La OFAC, dependencia del Departamento del Tesoro de EE.UU., emitió la Licencia General No. 47, fechada el 3 de febrero de 2026, la cual autoriza operaciones con Venezuela, en lo que tiene que ver con diluyentes para la industria petrolera.

Se trata de una autorización específica dentro del régimen de sanciones que permite realizar ciertas transacciones que normalmente están prohibidas por las sanciones a Venezuela.

 Específicamente, permite la exportación, reexportación, venta, suministro, transporte y actividades relacionadas con diluyentes de origen estadounidense hacia Venezuela, incluyendo al Gobierno, a PdVSA  o cualquier entidad en la que PdVSA tenga un interés del 50% o más.

«Los diluyentes son sustancias como nafta o condensados ligeros que se mezclan con el crudo extrapesado venezolano para hacerlo transportable y exportable por oleoductos y barcos".

 Esta licencia facilita temporal o condicionalmente el suministro de estos productos estadounidenses a Venezuela, algo que solía estar restringido por las sanciones.

¿Qué autoriza exactamente? 

•  Todas las transacciones “ordinariamente incidentales y necesarias” para la exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, marketing, entrega, transporte, etc., de diluyentes de origen EE.UU. a Venezuela incluyendo al Gobierno o PdVSA

•  Incluye explícitamente:Procesamiento de pagos.Servicios de logística y envío (charter de buques, seguros marinos, cobertura P&I, Protection & Indemnity)Servicios portuarios y terminales, incluso con autoridades o operadores del Gobierno de Venezuela.

Condiciones obligatorias para usar licencia

•  El contrato debe especificar que se rige por las leyes de EE.UU. o alguna jurisdicción estadounidense y que cualquier disputa se resuelva en EE.UU.

¿Qué NO autoriza?

La licencia no cubre:

1.  Términos de pago no comercialmente razonables, trueques de deuda, pagos en oro, o pagos en criptomonedas/digitales emitidas por el Gobierno de Venezuela.2.  Transacciones con personas o entidades de Irán, Corea del Norte, Cuba, o cualquier entidad controlada por ellos (o joint ventures).

3.  Desbloqueo de bienes bloqueados por sanciones (excepto lo ya cubierto en a).4.  Transacciones con buques bloqueados.

Obligaciones de reporte

Cualquier persona o empresa que exporte, venda, suministre, etc., diluyentes de EE.UU. a Venezuela bajo esta licencia debe reportar detalladamente a:•  Sanctions_inbox@state.gov•  VZReporting@doe.gov 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones dirigidas a familiares y allegados del entorno de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.

La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), apunta a familiares de Carlos Erik Malpica Flores y del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano.

“Hoy, el Tesoro sancionó a individuos que apoyan al narcoestado deshonesto de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas letales”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La administración Trump seguirá atacando a las redes que apoyan su dictadura ilegítima”, añadió.

El 11 de diciembre, OFAC ya había sancionado a Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y exfuncionario de PDVSA, por su rol dentro del aparato financiero del chavismo. 

Según la Ofac Malpica ha utilizado sus conexiones familiares para facilitar operaciones transnacionales vinculadas a corrupción y desvío de fondos públicos.

La nueva ronda de sanciones incluye a cinco familiares directos:

*Eloisa Flores de Malpica, madre de Malpica y hermana de Cilia Flores*Carlos Evelio Malpica Torrealba, padre*Iriamni Malpica Flores, hermana*Damaris del Carmen Hurtado Pérez, esposa*Erica Patricia Malpica Hurtado, hija

Todos fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 13850, que permite sancionar a personas involucradas en prácticas corruptas vinculadas al Gobierno de Venezuela.

Familia Carretero

La Ofac también se extiende a los familiares del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, sancionado el 11 de diciembre por su rol en operaciones financieras y comerciales con el gobierno venezolano, incluidas transacciones con la familia Malpica Flores.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que designará al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO de sus siglas en inglés) a partir del 24 de noviembre, en una medida adoptada “de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.

 La dependencia indicó que “las designaciones de Organizaciones Terroristas Extranjeras entran en vigor tras su publicación en el Registro Federal”.

