de la obligación de debida diligencia– Cooperación plena con mecanismos de Naciones Unidas y con la Corte Penal Internacional.– Adopción de protocolos internacionales de investigación (Minnesota, Estambul).

5) Evaluación de actuaciones pasadas– Revisión independiente del desempeño del Ministerio Público y la Defensoría en casos documentados por organismos internacionales.– Determinación de eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales por omisión o incumplimiento del deber de investigar.

La renovación del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo no puede reducirse a un cambio de nombres. 

Debe representar una transformación real en la manera en que el Estado responde frente a violaciones de derechos humanos.Ratificamos que la legitimidad de las nuevas autoridades dependerá no solo de su perfil individual, sino de su disposición efectiva a investigar sin privilegios ni excepciones, a proteger a las víctimas sin discriminación y a garantizar que la ley se aplique incluso frente a quienes detentan poder, con una actuación que debe ser caracterizada por la independencia.

Este momento representa una oportunidad: O se inaugura una etapa de independencia real y justicia efectiva o se consolida la continuidad de un modelo que debilitó la protección de los derechos fundamentales.

La justicia no es una opción política ni una concesión. Es una obligación constitucional y una condición indispensable para allanar el camino a la transición democrática.

En un acto realizado en el Palacio Federal Legislativo, la Asamblea Nacional (AN) juramentó al fiscal general encargado, Larry Devoe Márquez, y al defensor del pueblo, también encargado Tarek William Saab.

La juramentación se llevó a cabo luego de la sesión de la AN donde Tarek William Saab renunció a su cargo, así como lo hizo Alfredo Ruiz a la Defensoría del Pueblo.

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🚨 JURAMENTADOS DEVOE Y SAAB COMO FISCAL Y DEFENSOR ENCARGADOSJorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, juramentó a Larry Devoe y Tarek William Saab como fiscal general y defensor del pueblo encargados, respectivamente.📸 @Asamblea_Ven pic.twitter.com/cPEAerDY9A

 Larry Devoe Márquez, quien hasta la fecha se desempeñaba como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, juró ante el Parlamento hacer cumplir las leyes y trabajar en aras de la justicia y la celeridad procesal.

Mientras que Tarek William Saab, asumió el compromiso de vigilar, defender y promocionar los derechos humanos en cada rincón del país.

La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este jueves el reciente pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Lo hizo a raíz del anuncio de la creación de un comando conjunto de operaciones para combatir la delincuencia de criminales migrantes en la ciudad.

La institición repudió el anuncio de López y advirtió que hechos como este, lejos de solucionar un problema, empeoran los existentes. Esto, en referencia a la xenofobia y discriminación contra los migrantes general y los venezolanos en particular.

«Estigmatizar a la población venezolana o a cualquier otra población migrante exacerba la xenofobia. Rechazamos anuncio de crear comando de operaciones conjunta para combatir delincuencia de criminales de población migrante», publicó la Defensoría, en su cuenta en Twitter.

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Instó a la alcaldesa y en general a las autoridades, a tomar medidas que prevengan estas conductas.

«Hacemos un llamado a las autoridades locales a tomar medidas que prevengan la discriminación en contra de la población migrante. De manera general, los gobiernos deben luchar contra la criminalidad sin hacer una distinción relacionada con su origen», añade.

Cladia López propuso identificar a toda la población extranjera que reside en la ciudad. “Las estructuras criminales de población migrante que están siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad están operando con un altísimo nivel de violencia”, argumentó.

Y lo hizo para luego anunciar la creación de comando, luego de una reunión con el Consejo de Seguridad. Al respecto, la Defensoría respondió que para la institución «toda acción dirigida a mitigar la inseguridad debe partir de una comprensión de la misma».

Señaló que esas acciones deben ir «contra los actos de delincuencia sin ningún criterio de discriminación».

Remarcó que le «resulta contrario a todos los tratados de derechos humanos y al artículo 13 de nuestra Constitución crear comandos antidelincuencia basados en la etnia, el color de la piel o el género, tampoco puede resultar admisible crear comandos específicamente contra migrantes”, manifestó.

