A través de sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos en Caracas, informó sobre el otorgamiento de recursos por parte del Departamento de Estado para la formación de estudiantes de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela en materia antisísmica.

“@StateDept otorgó una subvención de $150.000 a Miyamoto Global Disaster Relief para apoyar la colaboración entre la Universidad Central de Venezuela y @ASU”, publicó.

Explicó que “este proyecto capacitará a estudiantes venezolanos en ingeniería sísmica, infraestructura resiliente y prevención de desastres”.

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La embajada ratificó que siguen “invirtiendo en el talento venezolano e impulsando la recuperación económica bajo el plan de tres fases de @POTUS”.

🇺🇸 EE.UU. DESTINA $150.000 A PROYECTO DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA SÍSMICA PARA VENEZOLANOS El Departamento de Estado de Estados Unidos (@StateDept) otorgó una subvención de 150.000 dólares a Miyamoto Global Disaster Relief para apoyar una alianza entre la Universidad Central de Venezuela (@UCV_Noticias) y la Universidad Estatal de Arizona (@ASU). El proyecto capacitará a estudiantes venezolanos en ingeniería sísmica, infraestructura resiliente y prevención de desastres. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de cooperación para fortalecer el talento venezolano e impulsar la recuperación económica del país, bajo el plan de tres fases de Donald Trump y Marco Rubio.

“Estados Unidos celebra la conclusión de la tercera ronda de conversaciones de reconciliación política entre la Asamblea Nacional venezolana de 2015, encabezada por la Dra. Dinorah Figuera, y el gobierno interino. Este proceso liderado por Venezuela continúa fortaleciendo las instituciones democráticas, ampliando las libertades políticas y sentando las bases para elecciones libres, justas y creíbles”.

Así lo señaló un comunicado emitido por el Departamento de Estado en su página web.

“Esta última ronda de negociaciones arrojó resultados tangibles, incluyendo el acuerdo para revisar y modificar varias leyes represivas con el fin de aumentar la libertad política y social y garantizar la participación de todos los actores políticos”, añade.

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Destaca que estos emcuentros impulsaron “el progreso en la reconstrucción de una Corte Suprema independiente, que continúa avanzando hacia la selección de 32 nuevos magistrados”. 

Asimismo, resata que, “desde el inicio de las conversaciones de reconciliación, este proceso también ha fortalecido la libertad de prensa, restableciendo el acceso a más de 70 sitios web previamente bloqueados, ha dado lugar a un acuerdo para recuperar las reservas de oro del Banco de Inglaterra para la ayuda a los damnificados por el terremoto y ha promovido los esfuerzos para reformar la represiva Ley contra el Odio”.

Recordó que “el gobierno interino también ha liberado a un número significativo de presos políticos desde que comenzó el proceso de reconciliación, sumando un total de más de 1000 liberados desde la Operación Resolución Absoluta. Seguimos exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos”.

Destac{o que “durante su reunión del 9 de octubre con la Dra. Figuera, el Secretario Rubio elogió su valiente liderazgo e instó a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral. La Administración Trump mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por Venezuela como parte del plan de tres fases del presidente Trump y el secretario Rubio para la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política, que conduzcan a una transición democrática pacífica”.

El integrante de la AN del 2015, Juan Miguel Matheus, quien forma parte de las negociaciones con el chavismo, admitió la intervención de Estados Unidos en el proceso que comenzó en agosto y que inicia su tercera fase este mes.

En entrevista con El País, a Matheus,  lejos de incomodarle, la mano de Washington le parece necesaria: a su juicio, ha hecho viables compromisos fundamentales para la transformación institucional que debe llevar a la democracia. Confía en que en las próximas sesiones, que se extenderán hasta diciembre, se empiece a trabajar en un nuevo sistema electoral y en la restauración de los derechos políticos y constitucionales.

 Para él, el 3 de enero —fecha del ataque y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, perpetrados por militares estadounidenses— lo cambió todo.

Pregunta. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta negociación?

Respuesta. El 3 de enero despertó un interés de Estados Unidos por Venezuela que cambió la política interna y reconfiguró definitivamente la relación entre ambos países. El acuerdo petrolero convierte a Venezuela en objeto del máximo interés de Washington en este contexto geopolítico, como política de Estado y con un interés bipartidista. Esa es la diferencia fundamental entre este proceso de negociación y los anteriores.

P. El chavismo dice que negocia con Estados Unidos, no con la oposición.

R. El facilitador de este proceso es Estados Unidos, un actor objetivamente confiable para ambas partes. Los términos y las coordenadas de esta negociación han sido definidos por el Departamento de Estado y, en concreto, por el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero el trabajo se desarrolla entre los dos actores, que son criollos. Una muestra muy concreta de que la mesa tiene su propia dinámica: en el primer ciclo, en materia de justicia, entramos proponiendo la renovación de la Sala Electoral y salimos con acuerdos para renovar todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela de la Magistratura.

P. Los acuerdos de la segunda ronda, a finales de septiembre, decepcionaron: se criticó que anunciaban medidas que ya estaban en marcha.