El anuncio de este domingo se suma a la decisión tomada meses antes por el Departamento del Tesoro, que en julio incorporó al grupo a la lista de Organizaciones Terroristas Globales Especialmente Designadas (SDGT de sus siglas en inglés). 

Esa primera medida se aplica bajo la Orden Ejecutiva 13224 y se orienta a congelar activos y prohibir transacciones con ciudadanos o instituciones estadounidenses. 

La inclusión en la lista SDGT no equivale a una designación FTO y se fundamenta en un marco legal distinto.

La nueva decisión del Departamento de Estado introduce al Cártel de los Soles en la categoría FTO, que utiliza un criterio jurídico diferente y activa consecuencias penales relacionadas con el concepto de apoyo material. 

La sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que resulta ilegal proporcionar recursos, equipamiento o asistencia a organizaciones registradas como FTO.

 La incorporación a esta lista no reemplaza ni modifica la categoría SDGT aplicada por el Tesoro, sino que opera en paralelo dentro de otra estructura legal.

El Departamento de Estado precisó que la designación FTO llega después de la acción financiera del Tesoro y que ambas medidas poseen objetivos distintos. Las dos vías pueden coexistir, pero no cumplen funciones equivalentes.

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La nueva designación coincidió con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al mar Caribe, en el marco de la “Operación Southern Spear”. 

Según la Armada de Estados Unidos, el grupo de ataque del Ford atravesó el paso de Anegada el domingo por la mañana con escuadrones de aviones de combate y destructores con misiles guiados. 

El despliegue involucra cerca de 12.000 soldados y casi una docena de buques, lo que constituye la mayor concentración de poderío militar estadounidense en la región en generaciones.

 Desde septiembre, Estados Unidos sostiene una campaña antidrogas intensificada que registra al menos 20 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el océano Pacífico oriental, con un saldo de más de 80 muertes.

El domingo, fuerzas estadounidenses destruyeron otra embarcación en el Pacífico y mataron a tres personas calificadas por Washington como “narcoterroristas”. El contralmirante Paul Lanzilotta, comandante del grupo de ataque del Ford, afirmó que la misión busca “proteger la seguridad y la prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental”, según AP.

 Trump también sugirió que la operación podría extenderse más allá de los ataques por mar, con el objetivo de “detener la entrada de drogas por tierra”.

Por su parte, Venezuela rechazó la existencia del Cártel de los Soles. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo calificó como un “invento” estadounidense y afirmó que “en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles”.

 Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos, señaló que Washington “fabrica” una guerra en su contra y anunció una movilización “masiva” de tropas y civiles ante posibles ataques, según AP.

Con información de Infobae

El Departamento del Tesoro de EE.UU. notificó a los legisladores el lunes que un actor patrocinado por el Estado de China se infiltró en las estaciones de trabajo del Tesoro, en lo que los funcionarios describen como un “incidente importante”.

En una carta revisada por CNN, un funcionario del Tesoro dijo que fue informado por un proveedor de servicios de software de terceros el 8 de diciembre que un actor de amenaza utilizó una clave robada para acceder remotamente a ciertas estaciones de trabajo del Tesoro y documentos no clasificados.

“Basándonos en los indicadores disponibles, el incidente se ha atribuido a una amenaza persistente avanzada (APT) patrocinada por el Estado chino”, escribió en la carta Aditi Hardikar, subsecretario de Gestión del Tesoro de EE.UU.

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Un portavoz del Tesoro dijo en una declaración a CNN que el servicio comprometido ha sido desconectado y que los funcionarios están trabajando con las fuerzas del orden y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés).

“No hay pruebas que indiquen que el autor de la amenaza haya seguido accediendo a los sistemas o a la información del Tesoro”, dijo el portavoz del Tesoro.

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De acuerdo con la carta a la dirección de la Comisión Bancaria del Senado, el proveedor de servicios de software de terceros, BeyondTrust, dijo que los hackers obtuvieron acceso a una clave utilizada por el proveedor para asegurar un servicio basado en la nube que el Tesoro utiliza para soporte técnico.

“Con acceso a la clave robada, el actor de la amenaza fue capaz de anular la seguridad del servicio, acceder remotamente a ciertas estaciones de trabajo de usuarios del Tesoro [Oficina Departamental] y acceder a ciertos documentos no clasificados mantenidos por esos usuarios”, decía la carta del Tesoro.

