La Defensoría del Pueblo de Colombia ha lanzado un alerta sobre la actuación del Clan del Golfo y el Tren de Aragua, organizaciones criminales que buscan el control ilegal de la capital de la nación neogranadina, Bogotá.

Según el informe del organismo, denominado como un alerta, indica que hay fuertes indicios de que ambas bandas delictivas internacionales, se pelean nueve sectores de Bogotá.

Carlos Camargo, Assis, defensor del Pueblo, indicó en el comunicado que “la expansión de la violencia en Bogotá, originada por disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (‘clan del Golfo’) y el grupo criminal ‘Tren de Aragua’ es la principal causa por la que emitimos la Alerta Temprana. Es una forma de advertir a las autoridades sobre el riesgo que aumenta para un número importante de habitantes de nueve localidades de la capital colombiana”.

La información indica que los sectores disputados por el Clan del Golfo y el Tren de Aragua son: Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Camargo resalta en su informe que ya desde el 2019 la Defensoría del Pueblo había lanzado un alerta sobre los sectores de Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria.

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El organismo señala que es necesario y urgente que las autoridades policiales y militares de Colombia tomen cartas en el asunto, ya que son sectores muy poblados y están en peligro de muerte sus habitantes.

Según el diario El Tiempo de Bogotá, esta situación pone en riesgo a «954.000 personas, el 11.8 por ciento de la población total de Bogotá, que son los habitantes de 22 unidades de planeamiento zonal (UPZ) en esas 9 localidades afectadas».

“Las personas están siendo víctimas de métodos y medios que generan terror en la población civil, tales como panfletos, llamadas intimidantes, videos o correos electrónicos amenazantes», expresa la Defensoría del Pueblo, indicando que se han llevado a cabo asesinatos selectivos, amenazas de muerte, desapariciones, extorsiones y masacres.

“Como Estado colombiano se requiere estar vigilantes para lo que pasa por ‘debajo’ de los puentes fronterizos, y evitar vulneraciones a los derechos humanos, de manera particular la trata de personas o la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”.

El alerta la hizo el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, durante una visita de trabajo humanitario que realizó al puente internacional Simón Bolívar, con motivo de las actividades de la apertura de la frontera colombo- venezolana.

“Las difíciles condiciones económicas y sociales, la indiferencia institucional en algunas regiones, la falta de entornos protectores y el conflicto armado genera diferentes vulneraciones a los derechos de los menores de edad. Por esta razón los niños, niñas y adolescentes deben ser la prioridad en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela”, dijo Carlos Camargo.

Camargo explicó que «1.200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que se encuentran en Colombia bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar y en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos».

El Defensor del Pueblo consideró fundamental que se revise el tránsito de migrantes en situaciones de precariedad económica, sin la documentación legal necesaria y en condiciones de vulnerabilidad.

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Destacó que desde Colombia «estamos monitoreando en tiempo real, a través de las siete regionales de la Defensoría del Pueblo que comparten línea de frontera con Venezuela, todo lo que tiene ver con las diferentes vulneraciones de los derechos humanos que involucran directamente a los menores de edad».

De acuerdo a las cifras que maneja Migración Colombia, más de 2.4 millones de venezolanos migraron a Colombia, y están registrados en el Estatuto Temporal de Protección.

El defensor del Pueblo de Colombia, asegura que «es urgente encontrar una salida institucional para que los menores de edad no permanezcan indefinidamente en hogares de paso o instituciones de protección y se pueda adelantar la reunificación familiar correspondiente, verificando previamente que se cumplan las condiciones apropiadas en términos de derechos de los niños».