A través de una providencia, el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) informó sobre la regulación de los servicios de entrega a domicilio o delivery en Venezuela.

Se trata de la Gaceta Oficial N.º 42.813, publicada el pasado 5 de febrero y la normativa tiene la finalidad de «protección de compras efectuadas en negocios activos en plataformas digitales o redes sociales».

El dispositivo legal incluye a las empresas que reparten productos, mercancías, encomiendas u ofrecen servicio de envíos a través de plataformas digitales o redes sociales.

Según la providencia, Ipostel dispondrá de un sistema automatizado para la inscripción de los servicios de delivery, con el cual se solicitará los permisos correspondientes.

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«Una vez cumplidas las formalidades para la habilitación postal, deberá suscribirse un contrato de concesión que tendrá duración de un año. Este contrato sirve como autorización o licencia para actuar como operadores postales privados prestadores de servicio de entregas a domicilio», señala.

Una vez otorgado el permiso, el prestador del servicio de entrega tiene que portar una placa o matrícula especial, emitida por Ipostel, con la identificación del vehículo donde se llevan los pedidos.

A continuación el contenido de la norma publicado en la Gaceta Oficial.

Nicolás Maduro, ordenó al Ministerio del Trabajo investigar si las empresas de delivery cumplen las normas laborales en Venezuela. Dijo que el despacho tiene 24 horas para investigar si los motorizados que hacen entregas tienen protección social.

Para la abogada y especialista en derecho laboral, Maryolga Girán, buscar protección social para sus motorizados de delivery es inviable. «Lo es por los costos y las condiciones del trabajo».

«Es imposible para un patrono cotizar una seguridad de salud privada para sus empleados, los costos serían muy altos y los pagaría el consumidor», explicó la también presidenta de la comisión de asuntos laborales de Conindustria.

«La causa es que los trabajadores dejaron de ver el empleo formal como la panacea, parte de lo que impulsaba a las personas a trabajar en la formalidad, era la protección social», acotó.

En entrevista con Unión Radio, explicó que más del 52% de la fuerza laboral venezolana está en la informalidad sin ninguna protección social.

Aseguró que los empleados de hoy, no disfrutan ahora de protección adecuada, eficaz y oportuna.

«Los hospitales están colapsados o no funcionan y las condiciones del Seguro Social deben ser revisadas», añadió.

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En mayo del año pasado, en la Asamblea Nacional chavista, hubo un planteamiento relacionado con la posible regulación de la actividad del delibery en Venezuela.

El presidente de la comisión de Administración y Servicios, Willian Gil, dijo que la AN estudiaba regularizar el servicio de entregas a domicilio. Esto «para proteger a las personas que asumen esta labor», que no está regulada.

De hecho, Gil anunció la creación de una comisión para evaluar las propuestas del sector.

El delivery es un oficio que en otros países sirve como una entrada complementaria, pero que en Venezuela  se ha convertido en la principal fuente de ingresos de muchas familias.

«Como ese oficio no tiene regularización en Venezuela, los afectados se acercaron al Parlamento para pedir protección social y respeto a sus derechos laborales», dijo.

Piden estar «amparados en una ley específica, porque la mayoría de las empresas con las que los motorizados o ciclistas trabajan, lo hacen bajo la figura de la tercerización. La misma está prohibida por la Ley Orgánica del Trabajo. Esa normativa considera que la subcontratación sirve como simulación. Todo para desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”, agregó.

Sin embargo, ha pasado casi un año y la comisión especial no presentó propuestas y tampoco se sabe de una ley al respecto.