Se desconoce exactamente cuántas estaciones de trabajo fueron infiltradas. Sin embargo, el portavoz del Tesoro dijo en el comunicado que se accedió a “varias” estaciones de trabajo de usuarios del Tesoro.

Hardikar dijo en la carta que, según la política del Tesoro, las violaciones atribuidas a actores de amenazas persistentes avanzadas se consideran un “incidente grave de ciberseguridad”. Los funcionarios del Tesoro están obligados a proporcionar una actualización en un informe complementario de 30 días.

Se desconoce también si el Tesoro ha determinado plenamente el alcance de los daños causados por el incidente.

Hardikar escribió en la carta que, en un esfuerzo por “describir completamente el incidente y determinar su impacto global”, el Tesoro ha estado trabajando con CISA, el FBI, las agencias de inteligencia de EE.UU. y los investigadores forenses de terceros.

“La CISA fue contratada inmediatamente después de que el Tesoro tuviera conocimiento del ataque, y el resto de los órganos de gobierno fueron contactados tan pronto como el alcance del ataque se hizo evidente”, decía la carta.

A través de un comunicado emitido este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respondió a todas las preguntas formuladas sobre los cambios en las sanciones a la Administración de Nicolás Maduro.

Señala que Estados Unidos ha evaluado todas las acciones tomadas, y llevado a cabo una revisión de la política de sanciones a la luz de la reciente desarrollos. «Como resultado, a partir del 29 de enero de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó la Licencia General (GL) 43, que autorizaba transacciones que involucran a Minerven, la empresa minera de oro estatal venezolana. Como descrito a continuación, de conformidad con GL 43A, las personas estadounidenses tendrán hasta el 13 de febrero de 2024 para liquidar cancelar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por GL 43».

Anunció que, a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la Plataforma Unitaria de la oposición, particularmente en permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la GL 44, “Autorización de transacciones relacionadas a Operaciones del Sector Petróleo o Gas en Venezuela”, cuando venza el 18 de abril de 2024.

¿Cómo se cambiaron las medidas de alivio de las sanciones a Venezuela del 18 de octubre de 2023 al 29 de enero de 2024?

El 29 de enero de 2024, la OFAC emitió a Venezuela GL 43A, “Autorización de la liquidación de Transacciones que involucran a CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA”, que reemplaza y reemplaza GL 43 y brinda a las personas estadounidenses 14 días para cancelar cualquier transacción que fueron previamente autorizados por GL 43. A la luz de la revocación de GL 43, la OFAC anterior orientación, indicando que no tenía la intención de apuntar a ninguna persona únicamente por operar en el sector del oro. sector de la economía venezolana, ya no es aplicable.

¿Qué significa la Licencia General (GL) 44, “Autorización de Transacciones Relacionadas con Petróleo o Gas Operaciones del Sector en Venezuela”?, ¿qué hace?

GL 44 autoriza temporalmente todas las transacciones prohibidas por las Sanciones a Venezuela Regulaciones, 31 CFR parte 591 (el VSR), relacionadas con las operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela, incluyendo transacciones con PdVSA, sujetas a ciertas condiciones. La autorización en GL 44 suspende las sanciones relacionadas con Venezuela aplicables a la mayoría de las operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela, incluida la venta de petróleo y gas de Venezuela a Estados Unidos y otros jurisdicciones, así como el pago de impuestos, regalías, costos, honorarios, dividendos y ganancias relacionados a operaciones o transacciones del sector petróleo y gas que involucren a PdVSA. Para proporcionar mayor claridad, GL 44 proporciona una lista no exhaustiva de transacciones cubiertas por la autorización, que incluye:

(1) la producción, levantamiento, venta y exportación de petróleo o gas desde Venezuela, y suministro de servicios relacionados. bienes y servicios; (2) el pago de facturas por bienes o servicios relacionados con el sector de petróleo o gas operaciones en Venezuela; (3) nuevas inversiones en operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela; y (4) la entrega de petróleo y gas de Venezuela a los acreedores del Gobierno de Venezuela, incluyendo acreedores de entidades de PdVSA, para efectos del pago de deuda.

