El exministro de Transportes español José Luis Ábalos, figura clave en el ascenso Pedro Sánchez, fue condenado este lunes a 24 años de cárcel por corrupción, en un fallo que podría debilitar al presidente del Gobierno socialista en el tramo final de la legislatura.

El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, informó el poder judicial en un comunicado.

Su mano derecha en el ministerio, Koldo García, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia en este caso.

La sentencia es un revés para Sánchez, que se añade a otros quebraderos de cabeza judiciales, con su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio y privada de pasaporte también por tráfico de influencias, y con otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción.

A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales.

El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones.

"El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio" y "es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno", dijo a la prensa Feijóo.

"De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata", sentenció el dirigente conservador.

La sentencia del caso Ábalos "concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción", informó el poder judicial en un comunicado.

"Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama" y otros hechos, como los 10.000 euros mensuales que cobraba Ábalos de la trama o "la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas".

El tribunal destaca asimismo "el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado".

El exministro denunció durante el juicio un intento de "politizar" el caso y cargó contra la oposición conservadora, que presentó la denuncia inicial, por hacer un "uso torticero de la justicia".

También rechazó las acusaciones de Aldama, quien había afirmado que la trama alcanzaba niveles superiores del poder político, mencionando al propio Pedro Sánchez, sin que este haya sido imputado.

La sentencia supone un duro golpe para el PSOE y el gobierno, que han tratado de marcar distancias con quien fue durante años uno de los principales artífices del ascenso de Sánchez al poder.

Desde su puesto como secretario de organización, el exministro fue el encargado de pilotar la moción de censura que en 2018 desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy por una condena por corrupción a su partido.

El fallo llega en un momento políticamente delicado, con el ejecutivo en minoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos, y bajo presión por los diversos frentes judiciales que afectan a su entorno, cuando falta un año para que concluya la legislatura.

Pese a la condena, el horizonte judicial del exministro Ábalos no se cierra con esta sentencia. Otras líneas de investigación derivadas del mismo caso siguen abiertas en la Audiencia Nacional y podrían dar lugar a nuevos procedimientos en el futuro.

Para la oposición, la sentencia confirma la existencia de un entramado de corrupción en el corazón del gobierno socialista, mientras que desde el Ejecutivo se insiste en desvincular estos hechos de la actual dirección política.

Con este fallo, la justicia española cierra de momento la primera gran pieza del llamado "caso Koldo", pero deja abiertas múltiples derivadas que seguirán marcando la agenda política en los próximos meses.

Con información de AFP

La Jefatura Superior de Policía de Madrid silenció las irregularidades que cometía presuntamente el comisario Jesús María Gómez Martín cuando estaba al frente de la Comisaría del Aeropuerto de Barajas.

 Según diversa documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, un inspector, subordinado suyo, ya denunció en 2021 y 2022 actuaciones irregulares que los agentes debían ejecutar siguiendo las órdenes del mando policial. 

Entre ellas, el «trato preferencial en los trámites administrativos de cruce de fronteras a diferentes personalidades»; la «tramitación irregular de autorizaciones de desplazamientos de extranjeros durante la pandemia» y «el uso de las instalaciones policiales del aeropuerto por parte de empresarios afines al comisario principal».

Una serie de anomalías que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga ahora en el marco del caso Plus Ultra y del presunto entramado alrededor del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

 Las primeras pesquisas apuntan a que el comisario del Delcygate —fue el mando que dirigió el operativo en Barajas la noche que llegó la entonces exvicepresidenta venezolana— benefició a miembros de la trama en el aeropuerto, facilitando la entrada de extranjeros que no cumplían requisitos, e incluso borrando historiales policiales. Una serie de servicios por los que el responsable policial, ahora al frente de la Jefatura Superior de Canarias, presuntamente habría recibido gratificaciones y pagos.

Lo grave, tal como refleja la denuncia de un inspector de Barajas, consultada por este periódico, es que la Policía ya conocía desde al menos cinco años parte de estas irregularidades. 

