La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, informó este martes que Venezuela ha liberado a múltiples ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos en el país suramericano.

 La liberación de los norteamericanos fue calificada como «un importante paso en la dirección correcta» en un comunicado oficial del Departamento de Estado.

«Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela», agregó la misma fuente.

La Administración Trump no ha confirmado la cantidad de estadounidenses que fueron liberados, así como tampoco ha compartido detalles de las excarcelaciones, la identidad de las personas o las razones por las que se encontraban detenidas en el país suramericano.

Algunos medios de EE.UU., como CNN, aseguran que son al menos cuatro los norteamericanos excarcelados.

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Luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, el Legislativo venezolano adelantó una liberación amplia de presos políticos como gesto unilateral de reconciliación en el país.

Este martes, el presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que se habían excarcelado a 116 personas. Y agregó que, desde diciembre pasado, el número de liberaciones es de 400.

Sin embargo, varias ONG de activistas, familiares y partidos políticos cuestionan las cifras y reclaman una lista pública y oficial con las identidades de los liberados. La organización Foro Penal dice que ha verificado 56 excarcelaciones, mientras que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática reporta 76.

En julio de 2025, con Maduro aún en el poder, Venezuela había liberado a 10 ciudadanos estadounidenses para que la Administración Trump accediera a repatriar a venezolanos que se encontraban presos en un centro de detención de máxima seguridad de El Salvador.

Con información de EFE

Este viernes, una delegación de Estados Unidos, integrada por personal diplomático y de seguridad de la oficina diplomática interina del gobierno de los Estados Unidos para Venezuela (VAU), viajó a Caracas junto al embajador John McNamara.

La información fue confirmada por el Departamento de Estado de EE. UU. al periodista venezolano, José Pernalete, y agencias de noticias como AFP.

Se pudo conocer que la misión tiene la finalidad de “realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones” de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde 2019, tras la ruptura de relaciones de ambas naciones.

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Esta sería la primera visita de un funcionario estadounidense a Venezuela tras los ataques de Estados Unidos del 3 de enero que culminaron con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York. 

A través de las redes sociales se supo que en la madrugada de este 9 de enero, arribó un avión desde Washington (PS-BJB) y en horas de la mañana un avión del Departamento de Estado que salió desde Curazao hasta Caracas.

La visita de McNamara se da en medio del acuerdo energético y comercial entre ambas naciones  que, según declaraciones del presidente Trump, Venezuela  solo puede comprar productos hechos en Estados Unidos.

Cabe recordar que hace cuatro días, el mismo presidente Trump asomó la posibilidad de la reapertura de la embajada en Caracas.

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios de sus aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.

Con información de WRadio

A través de su cuenta oficial en X, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la  administración del presidente Donald Trump será contundente contra las organizaciones criminales y de narcotraficantes.

En el comunicado, acompañado por un video, el organismo señala que lo primordial para Trump es la seguridad y por ello arreciará en sus medidas antinarcóticos.

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“La administración procederá a degradar, desmantelar y eliminar las organizaciones terroristas extranjeras”, dice.

Además, agregó: “Liberaremos al Hemisferio Occidental del control de los narcoterroristas”.

Y, adelanta una posible intensificación de operaciones y políticas dirigidas a grupos considerados como amenazas en la región.

The Trump Administration will degrade, dismantle, and eliminate foreign terrorist organizations. We will free the Western Hemisphere from the grip of narco-terrorists. pic.twitter.com/4VRDVDkCe4

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, ratificó la advertencia a sus ciudadanos para que viajen a Venezuela.

En su cuenta en X, el organismo recuerda que “al  18 de julio, no hay ningún estadounidense detenido injustamente en Venezuela”.

Agrega que “Estados Unidos está comprometida a prevenir futuras detenciones injustas”.

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⚠️ "NO HAY NINGÚN ESTADOUNIDENSE DETENIDO EN VENEZUELA"Al 18 de julio de 2025, EE.UU. no reporta ciudadanos "detenidos injustamente en el país" y reitera su compromiso para prevenir futuros casos advirtiendo no viajar a Venezuela por el alto riesgo a una detención pic.twitter.com/eE77lZdG6q

Al 18 de julio, no hay ningún estadounidense detenido injustamente en Venezuela. Estados Unidos esta comprometida a prevenir futuras detenciones injustas. Los estadounidenses NO DEBEN viajar a Venezuela, ya que el riesgo de detención injusta es EXTREMADAMENTE alto.… pic.twitter.com/70XYwZRWiQ

Sin embargo, agrega que “los estadounidenses NO DEBEN viajar a Venezuela, ya que el riesgo de detención injusta es EXTREMADAMENTE alto”.

En el post, el Departamento coloca un vínculo a la resolución emitida en mayo y reeditada en la cual alerta a los estadounidenses que “no viajen ni permanezca en Venezuela debido al  alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia,  disturbios civiles  y deficiente infraestructura sanitaria".

Asimismo, “recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos envió notificaciones de despido este viernes a más de 1.300 empleados en el país y el exterior, en el inicio de una reducción de su plantilla «inflada» como parte de los esfuerzos de la Administración del presidente, Donald Trump, por reestructurar el Gobierno federal.

Según reportan medios locales, los avisos fueron enviados vía email a más 1.100 trabajadores del Servicio Civil y en torno 250 funcionarios del Servicio Exterior estadounidense, quienes además serán puestos en baja administrativa en plazos de entre 90 y 120 días a partir de la fecha en las que fueron informados de su despido.

 La eliminación de estos puestos forma parte de un plan para centralizar y consolidar las operaciones del organismo sin afectar su funcionamiento que ha sido diseñado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio ya había comunicado al Congreso en mayo pasado su intención de reducir en un 15 % a la fuerza laboral del Departamento en EE.UU., que actualmente cuenta con 18.000 empleados.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, el objetivo de esta reestructuración es optimizar una «burocracia inflada que frena la innovación y asigna de forma inadecuada los escasos recursos» y también eliminar vestigios de «ideología política radical».

La reorganización de la fuerza laboral en el Departamento de Estado impactará sobre todo a oficinas centradas en derechos humanos y los refugiados, una labor que será asimilada ahora por las oficinas regionales, según reportes de The New York Times.

«Heredamos una dinámica que necesitaba reformas y las estamos implementando», explicó este jueves a la prensa la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, quien insistió en que la Administración cree en una política exterior que prioriza los intereses de Estados Unidos.

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Oleada de despidos

El inicio de la oleada de despidos masivos en el Departamento de Estado tiene lugar después de que el martes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos desbloqueara una orden ejecutiva para permitir que el Gobierno de Trump pueda continuar con las reducciones de personal federal.

La AFSA, organización sindical y profesional que agrupa a diplomáticos y funcionarios de carrera del Departamento de Estado, emitió un comunicado donde se opone «rotundamente» a lo que ve como el desmantelamiento de una «fuerza diplomática de primera línea» en medio de un «momento de gran inestabilidad mundial».

«Esta decisión envía una señal errónea tanto a aliados como a adversarios: que Estados Unidos se está retirando de la escena mundial. Mientras los aliados buscan la confianza de EE.UU. y los rivales prueban su debilidad, la Administración ha optado por marginar a los profesionales mejor preparados para afrontar este momento», indica el texto. 

Con información de Efe

Estados Unidos incluyó de nuevo a Cuba y mantuvo a Venezuela en el grupo de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista, informó este martes el Departamento de Estado.

Donald Trump ha aumentado la presión sobre la Isla desde que volvió a la Casa Blanca para un segundo mandato.

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El 20 de enero, día de su investidura, Trump ya revocó la decisión de su predecesor, el demócrata Joe Biden, de retirar a Cuba de otra lista negra, la de países patrocinadores del terrorismo.

Ahora el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, hijo de cubanos que emigraron a Estados Unidos antes de que Fidel Castro llegara al poder en Cuba, aprieta aún más las tuercas.

«En 2024, el régimen cubano no cooperó plenamente con Estados Unidos en materia antiterrorista», afirma la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado que precisa que otros cuatro países -Venezuela, Corea del Norte, Irán y Siria- permanecen en la lista.

«Había al menos 11 fugitivos de la justicia estadounidense en Cuba, incluidos varios que enfrentaban cargos relacionados con el terrorismo, y el régimen cubano dejó claro que no estaba dispuesto a negociar su regreso para que comparecieran ante la justicia en nuestro país», añade Bruce.

Su inclusión en la lista de «país no cooperante plenamente» (NFCC, por sus siglas en inglés) «implica la prohibición de la venta o la concesión de licencias para la exportación de artículos y servicios de defensa a Cuba».

Durante más de seis décadas, Washington ha impuesto a Cuba un embargo comercial.

Trump lo endureció durante su primer mandato (2017-2021), como nunca antes, con varias medidas y volvió a incluir a la isla en su lista negra de patrocinadores del terrorismo, una medida que obstaculiza las transacciones y las inversiones porque las empresas se exponen a sanciones estadounidenses.

Antes de llegar al poder en 2021, Biden prometió cambios respecto a Cuba pero los fue aplazando tras la represión de las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 en la isla, que se saldaron con un muerto y decenas de heridos. Justo antes de dejar el poder aligeró las sanciones para facilitar la liberación de cientos de presos políticos en Cuba.

Trump volvió a apretar las clavijas a su regreso a la Casa Blanca .

El representante de Estados Unidos, Mike Hammer, nombrado durante el mandato de Biden, recorre la isla para conocer de primera mano la situación de disidentes, en encuentros que exasperan al gobierno cubano.

Cuba niega la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser «mercenarios» de Estados Unidos.

La isla atraviesa una grave crisis que empujó a cientos de miles de personas a emigrar a Estados Unidos en los últimos tres años, tanto de forma irregular como legal, según datos oficiales.

Con información de AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró este lunes 21 de octubre a sus ciudadanos sobre los riesgos que corren aquellos que viven o viajen a Venezuela.

En el texto de un comunicado señalan: «Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que nuestro Aviso de Viaje para Venezuela es el Nivel 4 «No Viajar» debido al peligro para los estadounidenses que viven o viajan a Venezuela».

Estados Unidos advierte sobre el peligro al que están expuestos los ciudadanos estadounidenses que planean visitar dicho país y que por alguna razón terminan siendo detenidos.

“Maduro y sus representantes han demostrado que detendrán y encarcelarán a ciudadanos estadounidenses que ingresen a Venezuela sin justificación ni debido proceso”, advierten.

«Por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Venezuela», concluyen.

Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que nuestro Aviso de Viaje para Venezuela es el Nivel 4 "No Viajar" debido al peligro para los estadounidenses que viven o viajan a Venezuela. Maduro y sus representantes han demostrado que detendrán y encarcelarán a ciudadanos… https://t.co/UMwYMCZDog

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Esta reiteración se hace casi un mes después del primer llamado de alerta, emitido a finales de septiembre por el Departamento de Estado.

En ese momento se argumentó también no viajar al país debido «a la criminalidad, conflictividad social».

?? EE.UU. RECOMIENDA NO VIAJAR A VENEZUELAEE.UU. mantiene el Nivel de Recomendación de Viaje para Venezuela en el Nivel 4 y recomienda no viajar al país debido "a la criminalidad, conflictividad social, las detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses", entre otros pic.twitter.com/OjxSgjVNLl

La situación de los derechos humanos en Venezuela no ha experimentado cambios significativos, permanecen críticas las violaciones, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.

La afirmación corresponde al informe sobre los DD.HH, en Venezuela, durante el año pasado, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, este lunes.

Destaca el escrito que ONG como Provea y el Centro Gumilla, han documentado «centenares de asesinatos en operativos de seguridad, con un alto porcentaje de las víctimas siendo jóvenes varones de áreas pobres».

Menciona el Monitor de «Uso de Fuerza Letal», el cual registró 432 muertes que involucran a las fuerzas de seguridad solo hasta agosto del año pasado, donde la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lidera en número de casos.

Destaca «las acciones de grupos armados no estatales y bandas criminales también contribuyen al caos, involucrados en violencia, tráfico humano y explotación de comunidades indígenas, como es el caso de los Yanomami».

Acota las «acusaciones de reclutamiento forzado de niños por estos grupos armados ilícitos», resalta el documento.

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Asimismo, resalta que otras ONG como el Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, han denunciado «cientos de casos de tortura no reportados por temor a represalias. Las víctimas a menudo eran sometidas a tratos crueles como asfixia, descargas eléctricas y fracturas de huesos, lo que destaca la impunidad con la que actúan las fuerzas de Maduro».

El informe igualmente denuncia que «la Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Antony Blinken.

“Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva. Las ONG nacionales de derechos humanos Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvieron que cientos de casos de tortura no se denunciaron porque las víctimas temían represalias”, agrega.

El texto prosigue: “En ocasiones, los jueces ordenaban la detención preventiva en instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluso cuando los detenidos alegaban ante el tribunal que habían sido torturados o mostraban signos compatibles con la tortura”.

“Los medios de comunicación y las ONG informaron de que las fuerzas del orden y los militares afines a Maduro golpeaban y humillaban con regularidad a los sospechosos durante las detenciones. También se denunciaron casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos. Personas alineadas con Maduro sometieron a detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos y ahorcamiento por las extremidades», enfatiza.

También «se sometió a los detenidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; se les obligó a pasar horas de rodillas y se les esposó durante largos periodos de tiempo. Algunos detenidos y sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de muerte».

Añade que «los detenidos denunciaron que las fuerzas de seguridad afines a Maduro los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se cometían abusos. Los tratos crueles implicaban con frecuencia negar a los presos atención médica y mantenerlos durante largos periodos en régimen de aislamiento. Las ONG informaron de que algunos detenidos habían sido víctimas de violencia sexual y de género por parte de las unidades de seguridad”, señala el texto.

En cuanto a las desapariciones, fueron varias las organizaciones que denunciaron esta actividad paraestatal para silenciar o perseguir opositores.

“La ONG nacional de derechos humanos FundaRedes documentó 63 desapariciones o secuestros entre enero y marzo en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, y 27 desapariciones o secuestros en estos y otros seis estados entre abril y junio. La mayoría de las víctimas eran hombres. En muchos casos, FundaRedes informó que los autores eran organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión».

«En 2022, FundaRedes registró 80 desapariciones de mujeres en la frontera con Colombia. FundaRedes señaló que es probable que no se denuncien todas las desapariciones por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones controladas por Maduro. Según las investigaciones de FundaRedes, los agentes de seguridad fueron cómplices de grupos armados irregulares y bandas criminales en la comisión de abusos contra los derechos humanos, incluidas las desapariciones”.

El informe continúa: “En agosto, el Comité Nacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela protestó por la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición en el mar de 150 migrantes desde 2015. Los representantes de Maduro siguieron negándose a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitara el país para llevar a cabo investigaciones. En 2022, el Grupo de Trabajo informó de 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias”.

El informe del Departamento de Estado también muestra el deterioro que presentó el régimen en materia de libertad de expresión: “La ley castigaba con penas de seis a 30 meses de prisión sin fianza las injurias al presidente, y con penas menores las injurias a funcionarios de menor rango”.

“La Ley Constitucional contra el Odio para la Convivencia Política y la Tolerancia (ley contra el odio) estipulaba penas de prisión de hasta 20 años. Aunque el propósito declarado de la ley era ‘promover la paz y la tolerancia’, las ONG observaron que la ley, vagamente redactada, se utilizaba para silenciar a activistas de la libertad de expresión y a periodistas. La ley también se utilizó para limitar sus derechos tras su puesta en libertad, prohibiendo los viajes internacionales y exigiendo comparecencias periódicas ante los tribunales. El ACNUDH documentó nueve casos de personas, entre ellas defensores de los derechos humanos y periodistas, acusadas o procesadas en virtud de la ley. Según la ONG de derechos humanos Espacio Público, en los últimos cinco años, 83 personas fueron acusadas injustamente en virtud de esta legislación, entre ellas funcionarios públicos, periodistas y miembros de ONG”, señala la investigación respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela en 2023.

En el ámbito laboral, se destacan violaciones significativas a la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, exacerbadas por el apoyo a “sindicatos paralelos” afines al gobierno y el uso de leyes antiterroristas para perseguir a activistas. La Organización Internacional del Trabajo ha expresado preocupación por la interferencia en las elecciones sindicales y por la situación de hasta 40% de la población trabajadora en el sector informal, donde las leyes laborales generalmente no se hacen cumplir.

Respecto a la comunidad LGBTQI+, se reportaron ataques discriminatorios por parte del gobierno y actores alineados, incluyendo violencia contra mujeres transgénero.

A pesar de las denuncias de prácticas como las terapias de conversión, Maduro no ha hecho esfuerzos por reconocer ni proteger adecuadamente a esta población vulnerable.

Lo ocurrido con las postulaciones para las elecciones presidenciales del 28 de julio sigue haciendo eco internacionalmente, a tal punto que el gobierno de Joe Biden amenazó a la administración de Nicolás Maduro, con que el incumplimiento del Acuerdo de Barbados «tendrá consecuencias».

El alerta se hace en un comunicado emitido por el Departamento de Estado, donde se enfatiza: «Seguimos profundamente preocupados, junto con nuestros socios regionales, por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de impedir que los partidos democráticos de oposición registren candidatos sucesivos para las próximas elecciones presidenciales de Venezuela».

El escrito advierte que el CNE solo admitió candidatos que le convienen a Maduro.

«La aceptación por parte del CNE de sólo aquellos candidatos de la oposición con los que Maduro y sus representantes se sienten cómodos», señala.

Por ello, denuncia que este hecho «va en contra de unas elecciones competitivas e inclusivas que el pueblo venezolano y la comunidad internacional considerarán legítimas».

El comunicado pide que se «permitan que todos los candidatos se postulen y hagan campaña, actualicen el registro electoral y liberen a todos los presos políticos detenidos injustamente».

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Asimismo, se refiere el documento a la necesidad de que las elecciones tengan observación internacional.

«Seguimos pidiendo a Maduro y sus representantes que garanticen el acceso de observadores internacionales», dice.

También exige que se «ponga fin al encarcelamiento y el acoso de miembros de la sociedad civil y de la oposición».

Anuncia que EE.UU. sigue unido «con la comunidad internacional para pedir a Maduro que permita a los venezolanos participar en elecciones libres y justas».

Y, finalmente, ratifica que han dejado «claro» que «las acciones que vayan en contra del espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias».

Los breves minutos que tuvieron Nicolás Maduro y John Kerry en un apretón de manos, han sido criticados a nivel internacional, io que obligó al Departamento de Estado a sacar un comunicado explicando la situación.

A través de la misiva, el órgano federal indica que la acción de Kerry de pararse y saludar a Maduro fue una cortesía, agregando además que no fue el único a que Nicolás Maduros e le acercó.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, manifiesta que «todos vieron el video y reconocerían que Nicolás Maduro interrumpió una reunión en curso en la COP27 para involucrarse con el enviado especial Kerry».

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«Fue una acción no planificada de la misma manera que otros líderes mundiales han sido presentados con interacciones no planificadas de Maduro», explica Price.

Uno de los primeros en encontrarse con Nicolás Maduro de manera informal fue el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, quien durante dicho encuentro, le manifiesta a Nicolás Maduro que le gustaría retomar las relaciones bilaterales

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, conversó este lunes con el opositor Juan Guaidó, para hablar sobre la necesidad de una vuelta al diálogo.

Le reiteró que las conversaciones entre el «régimen» de Nicolás Maduro, y la Plataforma Unitaria son «el mejor camino para el retorno a la democracia» en Venezuela.

Así lo indicó un comunicado enviado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

«El secretario Blinken reafirmó el compromiso de EE.UU con las conversaciones entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria», señala el escrito.

«Son el mejor camino para el regreso a la democracia y resolver la crisis humanitaria en Venezuela», agrega la nota.

Asimismo, indicó que Blinken subrayó a Guaidó «la importancia de una restauración pacífica de la democracia en Venezuela y de unas elecciones libres y justas».

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La administración de Maduro y la oposición acordaron una mesa de negociación en México en agosto de 2021.

Pero, la suspendieron en octubre por la parte oficialista, en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab.

EE.UU., junto con cerca de 50 países de Latinoamérica y Europa, reconoce desde 2019 a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

La llamada de Blinken se produce el mismo día que Washington descartó invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de junio.

La misma se celebrará en Los Ángeles (California), porque considera que «no respetan» la democracia.

«Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas. Por lo tanto, no espero su presencia», anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, reseñó Efe.

Por el momento, Washington no ha confirmado si invitará a Guaidó a la cumbre del próximo mes.

Se trata de la segunda cumbre organizada por Estados Unidos después de la edición original en Miami en 1994.

La idea principal es diseñar un pacto migratorio regional.

De su parte, el dirigente opositor, Juan Guaidó, confirmó la conversación con Blinken, a través de su cuenta en Twitter.

«Hablé con el secretario Blinken de la importancia del respaldo internacional para enfrentar a Maduro y a los regímenes autoritarios», dijo.

«Los venezolanos resistimos a una dictadura y luchamos para lograr elecciones libres y justas, el apoyo del mundo libre es clave para lograrlas», agregó.

No es la primera vez que el gobierno de Joe Biden insiste en que se retome el diálogo entre opositores y oficialistas, desde que el proceso se suspendió en octubre del 2021.

Se desconoce la postura de Maduro acerca de esta última comunicación del departamento Estado.

Hace unas semanas, su administración anunció el retorno «al diálogo nacional. Pero dejó claro que no será con Juan Guaidó, sino con otros representantes de diversos sectores de Venezuela.

«Hemos decidido reactivar el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos del país. El diálogo de México recibió un duro golpe; pero si pedimos diálogo para el resto del mundo tenemos que reactivar nuestro diálogo. Así que vamos a un reformateo de nuestro diálogo, para hacerlo más amplio, más incluyente», expresó.

Pero, el número dos del Psuv, Diosdado Cabello, aclaró: “Nicolás Maduro no habló de diálogo en México nunca».

Habló de diálogo, creo que son 1.000 intervenciones de Maduro llamando al diálogo, el Congreso del partido es un gran diálogo nacional”, sostuvo.

Hablé con el @SecBlinken de la importancia del respaldo internacional para enfrentar a Maduro y a los regímenes autoritarios.Los venezolanos resistimos a una dictadura y luchamos para lograr elecciones libres y justas, el apoyo del mundo libre es clave para lograrlas. https://t.co/WhsS6sWk7N

El canciller de Nicolás Maduro, Félix Plasencia, rechazó este jueves el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el país. Allí, dijo que «alta impunidad» y violación de los DD.HH. de los presos políticos.

«Venezuela, una vez más, rechaza categóricamente el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado. Igual que la reiterada práctica de calificar las políticas de otros países en esta materia sin ningún rigor técnico ni credibilidad». Así lo indicó Plasencia, en un comunicado difundido por la cancillería.

En el texto, tildó de «grave» que EE.UU. «manipule» el tema de los derechos humanos. Asegura que lo hace con el objetivo de «avanzar sus intereses políticos». Aseguró que el Gobierno norteamericano ha «demostrado» su «desprecio» por el pueblo venezolano.

En este sentido, insistió en que «poco pueden interesarle al Gobierno estadounidense los derechos de un pueblo que somete a medidas coercitivas unilaterales y a un criminal bloqueo económico».

Para la administración de Nicolás Maduro, con el informe «se busca opacar los logros del Gobierno bolivariano en garantizar derechos humanos. Además de los políticos, económicos y sociales, aun bajo las más severas agresiones».

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En su informe, el Departamento de Estado de EE.UU. denunció que Nicolás Maduro mantiene en la cárcel a «centenares» de presos por motivaciones políticas. La crítica hacía énfasis en las condiciones de salud de muchos de ellos.

En el documento, EE.UU. mencionó cifras de Foro Penal según las cuales en octubre pasado había 260 presos políticos en el país, 50 de ellos «en condiciones de salud críticas».

Destacó que Maduro «permitió a algunos candidatos opositores participar» en las elecciones regionales de noviembre, pero «no hubo condiciones para unos comicios libres y justos».

También afirmó que las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición, que tuvieron lugar en México entre agosto y septiembre, permitieron el regreso al país de algunas «figuras del exilio».

«A pesar de estos cambios, el régimen de Maduro siguió manteniendo a centenares de personas en prisión por motivaciones políticas e impidió que centenares de candidatos de la oposición ejercieran todos sus derechos para postularse», criticó.

Venezuela rebatió esta información e instó a EE.UU. a «enfocarse en resolver su propia crisis carcelaria», al asegurar que esa nación es «el país con el mayor índice de encarcelación en el mundo, que posee el 25 % de la población carcelaria de todo el planeta».

«Venezuela, fiel creyente de la diplomacia y observadora del derecho internacional, desea relaciones de respeto y cooperación con todas las naciones del mundo. No es a través del engaño, del chantaje y de la agresión, que se puede hacer ejercicio de la diplomacia», concluye el comunicado.

Las elecciones del próximo domingo en Venezuela no reúnen condiciones para ser «justas ni libres». Así lo afirmó Kevin O’Reilly, subsecretario adjunto para las Américas del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El funcionario aseguró que Washington apoyará los esfuerzos «para restaurar la democracia» en el país.

«No se dan las condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela», afirmó O’Reilly durante un foro virtual del Atlantic Council.

El 21 de noviembre Venezuela celebrará elecciones regionales y municipales. Los comicios cuentan con la participación de los principales partidos opositores después de tres años de abstención y boicot electoral, recordó AFP.

Estados Unidos acusa de manipulación a la administración de Nicolás Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce.

«El régimen ha manipulado las listas de votantes. Ha desautorizado a algunos candidatos de la oposición a presentarse a cargos públicos, sin razón ni justificación, y ha acosado a otros», dijo O´Reilly.

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Por su parte, Maduro acusa a Washington de una supuesta «conspiración».

Asimismo, O’ Reilly afirma que «los opositores democráticos al madurismo y los votantes que deciden participar optan por comprometerse con un pequeño paso. Ese es solo un paso gradual hacia la democracia».

El objetivo debe ser la celebración de «elecciones presidenciales verdaderamente libres y justas a través de una Asamblea Nacional democrática y renovada. Esto, de acuerdo con las normas constitucionales venezolanas y los estándares reconocidos internacionalmente», añadió el funcionario.

Estados Unidos reitera su apoyo a las negociaciones en México entre Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que agrupa a la oposición.

Este diálogo se suspendió provisionalmente tras la extradición a Estados Unidos de Alex Saab.

«Tenemos el compromiso de continuar apoyando las negociaciones. Un compromiso total de continuar apoyando los esfuerzos de los venezolanos para restaurar la democracia en su sociedad», afirmo O´Reilly.

Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, han impuesto numerosas sanciones económicas a Caracas, entre ellas un bloqueo de Washington al crudo venezolano.

En la noche de este martes, Nicolás Maduro atacó una vez más a Estados Unidos, esta vez, arremetió contra el Departamento de Estado.

Acusó durante una alocución televisiva al Departamento de Estado de conspirar contra el evento electoral que se realizará este domingo 21 de noviembre.

«El Departamento de Estado de EE.UU., está conspirando contra las elecciones de Venezuela. Yo tengo que alertar al mundo, a Venezuela se respeta y la forma de hacerla respetar es salir a votar», aseveró Maduro.

Asimismo, insistió que, “da vergüenza que se inmiscuya en nuestros asuntos. Que opine sobre el sistema electoral más confiable del país, con mayores auditorías”.

Aprovechó para denunciar que Estados Unidos, “conspira contra los procesos emancipadores de Latinoamérica» para detener el surgimiento de procesos humanistas y socialistas.

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En ese sentido, Nicolás Maduro, sostuvo que todos los candidatos que quisieron se inscribieron.

«Más de 70 mil, récord mundial, más de 60 partidos políticos. El CNE trabajando en plena unidad como un todo».

Este martes la Casa Blanca se pronunció tras las megaelecciones a celebrase este domingo 21 de noviembre

El vocero de la Casa Blanca a Jorge Agobian, corresponsal de Voz de América, afirmó que las elecciones de gobernadores y alcaldes “serán manipuladas” por el régimen de Nicolás Maduro.

“La Casa Blanca se refiere a elecciones regionales en #Venezuela como «votaciones» y augura que serán «manipuladas», nos dice un vocero”, escribió Agobian en su cuenta de Twitter.

Por lo tanto, Maduro llamó “a todos los venezolanos a votar. Faltan apenas unos días para ir a elecciones, Vamos a elegir a sus gobernadores, a sus alcaldes».

Para finalizar pidió a los candidatos «a jugar limpio, respetar los resultados que anuncie el CNE este 21 de noviembre», así como también repudiar las declaraciones que ha hecho EEUU.

«Conspiran contra las elecciones porque no quieren que nazca una alternativa antineoliberalista. Por eso el imperialismo norteamericano actúa como imperio para atacar y que no surja la alternativa», atinó.

Un llamado a un estudio para “confirmar las verdaderas causas de la muerte” de Baduel, quien estuvo 12 años tras las rejas hasta su defunción, anunciada el martes por el gobierno venezolano. Pidió este jueves el portavoz del departamento de Estado.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en rueda de prensa el jueves en Washington D.C. que EE. UU.  que la muerte de Baduel “recuerda al mundo las pésimas y peligrosas condiciones” en las que se encuentran los “prisioneros políticos” en Venezuela y pidió su liberación “inmediata e incondicional”.

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Denunció negligencias

Price condenó que el chavismo siga cometiendo negligencias en contra de los presos políticos, por lo que exige una investigación para dar con los responsables de la muerte de Baduel.

“Estaba injustamente detenido en custodia de Maduro», recalcó.

Price fue enfático al solicitar la liberación incondicional de todos los presos políticos en Venezuela. «Maduro debe velar por el bienestar de ellos, tienen que encontrar a los culpables de esta muerte”, manifestó.

Aseguró que EEUU seguirá de cerca todos los casos de abuso de poder en el país, abogando por el respeto a la democracia y los derechos humanos.

La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) manifiesta que el embargo de El Nacional es una nueva arremetida contra la libertad de expresión en Venezuela.

«Medios de comunicación perseguidos, periodistas agredidos y encarcelados, y sin prensa libre, no es posible una democracia», asegura en un comunicado público.

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Por eso Apevex instó al Departamento del Tesoro de EE.UU incluir en la lista de sancionados a los funcionarios que participaron en el embargo a la sede del diario.

«Para incluir en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro a los funcionarios y jueces del régimen involucrados en esta medida», solicitan.

Asimismo pide a la comunidad internacional adoptar «sus propias sanciones contra los funcionarios del régimen que han estado facilitando la destrucción de la libertad de prensa y de información en Venezuela».

Y concluye: «Tomando en consideración que el asalto a la sede del diario El Nacional se produce en momentos en que el régimen de Maduro se muestra dispuesto a participar en un posible diálogo para alcanzar un acuerdo de salvación nacional».

APEVEX insta a EEUU a incluir en lista de sanciones a involucrados en el asalto a la sede de El Nacional https://t.co/OFPcLAADNe vía @apevex

El Departamento de Estado de Estados Unidos apoya la propuesta de Juan Guaidó, para la restauración de la democracia en Venezuela.

La afirmación la hizo Julie Chung, subsecretaria interina adjunta para el hemisferio occidental de esa institución.

«Apoyamos a Juan Guaidó y los esfuerzos de la oposición venezolana para restaurar pacíficamente la democracia en Venezuela», Todo «a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas», dijo Chung en Twitter.

«La única solución a esta crisis es un acuerdo integral que conduzca a un resultado democrático que los venezolanos quieren y merecen», agregó.

La funcionaria respaldó de esta forma la posición adelantada por el embajador de EE.UU. para Venezuela, James Story.

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El diplomático, apenas Guaidó hizo el anuncio del «acuerdo de salvación nacional», apoyó el planteamiento. Y dijo que es para establecer «condiciones mínimas para las elecciones».

Y mencionó «la liberación incondicional de los presos políticos, acceso a la ayuda humanitaria y la rehabilitación de los partidos políticos», entre otras.

Guaidó propuso que «Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional. Debe darse entre las fuerzas democráticas, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional»», dijo.

«El compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación es ofrecer incentivos al régimen», expresó. Agregó que esto incluye «el levantamiento progresivo de sanciones». Aclaró que todo está «condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo».

Por su parte, Nicolás Maduro respondió así: «Ahora anda desesperado por dialogar porque se ha quedado fuera».

El Departamento de Estado de EE.UU advierte a ciudadanos de ese país o viajeros nivel 4 no viajar a Venezuela.

Las razones que explica la institución se relacionan con la inseguridad, la crisis humanitaria, el colapso del sistema de salud y la propagación del COVID-19 en el país.

“No viaje a Venezuela debido a delitos, disturbios civiles, mala infraestructura de salud, secuestro, arresto arbitrario y detención de ciudadanos estadounidenses y covid-19”, dice el comunicado.

Advierte también un “nivel muy alto de covid-19” en el país y que la infraestructura sanitaria está colapsada.

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Entre sus recomendaciones para viajeros hacia Venezuela señalan no transitar entre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y Caracas en la noche.

También les pide llevar un suministro suficiente de medicinas recetadas y estar preparados para una estadía indefinida, porque los vuelos internacionales hacia o desde el país están limitados.

Por ahora Venezuela mantiene abiertas las rutas comerciales para el traslado de pasajeros, carga y correo para México, Turquía, Bolivia, Panamá, República Dominicana y Rusia.

El Departamento de Estado, otorgará el “Premio Internacional Mujer De Coraje”, a la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras.

La ceremonia virtual de premiación se realizará el 8 de marzo y la lideran el secretario de Estado, Antony Blinken y la primera dama, Jill Biden.

Este premio tiene como intención, reconocer a mujeres de todo el mundo que demuestran valor y liderazgo excepcional.

Sobre todo sus constantes intensiones por fomentar paz, justicia, derechos humanos, igualdad de género.

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Así como el empoderamiento de las mujeres, pese a que sufran a menudo un gran riesgo y sacrificio personal.

“Como presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras ha estado en la primera línea de lucha por los derechos de los profesionales de la salud, los pacientes y los sindicatos”, explicó el Departamento de Estado,

Asimismo resaltó el activismo de Contreras, el cual generó respaldo de los venezolanos, publicó Monitoreamos

También resaltó que Contreras está en el centro del movimiento cívico-político que impulsa el cambio democrático.

El departamento de Estado resaltó los esfuerzos en yun clima donde hay encarcelamientos, torturas, hostigamientosm amenazas y restricciones de manera rutinaria.

“Contreras defiende los derechos de los ciudadanos con un gran riesgo personal”.

Insiste que aboga por los derechos laborales y trabaja para asegurar que los trabajadores de la salus recibam un subsidio.

“Esto se realizó mediante la plataforma Héroes de la Salud del presidente interino Juan Guaidó”, explicó el Departamento de Estado.

Junto a Contreras, también serán reconocidas mujeres de Turquía, Irán, Guatemala, Colombia, China, Bielorrusia, entre otros.

Desde el 2007, hasta la fecha el Departamento de Estado ha reconocido a más de 155 galardonadas de más de 75 países.

Para los Estados Unidos, la única Asamblea Nacional legítima en Venezuela es la preside Juan Guaidó. Así manifestó una nota oficial del Departamento de Estado encabezado por Mike Pompeo.

«Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo venezolano en su lucha por devolver a su país la democracia y la prosperidad. Y seguiremos reconociendo la legitimidad de la última institución democrática en ese país, la Asamblea Nacional elegida libremente en 2015», dice el comunicado.

La misiva se publica luego de la Consulta Popular que culminó el 12 de diciembre, proceso por el cual EE.UU. felicitó y calificó como «un éxito».

«Felicitamos al pueblo venezolano por el éxito de la Consulta Popular. Millones de venezolanos se unieron para alzar la voz y exigir un futuro democrático para su país», dice la nota.

Destaca que «en cada ciudad y pequeño pueblo de Venezuela, así como en cientos de sitios que sirven a la diáspora venezolana en el exterior, la Consulta Popular demostró claramente la voluntad del pueblo venezolano».

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Remarca que en el proceso, los venezolanos «rechazaron el fraude electoral del régimen ilegítimo la semana pasada y se comprometieron a continuar su lucha por elecciones libres y justas y el retorno a la democracia».

Para EE.UU «este es un mandato claro de que el gobierno provisional debe seguir luchando por el regreso de la democracia a Venezuela. El pueblo venezolano merece el apoyo de todas las naciones democráticas en esta lucha».

Califica la Consulta Popular como «un proyecto democrático audaz, coordinando un voto transparente, tanto presencial como virtual. A pesar de todos los desafíos de la vida en Venezuela fue un logro sin precedentes». Y subraya que el mismo se dio incluso con escasez de gas, cortes de electricidad y hostigamiento del régimen. además de sitios web bloqueados y eliminados, intimidación violenta, represión y persecución».

Finalmente, señala que «esta manifestación representa el poder de millones de venezolanos para organizarse y manifestarse por el cambio. Renueva el movimiento más amplio para traer de regreso elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas a Venezuela».