Autoridades de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizaron una reunión en la cual participaron representantes del Comité Permanente de Acción y Prevención, con la finalidad de evaluar los avances en la lucha contra los delios financieros.

En el encuentro, según informó el ministerio de Relaciones Interiores, los funcionarios analizar la situación de los diferentes sectores de la economía nacional durante el año 2025, como parte de la prevención y lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La reunión estuvo liderada por el jefe de la Oncdoft,  Santiago León Sandoval Bastardo y todos los representantes de los órganos y entes de supervisión y control, también discutieron sobre la necesidad de “armonizar las normas aplicadas en todos los sectores financieros, para llevar a cabo la supervisión basada en riesgo”.

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Manifestaron la importancia de que cada sector económico exija a sus Sujetos Obligados la aplicación de la Resolución Conjunta 017-006 entre el ministerio de  Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y el de Economía y Finanzas publicada en Gaceta Oficial número 43 mil 101 de fecha 3 de abril de 2025, sobre las sanciones financieras dirigidas, que es parte del nuevo marco normativo de la   Venezuela para cubrir las medidas preventivas establecidas en las recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Cabe destacar que, el Comité Permanente de Acción y Prevención, ha coordinado las acciones necesarias para evidenciar los esfuerzos y logros que ha obtenido el Estado venezolano en relación con la lucha contra las acciones punibles, así como también ha impulsado iniciativas que fortalecen los vínculos internacionales y reafirman el compromiso del país con la prevención y el combate de los delitos financieros.

Con información de prensa MIJYP

El Observatorio Venezolano de Prisiones asegura que muchas de las extorsiones y secuestros registrados en el país lo planifican los reclusos desde los centros penitenciarios de Venezuela, y denuncia que estas actividades son posibles por la falta de gestión del Ministerio Penitenciario.

Humberto Prado, director de la ONG, manifiesta que esto se debe a que buena parte de la comunidad penitenciaria incrementa su capacidad delictivan en los propios centro, e incluso el 65 % de los que salen en libertad reincide en los delitos.

«Los problemas dentro de los penales se han agudizado por factores como el retardo procesal, hacinamiento en condiciones críticas, tráfico de armas y drogas», declaró Prado a la periodista Euseglimar González, de La Prensa de Lara.

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Añadió que el sistema no cumple con los parámetros para la reinserción del reo a la sociedad, sino que, al contrario, operan como universidades del crimen: «las prisiones son escuelas donde buscan graduarse en el delito», aseveró.

En el estado Lara, funcionarios militares han detectado como personas externas a los penales, presuntamente con complicidad de los custodios, intentan ingresar drogas para ser manejadas por los reos.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró la captura de tres mujeres que operaban Caracas para drogar y despojar de sus pertenencias a sus víctimas.

Según informó este viernes Douglas Rico, director de la policía científica,  Nelly Gregoria Gomez Lugo (63), Ruth Isabel Meneses De Higuera (65) y Milangela Isabel Rodríguez Santilli (39) conformaban el grupo delictivo «Las Burundangas», que tenían un radio de acción en los mercados de Quinta Crespo, El Cementerio y parte del Centro de Caracas, donde ubicaban a personas que se encontraran realizando compras en efectivo.

Las seguían y abordaban bajo engaños, mostrándoles ropa o perfumes, que contenían escopolamina, comúnmente conocida como burundanga, que, con el pasar de los minutos, la sustancia hacía efecto, y las despojaban de sus celulares y dinero, huyendo del lugar.

Tras ser aprehendidas en el Casco Central, adyacente a la Asamblea Nacional, parroquia Catedral, municipio Libertador de Caracas, se les ubicaron como evidencias seis celulares, de los cuales tres se encontraban solicitados por hurto.

Al ser verificadas en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se determinó que Nelly Gómez posee registros por comercio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y robo por grupo armado; mientras que Ruth Meneses los posee por hurto genérico y estafa.

El caso puesto a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público.

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En los últimos meses se han reportado varios casos de uso de la droga para cometer delitos en distintas zonas de la ciudad.

