A través de la cuenta en X del ministro de Información, Freddy Ñáñez, se conoció que el gobierno de Nicolás Maduro dejó «sin efecto» la providencia del Instituto Postal telegráfico (Ipostel) que pretendía regular el servicio de entregas a domicilio o delivery, en el país.

Esta normativa fue publicada en Gaceta Oficial el 5 de febrero y establecía una serie de restricciones y requisitos para los prestadores del servicio de entregas que se ofrecieran por redes sociales.

Además de obligar a las empresas registrarse y obtener un permiso de Ipostel, pretendían cobrar un impuesto de 1% por cada delivery.

Debido a las implicaciones económicas para el sector, este miércoles, representantes de varias empresas como Yummy y Pedidos Ya, se reunieron con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para encontrar una solución al problema.

Y la solución fue derogar la normativa, como lo explica el comunicado que reproducimos a continuación:

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República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

Autoridades del Gobierno Bolivariano y representantes de las empresas operadoras de servicio de encomiendas a domicilio, mejor conocidas como “Delivery”, sostuvieron este lunes una cordial y fructífera reunión con el propósito de avanzar en un plan conjunto de trabajo.

En este encuentro, el Ejecutivo Nacional acordó dejar sin efecto la resolución del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, (referida al servicio de entrega a domicilio y publicada en Gaceta Oficial N” 42.813, del 5 de febrero de 2024), y transferir el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) al Ministerio del Poder Popular para el Transporte; decisión que fue acogida con gran beneplácito por parte de las empresas prestadoras de “Delivery”.

De igual manera, se acordó conformar una Comisión de Trabajo y otra de Seguridad junto a organismos del Estado venezolano, que enlazará a los Cuadrantes de Paz con los prestadores de “Delivery”.

Ambas partes acordaron mantenerse en constante diálogo, en aras de mejorar su impacto y relacionamiento, a través de la consolidación de políticas de apoyo y de cooperación conjunta, donde el principal beneficiario sea el pueblo venezolano.

Caracas, 29 de febrero de 2024

#29Feb #ULTIMAHORA ?️ ¡SIN EFECTO!Autoridades de la Administración de Nicolás Maduro se reunieron con trabajadores de encomiendas a domicilio y acordaron dejar sin efecto la medida que impone una serie de requisitos a empresas naturales y jurídicas para la regulación del… pic.twitter.com/G69urTWSUr

El Gobierno Nacional se reunió este miércoles con representantes de empresas prestadoras de servicio delivery para iniciar la discusión de una ruta que permita avanzar en una propuesta para la regulación de la actividad.

En la sede de la Vicepresidencia de la República se dieron cita en el encuentro representantes de la empresas Yummy, Ridery, Pedidos Ya y Chamos Express, entre otros; y por parte del Ejecutivo participaron la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien hizo un contacto telefónico; además de Néstor Reverol, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios; y Ramón Velásquez Araguayán, ministro para el Transporte.

Además de buscar acordarse un porcentaje de cobro de impuesto por el servicio, también se persigue fortalecer la confidencialidad y seguridad de los datos de los usuarios que usan este servicio.

El lunes se conoció que la nueva providencia que propone el Gobierno estipula un impuesto del 1% sobre cada delivery a través de aplicaciones digitales.

Además las empresas que prestan servicio de entregas a domicilio deben obtener una licencia del Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) que tendrá un costo de 300 dólares y un pago anual de 240 dólares para renovar el permiso.

La normativa, publicada en la Gaceta Oficial N.º 42.813, tiene la finalidad de “protección de compras efectuadas en negocios activos en plataformas digitales o redes sociales”.

El dispositivo legal incluye a las empresas que reparten productos, mercancías, encomiendas u ofrecen servicio de envíos a través de plataformas digitales o redes sociales.

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Al conocerse sobre la disposición, actores involucrados en el proceso reaccionaron, algunos no muy conformes.

Por ejemplo, el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Richard Ujueta, señaló que el nuevo registro e impuesto a las empresas del servicio de delivery limita el crecimiento de este sector, que viene creciendo desde hace cuatro años y hasta ahora cuenta con 200.000 motorizados.

A través de las redes sociales, tres situaciones irregulares se convirtieron en tendencia y las mismas recibieron respuesta de la fiscalía, también en el mundo 2.0.

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, se pronunció casi que al unísono sobre el caso de la detención por parte de la Policía Municipal de Chacao de los repartidores de delivery en La Castellana, sobre el policía militar que supuestamente extorsionó a un conductor en una de las alcabalas cercanas al Fuerte Tiuna y además hizo una advertencia a los comerciantes que utilizan el dólar paralelo.

Sobre la actuación de Polichacao dijo que el Ministerio Público abrió una averiguación en contra del organismo policial, por tratos inhumanos y violación de los Derechos Humanos.

