Se conoció que la vivienda en donde se hospedó la líder de la oposición María Corina Machado durante su visita al Táchira, ubicada en la localidad de Palmira, municipio Guásimos, fue asaltada por hombres encapuchados y portando armas largas

La denuncia la hizo este martes 9 de julio el defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y director del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez.

En un video compartido por Márquez se observa a sujetos irrumpiendo en la referida vivienda.

¡GRAVE DENUNCIA! ?Encapuchados irrumpieron la vivienda en donde se hospedó @MariaCorinaYA los días #27Jun y #28Jun y amordazaron y amenazaron al vigilante, según denunció el abogado y defensor de derechos humanos, Walter Márquez.? Cortesía? Vía @milmanrique pic.twitter.com/0MvvsMzkMX

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“Hicieron todo un dispositivo de tratar de buscar alguna evidencia que comprometiera a sectores de oposición y llevaban una pimpina de gasolina, preguntando por el camión que ella usó en su recorrido desde Palmira hasta la quinta avenida de San Cristóbal, para incendiarlo. Amordazaron a uno de los vigilantes, lo golpearon, a los otros los amenazaron de muerte y les quitaron todos los equipos de comunicación”, agregó.

#NoticiasVPItv | Denuncian hechos irregulares en vivienda donde se hospedó María Corina Machado en el estado #Táchira. Conéctate a nuestra #EmisiónCentral aquí: https://t.co/dorZAezT2F pic.twitter.com/vzOSyxNd96

«Ocho delincuentes armados, que se presume sean de organismos de seguridad del Estado por las características y las armas que portaban». añadió.

Asimismo, manifestó que fueron privados de libertad cuatro meseros que fueron contratados a través de un servicio de catering para servir comida a la opositora María Corina Machado y a la comitiva que la acompañó durante los días 27 y 28 junio, cuando se hospedaron en la vivienda de un empresario tachirense.

Wendelin Peña, madre del estudiante John Álvarez, acudió a la Defensoría del Pueblo para denunciar las presuntas torturas en contra de su hijo.

«Estoy acá en la Defensoría del Pueblo para entregarle este documento al Defensor del Pueblo y pedirle que ejerza su poder», manifestó. 

Contó que en su primera visita John le contó sobre los maltratos a los que lo habían sometido. «Me confesó la primera vez que logré verlo, fuera del sitio donde lo tenían, que si lo habían torturado. Le propinaron golpes muy inteligentes y le colocaron electricidad«, indicó.

Además alertó que su hijo tiene condiciones de salud delicadas. “En años anteriores mi hijo perdió un testículo y tuvo una operación”, recordó.

«Si él está acá es para respaldar que no haya tortura y hoy habló en nombre de John Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela», declaró a la prensa.

#6Sep ?️ LE CONFESÓ QUE FUE TORTURADOLa madre de John Álvarez, estudiante de la UCV detenido y torturado a manos de presuntos funcionarios de la PNB, consigna un documento ante la Defensoría del Pueblo y alerta que su hijo tiene condiciones de salud delicadas“En años… pic.twitter.com/n5iUpBovuI

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El abogado, Joel García, quien acompañó a la denunciante, detalló que Álvarez tenía una presunta orden de aprehensión desde 2022 y durante la audiencia lo vincularon con delitos de conspiración y por estar supuestamente relacionado con los seis sindicalistas condenados a 16 años.

El estudiante fue privado de libertad la noche del lunes. Funcionarios de organismos de seguridad del Estado lo detuvieron por estar presuntamente relacionado con los seis sindicalistas sentenciados recientemente a más de 16 años de cárcel, por conspiración.

La información la dio a conocer el abogado Joel García.

Desde el 2014 se han reportado 15.803 detenciones arbitrarias en Venezuela, todas por razones políticas, lo que se traduce en cuatro diarias y una cada seis horas, denuncia Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal.

Justo esta cifra aportada por Himiob en entrevista para Unión Radio viene al caso por los nuevos atentados contra la disidencia, como son los casos de la detención del estudiante John Álvarez y el intento de involucrar al periodista Carlos Julio Rojas en delitos contra el orden público.