Sobre todo en las estaciones del Metro en Capitolio, La Hoyada, Plaza Venezuela y La California. Así mismo, en lugares concurridos y adyacencias de mercados populares, además de malls comerciales como Metrocenter, el Sambil y el San Ignacio.

Era un modus operandi que había prácticamente desaparecido desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, con la dispersión de masas de la ciudad, pero que ahora, con la vuelta a la «normalidad», reaparece.

La burundanga es una sustancia psicotrópica que provoca un automatismo en el cerebro de la víctima, causando un estado de sumisión ante cualquier orden. Así, algunos delincuentes y agresores sexuales suministran el fármaco a la persona que desean robar, violar o incluso asesinar. Una vez consumido, la víctima queda totalmente desprotegida.

«Usan dosis muy altas de escopolamina, junto a otras drogas, para que su efecto sea más rápido», explican investigadores.

Por su presunta responsabilidad en el delito de ultraje al pudor público durante la Expo Valencia, y a solicitud del Ministerio Púbico (MP), fueron privados de libertad Luis Andy García García (25), Joan Alexander Rojas Bolívar (41), Alexander José Ojeda Cortesía (31) y Kerly Yoselin Parra Ramos (27).

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el representante del Ministerio Público, el Tribunal 4° de Control de Carabobo dictó la medida privativa de libertad para todos los previamente mencionados, quienes permanecerán recluidos en la sede del Instituto Autónomo Municipal de la Policía de Valencia.

Los delitos que se les imputan ocurrieron en la Expo Valencia, que se desarrolló desde el 11 al 13 de noviembre en el casco histórico de la ciudad capital del estado Carabobo.

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Desde la mañana del 13 de noviembre comenzaron a difundirse vídeos a través de las redes sociales tomados durante el evento. En uno de ellos se visualizaba a una pareja que además de bailar practicaban sexo oral en medio de la multitud asistente a la feria organizada por la Alcaldía del Municipio Valencia.

Ante esta situación, se realizó una investigación coordinada por los representantes del Ministerio Público, en conjunto con los funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Valencia. Se procedió a la aprehensión en flagrancia de Parra Ramos, Rojas Bolívar y Ojeda Cortesía en la parroquia Catedral ese mismo día.

Por otra parte, García García fue detenido previo orden de aprehensión emanada por el Tribunal 4 ° de Control de Carabobo, la cual fue efectuada el 14 de noviembre, en la urbanización Los Lanceros, municipio Puerto Cabello.

En la audiencia de presentación, la Fiscalía 3º de Carabobo imputó a los tres hombres y la mujer por los delitos de ultraje al pudor público, agavillamiento, difusión o exhibición de material pornográfico e instigación a delinquir.

Pese al ataque frontal que el gobierno de Chile anunció  contra la criminalidad, autoridades de ese país no descartan que pueda haber más involucrados del Tren de Aragua, los cuales han sido detectados de norte a sur.

Tras varios meses de investigación y en una operación simultánea,  la policía  logró capturar  a cerca de 15 integrantes de la peligrosa banda venezolana llamada el «Tren de Aragua».

La acción policial es un duro golpe a la banda venezolana, pero no garantiza el fin de las operaciones en territorio chileno, según un trabajo publicado por el portal MegaNoticias.

«Estamos viviendo un punto de inflexión en la forma en que enfrentamos particularmente el crimen organizado. Es un fenómeno creciente, un fenómeno que hemos enfrentado desde el primer día que llegamos al gobierno; pero que también es parte de un fenómeno regional que lamentablemente va en aumento», indicó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

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Los cabecillas de la banda que desde Quilpué manejaba los hilos del «Tren de Aragua» desplegado en Chile fueron detenidos; se trata de Carlos  Vaca “El Estrella” y Hernán David Landaeta  “Satanás”.

Dado la estructura de la organización criminal y la manera como se han abierto paso en Chile, “no se descarta que se sigan cometiendo ilícitos, ahora comandado por otras personas”.

En tal sentido, la fiscal encargado del caso asegura Paola Apablaza, que:  «Yo creo que es solamente una célula de otras que pueden estar cometiendo ilícitos o de nuevas que puedan eventualmente instalarse».