El @MinpublicoVEN investiga la comision de los delitos de tratos inhumanos y acto arbitrario: para #IMPUTAR a funcionarios de la policia de Chacao que agredieron a un grupo de trabajadores del ramo de despacho a domicilio: Hechos ocurrido el 24-08-2022. pic.twitter.com/oesY6Quq4i

Sobre esto, la propia policía también respondió en las redes sociales. Indicaron que atendiendo las normativas municipales, acudieron a una tienda de delivery, donde esperaban en la vía 18 motorizados, los cuales, según el organismo, obstaculizaban el tránsito.

La Policía Municipal de Chacao, fiel a su compromiso de mantener el #OrdenYSeguridad en el municipio, monitorea constantemente los locales para hacer cumplir las leyes y los convenios establecidos. Recientemente, en un local de comida estaban 18 motorizados deliverys pic.twitter.com/4AFQLUpn8k

La otra investigación está relacionada al evento ocurrido en las inmediaciones del Fuerte Tiuna, donde un efectivo de la Policía Militar recibe supuestamente un dinero en divisas de un conductor, para regresarle sus documentos.

#AHORA @MinpublicoVEN inició #investigación, contra #Funcionario que exigió a un conductor un pago en dólares para devolverle sus documentos personales que previamente había solicitado cuando dicho ciudadano se detuvo en una #Alcabala pic.twitter.com/zTsPiLg18X

Tarek William Saab quiso recordar el reciente caso del comerciante en el estado Anzoátegui, el cual fue sancionado por no recibir el pago en divisas a la tasa del Banco Central de Venezuela.

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Hizo un llamado a los comerciantes del país para que «se miren en ese espejo».

#Especuladores con el $ paralelo a la tasa del BCV #VEANSE en este espejo: el Ministerio Público @MinpublicoVEN bajo nuestra orientación ha diseñado un plan nacional de #SANCIÓN ejemplar en contra de los comerciantes delincuentes que están robando por esta vía a nuestro pueblo https://t.co/NshYZRPo7A

Nicolás Maduro ordenó en la tarde de este miércoles investigar a las empresas venezolanas de delivery, por presunto irrespeto a los derechos sociales y laborales de sus trabajadores.

Durante una jornada de “Miércoles productivo”, afirmó al vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami; que tiene 24 horas para entregarle recomendaciones sobre estas empresas que trabajan para llevar las comprar a la puerta de la casa del cliente.

Esta petición vino, luego de que Jessica Bello, durante la inauguración del portal VitrinaVenezuela.com informara que ellos respaldarán a los trabajadores de delivery ante cualquier accidente; a diferencia de otras empresas que no le responden a sus trabajadores.

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«Ordeno al viceministro hoy mismo hacer una investigación, hacer una investigación hoy mismo; y en 24 horas presentarme el informe con recomendaciones. Si eso fuera así, hay que citar a las empresas nacionales e internacionales; ellos deben comprometerse a cumplir la Ley Orgánica del Trabajo; la Constitución y proteger socialmente a todos los muchachos y muchachas que trabajen en reparto domiciliario”.

Durante el lanzamiento del portal web; Maduro destacó que el país avanza hacia el comercio electrónico; con el objetivo de posicionar la producción nacional y en ese escenario el Bolívar Digital “va recuperando el espacio hacia el camino de la economía digital 100%».

Vitrina Venezuela cuenta con más de 30 categorías de artículos, insumos, servicios y rubros e información sobre costos, competencias, productos; así como servicios hechos con calidad venezolana, comentó.

Maduro aseveró que el comercio digital venezolano debe ser incluyente, basado en una economía que se dinamiza gracias a la producción nacional.

“Vamos a un proceso de inclusión en la economía digital, que todos participen”. Este servicio cuenta con:

30 Motos 100% operativas.

2 Grupos de trabajo.

Con la  excusa de reducir la delincuencia en Perú, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, propuso este lunes que los extranjeros, en su mayoría migrantes venezolanos,  en el país no realicen actividades de delivery, taxi o mototaxi.

“La delincuencia se camufla cuando hay informalidad. Lamentablemente, para este sector puede ser discriminatorio. Restringir temporalmente, mes a mes, que los extranjeros realicen actividades de mototaxi, taxi y servicio de delivery. El Congreso hasta ahora no regula el servicio de delivery”,  cita La República.

La propuesta no tuvo eco, por el contrario  apenas se conoció, muchos la tildado de xenofóbica y discriminatoria.

Una de las propuestas hechas por el alcalde para llevar a cabo esta medida es realizar operativos constantes en todo Lima y Callao.  También recomendó trabajar de la mano con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Migraciones, entre otras entidades.

Argumentó que  “el 70%, 80%, lamentablemente, son extranjeros los que comenten este tipo de eventos delictivos. Esta propuesta la estoy poniendo al debate público para que el Congreso, el Ejecutivo y la PNP puedan afinar en una política contundente. Por algo estamos en estado de emergencia”.

Tanta fue la polémica que la alcaldía emitió un comunicado para aclarar  aclarar las declaraciones del burgomaestre y señalaron que Paz de la Barra se refirió “a los extranjeros indocumentados, puesto que el 70% de eventos delictivos en estos vehículos son cometidos por ciudadanos de otros países. Aunque no aclararon de dónde sacaron dicha estadística”.