R. Toda inconformidad de la ciudadanía con este proceso está justificada: son muchos años de padecimiento autocrático y de negociaciones fracasadas. Pero esta es la primera vez que obtenemos resultados concretos en el primer ciclo de trabajo, y también en el segundo. Uno de los acuerdos es la transformación del sistema de justicia mediante tres medidas: la conformación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales para elegir un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, el cronograma para designar a los magistrados y el nombramiento de los integrantes del Consejo de Verificación de Credenciales de los postulados. Son acuerdos bastante concretos.

P. ¿Por qué Delcy Rodríguez anunció por su cuenta medidas que se discutían en la mesa, como la reforma de la ley contra el odio o el desbloqueo de 200 portales?

R. Creo que hay una intención de no atribuir los resultados democratizadores a lo que se debate en esta mesa y de presentarlos como medidas unilaterales del Gobierno encargado. Pero el pueblo venezolano tiene la madurez cívica suficiente para saber que dos y dos son cuatro: el desbloqueo de los portales informativos o la reforma de la ley contra el odio son fruto del trabajo de esta mesa. Son exigencias que los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 venían haciendo incluso antes de que se instalara.

P. ¿Por qué no se abordaron los derechos políticos y las inhabilitaciones, como se esperaba?

R. La agenda de las mesas se fijó el pasado 1 de agosto e incluía tres grandes áreas: la atención a las víctimas del terremoto; el fortalecimiento de la democracia, con la transformación del sistema de justicia y del sistema electoral; y las garantías políticas, que abarcan los derechos humanos y los derechos políticos. En las próximas jornadas entraremos a fondo en el debate sobre los derechos políticos.

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P. ¿A qué aspira de aquí a diciembre?

R. Hemos dado pasos gigantescos en la transformación del sistema de justicia. Tener un cronograma constitucional para designar a los nuevos magistrados, que está a punto de publicarse, es un logro importante. Ahora será fundamental empezar a discutir la transformación del sistema electoral y, por supuesto, lo que está en el centro de estas negociaciones: la instalación de la mesa de garantías políticas, que es la que va a crear el clima para renovar limpiamente los poderes públicos del país.

P. Jorge Rodríguez aseguró que la fecha de las elecciones se fijará “de acuerdo a lo que estipula la Constitución”. ¿Qué opina?

R. Si nos atenemos a la Constitución, tendríamos que contar 180 días desde el 3 de enero para declarar la falta absoluta de Maduro en el cargo, más una posible prórroga de otros 180 días, para convocar elecciones presidenciales. La gente debe juzgar esta mesa por los acuerdos firmados más que por las declaraciones de los personeros de cada delegación.

P. ¿Ve posibles unas elecciones en 2027?

R. Tan pronto como sean posibles, como ha dicho el propio secretario de Estado, Marco Rubio.

P. Ganando tiempo, el chavismo podría devolver al país a la casilla de salida: elecciones en 2030, como estaba previsto.

R. No bajamos la guardia. Tenemos la cautela necesaria: sabemos cuáles son los precedentes de la parte con la que negociamos. En lo personal, no veo un escenario electoral en esa fecha. Nuestro objetivo no es solo lograr unas elecciones presidenciales, sino inaugurar un sistema democrático que perdure, fruto de la renovación de los poderes públicos que salga de estas sesiones.

P. ¿Cree de verdad que la revolución bolivariana va a capitular en una mesa de negociación?

R. La dinámica política venezolana cambió para siempre después del 3 de enero, y eso condujo a la instalación de esta mesa. Nadie puede eludir la magnitud de ese hecho. Además, la mesa tiene una dinámica propia. Ha habido cordialidad cívica en las sesiones de trabajo, con el acompañamiento de Estados Unidos y con las tensiones y discrepancias naturales en este tipo de situaciones, pero también con la altura suficiente para interpretar los intereses democratizadores del pueblo venezolano.

Con información de El País

El Departamento de Estado de Estados Unidos confía en que la vuelta de opositores a Venezuela avance y forme parte del proceso de transición hacia la democracia del país, según explicó este viernes su portavoz Tommy Pigott en un encuentro con medios internacionales.

«Deseamos ver el retorno de las personas a Venezuela como parte de este proceso. Ya hemos visto a figuras que regresan al país y conceden entrevistas. Esperamos seguir viendo avances en este sentido«, aseguró.

Pigott evitó pronunciarse sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela, al tiempo que destacó el progreso que se está produciendo en las relaciones de Estados Unidos con Venezuela: «no voy a entrar en detalles específicos sobre ese asunto ni a especular sobre sus planes de viaje«.

ADVERTISEMENTSobre la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela, el portavoz del Departamento de Estado afirmó que Washington quiere que se celebren elecciones: «Hemos sido muy claros al respecto. Pero nuestro objetivo son elecciones duraderas que consoliden la república«, agregó.

Tras reconocer que queda mucho trabajo por hacer, se mostró optimista por el camino recorrido: «Si comparamos la situación actual con la de hace un año, se ha avanzado mucho y han ocurrido muchas cosas«.

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Pigott defendió que para que haya «procesos electorales sostenibles», deben cumplirse «ciertas condiciones», entre las que citó «partidos de oposición que puedan organizarse», «una prensa libre que pueda cubrir estos comicios» e «infraestructura para celebrar las elecciones y contar los votos de manera confiable».

El portavoz del Departamento de Estado afirmó que «el sector petrolero» es un ejemplo que ayudará a conducir a «una transición democrática».