El agente elevó una nota informativa el 29 de marzo de 2022 al jefe operativo territorial de Madrid, el número dos de la Jefatura Superior, en la que dio cuenta detalladamente —con órdenes concretas, fechas y nombres propios— de las actuaciones ilícitas que había tenido que acatar él y otros compañeros por parte de Gómez Martín. 

Un relato que, lejos de ser investigado internamente por la Policía, fue ignorado y sirvió para castigar al denunciante con un traslado forzoso de puesto a la Comisaría de Policía de Chamartín. Posteriormente, el afectado, que recurrió en los tribunales, recuperó su puesto en el Puesto Fronterizo de Madrid y demostró que todo había sido una vendetta del jefe de Barajas.

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En la denuncia interna, el agente pone ejemplos de distintos episodios, entre los que destaca el de «una pareja muy amiga del comisario Jesús» el 25 de diciembre de 2021, a los que se solicita: «Hay que recoger a pie de avión, sello de pasaporte en el mismo lugar y llevarlos acompañados en coche camuflado oficial a recoger su equipaje».

 Todo ello, indica el escrito, pese a «suponer un uso de medios públicos para fines exclusivamente particulares y sin ninguna justificación». Un caso al que se añade el de decenas de pasajeros, casi siempre procedentes de vuelos internacionales, a los que también se beneficia en trámites e incluso con traslados policiales de un avión a otro para evitar así que pierdan las escalas de su vuelo.

Las irregularidades, sin embargo, no quedaban ahí. El inspector de Policía también dio cuenta ante sus superiores de favores que el comisario Gómez Martín habría hecho a diferentes empresarios respecto a autorizaciones de desplazamientos de extranjeros durante la pandemia, que por la situación de emergencia estaban en su mano. 

Entre los beneficiados estaría Miguel Palomero, el abogado de Plus Ultra, al que la UDEF también investiga por su relación con el rescate de 53 millones del Gobierno a la compañía aérea, y su relación, precisamente, con el mando del Delcygate para conseguir presuntos negocios ilícitos en el aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos.

Con información de  THE OBJECTIVE

Aunque han pasado casi dos años del famoso «Delcygate», aún se siguen conociendo detalles del viaje de la vicepresidenta de Nicolás Maduro a España y que han causado tantas molestias entre los gobiernos de ambos países.

En este caso, el diario español ABC dio a conocer datos sobre el paso de Delcy Rodríguez por el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Según la publicación, Delcy habría planificado no solo un encuentro con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. «Llegó a Barajas con el absoluto convencimiento de que podría pasar unas horas en Madrid», señala el portal.

«De hecho, reaccionó con gran extrañeza cuando le informaron de que tenía prohibido pisar suelo comunitario», agrega.

Delcy Rodríguez adujo que llegaba «invitada por el presidente Zapatero». Además, tenía «una reserva en un hotel de Madrid, una cita con un médico en una clínica y planeaba salir de compras».

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El caso se remonta a la madrugada del 20 de enero del año pasado. Ese día Rodríguez hizo una escala en el aeropuerto de Barajas y se reunió, dentro del avión, con el ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos.

Ábalos llegó a Barajas, según el gobierno español, para evitar que Rodríguez entrara en España y violara las sanciones que le impiden ingresar en su territorio. Horas después, la vicepresidenta continuó con su gira internacional.

La oposición española acusó al ministro de haber permitido que Rodríguez entrara al país y lo denunció ante la justicia por posible prevaricación.

Al funcionario español también lo denunciaron ante el Tribunal Supremo. Pero la fiscalía pidió no admitir el caso por considerar que no hay evidencias de prevaricación.

El Delcygate provocó intensos debates en el Congreso de España, donde fracasó una moción promovida por el Partido Popular para exigir la renuncia del ministro.

Pero, finalmente un juez de Madrid determinó que la zona de tránsito internacional de un aeropuerto no es territorio español. La Audiencia de Madrid confirmó la decisión de archivar el caso.

Las imágenes del encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, siguen siendo un misterio. Los vídeos del Delcygate permanecen en manos de la justicia de España.

Y para evitar su posible destrucción, el partido Vox pidió al Tribunal Constitucional que preserve las grabaciones. Piensa que las permitirían aclarar los pormenores de aquel encuentro secreto, publicó Vozpópuli.