También ofreció su análisis de la situación. «Cuando estas bandas aspiran a tener el control del territorio, se van moviendo y van desarrollando sus negocios criminales en los lugares que son más abandonados por el estado, donde es más difícil que sean detectados. Porque el crimen organizado en primer lugar es algo silencioso».

El Tren de  Aragua operaba desde Colchane a Valparaíso, como también en Puerto Montt y Temuco.

Sembraron el terror en Temuco imponiendo  la trata de mujeres, obligando a migrantes a trabajar para ser prostituidas. En el caso de que estas se negaran, eran amenazas de muerte.

Por su parte, el fiscal Marcelo Maldonado, de la Fiscalía de Puerto Montt, indica que «era un valor que tenían que pagar con su trabajo y con sus servicios de 4 millones de pesos. Si ellas se arrancaban o cualquier otra situación nueva; les aumentaba la multa, pudiendo llegar hasta los 7 millones de pesos, que ellas tenían que pagar con el trabajo que desarrollaban a través del comercio sexual».

«La situación de la minería extractiva en Venezuela es cada vez más digna de repudio, pues el negocio del oro está en manos de empresas militares utilizadas como ‘fachadas de legalidad’ y de grupos armados irregulares que cooperan con la Fuerza Armada Nacional venezolana».

La denuncia la hizo este martes la iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA), quienes repudiaron  la minería de extracción en la zona que compone el Arco Minero del Orinoco.

Entre otras cosas porque lo han usado  como «fachada» para que grupos militares e irregulares armados operen en las zonas donde se extrae oro y otros minerales.

Las ONG Fundaredes, Fundesus, Fundeturan y Fundación Gerencia Social y Desarrollo Humano Sostenible (Ceides),  conforman una plataforma donde abordan temas concernientes a las actividades que se realizan en el Arco Minero.

Destacan que las irregularidades tienen lugar en la zona que comprende el Arco Minero del Orinoco, entre los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas; donde se ubican «un total de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales».

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Según la agencia EFE esta franja, con una extensión aproximada de 111 mil kilómetros cuadrados desde el territorio de la Guayana Esequiba (oriente) hasta la frontera con Colombia (occidente); dispone de grandes reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.

El arco minero es una de «las zonas más ricas» que ha sido convertida en escenario de delitos de distinta índole, por causa de la extracción de las riquezas que contiene, recuerda EPA.

«Esto (la minería de extracción) ocasiona el detrimento de la soberanía nacional, convirtiendo una de las zonas más ricas en recursos naturales de la humanidad; en una tierra donde la miseria, la esclavitud y la muerte son la constante para quienes allí habitan», dijo el proyecto.

A finales de 2021, en noviembre pasado; la EPA exhortó al Estado venezolano a promover políticas ambientales «transparentes» con la participación de redes y grupos de interés para fomentar el desarrollo sustentable.

Aseguran que  desde hace más de una década, el país caribeño padece una crisis económica, social y cultural que ahora desencadena en una «emergencia ambiental», que si no está controlada, podría convertirse en una «catástrofe» para las comunidades indígenas.

“El Estado es responsable del impacto negativo al ambiente; en virtud de la ejecución de políticas públicas inadecuadas producidas desde quienes ejercen el poder nacional”, dijo.

Junio y Julio han sido los meses más violentos del año 2021, donde Caracas encabeza la lista de la ciudad que registra el más alto índice de delitos 35%.

Seguida de la ciudad capital está Maracaibo, estado Zulia; Valencia, estado Carabobo; Barcelona, estado Anzoátegui y Barquisimeto, estado Lara.   

Los homicidios, robos a mano armada, secuestro, extorsiones, abusos policiales son los delitos más comunes.

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Pero la incidencia de delitos por parte de funcionarios policiales ha marcado la pauta en estas últimas semanas.

Por el orden de denuncias y delitos cometidos por funcionarios están las Faes, el Cicpc y la PNB.

Además, la Policía Municipal de Sucre, Policía Municipal de Baruta y la GNB.  

Un total de 240 funcionarios de seguridad del Estado se desplegarán en Caracas a partir de este viernes con la finalidad de combatir los secuestros.

El delito de secuestro presenta un considerable aumento en la ciudad.

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Las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) serán los organismos que prestarán la seguridad.

El viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, C/G José Humberto Ramírez señaló que el procedimiento tendrá diferentes puntos de control en la ciudad.

El objetivo es brindarle asistencia inmediata a quienes lo requieran.

Las principales autopistas y avenidas de Caracas serán los lugares donde habrá mayor presencia policial.

Además de las conocidas zonas rojas, o sectores donde más se cometen secuestros.

Capturaron en Armenia a la influencer colombiana Angélica María Hernández Ramírez, de 33 años, quien en 2016 participó en un reconocido reality.

Este viernes en Armenia, Quindío, continúa la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra siete personas señalas de integrar una red dedicada al tráfico de estupefacientes.

La policía judicial de Armenia informó al medio colombiano, El Tiempo que desde marzo del 2019 reciben información sobre la presunta red que distribuía productos con contenido cannabico (marihuana).

La distribución de estos productos se realizaba en inmediaciones de universidades y otro tipo de centros de educación. 

«Logramos identificar a cada uno de los integrantes de la red, nos infiltramos como compradores”, señaló el investigador.

Asimismo detalló que comercializaban chocolates, galletas, gomitas, brownie y otros productos alimenticios con marihuana, actividad que en Colombia no es legal.

La influencer comercializaba los productos mediante sus redes sociales promocionando que eran saludables.

Además que eran procesados en el país, pero las autoridades determinaron que eran importados de California, EE.UU..

En el país norteamericano la producción de alimentos con contenido cannabico es legal pero en Colombia no es así.

Capturaron a Angélica María con su compañero sentimental. En su apartamento incautaron dos revólveres y 31 cartuchos.

Por ello le imputaron cargos de tráfico de armas, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.«Para la Fiscalía, las actividades de la ‘influencer’  son «graves» porque promovía sus productos entre jóvenes, estudiantes, por eso, se solicitó al juez que la envíen a detención intramural, es decir, a la cárcel,», señaló el investigador.

Además, el Fiscal del caso pidió al juez que le prohibiera a la influenciadora utilizar sus redes sociales.

Tomaron como base el caso de Daneidy Barrera Rojas conocida como Epa Colombia,  a quien luego de ser condenada por actos de vandalismo le impusieron esa restricción. Hasta el momento esperan que la juez emita veredicto sobre si envía a los implicados a la cárcel o no.

Según encuestas y estadísticas de hechos irregulares cometidos por uniformados en diferentes partes del mundo, son los policías venezolanos quienes se posicionan en los primeros lugares por arbitrariedades y homicidios.

En este reportaje de Joan Camargo para Testigo Directo, conocerá una historia de tortura, injusticia y mucho dolor por parte de una familia que perdió a uno de sus integrantes a manos de la Policía.

Las lógicas de actuación de los crímenes son increíbles y van más allá del combate a la delincuencia.

Las cifras son aterradoras, el 38% de los homicidios ocurridos en Caracas en 2019 fueron cometidos por funcionarios del cuerpo de seguridad del Estado. Y en más de 700 delitos graves hay uno de sus integrantes involucrados.

Las autoridades de Venezuela han implementado más de 25 planes de seguridad que han provocado la muerte de muchos inocentes.

Esto es: Venezuela, Policía letal contra el pueblo.

Elías José Rodríguez Sifontes, de 28 años de edad, estaba solicitado por varios delitos. En el momento de su captura se desplazaba a bordo de un vehículo Lada color blanco, placa ADP-00I.

El hombre fue interceptado por una comisión de la Policía de Anzoátegui a la altura de la calle El Ahorcado, en Puerto La Cruz.

Al ser abordado por los funcionarios, Rodríguez presentó una actitud evasiva y nerviosa, que generó la sospecha por parte de los uniformados quienes le solicitaron el documento de identidad para ser verificado en el Sistema de Información Policial (SIPOL).

El resultado arrojó que José Rodríguez Sifontes, presentaba tres órdenes de captura por los delitos de robo genérico, robo agravado y evasión de un centro de detención, todas del año 2013.

El Coronel Carlos Salazar García, director de la policía estatal, informó que el detenido portaba un facsímil con un cartucho calibre 7,65, percutido.