«Lo que vimos en el sector petrolero —desde esa perspectiva— fue un acuerdo con una empresa privada, no con las autoridades interinas ni con el gobierno interino. Sin embargo, la privatización permite que los ingresos beneficien realmente al pueblo venezolano«, explicó.

Respecto a Cuba, Pigott aseguró que Estados Unidos quiere «ver una Cuba donde el pueblo cubano pueda ser libre, feliz y próspero».

Aunque lamentó que «el régimen no está tomando las medidas necesarias para que eso suceda», insistió en que ese sigue siendo el «compromiso» de Estados Unidos. 

COn información de Efe

“Apoyamos el lanzamiento de iniciativas lideradas por Venezuela para atender las necesidades urgentes de los damnificados por los terremotos del 24 de junio, fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”.

Así lo afirmó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Pigott, quien expresó este lunes el respaldo de Washington a las recientes declaraciones de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y del gobierno interino.

A través de un comunicado, Pigott señaló que Estados Unidos “acoge con beneplácito” los anuncios realizados por las estructuras opositoras venezolanas y destacó el apoyo a iniciativas lideradas por venezolanos destinadas a responder a las necesidades de las personas afectadas por los sismos.

 Pigott indicó que estos esfuerzos forman parte del plan de tres fases que, según Washington, busca impulsar la estabilización del país, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición hacia elecciones democráticas.

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“Este proceso contribuye significativamente al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y la transición a elecciones democráticas”, agregó.

El Departamento de Estado aseguró que mantiene expectativas positivas sobre los resultados de estas iniciativas y manifestó su confianza en que puedan traducirse en beneficios concretos para la población venezolana.

“Confiamos en que este trabajo pueda generar resultados tangibles para los venezolanos”, concluyó Pigott.

 "Estados Unidos acoge con satisfacción la decisión de la presidente interina Delcy Rodríguez y de Venezuela de retirarse de la CPI y la asociación del nuevo gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar la corrupta e inútil CPI". 

Así lo manifestó el Departamento de Estado, luego de la medida tomada por la administración de la mandataria encargada.

“El llamado tribunal ha estado "investigando" a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. La CPI, en cambio, ha malgastado sus recursos investigando y acusando a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción del tribunal. Esto es un claro exceso de autoridad, sesgo político y aplicación selectiva. La CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítima”, señaló el organismo.

Destaca que “gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros del servicio estadounidense, Maduro ahora enfrenta justicia en un tribunal de Estados Unidos por los crímenes que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma", dijo en el comunicado.

La administración de Donald Trump afirma contar con el apoyo total del gobierno venezolano en medio de esfuerzos humanitarios apenas unos meses después de la destitución de Nicolás Maduro.

Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron la parte norte de la nación sudamericana la semana pasada, el gobierno estadounidense intervino para ayudar en una medida que, según la administración, ha sido bien recibida tanto por el gobierno venezolano como por la ciudadanía, publicó Fox News.

"Hemos visto un cumplimiento total por parte de las autoridades interinas en Venezuela como resultado de la respuesta sin precedentes de Estados Unidos a estos mortales terremotos", dijo un funcionario del Departamento de Estado a Fox News Digital.

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"Cada petición que hemos hecho ha sido concedida de inmediato y, a su vez, hemos visto una increíble muestra de apoyo del pueblo venezolano hacia los estadounidenses sobre el terreno", continuó el funcionario.

El 3 de enero, las fuerzas especiales estadounidenses lograron detener a Maduro tras una audaz misión nocturna que superó a los guardias armados del dictador. Tras penetrar en el palacio de Maduro, lo detuvieron. Fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece en prisión a la espera de juicio por cargos de narcoterrorismo y armas de fuego.

La izquierda política progresista se apresuró a defender al brutal autoritario socialista tras su captura.

Con información de Fox News.

Apenas supo que ganó la segunda vuelta, en el conteo preliminar, Abelardo de la Espriella, aseguró que fortalecerá sus relaciones con los países que defiendan la democracia.

¿Cómo queda su futura relación con Venezuela? La pregunta no está vacía ni es un debate abstracto.

Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros de frontera, una economía informal de enormes proporciones, flujos migratorios dinámicos y una historia de interdependencia que ningún presidente puede ignorar, independientemente de sus convicciones ideológicas, reseña el portal Yahoo Noticias.

El programa de gobierno de De la Espriella no dedica un apartado específico a política exterior, un detalle que no es menor. 

Sus 13 propuestas, llamadas el «Milagro de los Nunca», priorizan la seguridad interna, el ajuste fiscal y la desregulación económica.

 Pero en declaraciones y entrevistas, el candidato ha sido explícito sobre Venezuela: no tratará directamente con Delcy Rodríguez.

Cualquier relación con la presidencia venezolana será gestionada a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, argumentando que es desde Washington donde se controla y ejecuta el proceso de transición hacia la democracia en Venezuela.

La postura no es solo retórica. De la Espriella es admirador declarado de Trump, Milei y Bukele, lo que ubica su administración en una alineación ideológica directa con la Casa Blanca en un momento en que Estados Unidos es el actor externo más influyente sobre el tablero venezolano.

Los analistas describen un posible gobierno caracterizado por un alineamiento activo con Washington, una postura confrontacional frente al chavismo y una estrategia económica de apertura hacia mercados internacionales.

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El respaldo que De la Espriella recibió de la oposición venezolana tras la segunda vuelta refuerza esa lectura. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, lo felicitó: «Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que, juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente».