1/4 Estigmatizar a la población venezolana o a cualquier otra población migrante exacerba la xenofobia. Rechazamos anuncio de crear comando de operaciones conjunta para combatir delincuencia de "criminales de población migrante".

La visita a cárcel donde están recluidos los 18 exmilitares colombianos por parte de la Defensoría del Pueblo deja incertidumbre y preocupación.

En este sentido el organismo de derecho humanos estatal revela en un crudo y desgarrados informe, conocido por El Tiempo, que los colombianos están heridos, tristes y han perdido peso.

A respecto el reporte hace una descripción de la situación física y anímica de los reclusos a quienes la Defensoría pudo visitar en grupos de a tres y bajo vigilancia.

Mientras la comisión reitera que ninguno de los colombianos ha recibido apoyo legal. Entre tanto relata de manera escrita que uno cojea, otro tiene fractura y todos presentan heridas.

Heridas que se han producido por le roce de las esposas con la carne, el metal deja evidencia de las dificultades de movilidad entre ellos, pues varios las deben compartir.

En la entrevista que Defensoría del Pueblo hizo a Haití  a los 18 exmilitares presos tras el crimen del presidente Jovenel Moïse, el relato es preocupante. 

Apartes del informe dan cuenta de las condiciones de casa uno de los exmilitares colombianos, a continuación la descripción de cada caso según lo observado en la visita.

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Para hablar con la delegación de la Defensoría, la Policía de Haití seleccionó el orden en el cual los colombianos debían hacerlo.

Además, permanecieron siempre en el interior de la sala donde se hizo la reunimos con los detenidos.

Por lo tanto, “esta situación no permitía que los detenidos se expresaran de manera espontánea frente a la situación”, manifiestan los funcionarios que realizaron el informe.

La Defensoría, en su informe, resalta que durante las entrevistas estuvieron acompañados de un número de ocho funcionarios de la Policía Judicial haitiana.“Sin embargo, logramos verificar, con el testimonio de cada uno de ellos, la precaria situación en la que se encuentran recluidos, y la ausencia total de garantías procesales”, reseña el documento.

“Los dos colombianos del primer grupo (Jhon Jairo Suárez y Gersain Mendivelso) tenían un aspecto triste, con signos de cansancio y pérdida de peso, dado el aspecto físico que mostraban los dos detenidos. Uno de los detenidos cojeaba. Ambos vestían camiseta y pantaloneta con chanclas. Ninguno de los dos se había afeitado, pero tenían las manos sujetas con esposas separadas. Las muñecas enrojecidas y con arañazos a causa del roce del metal con la carne”, dice el reporte.

“Uno de los detenidos del segundo grupo (Francisco Uribe) vestía pantalón tipo jean, camiseta y chanclas; y el otro, Alejandro Giraldo, pantaloneta, zapato tipo crocs y camiseta. Ambos sin afeitar y compartían las mismas esposas. Ambos afirmaron que el personal de seguridad nunca les quita las esposas y deben desplazarse a cualquier lugar esposados (sic). Las muñecas enrojecidas y con arañazos a causa del roce del metal con la piel”, afirma el documento oficial.

“El tercer grupo (Germán Alejandro Rivera y Jheiner Alberto Carmona) también comparte esposas. Germán Rivera tiene dificultades para movilizarse pues tiene un pie que no puede apoyar bien en el suelo (…) En términos generales, se ven bien, tranquilos y de buen ánimo. Los dos están sin afeitar. Las muñecas enrojecidas y con arañazos a causa del roce del metal con la piel”, manifestaron los tres delegados de la Defensoría.

Carlos Giovanni Guerrero y Edwin Blanquicet: “Ambos están delgados y llevan puesto cada uno una camiseta y una pantaloneta(…) Edwin tiene puntos en la mano y no puede escribir. Al parecer este detenido tiene un dedo fracturado(…) Carlos Giovanni se muestra nervioso”, explica el documento sin dar mayores detalles.

Jhon Jairo Ramírez: “Tiene una venda en un pie y prácticamente no puede caminar. Entró al salón a la reunión ayudado por su compañero y decidió quedarse en el suelo por las dificultades que le implicaba apoyarse en su pie. Están de bajo ánimo”. Sobre Manuel Antonio Grosso señalan que “se muestra muy preocupado por lo que les pueda pasar, está afectado emocionalmente”.