Si bien GL 44 brinda un amplio alivio a las operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela, varios aspectos clave las prohibiciones siguen vigentes.

– Instituciones financieras designadas. El párrafo (b)(1) establece que GL 44 no autorizar cualquier transacción que involucre a cualquier institución financiera bloqueada de conformidad con E.O. 13850 distinto del Banco Central de Venezuela o Banco de Venezuela SA Banco Universal.

– Operaciones relacionadas con Rusia. El párrafo (b)(2) establece que GL 44 no autoriza el suministro de bienes o servicios a, o nueva inversión en, una entidad ubicada en Venezuela que es propiedad o está controlada por, o es una empresa conjunta con, una entidad ubicada en Rusia Federación. El párrafo (b)(3) establece que GL 44 no autoriza ninguna transacción relacionada con nuevas inversiones en operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela por parte de una persona ubicada en la Federación de Rusia o cualquier entidad propiedad o controlada por una persona ubicada en la Federación Rusa.

– Ciertas restricciones financieras en E.O. 13808. El párrafo (b)(4) prohíbe cualquier transacción prohibida por las subsecciones 1(a)(i) – (iii) o 1(b) de E.O. 13808, distintas de las transacciones descrito en GL 44 párrafos (a)(2) (pago de facturas por bienes o servicios relacionados a operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela) y (a)(4) (entrega de petróleo y gas para la finalidad del pago de la deuda a los acreedores). En consecuencia, nuevas transacciones de deuda, como la concesión de préstamos a PdVSA, que no sean para el pago de facturas o el reembolso de deuda a través de la entrega de petróleo o gas, no están autorizados por GL 44.

– Transacciones prohibidas por E.O. 13827 y E.O. 13835. El párrafo (b)(5) establece que GL 44 no autoriza ninguna transacción prohibida por E.O. 13827 (relativo a ciertos activos virtuales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela) o E.O. 13835 (relativo a la deuda que se debe al Gobierno de Venezuela, así como a ciertos transacciones que involucren cualquier participación en el capital de cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tiene una participación de propiedad del 50 por ciento o más).

– Propiedad bloqueada. El párrafo (b)(6) establece que GL 44 no autoriza la Desbloqueo de cualquier propiedad bloqueada de conformidad con el VSR. En consecuencia, todos los bienes bloqueado de conformidad con el VSR en los Estados Unidos, o en posesión o control de un país estadounidense. persona, a partir del 18 de octubre de 2023, permanecerá bloqueada a menos que se autorice por separado.

– Personas bloqueadas. Transacciones que involucran a cualquier persona bloqueada en virtud de sanciones, autoridad distinta del VSR no están autorizados de conformidad con GL 44. Como ocurre con cualquier licencia general o específica, la OFAC está preparada para revocar esta autorización si apropiado para apoyar la política exterior de Estados Unidos y las prioridades de seguridad nacional.

¿Cuándo vence la Licencia General (GL) 44?, ¿tiene el gobierno de Estados Unidos la intención de renovar este GL?

GL 44 autoriza transacciones hasta las 12:01 a.m., hora de verano del este, del 18 de abril de 2024. El gobierno de Estados Unidos tiene la intención de renovar el GL 44 solo si los representantes de Maduro lo cumplencon sus compromisos y tomar medidas concretas continuas hacia una elección democrática por parte del finales de 2024.

¿Las sanciones relacionadas con Venezuela suspendidas el 18 de octubre de 2023 afectan a Estados Unidos?

No.

Orden Ejecutiva (E.O.) 13850 de 1 de noviembre de 2018, “Bloqueo de Propiedad de Propiedad Adicional Personas Contribuyentes a la Situación en Venezuela”, autoriza la imposición de sanciones a personas que operan en el sector aurífero de Venezuela. Para efectos de esta E.O. y a la luz de los anuncios del 29 de enero de 2024 para revocar la Licencia General (GL) 43, ¿la OFAC se dirigirá a quienes “operan en el sector aurífero de la economía venezolana” o en cualquier otro sector de la economía venezolana que determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado”?