En términos prácticos, un gobierno de De la Espriella implicaría el fin de la política de normalización que impulsó el presidente Gustavo Petro desde 2022, cuando se reabrieron las fronteras tras siete años de cierre, y un quiebre con el canal de comunicación directo entre Colombia y Venezuela.

La pregunta es si esa postura es consecuente con la realidad de la frontera. Para el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Juan Francisco Contreras, la postura de De la Espriella de tratar la relación bilateral a través de Estados Unidos es irrespetuosa con Venezuela, que pasa por un momento delicado, pero con la mira puesta en la elección de un gobierno legítimo.

Su pasado también es relevante dentro de su postura: De la Espriella fue abogado de Alex Saab, el empresario colombo-venezolano condenado por lavado de activos en favor del gobierno de Maduro. Aunque el candidato ha dicho públicamente que lleva cerca de cinco años sin contacto con Saab, ese historial genera preguntas sobre hasta dónde llega su disposición real a confrontar al chavismo.

Con información de Yahoo Noticias

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, informó este martes que Venezuela ha liberado a múltiples ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos en el país suramericano.

 La liberación de los norteamericanos fue calificada como «un importante paso en la dirección correcta» en un comunicado oficial del Departamento de Estado.

«Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela», agregó la misma fuente.

La Administración Trump no ha confirmado la cantidad de estadounidenses que fueron liberados, así como tampoco ha compartido detalles de las excarcelaciones, la identidad de las personas o las razones por las que se encontraban detenidas en el país suramericano.

Algunos medios de EE.UU., como CNN, aseguran que son al menos cuatro los norteamericanos excarcelados.

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Luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, el Legislativo venezolano adelantó una liberación amplia de presos políticos como gesto unilateral de reconciliación en el país.

Este martes, el presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que se habían excarcelado a 116 personas. Y agregó que, desde diciembre pasado, el número de liberaciones es de 400.

Sin embargo, varias ONG de activistas, familiares y partidos políticos cuestionan las cifras y reclaman una lista pública y oficial con las identidades de los liberados. La organización Foro Penal dice que ha verificado 56 excarcelaciones, mientras que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática reporta 76.

En julio de 2025, con Maduro aún en el poder, Venezuela había liberado a 10 ciudadanos estadounidenses para que la Administración Trump accediera a repatriar a venezolanos que se encontraban presos en un centro de detención de máxima seguridad de El Salvador.

Con información de EFE

Este viernes, una delegación de Estados Unidos, integrada por personal diplomático y de seguridad de la oficina diplomática interina del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela (VAU), viajó a Caracas junto al embajador John McNamara.

La información fue confirmada por el Departamento de Estado de EE. UU. al periodista venezolano, José Pernalete, y agencias de noticias como AFP.

Se pudo conocer que la misión tiene la finalidad de “realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones” de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde 2019, tras la ruptura de relaciones de ambas naciones.

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Esta sería la primera visita de un funcionario estadounidense a Venezuela tras los ataques de Estados Unidos del 3 de enero que culminaron con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York. 

A través de las redes sociales se supo que en la madrugada de este 9 de enero, arribó un avión desde Washington (PS-BJB) y en horas de la mañana un avión del Departamento de Estado que salió desde Curazao hasta Caracas.

La visita de McNamara se da en medio del acuerdo energético y comercial entre ambas naciones  que, según declaraciones del presidente Trump, Venezuela  solo puede comprar productos hechos en Estados Unidos.

Cabe recordar que hace cuatro días, el mismo presidente Trump asomó la posibilidad de la reapertura de la embajada en Caracas.

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios de sus aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.

Con información de WRadio

A través de su cuenta oficial en X, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la  administración del presidente Donald Trump será contundente contra las organizaciones criminales y de narcotraficantes.

En el comunicado, acompañado por un video, el organismo señala que lo primordial para Trump es la seguridad y por ello arreciará en sus medidas antinarcóticos.

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“La administración procederá a degradar, desmantelar y eliminar las organizaciones terroristas extranjeras”, dice.

Además, agregó: “Liberaremos al Hemisferio Occidental del control de los narcoterroristas”.

Y, adelanta una posible intensificación de operaciones y políticas dirigidas a grupos considerados como amenazas en la región.

The Trump Administration will degrade, dismantle, and eliminate foreign terrorist organizations. We will free the Western Hemisphere from the grip of narco-terrorists. pic.twitter.com/4VRDVDkCe4

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, ratificó la advertencia a sus ciudadanos para que viajen a Venezuela.

En su cuenta en X, el organismo recuerda que “al  18 de julio, no hay ningún estadounidense detenido injustamente en Venezuela”.

Agrega que “Estados Unidos está comprometida a prevenir futuras detenciones injustas”.

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⚠️ "NO HAY NINGÚN ESTADOUNIDENSE DETENIDO EN VENEZUELA"Al 18 de julio de 2025, EE.UU. no reporta ciudadanos "detenidos injustamente en el país" y reitera su compromiso para prevenir futuros casos advirtiendo no viajar a Venezuela por el alto riesgo a una detención pic.twitter.com/eE77lZdG6q

Al 18 de julio, no hay ningún estadounidense detenido injustamente en Venezuela. Estados Unidos esta comprometida a prevenir futuras detenciones injustas. Los estadounidenses NO DEBEN viajar a Venezuela, ya que el riesgo de detención injusta es EXTREMADAMENTE alto.… pic.twitter.com/70XYwZRWiQ

Sin embargo, agrega que “los estadounidenses NO DEBEN viajar a Venezuela, ya que el riesgo de detención injusta es EXTREMADAMENTE alto”.