«Uno de los detenidos del segundo grupo (Francisco Uribe) vestía pantalón tipo jean, camiseta y chanclas; y el otro, Alejandro Giraldo, pantaloneta, zapato tipo crocs y camiseta. Ambos sin afeitar y compartían las mismas esposas. Ambos afirmaron que el personal de seguridad nunca les quita las esposas y deben desplazarse a cualquier lugar esposados (…) Las muñecas enrojecidas y con arañazos a causa del roce del metal con la piel«, afirma el documento oficial.

Aunque todo estaba dado para que la Defensoría del Pueblo verificara las condiciones de salud y legales de los 18 mercenarios colombianos, los planes no salieron como se pensaron.

Este lunes llegó a Haití la delegación de ese organismo de derechos humanos estatal para visitar a los exmilitares presos.

Sin embargo, todo se complicó, incluso, desde su mismo ingreso al país. Tanto los funcionarios de la Defenspría co o los de la Cancillería colombiana tuvieron algunas dificultades para ingresar a la isla.

Luego, cuando finalmente pudieron ingresar al territorio haitiano, el Gobierno les negó visita a la cárcel donde permanecen los exmilitares colombianos presos

Incluso, al abogado de familiares tampoco le han dado acceso. El jurista representa a 15 familias y las tres viudas de los exmilitares asesinados.

Tampoco se ha podido avanzar en la repatriación de los cadáveres.

Solo por unos minutos la cancillería tuvo accesos a los presos y fue allí que comprobó que estaban bien de salud y se entregaron algunos kids de aseo.

A pesar de ello, la situación de los 18 exmilitares colombianos presos en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse se complica.

Ya completan 22 días sin ningún tipo de apoyo legal y sin que nadie sepa cuál es su situación, en términos de Derechos Humanos.

El diario El Tiempo de Colombia estableció que la delegación de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que fue enviada a Puerto Príncipe para prestarles asesoría en estos dos campos, no ha podido tener acceso a los ex militares.

Precisamente los colombianos son calificados en Haití como asesinos y mercenarios.

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Por las condiciones de incomunicación y restricción a asesoría judicial y respeto de derechos humanos, Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, envía una carta a la OEA pidiendo apoyo urgente.

Misiva al Organismo pide a Luis Almagro su apoyo para autorizar la visita, con el fin de que puedan comunicarse con los detenidos y darles apoyo.

«Se nos negó la visita por no contar con una autorización del Ministerio de Justicia, la cual se viene solicitando por la Cancillería colombiana a través de la embajada de Haití en Colombia», dijo Camargo.

Autorización que se viene solicitando por la Cancillería colombiana a través de la embajada de Haití en Colombia, por nota verbal del 16 de julio, sin que hasta ahora haya respuesta.

Agregó que desde el 7 de julio, un grupo de 18 colombianos están detenidos en los calabozos de la Central de la Policía Judicial.

«En condiciones de aislamiento, sin contacto con sus familiares y sin ningún tipo de defensa técnica jurídica. Hasta la fecha no ha habido ningún control judicial de la detención», señala Camargo a Almagro.

La carta urge para que se autorice la visita, con el fin de que puedan comunicarse con los detenidos y darles apoyo.

El Cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio Santa, se reunió este martes con los colombianos detenidos por presunta participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moise.

Al respecto el funcionario diplomático aseguró que sus connacionales «están en buenas condiciones de salud y que su sitio de reclusión es adecuado».

Por medio de un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el inicio de esta asistencia consular a los colombianos detenidos en Haití estaba previsto para el domingo pasado.

Sin embargo, se pospuso por solicitud del gobierno haitiano, debido a la grave situación de orden público que afronta el país.

Además ese gobierno había solicitado que se realizaran primero las exequias del mandatario haitiano, señaló el presidente Iván Duque.

El resto de la misión consular se reunirá este miércoles con los detenidos y les entregará los mensajes y pertenencias enviadas por sus familiares.

De igual manera, se brindará la asistencia consular a la que haya lugar, ya que se tenía contemplado que se buscaría la repatriación de los colombianos que fallecieron en el operativo.

No obstante, no se pronunció sobre ello. 