El portal informó que Vox remitió un escrito al Constitucional. Es en este órgano donde se encuentra el recurso de amparo interpuesto contra Ábalos por este caso.

En la misiva, el área jurídica del partido pide que se frene la destrucción de las grabaciones del aeropuerto de Madrid.

La Vicesecretaría Nacional Jurídica de Vox, dirigida por Marta Castro, se dirigió al Juzgado de Instrucción número 31. Lo hizo para solicitar como diligencia la conservación de estas grabaciones.

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Las cámaras de seguridad del aeropuerto madrileño captaron las imágenes del encuentro. Son unos vídeos que ni el Gobierno -por motivos de seguridad nacional- ni el Consejo de Transparencia han querido hacer públicos.

“En el caso de que exista una futura sentencia estimatoria del recurso de amparo, no podría continuarse el procedimiento», dice la funcionaria de Vox.

«Se destruiría una evidencia esencial en la investigación de los posibles delitos denunciados”, advierte.

Castro recuerda, además, que ni siquiera se incorporaron las grabaciones al procedimiento. Esto a pesar de las solicitudes de realizadas por los servicios jurídicos de Vox.

“En este momento no concurre circunstancia alguna por la que no puedan conservarse hasta la decisión del Tribunal Constitucional”, matiza.

Además, explica al Tribunal Constitucional que es “indispensable que obren en las actuaciones las grabaciones”. Dice que aún está pendiente resolver el presente recurso de amparo.

Un tribunal español confirmó el archivo del Delcygate, o la estancia de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid en enero del 2020. La permanencia de la funcionaria de Nicolás Maduro se dio pese a que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea.

Al no apreciar delito, la Audiencia de Madrid confirmó la decisión de un juzgado de la capital de archivar el caso conocido como «Delcygate».

La Audiencia desestimó la solicitud del partido de ultraderecha Vox de seguir investigando el caso. Esto, tras el sobreseimiento provisional de las actuaciones ordenado por un juzgado de Madrid el pasado noviembre. La sentencia determina que «no se da la conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo».

El juzgado archivó la causa al considerar que, si bien Rodríguez tenía prohibida por la Unión Europea (UE) la entrada en el espacio Schengen, la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional, publicó la agencia Efe.

De esa forma, el juzgado estimó la solicitud de la Fiscalía de sobreseer la causa. Lo hizo luego que Vox y el conservador Partido Popular (PP), presentaron querellas contras varios implicados en el caso. Atribuían supuestos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y usurpación de atribuciones.

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Este archivo se sumó al acordado el pasado noviembre por el Tribunal Supremo de España. En esa ocasión, la causa derivada de varias querellas contra el ministro español de Transportes, José Luis Ábalos.

En el auto dictado ahora la Audiencia desestima el recurso de Vox. Este es el único de los partidos que figuraba formalmente personado en la causa, contra el juzgado que acordó el archivo.

La Audiencia reproduce fundamentos utilizados por el Tribunal Supremo para archivar las querellas contra Ábalos. La primera sentencia declaró probada la estancia pero consideró que no constituía delito. Solo es una vulneración de una obligación en el ámbito de la política exterior cuyo control corresponde a la autoridad europea pero no a los tribunales.

El juzgado de instrucción 31 de Madrid rechazó el recurso presentado por Vox contra la decisión de archivar el Delcygate. Se trata de un delito de prevaricación contra varios funcionarios. Esto, tras la escala que la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, en enero de este año.

El partido liderado por Santiago Abascal ve así frustrada su pretensión de que el juez Antonio Serrano-Arnal rectificara el fallo que dictó el 11 de noviembre. Ese día, el juez decidió archivar el caso.

La agencia Europa Press aclaró que contra la decisión adoptada cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El Delcygate que se instruía en este juzgado madrileño partía de querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas. Las mismas eran contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez durante la escala. Argumentaron que la detención era factible por las sanciones de la Unión Europea sobre funcionarios del régimen venezolano.

