“Venezuela se viste de luto y dolor por la partida física de Carmen Navas, madre de Víctor Quero Navas”, dijo este lunes la dirigente de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano.

Lamentó el hecho, porque “murió una madre venezolana que pasó meses buscando a su hijo. Una madre que tuvo que soportar el silencio, la incertidumbre y el horror de reconocer el cadáver de su hijo después de su desaparición forzada. Y la verdad no puede ser enterrada junto a ellos”.

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🚨 MURIÓ "ESPERANDO JUSTICIA"Dirigente opositora, @delsasolorzano, lamentó la muerte de Carmen Navas, madre de Víctor Hugo Quero, quien falleció bajo custodia del Estado“Hoy Venezuela se viste de luto”, expresó, al denunciar que han pasado 10 días sin respuestas sobre el caso pic.twitter.com/E5inzton2Z

Recordó que “han transcurrido 10 días desde que el Estado anunció la apertura de una supuesta investigación por la muerte de Víctor. Son diez días sin respuestas, sin verdad, sin justicia”, dijo.

Agregó que "el país sigue esperando saber qué ocurrió realmente con Víctor Quero. Y Carmen murió esperando esas respuestas", lamentó.

Finalmente, Solórzano afirmó: “Ninguna madre debería morir así. Ningún hijo debería desaparecer bajo custodia del Estado. Ninguna familia debería enfrentar tanta crueldad e impunidad. Exigimos justicia”.

La dirigente opositora Delsa Solórzano alertó acerca del procedimiento que se está siguiendo en la designación del nuevo fiscal general y del defensor del pueblo, por parte de la Asamblea Nacional.

Hizo la advertencia una vez que fueron publicados los listados de aspirantes para cada cargo, por parte del Comité de postulaciones.

“En la nueva etapa política que vive Venezuela, es fundamental que las decisiones institucionales se tomen con estricto apego a la Constitución. Quienes creemos en la reconstrucción democrática del país tenemos también la responsabilidad de contribuir con claridad jurídica para que los procesos públicos se desarrollen correctamente”, dijo la presidenta de Encuentro Ciudadano en su cuenta en X.

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#IMPORTANTE SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL PARA DESIGNAR AL FISCAL GENERAL Y AL DEFENSOR DEL PUEBLOA propósito de los listados de postulados que circulan hoy públicamente y que no provienen del Comité de Evaluación de Postulaciones establecido por la Constitución, es…

Por eso, cree que “es importante recalcar que la designación del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo no es un trámite discrecional de la Asamblea Nacional. La Constitución establece un procedimiento claro que debe cumplirse”.

Solórzano recuerda que “el artículo 279 dispone que el Consejo Moral Republicano debe convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad. Ese comité debe realizar un proceso público de evaluación del cual surja una terna por cada cargo, que posteriormente se somete a la consideración de la Asamblea Nacional”.

Afirma que “solo a partir de esas ternas la Asamblea Nacional puede escoger a los titulares correspondientes, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. Este mecanismo es la garantía de transparencia, participación ciudadana e independencia institucional”.

Por eso, a la dirigente le “preocupa que el procedimiento que actualmente se está llevando a cabo no esté respetando plenamente ese esquema constitucional. Nuestro interés es que esta nueva etapa del país se desarrolle de la mejor manera posible y que podamos avanzar efectivamente hacia las tres etapas que deben conducir a la transición democrática”.

“Para que eso ocurra hay una condición básica: cumplir la Constitución y la ley. Porque sin instituciones independientes no hay Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho no habrá verdadera reconstrucción democrática para Venezuela. La reconstrucción democrática de Venezuela empieza por algo muy simple: cumplir la Constitución”, alertó.

La dirigente opositora y presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, alertó acerca de las “exclusiones” que contiene la Ley de Amnistía promulgada este jueves por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras ser sancionada por la Asamblea Nacional.

Solórzano aclara que “aún no dispongo del texto completo que ha sido aprobado. Por lo que solo puedo hacer una valoración inicial. En primer lugar, destaco que, si bien se agregaron algunos hechos adicionales al catálogo del artículo 8, la cantidad de exclusiones es significativa”, dijo en su cuenta en X.

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Igualmente, pone atención “en la redacción final del artículo 7, que tiene cláusulas que deben mirarse con inquietud y preocupación.   No se trata de una objeción ligera: hay elementos que podrían afectar la naturaleza misma de la amnistía”.

Por ello, asevera que, a primera vista, “pudiera concluirse que la amnistía no opera de mero derecho, como corresponde. Tampoco se derogan las leyes que claramente son usadas como instrumento de persecución política”.

La dirigente promete hacer “un análisis exhaustivo y técnicamente fundamentado tan pronto tenga acceso al texto completo y definitivo”.