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Dentro de la misión humanitaria colombiana que viajó a Haití, también están el Vicedefensor del Pueblo, el responsable del grupo de colombianos en el exterior y un representante de la Defensoría Pública.

Su responsabilidad es verificar la situación de derechos de los connacionales en ese país.

Además mantendrá un diálogo con Renan Hedouville, encargado de la Oficina de Protección Ciudadana de Haití, la entidad homóloga de la Defensoría del Pueblo.

Entre ellos revisarán la información relacionada con las medidas para garantizar la integridad física, psicológica y el debido proceso de los colombianos detenidos.

Asó como también de los residentes, especialmente en la ciudad de Puerto Príncipe.

“Nuestra delegación verificará el respeto por los estándares internacionales de derechos humanos y el debido proceso para los colombianos vinculados en la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moise”, dijo el defensor del pueblo colombiano

Finalmente, el equipo de la Defensoría del Pueblo explorará las vías para proveerles una defensa técnica en el proceso, en condiciones similares a las que se presta a todo colombiano en el país a través del servicio de Defensoría Pública.

Cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio Santa, se reunió hoy con colombianos detenidos por presunta participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moise. Pudo verificar que los connacionales están en buenas condiciones de salud y que su sitio de reclusión es adecuado

Reporte que presentará la Defensoría del Pueblo al organismo humanitario incluye violencia policial y de género y el impacto de los bloqueos. 

Hace un balance de los 28 días de paro y entrega cifras oficiales sobre muertos, desaparecidos, heridos, exceso de la fuerza pública y agresiones a la policía.

También el reporte sobre 548 casos de personas no localizadas, de las cuales 290 ya se sabe su paradero; pero insiste en la búsqueda urgente de 129.

De esos 129 desaparecidos la Fiscalía ya certificó haber encontrado 39 de ellas. Y describe las dificultades para el hallazgo.

«Porque no se cuenta de datos ni de familiares y amigos. «Tampoco las circunstancias en la que se perdió su rastro». En cuanto a homicidios el funcionario señala que con el apoyo de sus regionales ha trasladado 43 reportes, de los cuales la Fiscalía ha establecido que 17 corresponden a hechos sucedidos en medios de la protesta, 16 civiles y 1 Policía.«Trasladamos a las autoridades (Procuraduría, Fiscalía e Inspección General de la Policía) 239 casos que obran en nuestro sistema sobre todo tipo de vulneraciones de DD.HH durante la Protesta», asegura Carlos Camargo.

El Defensor del Pueblo también aclara que en 174 reportes se especifica como supuesto responsable a agentes de la Policía Nacional.

También se refiere a 106 reportes enviados sobre casos de violencia de género «De los cuales 23 casos corresponden a reportes de violencia sexual y 2 a hechos de violación».Camargo también rechazó «todos y cada uno de los hechos de abuso policial ocurridos en las protestas que iniciaron desde el pasado 28 de abril».Y concluyó que dice que se han habilitado canales no solo para que la gente conozca y ejerza sus derechos sino para que instaure denuncias.

Además aseguró que desde el 28 de abril la Defensoría del Pueblo ha hecho 156 asistencias a efecto de los bloqueos.

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La Defensoría advierte en el informe que presentará a la CIDH que si bien estas protestas fueron concebidas inicialmente como pacífica la protesta ha ido mutando.

«Pasando de ser una manifestación urbana, a convertirse en una serie de bloqueos en las vías que hoy colapsan a todo el país».

La Defensoría habla de 43 presuntos fallecidos, de los cuales 17 tendrían nexo directo con actividades de protestas así:

Finalmente, el documento habla de 1.040 civiles lesionados o heridos y 1.049 policías, según el Diario El Tiempo de Colombia

La CIDH insiste en realizar visita a Colombia a la mayor brevedad para evaluar la situación de Derechos Humanos en este país.

La Vicepresidenta y Canciller designada, Marta Lucía, Ramírez, invitó a realizar una visita de trabajo a Colombia una vez se hayan entregado los informes solicitados por la propia CIDH a las autoridades judiciales y a los organismos de control de Colombia, y se haya surtido la audiencia ya convocada para el próximo 29 de junio.