Serrano-Arnal, siguiendo el criterio de la Fiscalía Provincial de Madrid, decidió archivar el caso. Consideró que las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos españoles donde estuvo Rodríguez, «no pueden considerarse territorio español».

El caso también llegó al Tribunal Supremo por sendas querellas presentadas por Laócratas y Vox contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Le acusaron del presunto delito de prevaricación por reunirse en Barajas con Rodríguez.

No obstante, el TS decidió archivar el Delcygate, argumentando que las medidas punitivas “tienen una naturaleza esencialmente política”.

Vox fundamentó su recurso de reforma en el auto del Tribunal Supremo, agarrándose a que reconocía que Rodríguez estuvo en territorio español. Sin embargo, Serrano-Arnal desechó este argumento. Aduce que, “a efectos administrativos, ha de existir un punto de entrada en el territorio nacional”.

“Lo contrario nos llevaría a que todas y cada una de las compañías aéreas o marítimas que operan internacionalmente tendrían que poner en conocimiento de cada Estado que sobrevuele o navegue (…) la identidad de su pasaje y tripulación a fin de controlar que ninguno de ellos sea sujeto de iguales restricciones que las que afectan a la mandataria de la República de Venezuela”, dijo.

En cambio, el titular del juzgado madrileño sí ha asumido el auto del Tribunal Supremo por cuanto establece la “atipicidad” de los hechos por ser solo susceptibles de control político. “No cabe sino la desestimación del recurso de reforma interpuesto, ya que no es posible la iniciación de procedimiento penal alguna en tales condiciones”, ha concluido Serrano-Arnal.

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la ‘número dos’ del Gobierno de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Qatar. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.

Rodríguez es uno de los altos cargos del régimen de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen –incluida España– por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño –según explicó él posteriormente– para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.

Un tribunal anunció este miércoles que archivó el Delcygate. Se trata de la causa contra un ministro español por la escala que hizo en enero en Madrid, Delcy Rodríguez. Lo hizo, pese a estar sancionada por la Unión Europea, un caso que generó gran ruido político en España.

«El juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid dictó el sobreseimiento en la causa conocida de forma popular como ‘Delcygate'», señaló en un comunicado el tribunal, publicó AFP.

El caso se remonta a la madrugada del 20 de enero. La vicepresidenta de Maduro hizo una escala en el aeropuerto de Madrid/Barajas. Allí se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Según el gobierno español, Ábalos fue a Barajas para evitar que Delcy Rodríguez entrara en España. Evitaría que violara las sanciones de la UE que le impiden ingresar en su territorio. Horas más tarde, la vicepresidenta continuó su gira internacional.

La oposición de derecha y extrema derecha acusó al ministro de permitir que Rodríguez entrara en territorio español. Por eso lo denunció ante la justicia, por posible prevaricación.

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«La zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional», determinó el juzgado de Madrid. Por ello archivó el caso. Pero es una decisión que puede ser recurrida.

Ábalos también fue denunciado ante el Tribunal Supremo, donde la fiscalía pidió a finales de octubre no admitir el caso, por considerar que no hay evidencias de prevaricación, según informó la prensa española.

El «Delcygate» provocó agrios debates en el Congreso español, donde fracasó una moción promovida por el Partido Popular (PP, derecha) para exigir la renuncia del ministro.

Este caso, junto al hecho de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó no fuera recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando visitó Madrid a finales de enero, llevó a la oposición conservadora a denunciar un viraje frente a Venezuela, achacándolo a la entrada al gobierno del partido de izquierda radical Podemos, que tuvo relaciones en el pasado con el chavismo.

El gobierno español asegura que sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino venezolano, al igual que medio centenar de países, pero asegura que evita «polémicas estériles» con Caracas y prefiere contribuir «de manera discreta» a que pueden celebrarse elecciones libres en Venezuela, donde operan empresas españolas y donde residen unos 150.000 españoles.

Leopoldo López Gil, miembro del Parlamento Europeo, instó a la Unión Europea a mantener y aumentar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

“No se debe relajar ni un ápice su posición contra los violadores de derechos humanos”, aseveró. Lo hizo durante su participación en la Comisión de Peticiones del PE.