En el post, el Departamento coloca un vínculo a la resolución emitida en mayo y reeditada en la cual alerta a los estadounidenses que “no viajen ni permanezca en Venezuela debido al  alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia,  disturbios civiles  y deficiente infraestructura sanitaria".

Asimismo, “recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos envió notificaciones de despido este viernes a más de 1.300 empleados en el país y el exterior, en el inicio de una reducción de su plantilla «inflada» como parte de los esfuerzos de la Administración del presidente, Donald Trump, por reestructurar el Gobierno federal.

Según reportan medios locales, los avisos fueron enviados vía email a más 1.100 trabajadores del Servicio Civil y en torno 250 funcionarios del Servicio Exterior estadounidense, quienes además serán puestos en baja administrativa en plazos de entre 90 y 120 días a partir de la fecha en las que fueron informados de su despido.

 La eliminación de estos puestos forma parte de un plan para centralizar y consolidar las operaciones del organismo sin afectar su funcionamiento que ha sido diseñado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio ya había comunicado al Congreso en mayo pasado su intención de reducir en un 15 % a la fuerza laboral del Departamento en EE.UU., que actualmente cuenta con 18.000 empleados.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, el objetivo de esta reestructuración es optimizar una «burocracia inflada que frena la innovación y asigna de forma inadecuada los escasos recursos» y también eliminar vestigios de «ideología política radical».

La reorganización de la fuerza laboral en el Departamento de Estado impactará sobre todo a oficinas centradas en derechos humanos y los refugiados, una labor que será asimilada ahora por las oficinas regionales, según reportes de The New York Times.

«Heredamos una dinámica que necesitaba reformas y las estamos implementando», explicó este jueves a la prensa la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, quien insistió en que la Administración cree en una política exterior que prioriza los intereses de Estados Unidos.

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Oleada de despidos

El inicio de la oleada de despidos masivos en el Departamento de Estado tiene lugar después de que el martes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos desbloqueara una orden ejecutiva para permitir que el Gobierno de Trump pueda continuar con las reducciones de personal federal.

La AFSA, organización sindical y profesional que agrupa a diplomáticos y funcionarios de carrera del Departamento de Estado, emitió un comunicado donde se opone «rotundamente» a lo que ve como el desmantelamiento de una «fuerza diplomática de primera línea» en medio de un «momento de gran inestabilidad mundial».

«Esta decisión envía una señal errónea tanto a aliados como a adversarios: que Estados Unidos se está retirando de la escena mundial. Mientras los aliados buscan la confianza de EE.UU. y los rivales prueban su debilidad, la Administración ha optado por marginar a los profesionales mejor preparados para afrontar este momento», indica el texto. 

Con información de Efe

Estados Unidos incluyó de nuevo a Cuba y mantuvo a Venezuela en el grupo de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista, informó este martes el Departamento de Estado.

Donald Trump ha aumentado la presión sobre la Isla desde que volvió a la Casa Blanca para un segundo mandato.

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El 20 de enero, día de su investidura, Trump ya revocó la decisión de su predecesor, el demócrata Joe Biden, de retirar a Cuba de otra lista negra, la de países patrocinadores del terrorismo.

Ahora el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, hijo de cubanos que emigraron a Estados Unidos antes de que Fidel Castro llegara al poder en Cuba, aprieta aún más las tuercas.

«En 2024, el régimen cubano no cooperó plenamente con Estados Unidos en materia antiterrorista», afirma la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado que precisa que otros cuatro países -Venezuela, Corea del Norte, Irán y Siria- permanecen en la lista.

«Había al menos 11 fugitivos de la justicia estadounidense en Cuba, incluidos varios que enfrentaban cargos relacionados con el terrorismo, y el régimen cubano dejó claro que no estaba dispuesto a negociar su regreso para que comparecieran ante la justicia en nuestro país», añade Bruce.

Su inclusión en la lista de «país no cooperante plenamente» (NFCC, por sus siglas en inglés) «implica la prohibición de la venta o la concesión de licencias para la exportación de artículos y servicios de defensa a Cuba».

Durante más de seis décadas, Washington ha impuesto a Cuba un embargo comercial.

Trump lo endureció durante su primer mandato (2017-2021), como nunca antes, con varias medidas y volvió a incluir a la isla en su lista negra de patrocinadores del terrorismo, una medida que obstaculiza las transacciones y las inversiones porque las empresas se exponen a sanciones estadounidenses.

Antes de llegar al poder en 2021, Biden prometió cambios respecto a Cuba pero los fue aplazando tras la represión de las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 en la isla, que se saldaron con un muerto y decenas de heridos. Justo antes de dejar el poder aligeró las sanciones para facilitar la liberación de cientos de presos políticos en Cuba.

Trump volvió a apretar las clavijas a su regreso a la Casa Blanca .

El representante de Estados Unidos, Mike Hammer, nombrado durante el mandato de Biden, recorre la isla para conocer de primera mano la situación de disidentes, en encuentros que exasperan al gobierno cubano.