A pesar de ello, varios organismos insisten en que el Gobierno de Iván Duque autorice sus vistas durante estas protestas y no dilate la misión que deben cumplir en Colombia como veedoras de DD.HH.

Las jornadas de protestas social en Colombia han dejado 168 desaparecidos según la Defensoría del Pueblo urge encontrar.

Por eso activó un plan de búsqueda para hallar a quienes han sido reportados como desaparecidos en los últimos días en Colombia en medio de las protestas.

La Defensoría del Pueblo pondrá en marcha el mecanismo de búsqueda urgente para ubicar a estas personas.

Es así como en un trabajo junto con la Policía y Fiscalía, empezarán a hacer un barrido por URIS, CAIS, hospitales entre otros lugares para buscarlas.

De las 168 personas desaparecidas:

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La Defensoría también reporta que en 14 días de protestas ya son 42 los fallecidos.

Además, 5.219 actividades en 32 departamentos las que se han realizado, entre bloqueos, concentraciones y marchas.

Por su parte organizaciones sociales y derechos humanos reporta que ya son 489 personas heridas por acciones desproporcionadas de la Policía en cabeza del ESMAD.

De esas 489:

En ese mismo sentido Naciones Unidas alertó sobre su preocupación por las denuncias de quienes han sido detenidos en las protestas al no poder comunicarse con sus familiares y abogados.

ONU y los desaparecidos en Colombia

El reporte de desapariciones en las protestas en Colombia contrasta con un informe general de la ONU sobre personas desaparecidas en ese país.

Comité para la Desaparición forzada pide investigar todos los casos en un listado de 84.000 adultos y cerca de 10.000 niños víctimas de ese crimen.

Los datos se conocen después de que dicho Comité de la ONU publicó su informe sobre desapariciones en Colombia.

Un informe que recopila datos después de tener varias sesiones y visitas con comisiones del gobierno colombiano.

En el reporte el Comité destaca la creación de nuevos mecanismos y de un plan nacional para buscar a personas desaparecidas.

Sin embargo, al organismo internacional le preocupa la falta de esfuerzos significativos en las investigaciones de desapariciones forzadas en el conflicto colombiano.

Los cuales incluyen a 84.000 adultos y casi 10.000 niños según un listado entregado por la Fiscalía General.

Asimismo hace un llamado a los agentes del Estado para agilizar las investigaciones y realizarlas de forma imparcial e independiente.

También pide asegurar que los responsables, incluyendo a militares y agentes estatales, sean llevados ante la justicia y sancionados de forma apropiada.

Después de dos semanas del inicio de los enfrentamientos armados en Apure, finalmente este martes la defensoría del pueblo de la administración de Nicolás Maduro se pronunció y abrirá una investigación.

Alfredo Ruiz informó que pidió abrir una investigación para constatar la violación de DD.HH. ocurridos durante estos 17 días en Apure.

Ruiz informó que desde el 21 de marzo se conformó una comisión especial integrada por el Defensor Delegado de Apure.

Esta comisión también la integran otros seis defensores, encargados de atender todas las denuncias sobre “presuntos hechos de violencia” en La Victoria y zonas aledañas.

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Este conflicto armado llenó de temor a la población y originó que más de 5 mil venezolanos se desplazaran a Colombia.

La población civil huyó despavorida a la región de Arauquita para resguardarse del conflicto.

Los civiles de la zona denunciaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales.

Así como saqueos, quema de viviendas, y la masacre de cuatro miembros de la familia Ramírez Remolina.

De acuerdo con la nota de prensa, Ruiz aseguró que están investigando “las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos”.

Indicó además, que los defensores “están entrevistando a todas las familias de la zona para recabar posibles denuncias”.

Detalló que esperan obtener información sobre actividades de los grupos delictivos colombianos que operan en La Victoria del lado venezolano y en Arauquita.

Especificó que “la mayoría de las denuncias recibidas son por violencia y extorsiones”.

El funcionario saludó la creación de la Zona Operativa de Defensa Integral Temporal por parte del Ministerio de Defensa y el CEOFANB.

Aseguró que ayudará a extremar las medidas de protección y seguridad de la población como del territorio.

Con información de Monitoreamos