Pero estos son dos nuevos casos que se unen a las reiteradas denuncias y casos se repiten en Venezuela.

Eduardo Torres, abogado y activista sindical, denunció que el estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) John Álvarez fue torturado. «Fue golpeado con un bate, descargas eléctricas en la rodilla, costillas y testículos».

Según testimonio del mismo Álvarez, lo ruletearon encapuchado por Caracas funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sin uniforme e identificación, y lo obligaron a grabar unos videos para inculpar a otros

Álvarez fue privado de libertad la noche del lunes. Funcionarios de organismos de seguridad del Estado lo detuvieron por estar presuntamente relacionado con los seis sindicalistas sentenciados recientemente a más de 16 años de cárcel, por conspiración.

#5Sep ?️ ¡DENUNCIAN TORTURAS!Eduardo Torres, abogado y activista sindical, denuncia que el estudiante de la UCV, John Álvarez, ha sido torturado.“Fue golpeado con un bate, descargas eléctricas en la rodilla, costillas y testículos”?: @_Provea pic.twitter.com/Sz0t0KTcpe

Es un patrón sistemático ejecutado por presuntos miembros de cuerpos de seguridad del Estado que, sin portar identificación a bordo de vehículos sin placas y fuertemente armados, detienen a civiles o militares.

Los desaparecen durante horas, días o meses, y luego de practicarles torturas, los obligan a rendir falsos testimonios para incluir en alguna jugada judicial a otros ciudadanos.

Después son presentados en tribunales donde fiscales y jueces siguen con la comparsa alegórica a la injusticia.

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En el mismo testimonio, el estudiante señaló que lo conminaron a grabar declaraciones en contra del periodista Carlos Julio Rojas, de quien dijeron que tiene organizado a los vecinos para crear conflictos en el centro de Caracas.

Ante esto, el comunicador social y activista en la parroquia Candelaria, quien también estuvo presente en la denuncia de Torres, acusó que desde el oficialismo pretenden publicar un video que lo implicaría en algún delito tras una confesión forzada».

«Me informan que régimen de Nicolás Maduro pretende lanzar video obtenido mediante tortura a una persona donde ésta realiza acusaciones falsas en mi contra, hago responsable a @CeballosIchaso1 (Remigio Ceballos), @TarekWiliamSaab de mi libertad e integridad. ¡Ser periodista y líder social no son delito!», escribió Rojas en su cuenta en  X.

Me informan que régimen de @NicolasMaduro pretende lanzar video obtenido mediante tortura a una persona donde esta realiza acusaciones falsas en mi contra,hago responsable a @CeballosIchaso1–@TarekWiliamSaab de mi libertad e integridad¡Ser periodista y líder social no son delito!

En vista del riesgo que corre la integridad de Rojas, salió al paso el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), que rechazó el uso que hacen de las instituciones del Estado para censurar y liquidar la disidencia.

#5Sep Se pretende incriminar al dirigente comunitario, activista y periodista @CarlosJRojas13 ,para encarcelarlo,solo por la labor que desarrolla en defensa de los derechos ciudadanos. Rechazamos el uso de las instituciones del Estado para censurar y liquidar la disidencia. pic.twitter.com/4MXqoJNee5

De los 156 presos políticos en Venezuela, 113 tienen más de 3 años en prisión preventiva, esto pese a que la ley no lo permite, aseguró el abogado y director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.

«La ley establece que la prisión preventiva puede ser de dos años, prorrogable a un año más como máximo, sin embargo, aquí hay personas con 5, 6 o 7 años más”, sentenció Himiob la mañana de este martes en el espacio de Roman Lozinski para Unión Radio.

En este sentido, recordó que este lunes 4 de septiembre el periodista venezolano y activista del partido Voluntad Popular Roland Carreño cumplió 1.043 días detenido en la cárcel de El Helicoide en Caracas, en medio de un proceso judicial que ha sido interrumpido en reiteradas oportunidades.

Resaltó que, aun cuando el tribunal ordena que los presos políticos sean sometidos a tratamientos médicos o revisiones, muchas veces no se respetan estas órdenes; y al menos 50 presos políticos necesitan atención médica urgente. Tal es el caso de Javier Tarazona, pero no es particular, a muchos se les impide recibir esta ayuda.