Cuba niega la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser «mercenarios» de Estados Unidos.

La isla atraviesa una grave crisis que empujó a cientos de miles de personas a emigrar a Estados Unidos en los últimos tres años, tanto de forma irregular como legal, según datos oficiales.

Con información de AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró este lunes 21 de octubre a sus ciudadanos sobre los riesgos que corren aquellos que viven o viajen a Venezuela.

En el texto de un comunicado señalan: «Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que nuestro Aviso de Viaje para Venezuela es el Nivel 4 «No Viajar» debido al peligro para los estadounidenses que viven o viajan a Venezuela».

Estados Unidos advierte sobre el peligro al que están expuestos los ciudadanos estadounidenses que planean visitar dicho país y que por alguna razón terminan siendo detenidos.

“Maduro y sus representantes han demostrado que detendrán y encarcelarán a ciudadanos estadounidenses que ingresen a Venezuela sin justificación ni debido proceso”, advierten.

«Por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Venezuela», concluyen.

Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que nuestro Aviso de Viaje para Venezuela es el Nivel 4 "No Viajar" debido al peligro para los estadounidenses que viven o viajan a Venezuela. Maduro y sus representantes han demostrado que detendrán y encarcelarán a ciudadanos… https://t.co/UMwYMCZDog

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Esta reiteración se hace casi un mes después del primer llamado de alerta, emitido a finales de septiembre por el Departamento de Estado.

En ese momento se argumentó también no viajar al país debido «a la criminalidad, conflictividad social».

?? EE.UU. RECOMIENDA NO VIAJAR A VENEZUELAEE.UU. mantiene el Nivel de Recomendación de Viaje para Venezuela en el Nivel 4 y recomienda no viajar al país debido "a la criminalidad, conflictividad social, las detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses", entre otros pic.twitter.com/OjxSgjVNLl

La situación de los derechos humanos en Venezuela no ha experimentado cambios significativos, permanecen críticas las violaciones, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.

La afirmación corresponde al informe sobre los DD.HH, en Venezuela, durante el año pasado, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, este lunes.

Destaca el escrito que ONG como Provea y el Centro Gumilla, han documentado «centenares de asesinatos en operativos de seguridad, con un alto porcentaje de las víctimas siendo jóvenes varones de áreas pobres».

Menciona el Monitor de «Uso de Fuerza Letal», el cual registró 432 muertes que involucran a las fuerzas de seguridad solo hasta agosto del año pasado, donde la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lidera en número de casos.

Destaca «las acciones de grupos armados no estatales y bandas criminales también contribuyen al caos, involucrados en violencia, tráfico humano y explotación de comunidades indígenas, como es el caso de los Yanomami».

Acota las «acusaciones de reclutamiento forzado de niños por estos grupos armados ilícitos», resalta el documento.

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Asimismo, resalta que otras ONG como el Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, han denunciado «cientos de casos de tortura no reportados por temor a represalias. Las víctimas a menudo eran sometidas a tratos crueles como asfixia, descargas eléctricas y fracturas de huesos, lo que destaca la impunidad con la que actúan las fuerzas de Maduro».

El informe igualmente denuncia que «la Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Antony Blinken.

“Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva. Las ONG nacionales de derechos humanos Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvieron que cientos de casos de tortura no se denunciaron porque las víctimas temían represalias”, agrega.

El texto prosigue: “En ocasiones, los jueces ordenaban la detención preventiva en instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluso cuando los detenidos alegaban ante el tribunal que habían sido torturados o mostraban signos compatibles con la tortura”.

“Los medios de comunicación y las ONG informaron de que las fuerzas del orden y los militares afines a Maduro golpeaban y humillaban con regularidad a los sospechosos durante las detenciones. También se denunciaron casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos. Personas alineadas con Maduro sometieron a detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos y ahorcamiento por las extremidades», enfatiza.

También «se sometió a los detenidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; se les obligó a pasar horas de rodillas y se les esposó durante largos periodos de tiempo. Algunos detenidos y sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de muerte».

Añade que «los detenidos denunciaron que las fuerzas de seguridad afines a Maduro los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se cometían abusos. Los tratos crueles implicaban con frecuencia negar a los presos atención médica y mantenerlos durante largos periodos en régimen de aislamiento. Las ONG informaron de que algunos detenidos habían sido víctimas de violencia sexual y de género por parte de las unidades de seguridad”, señala el texto.

En cuanto a las desapariciones, fueron varias las organizaciones que denunciaron esta actividad paraestatal para silenciar o perseguir opositores.

“La ONG nacional de derechos humanos FundaRedes documentó 63 desapariciones o secuestros entre enero y marzo en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, y 27 desapariciones o secuestros en estos y otros seis estados entre abril y junio. La mayoría de las víctimas eran hombres. En muchos casos, FundaRedes informó que los autores eran organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión».

«En 2022, FundaRedes registró 80 desapariciones de mujeres en la frontera con Colombia. FundaRedes señaló que es probable que no se denuncien todas las desapariciones por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones controladas por Maduro. Según las investigaciones de FundaRedes, los agentes de seguridad fueron cómplices de grupos armados irregulares y bandas criminales en la comisión de abusos contra los derechos humanos, incluidas las desapariciones”.