Concluye firmando que “Venezuela merece iniciar una transición que ponga fin a la prisión y la persecución política, que reconozca el sufrimiento de víctimas y familiares, y que abra espacio para la convivencia y el ejercicio pleno de los derechos. También es menester acompañar el clamor de familiares y víctimas para que de inmediato haya”.

Para la presidenta de Encuentro Ciudadano y exparlamentaria, Delsa Solórzano, con los cambios que se han dado en Venezuela a raíz de la incursión de Estados Unidos, "tenemos una nueva oportunidad de construir esa Venezuela por la que tenemos tantos años luchando, una Venezuela donde no haya prisión política, donde no haya persecución política, una Venezuela donde se respete la opinión divergente de todo el mundo".

Así lo manifestó en el programa Abriendo puertas que transmite Venevisión.

Sobre la apertura petrolera que se ha gestado durante las últimas semanas, Solórzano comentó: "¿Qué pasa con la apertura petrolera? Pasa que la economía se sustenta en la confianza, la confianza, la confianza en seguridad jurídica y la seguridad jurídica se sustenta en el estado de derecho y en estabilidad económica real, porque estás hablando de grandes inversiones, de inversiones a largo plazo, y cualquier empresa seria, para poder invertir enesa circunstancia, pues necesita contar con todos esos requisitos".

Por ello, piensa que “es erróneo pensar que la recuperación económica por sí sola resuelve el problema del país. Es imprescindible, es necesaria y es erróneo pensar también que, con algunas reformas puntuales en lo económico, si esas reformas no están acompañadas con estado de derecho, por sí solas no son suficientes para que Venezuela tenga una recuperación económica verdadera”.

En consecuencia, insistió en que es necesaria "la recuperación de la institucionalidad, de la democracia. Cuando todas estas cosas se conjuguen al mismo tiempo, en ese momento Venezuela será eso con lo que hemos venido soñando".

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En cuanto a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, la abogada cuestionó que el proyecto que se presentó para la segunda discusión establezca que la persona a ser beneficiada se debe “poner a derecho”.

“Una amnistía, por su naturaleza jurídica, no es un acto de enjuiciamiento ni de juzgamiento. En consecuencia, no te pueden pedir que estés a derecho o no, porque la amnistía no se aplica a personas, se aplica a hechos. Se determina cuáles son los hechos a los cuales se les quita el carácter punible y que tienen consecuencias legales en lo civil, en lo administrativo y en lo penal”, dijo.

Entonces, fustigó el texto, porque “no solamente excluye a los militares, no solamente excluye a los que están en el exilio, sino que también excluye a decenas de ciudadanos que no serían amparados por este instrumento (...)”.

Asimismo, dijo que "la amnistía debe operar de manera inmediata y que, apenas se apruebe un instrumento como este, la consecuencia sería que usted abre las puertas de las cárceles y salen los presos políticos. Sin más dilaciones".

En cuanto a las personas que han sido excarceladas en los últimos días, Solórzano afirmó: "Yo no las puedo llamar liberaciones porque no se trata de medidas de libertad plena, se trata de excarcelaciones. Sales de la cárcel, pero sales con medidas".

 De esa forma, y al referirse a la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y a la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, indicó: "¿De qué te sirve decir que hay un borrón y cuenta nueva conforme a determinados hechos? Sí, mañana sigue abierta la puerta de la persecución a través de instrumentos legales que la permiten".

Sobre el proceso de tres fases anunciado por Estados Unidos y la transición que requiere el país, la abogada dijo: “Nosotros deberíamos caminar hacia –en primer término– una reinstitucionalización del país para que haya una verdadera elección libre (...). Tú tienes que cambiar el Consejo Nacional Electoral, tú tienes que garantizar que haya un ente rector que permita que se vote, se elija y se respete el voto de los venezolanos; tú tienes que permitir el cese de las inhabilitaciones políticas, que todas las personas puedan ser sujeto de derecho y que uno tenga derecho a elegir y a ser elegido (...); que se acabe la judicialización de los partidos políticos y los partidos estén en manos de sus legítimas autoridades, que los partidos podamos ejercer nuestro derecho a legalizarnos, a regularizarnos dentro del Consejo Nacional Electoral”, expresó.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, alertó este jueves acerca de lo que se pretende aprobar en la Asamblea Nacional, en relación con la Ley de Amnistía, que, a su juicio, no cumple con los estándares de lo que debería ser una norma de este tipo, puesto que contiene omisiones y exclusiones graves.

En su cuenta en X, Solórzano enumera cada uno de los errores que contiene el informe para la segunda discusión en la AN, proceso que quedó diferido precisamente por la falta de acuerdo en la redacción del artículo 7.