Allí se debatió nuevamente el ingreso ilegal de Delcy Rodríguez, en enero pasado, a territorio español. En este sentido, López Gil dijo que «se sienta un precedente peligroso».

“El hecho de que el gobierno español no haya tomado las medidas necesarias para cumplir con la decisión de la UE es grave. Pero que dicha actuación no haya tenido una respuesta de la UE lo es más”, afirmó.

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Entre tanto, Dolors Monserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones, explicó que la instancia “es el puente de entrada entre la ciudadanía y sus instituciones”, dijo.

Por ello, la Comisión a la UE. “Al gobierno de España se le requerirá sobre qué medidas han tomado para evitar la entrada en su territorio de personas sancionadas”, detalló.

La Fiscalía de Espala salió al rescate del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Ahora con el Delcygate. Acaba de solicitar el sobreseimiento provisional del caso. Y lo acaba de hacer con el siguiente argumento: «No es suficiente la mera ilegalidad […]. La sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible».

El caso de la entrada en España de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, pone contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez. La UE exigió el bloqueo y la prohibición de su entrada en territorio comunitario por violar derechos fundamentales como protagonista de excepción de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pero la Fiscalía ha considerado que el caso no merece más atención penal, publicó el portal OK Diario

La Fiscalía en España se opuso a la solicitud que ha hecho el partido Laócrata de que se reduzca la fianza de 5.000 euros que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal le impuso para poder presentarse como acusación popular en la causa en la que se investiga el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, caso conocido como el «Delcygate».

Así consta en una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid con fecha de este lunes, y al que ha tenido acceso a Europa Press.

Allí se señala que la Fiscalía presentó un «escrito de oposición al recurso subsidiario de apelación interpuesto por el Partido Laócrata contra el auto de 4 de marzo de 2020 que fijó la cuantía de 5000 euros como fianza para el ejercicio de la acción popular por dicho partido».

Esta fianza fue recurrida ante el propio juez por los ‘laócratas’ al considerar que les había sido fijada una cantidad «desproporcionada» y no acorde con su capacidad económica, lo que, en su opinión, supone un impedimento para ejercer la acusación popular en este asunto, publicó Infobae.

El informe

El magistrado instructor solicitó entonces un informe a la Fiscalía para que se pronunciase sobre este recurso, si bien el asunto se encuentra en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, ante quien también se recurrió la fianza, por lo que, según indica la diligencia de ordenación, se ha acordado su remisión para que tenga conocimiento.

Por su parte, el PP, que también ha solicitado poder sumarse en la causa como acusación popular, también apeló la fianza interpuesta de 40.000 euros, por lo que el juez Serrano Arnal vuelve a solicitar al Ministerio Público que se pronuncie al respecto, según indica dicha diligencia.

En cuanto a Vox, para quienes se solicitaron 20.000 euros, se le «requiere que justifique documentalmente la prestación de fianza que alega haber efectuado, toda vez que no existe constancia de tal hecho en este juzgado», señala.

Causa paralizada

La causa se encuentra paralizada desde el pasado mes de febrero cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid aceptó las querellas de Vox y Laócrata por el encuentro que tuvo lugar en la madrugada de del 19 al 20 de enero, por si los hechos fueran constitutivos de delitos de prevaricación y desobediencia, ya que contra la ‘número dos’ de Nicolás Maduro pesan sanciones europeas.

Así, entre las primeras diligencias acordó solicitar al Ministerio del Interior que remita la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios y encargados responsables de llevar a cabo el protocolo para atender a la llegada de mandatarios.

El magistrado también recibió la declaración jurada ante notario del vigilante de seguridad privada que presenció la reunión y que asegura que Rodríguez «pisó suelo Schengen y que introdujo dos carros de maletas en España», ya que se trata de un documento que forma parte de la querella presentada por Vox, según informaro fuentes jurídicas a Europa Press.

Además, las mismas fuentes consultadas han apuntado que las peticiones que han hecho los partidos que pretenden estar en la causa como acusación popular en las últimas semanas no pueden ser atendidas, por el momento, por el juez instructor debido a que sus fianzas están recurridas y por tanto no se ha formalizado su personación en la causa.