El director del Foro penal manifestó que estos privados de libertad tendrán que pasar más tiempo en prisión en un proceso que no se sabe cuánto tardará.

«Al menos 42 presos políticos deben reiniciar sus audiencias después de 3 años o más privados de libertad», sostuvo.

Ante todo este contexto, queda la inquietud, si no se puede ni disentir sobre el estamento político, ¿cómo entonces afrontar un proceso electoral que lo tenemos a la vuelta de la esquina?

El secretario general del CNP-Caracas, Edgar Cárdenas, indicó que han venido denunciando la política de agresión a medios de comunicación. “Tenemos casos de hostigamiento, juicios abiertos en tribunales y cierres de emisoras de radio. Solo en el 2022, 103 emisoras cerraron por órdenes de Conatel, y ahora, que estamos en un año preelectoral, se intenta censurar y limitar el acceso a la información”, expresó en relación a las agresiones que ha sufrido la prensa venezolana.

“Ejercer periodismo en Venezuela se ha convertido en un completo riesgo y el ciudadano de a pie también está siendo atacado porque se busca criminalizar la opinión pública. El derecho a la libertad de expresión es universal”, agregó.

Sin embargo, tanto el CNP como la ONG RedesAyuda son optimistas, y por ello están invitando a periodistas y estudiantes de comunicación social a participar en un ciclo de talleres con el objetivo de adquirir nuevas herramientas que les permitan hacer una cobertura responsable de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Una presunta filtración de datos en el registro abierto de la organización política Vente Venezuela provocó la revelación de datos de ciudadanos dentro y fuera del país.

Así lo dio a conoces la cuenta en Twitter CyberPatria, vinculada a oficialísimo, pero no por ello deja de ser cierto.

«Vente Venezuela crea nueva lista Tascon a propósito exponen información de venezolanos incautos en el exterior. ‘error’ de config AWS documenta cada registro desde la web», denuncian.

Incluso va a mas: «Lo más triste es que esto no es ningún hackeó ni intento del gobierno nacional para hacer público o exponer a las personas que metieron en esos registros engañados la gente de @VenteVenezuela y @cnprimariave», comenta la publicación.

Muy tarde pequeñoshttp://70.32.84.67Username:edwinjosefernandez@gmail.comPassword: amdm1403Una vez iniciada sesión solo alternar los últimos dígitoshttp://70.32.84.67/electores/111817?non_user_id=truehttp://70.32.84.67/electores/111818?non_user_id=trueGracias Edwin pic.twitter.com/rNbqT7zC6y

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Vente Venezuela no se ha pronunciado públicamente sobre el posible incidente de datos filtrados.

Sin embargo, tal denuncia ha originado una diatriba. La cuenta CyberPatria comentó: «La misma gente de @VenteVenezuela nos pide exponer la información de sus inscritos a la farsa de sus elecciones primarias, pero no nos prestaremos para este circo que busca crear descontento en ustedes para llevarlos como borregos a protestar en las calles de forma violenta».

La misma gente de @VenteVenezuela nos pide exponer la información de sus inscritos a la farsa de sus elecciones primarias pero no nos prestaremos para este circo que busca crear descontento en ustedes para llevarlos como borregos a protestar en las calles de forma violenta

El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, exhortó a grabar y denunciar a los funcionarios policiales que comentan «matraqueos».

Saab manifestó que un uniformado debe ser «un amigo del pueblo», no su verdugo.

«No es posible que las personas al llegar a una alcabala se asusten porque le pueden quitar lo poquito que tienen, hay que grabar todas aquellas actuaciones que sean negativas de los policías contra las personas», dijo el fiscal desde el estado Anzoátegui durante la reinauguración del Comedor Popular Nemer Saab.

Destacó que son acciones que no son propias de todos los efectivos policiales, pero se han convertido en el día a día de los venezolanos.

Dijo que que la reconstrucción del comedor fue promesa del gobernador Luis Marcano, que beneficiará tanto a los pobladores de El Tigre como a los pacientes del Hospital General. Aprovechó también su visita para reinaugurar un parador turístico que le da entrada a la ciudad.