La dirigente destaca que, “aunque introduce algunos ajustes formales, el texto sigue siendo insuficiente y mantiene riesgos importantes que deben advertirse con claridad”.

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El proyecto continúa limitando estrictamente su aplicación a hechos calificados como “violencia por motivos políticos”, circunscritos a momentos específicos previamente enumerados, los cuales resultan insuficientes frente al amplio período temporal que el propio documento declara abarcar.

 En consecuencia, deja fuera múltiples manifestaciones de persecución política que no se encuadran en esos episodios puntuales y no aborda la dimensión estructural de la criminalización desarrollada durante todos estos años.

Además, incorpora una disposición especialmente delicada, que si bien no fue aprobada el día de hoy, debe verse con atención:

• Exige que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho” para poder beneficiarse de la amnistía.

Debe precisarse que este requisito no guarda relación con la prohibición del juicio en ausencia. 

La amnistía no es un acto de juzgamiento ni de imposición de pena, sino una decisión legislativa que extingue la acción penal y elimina la punibilidad de determinados hechos. Por su naturaleza, no exige comparecencia para garantizar defensa alguna.

 Condicionar su eficacia a la presentación ante el tribunal desnaturaliza la figura y la subordina al mismo sistema judicial que se pretende neutralizar.

Esto impacta directamente tanto a exiliados como a quienes tienen órdenes de captura, condicionando la libertad a la comparecencia ante el mismo sistema que ejecutó la persecución.

• Los hechos derivados de la Ley Simón Bolívar y de la Ley Contra el Odio, así como de otros instrumentos utilizados para criminalizar la disidencia.• Cualquier disposición derogatoria de esas leyes represivas, que permanecen plenamente vigentes.• El levantamiento de inhabilitaciones políticas y anulación expresa de sanciones administrativas impuestas por razones políticas.

La amnistía prevista no opera de manera automática. Su aplicación queda sometida a verificación judicial caso por caso y se crea un sistema de recursos, incluyendo apelación. Esto significa que la libertad no es inmediata, sino que queda sujeta a la decisión y revisión del mismo Poder Judicial que ha sostenido la persecución.

Asimismo, se propone que el seguimiento quede en manos de una comisión especial de la Asamblea Nacional. Sin embargo, más allá del órgano designado, lo determinante es que no se desmonta la estructura jurídica que permitió la persecución.

Al no derogarse el marco normativo represivo y al mantenerse el carácter taxativo del artículo 6 sin ampliaciones sustantivas, la arquitectura de control permanece intacta.

Debe precisarse además que, si bien hasta este momento solo se ha aprobado el texto hasta el artículo 6, es precisamente ahora cuando corresponde formular con firmeza las observaciones necesarias. Rectificar a tiempo es una obligación política y jurídica si realmente se aspira a una amnistía efectiva, integral y garantista.

Una amnistía verdadera debe garantizar:

• Libertad inmediata y efectiva.• Retorno seguro de los exiliados.• Restitución plena de derechos políticos.• Levantamiento de inhabilitaciones y sanciones administrativas.• Desmontaje del marco legal represivo.• Garantía de no repetición.

Reiteramos nuestra exigencia de liberación sin más dilaciones de todos los presos políticos, así como el restablecimiento pleno del orden constitucional como condición indispensable para una transición democrática real.

Insistimos: la amnistía no puede convertirse en una excusa dilatoria para postergar la libertad.

Delsa Solórzano,  reapareció este martes  después de 17 meses en la clandestinidad.

En una rueda de prensa, Solórzano afirmó que Venezuela entra en “una nueva etapa” y exigió el fin definitivo de la persecución política.

Explicó que nunca se ocultó por haber cometido delito alguno, sino porque su vida y seguridad corrían un serio peligro.

Dijo que  defender la libertad se convirtió en una amenaza directa contra su integridad. “Yo soy una mujer honesta, el país me conoce. No me resguardé porque haya cometido ningún delito, sino porque aquí luchar por la libertad se convirtió en un altísimo riesgo contra tu vida, contra tu libertad, contra tu seguridad”, afirmó.

Sostuvo que el país debe dejar atrás la criminalización de la disidencia. “Ya basta de tanto dolor. Ya basta de perseguir a alguien porque piensa distinto. ¿En qué mente civilizada puede estar que yo voy a encarcelar a usted porque piensa distinto a mí?”, cuestionó.

Aseguró que el país vive un momento de transición que debe traducirse en garantías reales para el ejercicio de derechos fundamentales. “Esperamos el fin de la persecución. Que esta sea una nueva etapa para Venezuela, donde tengamos derecho a la libertad de expresión, no solo a la libertad de pensamiento. Usted puede pensar como quiera, pero si lo expresa, lo persiguen. Yo espero que esa etapa haya pasado”, expresó.