El informe continúa: “En agosto, el Comité Nacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela protestó por la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición en el mar de 150 migrantes desde 2015. Los representantes de Maduro siguieron negándose a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitara el país para llevar a cabo investigaciones. En 2022, el Grupo de Trabajo informó de 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias”.

El informe del Departamento de Estado también muestra el deterioro que presentó el régimen en materia de libertad de expresión: “La ley castigaba con penas de seis a 30 meses de prisión sin fianza las injurias al presidente, y con penas menores las injurias a funcionarios de menor rango”.

“La Ley Constitucional contra el Odio para la Convivencia Política y la Tolerancia (ley contra el odio) estipulaba penas de prisión de hasta 20 años. Aunque el propósito declarado de la ley era ‘promover la paz y la tolerancia’, las ONG observaron que la ley, vagamente redactada, se utilizaba para silenciar a activistas de la libertad de expresión y a periodistas. La ley también se utilizó para limitar sus derechos tras su puesta en libertad, prohibiendo los viajes internacionales y exigiendo comparecencias periódicas ante los tribunales. El ACNUDH documentó nueve casos de personas, entre ellas defensores de los derechos humanos y periodistas, acusadas o procesadas en virtud de la ley. Según la ONG de derechos humanos Espacio Público, en los últimos cinco años, 83 personas fueron acusadas injustamente en virtud de esta legislación, entre ellas funcionarios públicos, periodistas y miembros de ONG”, señala la investigación respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela en 2023.

En el ámbito laboral, se destacan violaciones significativas a la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, exacerbadas por el apoyo a “sindicatos paralelos” afines al gobierno y el uso de leyes antiterroristas para perseguir a activistas. La Organización Internacional del Trabajo ha expresado preocupación por la interferencia en las elecciones sindicales y por la situación de hasta 40% de la población trabajadora en el sector informal, donde las leyes laborales generalmente no se hacen cumplir.

Respecto a la comunidad LGBTQI+, se reportaron ataques discriminatorios por parte del gobierno y actores alineados, incluyendo violencia contra mujeres transgénero.

A pesar de las denuncias de prácticas como las terapias de conversión, Maduro no ha hecho esfuerzos por reconocer ni proteger adecuadamente a esta población vulnerable.

Lo ocurrido con las postulaciones para las elecciones presidenciales del 28 de julio sigue haciendo eco internacionalmente, a tal punto que el gobierno de Joe Biden amenazó a la administración de Nicolás Maduro, con que el incumplimiento del Acuerdo de Barbados «tendrá consecuencias».

El alerta se hace en un comunicado emitido por el Departamento de Estado, donde se enfatiza: «Seguimos profundamente preocupados, junto con nuestros socios regionales, por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de impedir que los partidos democráticos de oposición registren candidatos sucesivos para las próximas elecciones presidenciales de Venezuela».

El escrito advierte que el CNE solo admitió candidatos que le convienen a Maduro.

«La aceptación por parte del CNE de sólo aquellos candidatos de la oposición con los que Maduro y sus representantes se sienten cómodos», señala.

Por ello, denuncia que este hecho «va en contra de unas elecciones competitivas e inclusivas que el pueblo venezolano y la comunidad internacional considerarán legítimas».

El comunicado pide que se «permitan que todos los candidatos se postulen y hagan campaña, actualicen el registro electoral y liberen a todos los presos políticos detenidos injustamente».

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Asimismo, se refiere el documento a la necesidad de que las elecciones tengan observación internacional.

«Seguimos pidiendo a Maduro y sus representantes que garanticen el acceso de observadores internacionales», dice.

También exige que se «ponga fin al encarcelamiento y el acoso de miembros de la sociedad civil y de la oposición».

Anuncia que EE.UU. sigue unido «con la comunidad internacional para pedir a Maduro que permita a los venezolanos participar en elecciones libres y justas».

Y, finalmente, ratifica que han dejado «claro» que «las acciones que vayan en contra del espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias».

Los breves minutos que tuvieron Nicolás Maduro y John Kerry en un apretón de manos, han sido criticados a nivel internacional, io que obligó al Departamento de Estado a sacar un comunicado explicando la situación.

A través de la misiva, el órgano federal indica que la acción de Kerry de pararse y saludar a Maduro fue una cortesía, agregando además que no fue el único a que Nicolás Maduros e le acercó.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, manifiesta que «todos vieron el video y reconocerían que Nicolás Maduro interrumpió una reunión en curso en la COP27 para involucrarse con el enviado especial Kerry».

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«Fue una acción no planificada de la misma manera que otros líderes mundiales han sido presentados con interacciones no planificadas de Maduro», explica Price.

Uno de los primeros en encontrarse con Nicolás Maduro de manera informal fue el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, quien durante dicho encuentro, le manifiesta a Nicolás Maduro que le gustaría retomar las relaciones bilaterales

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, conversó este lunes con el opositor Juan Guaidó, para hablar sobre la necesidad de una vuelta al diálogo.

Le reiteró que las conversaciones entre el «régimen» de Nicolás Maduro, y la Plataforma Unitaria son «el mejor camino para el retorno a la democracia» en Venezuela.

Así lo indicó un comunicado enviado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

«El secretario Blinken reafirmó el compromiso de EE.UU con las conversaciones entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria», señala el escrito.

«Son el mejor camino para el regreso a la democracia y resolver la crisis humanitaria en Venezuela», agrega la nota.

Asimismo, indicó que Blinken subrayó a Guaidó «la importancia de una restauración pacífica de la democracia en Venezuela y de unas elecciones libres y justas».

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La administración de Maduro y la oposición acordaron una mesa de negociación en México en agosto de 2021.

Pero, la suspendieron en octubre por la parte oficialista, en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab.

EE.UU., junto con cerca de 50 países de Latinoamérica y Europa, reconoce desde 2019 a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

La llamada de Blinken se produce el mismo día que Washington descartó invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio.

La misma se celebrará en Los Ángeles (California), porque considera que «no respetan» la democracia.

«Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas. Por lo tanto, no espero su presencia», anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, reseñó Efe.

Por el momento, Washington no ha confirmado si invitará a Guaidó a la cumbre del próximo mes.

Se trata de la segunda cumbre organizada por Estados Unidos después de la edición original en Miami en 1994.

La idea principal es diseñar un pacto migratorio regional.

De su parte, el dirigente opositor, Juan Guaidó, confirmó la conversación con Blinken, a través de su cuenta en Twitter.

«Hablé con el secretario Blinken de la importancia del respaldo internacional para enfrentar a Maduro y a los regímenes autoritarios», dijo.

«Los venezolanos resistimos a una dictadura y luchamos para lograr elecciones libres y justas, el apoyo del mundo libre es clave para lograrlas», agregó.

No es la primera vez que el gobierno de Joe Biden insiste en que se retome el diálogo entre opositores y oficialistas, desde que el proceso se suspendió en octubre del 2021.

Se desconoce la postura de Maduro acerca de esta última comunicación del departamento Estado.

Hace unas semanas, su administración anunció el retorno «al diálogo nacional. Pero dejó claro que no será con Juan Guaidó, sino con otros representantes de diversos sectores de Venezuela.

«Hemos decidido reactivar el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos del país. El diálogo de México recibió un duro golpe; pero si pedimos diálogo para el resto del mundo tenemos que reactivar nuestro diálogo. Así que vamos a un reformateo de nuestro diálogo, para hacerlo más amplio, más incluyente», expresó.

Pero, el número dos del Psuv, Diosdado Cabello, aclaró: “Nicolás Maduro no habló de diálogo en México nunca».

Habló de diálogo, creo que son 1.000 intervenciones de Maduro llamando al diálogo, el Congreso del partido es un gran diálogo nacional”, sostuvo.

Hablé con el @SecBlinken de la importancia del respaldo internacional para enfrentar a Maduro y a los regímenes autoritarios.Los venezolanos resistimos a una dictadura y luchamos para lograr elecciones libres y justas, el apoyo del mundo libre es clave para lograrlas. https://t.co/WhsS6sWk7N

El canciller de Nicolás Maduro, Félix Plasencia, rechazó este jueves el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el país. Allí, dijo que «alta impunidad» y violación de los DD.HH. de los presos políticos.

«Venezuela, una vez más, rechaza categóricamente el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado. Igual que la reiterada práctica de calificar las políticas de otros países en esta materia sin ningún rigor técnico ni credibilidad». Así lo indicó Plasencia, en un comunicado difundido por la cancillería.

En el texto, tildó de «grave» que EE.UU. «manipule» el tema de los derechos humanos. Asegura que lo hace con el objetivo de «avanzar sus intereses políticos». Aseguró que el Gobierno norteamericano ha «demostrado» su «desprecio» por el pueblo venezolano.

En este sentido, insistió en que «poco pueden interesarle al Gobierno estadounidense los derechos de un pueblo que somete a medidas coercitivas unilaterales y a un criminal bloqueo económico».

Para la administración de Nicolás Maduro, con el informe «se busca opacar los logros del Gobierno bolivariano en garantizar derechos humanos. Además de los políticos, económicos y sociales, aun bajo las más severas agresiones».

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En su informe, el Departamento de Estado de EE.UU. denunció que Nicolás Maduro mantiene en la cárcel a «centenares» de presos por motivaciones políticas. La crítica hacía énfasis en las condiciones de salud de muchos de ellos.

En el documento, EE.UU. mencionó cifras de Foro Penal según las cuales en octubre pasado había 260 presos políticos en el país, 50 de ellos «en condiciones de salud críticas».

Destacó que Maduro «permitió a algunos candidatos opositores participar» en las elecciones regionales de noviembre, pero «no hubo condiciones para unos comicios libres y justos».

También afirmó que las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición, que tuvieron lugar en México entre agosto y septiembre, permitieron el regreso al país de algunas «figuras del exilio».

«A pesar de estos cambios, el régimen de Maduro siguió manteniendo a centenares de personas en prisión por motivaciones políticas e impidió que centenares de candidatos de la oposición ejercieran todos sus derechos para postularse», criticó.

Venezuela rebatió esta información e instó a EE.UU. a «enfocarse en resolver su propia crisis carcelaria», al asegurar que esa nación es «el país con el mayor índice de encarcelación en el mundo, que posee el 25 % de la población carcelaria de todo el planeta».

«Venezuela, fiel creyente de la diplomacia y observadora del derecho internacional, desea relaciones de respeto y cooperación con todas las naciones del mundo. No es a través del engaño, del chantaje y de la agresión, que se puede hacer ejercicio de la diplomacia», concluye el comunicado.