El fiscal solo se refirió a funcionarios policiales, pero se supone que se extiende a todos los cuerpos de seguridad y militares, que incluye a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de los entes más cuestionados en la materia.

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Los ministerios de Defensa e Interior, Justicia y Paz emitieron una resolución conjunta en la que regula la actuación de sus funcionarios en las alcabalas y establecen mecanismos para su supervisión.

La medida entró en vigencia luego de la publicación de la Gaceta Oficial Nº 42.458, con fecha del 8 de septiembre. Entre otros puntos, destaca por permitir que una persona retenida en uno de estos puntos pueda grabar el procedimiento para dejar constancia de lo ocurrido.

«Los ciudadanos y ciudadanas, en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, podrán realizar grabaciones de video o audio de los procedimientos a que sean sometidos en los puntos de control por parte de la autoridad policial o militar, sin que puedan ser compelidos a no hacerlo», expresa su artículo 20.

Igualmente, la resolución prohíbe a los funcionarios quitarle el teléfono durante una verificación de rutina. Para retener los dispositivos y documentos de una persona deben cumplir primero todos los procedimientos dictados por el Código Orgánico Procesal Penal (Copp). Tampoco podrán ordenar que se detenga la grabación ni borrarla.

Las alarmas están encendidas en la Caracas ante las denuncias de nuevos casos de personas afectadas por la llamada droga burundanga.

Po miedo la mayoría de las víctimas no denuncia, la mayoría jóvenes y adultos mayores que caen en esta situación.

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Aseguran que los lugares más comunes para utilizar esta droga son bulevares y centros comerciales.

Algunos ciudadanos optan por no recibir nada de nadie, ni siquiera el saludo para no ser víctimas de esta droga y del robo.

Personal nocturno del Hospital Luis Ortega en Porlamar, Nueva Esparta denuncian que tienen más de un mes exigiendo implementos de seguridad para poder atender a los pacientes con COVID-19.

Mediante un video difundido en redes sociales, una de las trabajadoras aseveró que no son atendidos por los directores del centro de salud y no les han respondido sus exigencias.

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Ante esta situación destacó que el personal de la salud tiene todas las intenciones de trabajar y cumplir con sus labores pero quieren garantías porque tienen miedo de arriesgar sus vidas ante la pandemia.

Venezuela es uno de los países con el mayor índice en la tasa de mortalidad de personal de salud. En reiteradas oportunidades diferentes trabajadores del área han denunciado que no tienen los implementos adecuados para atender a los pacientes infectados por COVID-19.

#PulsoRegional #NuevaEsparta #1Ago Personal sanitario nocturno del hospital Luis Ortega de #Porlamar, denunciaron el #31Jul que tienen un mes pidiendo a la dirección de dicho hospital, implementos de seguridad para atender a pacientes de Covid_19 @diegorizzo1983 vídeo cortesía pic.twitter.com/Y5voTN8rvt

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Plataforma Democrática, Veneamérica y fundación el Amparo, denunciaron las irregularidades que ocurren en los procesos judiciales a cargo de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.

El viernes 26 de junio se realizó una conferencia online donde participaron numerosos abogados, magistrados, penalistas, especialistas en derechos humanos, historiadores y diplomáticos quienes destacaron retrasos injustificados, y, dilaciones arbitrarias y lasivas en el proceso que se mantiene abierto sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro por parte de la CPI.

Resaltaron que la fiscal de la corte, Fatou Bensouda, es responsable de la negligencia en la iniciación, tramitación y resolución de más de 120 denuncias contra la dictadura.

En el evento acordaron constituir un Comité de Seguimiento que vigile el cumplimiento de las metas fijadas en los ordinales que preceden. Alertaron a los embajadores, gobiernos y parlamentos, especialmente al Grupo de Lima y la Unión Europea, sobre cómo la CPI obstruye la justicia y mantiene impune los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela.

Los participantes del simposio acordaron hacer un plan comunicacional amplio que permita difundir en el mundo la noble causa de exigir justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

El evento estuvo dirigido por los profesionales Walter Márquez, William Cárdenas, Omar Estacio, Paciano Padrón, Adolfo Salgueiro, José Oropeza, Pedro Troconis y Luis Corona.