La prensa local reseña que “no es la primera vez que presentan una iniciativa que atenta contra ciudadanos venezolanos”.

Reseñan que “en diciembre del 2021, el Gobierno lideró un plan para expulsar a 41 de ellos del país”. Advierten que “esto no se logró, ya que las autoridades no habían coordinado del todo con el presidente Nicolás Maduro”.

De acuerdo a la cifras que maneja ACNUR más de un millón personas venezolanas han llegado al Perú y más de 496.000 han solicitado la condición de refugiado.

Por esta razón, Perú es el primer país de acogida de personas venezolanas con necesidad de protección internacional y el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial.

A los fines de atender la crisis migratoria,  ACNUR  abrió oficinas en la capital Lima, en las fronteras norte (Tumbes) y sur (Tacna).

Asimismo en ciudades de alta concentración de personas venezolanas como Cusco y Arequipa. La crisis social venezolana es la principal causa de migración.

De acuerdo a  informe de la Cámara empresarial peruano venezolana (Cavenpe)  hasta el mes de septiembre del año pasado, los extranjeros habían generado un impacto positivo de S/ 138 millones en la economía peruana.

La propuesta considerada discriminatoria también fue rechazada por algunos alcaldes que conforman la mancomunidad de Lima Este.

En tal sentido, el alcalde de Ate, Edde Cuellar aseguró que “es una propuesta populista y hasta podría ser xenófoba porque no podemos permitir que muchos extranjeros que día a día se sacan el ancho puedan verse agredidos”.

Cabe precisar que apenas salieron a la luz las declaraciones de Paz de la Barra, muchos la han tildado de xenofóbica y discriminatoria, postura que también la comparte el alcalde de San Luis, Zee Carlos Corrales.

Mientras que la Defensoría del Pueblo se pronunció y recomendó a las autoridades evitar “criminalizar y estigmatizar la migración”.

A través de sus redes sociales la Defensoría advierte  que “los discursos que buscan criminalizar y estigmatizar la migración, especialmente cuando provienen de autoridades estatales y locales, representan barreras infranqueables para el ejercicio de derechos de las personas extranjeras y su inclusión en el país”.

Cuerpos de seguridad en Táchira se mantienen alerta por el uso de deliverys para la distribución de estupefacientes.

Mafias del narcotráfico se reinventan para distribuir las drogas. En el estado Táchira utilizan la modalidad de delivery para llevar al consumidor la mercancía.

La Policía del estado Táchira está tras la pista de estos delincuentes y ya han detenido a 5 personas en esta acción.

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Los detenidos repartían la droga en moto y las escondían la droga. Por el reparto pagan hasta 100 pesos, más costoso que la mercancía.

La reportera Maryné Glob se trasladó con la Politáchira para recorrer San Crsitóbal y capturar a estos delincuentes.

El medallista olímpico venezolano, Rubén Limardo, revolucionó las redes este lunes cuando anunció que reparte en comida en Polonia para sustentar a su familia.

Con un sentido mensaje difundido en sus redes sociales, Limardo aseguró que no se siente menos persona por ocuparse a esto, en vez del deporte.

Resaltó que la pandemia propinó lecciones a todos los ciudadanos y que lo importante es seguir adelante y luchar por sus sueños.

Aclaró que pese a ser campeón olímpico, igual busca todas las formas posibles para ganarse la vida y mantener a su hija y a su esposa.

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Recordó que si la pandemia no hubiese llegado en este 2020, se estuviese hablando de lo sucedido en Tokyo, olimpiadas a las que Limardo iba a asistir como esgrimista.

Pero, dijo que, “la crisis de mi país, la pandemia y perseguir un sueño a veces no es tan buena combinación”.

Por eso, compartió con sus seguidores y con Venezuela entera, su otra ocupación, aseguró que no solo él debe hacerlo.

Resaltó que el resto de sus compañeros deportistas deben tener otro trabajo para poder mantenerse.

“No he dejado ni un día de entrenar, sin embargo no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta”, explicó.

Rubén Limardo admitió que por primera vez en 35 años se dedica a algo que no es el deporte, pero destacó que lo llena de satisfacción.

En ese sentido, aclaró que no tiene privilegios por los resultados que obtiene.

“Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir”, dijo.

Y se catalogó como un valiente por ajustarse a los cambios.

Limardo obtuvo medalla olímpica en los Juego Olímpico de Londres 2019, además tiene un récord en otros campeonatos.

En este 2020 ingresó al Salón de la Fama e la Federación Internacional de Esgrima (FIE).

Sin embargo, su publicación generó diversas opiniones, algunos resaltaron su valentía, mientras que otros aseguraron que está recibiendo su “dosis de Patria”.

Muchos venezolanos tildaron al deportista de enchufado por sus nexos con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Hay que recordar que Rubén Limardo fue elegido como diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir.Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes.