Los ataques que ha realizado Estados Unidos en el Caribe contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes son legales y los responsables militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ello, aseguró este miércoles el Departamento de Justicia.

"Los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales", dijo un portavoz del Departamento de Justicia.

Los militares encargados de ejecutar las órdenes de ataque, que han dejado al menos 76 personas muertas, no corren riesgo de ser procesados, dijo el portavoz.

"El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado", añadió el portavoz.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó el lunes a Washington a investigar la legalidad de los ataques contra los supuestos barcos que transportan drogas y dijo que había "fuertes indicios" de que constituyen "ejecuciones extrajudiciales".

Las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo una serie de ataques en el Caribe y el Pacífico en las últimas semanas contra embarcaciones que según Washington están transportando drogas.

El más reciente tuvo lugar en el Pacífico durante el fin de semana y dejó seis personas muertas, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El diario Washington Post informó el miércoles que el Departamento de Justicia había redactado un informe clasificado en julio que establece la base legal para los ataques y protege al personal participante de enjuiciamientos futuros.

La administración del presidente Donald Trump envió una carta al Congreso para informarle de que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con los carteles de drogas latinoamericanos, describiéndolos como grupos terroristas, como parte de su justificación para los ataques.

Turk, en una entrevista con AFP, dijo que las operaciones contra presuntos traficantes de drogas deberían ser "operaciones de aplicación de la ley", que a su vez están sometidas a las reglamentación internacional sobre derechos humanos.

En tales casos, "el uso de fuerza letal tiene que ser extremadamente limitado", dijo Turk.

"Tiene que ser el último recurso absoluto frente a un ataque inmediato. Eso no es lo que estamos viendo".

Cuando se le preguntó si creía que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, Turk dijo: "Hay fuertes indicios de que lo son, pero necesita ser investigado".

La administración Trump ha desplegado un importante efectivo militar en esa campaña contra el tráfico de drogas.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, ha afirmado que el aumento militar es parte de un complot para derrocarlo.

Con información de AFP

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes la nominación de Pam Bondi como fiscal general en la administración de Donald Trump, en sustitución del demócrata Merrick Garland.

Bondi resultó electa en la Cámara Alta con una votación de 54 votos a favor y 46 en contra, con el apoyo de todos los republicanos y del senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania, apuntó el medio Infobae.

Pam Bondi, de 59 años, fue fiscal general de Florida (2011-2019) y es una aliada cercana de Trump desde su primera campaña presidencial en 2016.

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Es de destacar que Su confirmación se produce en un momento de tensión dentro del Departamento de Justicia, que enfrenta una posible reestructuración bajo su liderazgo, incluyendo cambios en políticas de derechos civiles, la aplicación de leyes corporativas y el manejo de los procesos judiciales contra personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Como abogada, en 2020 formó parte de la defensa de Trump en su primer juicio político por abuso de poder.

Por lavar sobornos a cambio de ayudar a eludir casos judiciales, el gran jurado de Miami, imputó al magistrado venezolano Maikel José Moreno Pérez indica un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.

Magistrado de casación penal y expresidente del Tribunal  Supremo de Justicia (TSJ), Moreno, de 57 años, recibió presuntamente más de 10 millones de dólares en sobornos, sobre todo de empresarios que habían firmado contratos con entidades del gobierno venezolano, según el documento. 

La acusación asegura que Moreno podía «influenciar decisiones judiciales en Venezuela» al tener la capacidad de designar a los magistrados que juzgaban los casos. 

También podía «nombrar o destituir a los jueces de tribunales inferiores a nivel de primera instancia y apelación», de acuerdo con la imputación.

Esas actividades delictivas tuvieron lugar presuntamente entre 2014 y marzo de 2019. 

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Durante su mandato, Moreno recibió sobornos por influir en causas penales mediante la desestimación de cargos y órdenes de arresto o de reclusión domiciliaria para los acusados, según la acusación. 

También recibió pagos para intervenir en casos civiles. El imputado aceptó, por ejemplo, autorizar el embargo judicial de una fábrica de automóviles de General Motors (valorada en unos 100 millones de dólares) como parte de un litigio civil, a cambio de un porcentaje de interés en los beneficios de la venta de la fábrica. 

Moreno utilizó supuestamente el dinero recibido para comprar o renovar propiedades inmobiliarias en todo el mundo, incluida una villa en la región italiana de Toscana por 2,4 millones de euros, una vivienda de lujo en República Dominicana por 1,5 millones de dólares, un edificio en Caracas por 1,3 millones de dólares y un apartamento en Miami por 1,3 millones de dólares. 

Se compró además coches y artículos de lujos, y se gastó más de 300.000 dólares por una actuación musical en su boda, según los documentos judiciales. 

El gran jurado imputó a Moreno un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales, uno de encubrimiento de blanqueo de capitales y dos de participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.  

Cada uno de los delitos de blanqueo de capitales se castiga con una pena máxima de 20 años, y cada uno de los cargos de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas conlleva una pena máxima de 10 años.

Al mejor estilo del Ku Klux Klan, un joven de 23 años de edad, identificado como Axel C. Cox, es acusado de cometer delitos de odio federal, tras quemar cruces en el patio de su casa e intimidar y amenazar a una familia entera de afrodescendientes, que son sus vecinos.

El hecho ocurrió en la ciudad de Gulfport, Mississippi, en Estados Unidos, región emblemática a nivel mundial, donde se cometieron actos de racismo y homofobia en la década de los 50 y 60, que conllevaron a la lucha de los derechos civiles de las personas de raza negra en todo los Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia, Cox enfrenta «un cargo de interferencia criminal con el derecho a una vivienda justa y un cargo de usar fuego para cometer un delito federal. La acusación formal alega que el 3 de diciembre de 2020, Cox amenazó, intimidó e interfirió con el disfrute de los derechos de vivienda de una familia negra. Según la acusación, Cox quemó una cruz en su patio delantero y usó comentarios amenazantes y racialmente despectivos hacia sus vecinos negros. Cox supuestamente eligió quemar la cruz debido a la raza de las víctimas».

Ante esto, la justicia podría sentenciarlos en los próximos días a pasar por lo menos 10 años en prisión por el delito de quemar cruces y otros diez años o más por amenazar e intimidar a sus vecinos. Además, deberá pagar una multa de 250 mil dólares por cada cargo en su contra.

Esta organización social ha sido catalogada como racista, que ha escrito varias páginas negras en la historia de los Estados Unidos y del mundo.

Creada tras la guerra de secesión entre el norte y el sur en el siglo XIX, ha sido desarticulada y renovada nuevamente por lo menos entres oportunidades, pero nunca ha sido ilegalizada.

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Debido a esto, tiene resurgimientos como durante los años de la postguerra mundial en las décadas de los 50 y 60 y donde tuvo mayor notoriedad ante su lucha contra los derechos civiles de las personas negras.

Durante este periodo, su lugar emblemático y de mayor arraigo fue el sur de los Estados, Unidos, sobre todo en los estados de Mississippi y Alabama, donde se cometieron delitos atroces contra personas de color y que obligó otros movimientos sociales que también marcaron un hito en la historia contemporánea del mundo.

Según un trabajo realizado por la BBC, para el 2021 había en los Estados Unidos unos 6 mil miembros activos del Ku Klux Klan, quienes profesan libremente sus ideas raciales y segregacionistas a través de diversas organizaciones e iglesias.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusa directamente a dos operadores financieros de Suiza y Argentina, quienes se habrían encargado de lavar aproximadamente 1.200 millones de dólares provenientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La respectiva acusación se presentó ante el Distrito Sur de La Florida, donde acusaron directamente a Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, de haber llevado a cabo transacciones diversas para poder ingresar el dinero en el mercado, obviando las restricciones que pesan sobre PDVSA en parte del mundo.

La querella del Departamento de Justicia indica que «a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha y continuando al menos hasta agosto de 2018, Steinmann y Vuteff conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior». 

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«Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos», explica el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia alega que los acusados abrieron cuentas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, para recibir transferencias de funcionarios venezolanos, pagando los respectivos sobornos para el lavado de dinero.

Se pudo conocer que Vuteff fue arrestado en Suiza y actualmente se encuentra en proceso de extradición, mientras que Ralph Steinmann se encuentra en fuga y es buscado activamente por Interpol.

Dos abogados que fungieron como fiscales del Ministerio Público en 2017 en Venezuela, han sido acusados de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Una carta del ente judicial en EE.UU. indica que Daniel D’Andrea Golindano de 43 años, junto a Luis Javier Sánchez Rangel de 35, están acusados  «de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones monetarias en bienes derivados delictivos», expresa la misiva.

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Según el Departamento de Justicia, en el 2017 los entonces fiscales realizaban en Venezuela una averiguación por casos de corrupción en la estatal petrolera PDVSA. Al parecer, los representantes del Ministerio Público acordaron con un contratista petrolero que estaba señalado en la averiguación un pago. El monto para cada uno fue de un millón de dólares para no señalar al empresario en la investigación.

Según la acusación del ente judicial norteamericano, D’Andrea falsificó unas facturas de equipos e insumos médicos. Esto para poder justificar los pagos en una entidad financiera en La Florida.

«Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia, después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales. Los acusados ​​están en Venezuela y siguen prófugos», dice parte del comunicado del Departamento de Justicia.

Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal en contra de tres ciudadanos colombianos y dos ciudadanos venezolanos; por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que fueron obtenido a través de sobornos.

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De acuerdo a los documentos judiciales se trata de Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán; Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, 55, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, 32, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela.

Todos fueron acusados ​​en una acusación por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), una entidad estatal venezolana. y un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para el pueblo de Venezuela.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el martes a Walmart por su papel en la denominada crisis de los opiáceos. Al respecto, alegan que el gigante minorista surtió recetas incorrectamente y empeoró un desastre de salud pública.

El Gobierno acusa a Walmart de manejo irresponsable de pedidos. Llenando miles de recetas «inválidas».

Las autoridades podrían incluso disponer hasta miles de millones de dólares en multas. El litigio siguió a una investigación de varios años, explicó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

«Como una de las cadenas de farmacias y distribuidores mayoristas de medicamentos más grandes del país, Walmart tenía la responsabilidad y los medios para ayudar a prevenir el desvío de opiáceos recetados». Dijo al respecto, Jeffrey Bossert Clark, director interino de la división civil del DOJ.

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«En cambio, durante años hizo lo contrario: despachó miles de recetas no válidas en sus farmacias y no informó sobre pedidos sospechosos de opiáceos y otros medicamentos colocados por esas farmacias».

Walmart no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero la compañía minorista más grande del mundo, presentó en octubre su propia demanda contra el Departamento de Justicia en octubre.

La empresa, argumentó que la represión de Estados Unidos la puso en una posición sin salida. Y además denunció el trato injusto del gobierno para hacerle responsable por el consumo excesivo de esos medicamentos de gran adicción.

Los farmacéuticos «deben tomar una decisión difícil» entre aceptar el criterio médico de un profesional. Y despachar la receta de opiáceos, o cuestionar el criterio profesional y negarse a entregarlo.

Con información de AFP.

Cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. emprendió la cacería contra Alex Saab, dispuso a veteranos fiscales en la lucha contra el lavado de dinero y corrupción internacional para cumplir su cometido.

Cinco veteranos fiscales del Departamento de Justicia vinculados a la Sección de Fraude en la División Criminal, así como a la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, están coordinando el caso contra Saab desde hace dos años, cuando comenzaron las indagaciones, pero lo clave de sus trabajos es que vienen siguiendo el rastro del expolio venezolano en al menos cinco casos y una treintena de acusaciones.

Ahora que la extradición de este hombre identificado como testaferro de Nicolás Maduro, desde Cabo Verde es inminente, la batalla de estos abogados para esclarecer el caso apenas comienza, publicó el Diario de las Américas.

La acusación liberada en julio de 2019 por la Corte de Distrito Sur de Florida contra el colombiano Alex Nain Saab Moran y uno de sus socios por cargos de lavado de dinero por más de 350 millones de dólares, constituye uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al régimen de Nicolás Maduro, pero el valor del acusado radica más en los secretos que guarda y sus relaciones con el poder, que propiamente el botín de sus fechorías.

Los fiscales

Los documentos del caso del “testaferro de Maduro”, como se conoce a Alex Saab, revelan que el veterano abogado litigante de la Sección de Fraude del DOJ John-Alex Romano, conocido por su experiencia en el combate contra la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), ha estado liderando las pesquisas del caso, así como de dos acusaciones clave dadas a conocer en junio de 2019, cuando fue acusado un exministro del gobierno venezolano y un exfuncionario de la compañía de electricidad estatal por millonarias estafas.

A Romano lo acompaña en las investigaciones contra Saab el fiscal federal adjunto Michael B. Nadler, del Distrito Sur de Florida, quien desde 2017 ha formado parte de significativas investigaciones de la corrupción venezolana en EEUU.

El fiscal Nadler, de la Sección de Delitos Económicos y Ambientales del Distrito Sur de Florida, jugó un papel de sabueso de la ley y el orden en las indagaciones de la “Operación Money Flight”, un esquema internacional de mil millones de dólares para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), desmantelado en julio de 2018.

La fiscal federal adjunta Nalina Sombuntham es otra figura estelar de la justicia de EEUU en el caso de Saab y su experiencia apunta a los planes para recuperar los activos robados.

A la también fiscal del Distrito Sur de Florida Annika Marie Miranda, sus once años de experiencia impartiendo justicia en derecho penal le dieron paso en esta acusación contra Saab, sobre todo, por su manejo de delitos de cuello blanco y corrupción transnacional teniendo que manejar una torre de denuncias por estafas en Venezuela con paradero final en el torrente de las finanzas de Miami.

El fiscal Robert Zink, jefe de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de EEUU, es sin duda un personaje importante en el escándalo Saab. Además de ser firmante de la acusación por la que se ordenaba su captura, Zink ha tenido la responsabilidad de designar a sus colegas para manejar esta investigación.

Nicole Navas, portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, confirmó este sábado 13 de junio, la captura del empresario colombiano Álex Saab en Cabo Verde.

Aseguró que fueron informados por las autoridades del país insular que Saab Moran fue detenido.

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Navas reveló que su captura se hizo por cuenta de una Circular Roja de Interpol, por lavado de activos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, que se mantenía bajo reserva.

Aunque fuentes extraoficiales señalan que Saab ya va en un vuelo rumbo a Estados Unidos, el trámite de traslado se puede demorar, más aún si se tiene en cuenta que no hay tratado entre ambos países.