La OFAC emitió GL 43 el 18 de octubre de 2023, que autorizó todas las transacciones que involucran a CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA (Minerven)—única entidad designada por OFAC por operar en el sector aurífero de la economía venezolana—que estaban prohibidos por la Reglamento de Sanciones de Venezuela, 31 CFR parte 591, sujeto a las limitaciones descritas en GL 43.

El 29 de enero de 2024, la OFAC revocó la GL 43 y emitió la GL 43A, que proporciona a las personas estadounidenses 14 días para liquidar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por GL 43. A la luz de la revocación de GL 43, la guía anterior de la OFAC, que indicaba que no tenía intención de apuntar a ningún persona únicamente por operar en el sector aurífero de la economía venezolana, ya no es aplicable. Consulte la pregunta frecuente 629 para obtener más información.

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¿Pueden las personas estadounidenses seguir dependiendo de licencias generales anteriores al 18 de octubre de 2023 para participar en transacciones relacionadas con operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela a pesar de las autorizaciones más amplias previstas en la Licencia General (GL) 44 de Venezuela?

Sí. Los estadounidenses pueden seguir dependiendo de otras autorizaciones relacionadas con el petróleo o el gas de Venezuela, incluyendo GL 8M, “Autorización de transacciones que involucran Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) Necesarios para el Mantenimiento Limitado de Esenciales Operaciones en Venezuela o la Liquidación de Operaciones en Venezuela para Ciertas Entidades” y GL 41, “Autorización de ciertas transacciones relacionadas con las empresas conjuntas de Chevron Corporation en Venezuela”, y no están obligados a operar bajo las autorizaciones más amplias proporcionadas en GL 44.

Los integrantes de la oposición venezolana están a la espera de la decisión de Estados Unidos para descongelar los fondos de la nación caribeña, con el fin de ser utilizados en las necesidades primordiales de los venezolanos.

En ese sentido, una fuente relacionada al tema indicó a la agencia Reuters, citada por Banca y Negocios, que EEUU «prometió dar su opinión sobre los cambios que haga la Asamblea Nacional» venezolana.

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«Mientras no quede claro, todo está paralizado», agregó al tiempo que destacó que «se han enviado cartas» y Estados Unidos ha respondido, pero «aún no ha sucedido».

Por ello, el nuevo desafío que debe enfrentar la oposición venezolana es la respuesta que dé la nación norteamericana sobre los fondos.

Cabe recordar que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado que la oposición venezolana se ha robado los fondos que pertenecen a los venezolanos, los cuales podrían ser invertidos en el área social y de salud.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos habría liberado un avión perteneciente al venezolano, Rafael Sarría Díaz, quien es señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros como supuesto testaferro del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

El anunció se conoció a través de las redes sociales del periodista de la AP, Joshua Goodman, quien escribió que la aeronave Gulfstream G200 con siglas norteamericana N488RC, había sido liberada por las autoridades en Estados Unidos.

Dicha aeronave fue incautada en el 2018, después de que fuese señalado Sarría Diaz por la OFAC, como testaferro de Diosdado Cabello, sanción con una extensa lista, donde nombran a la esposa del hombre fuerte del chavismo, Marlenys de Cabello y al hermano del vicepresidente del PSUV.

Vale acotar que tras el señalamiento de Sarría Díaz en el 2018, el mismo fue detenido en España, donde residía para el momento.

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El avión fue incautado en Estados Unidos por el Departamento del Tesoro, donde la aeronave era utilizada tanto para vuelos internos, como internacionales, según las autoridades norteamericanas.

El periodista Goodman relaciona este hecho con las recientes informaciones extraoficiales que circularon en días recientes, con respecto a la posibilidad de liberación de dos norteamericanos detenidos en Venezuela por la operación Gedeón y unos vuelos que habrían realizado naves norteamericanas a suelo venezolano.

Something brewing between Washington and Caracas?First, this week saw landings by US-registered planes in Venezuela—which spurred speculation American prisoners would be freed. And now @USTreasury unfreezes a jet linked to alleged frontman for socialist party boss @dcabellor. pic.twitter.com/d7JeSJaiQb

Según Goodman, los vuelos serían para repatriar a los dos norteamericanos, sin embargo, operadores del chavismo desmintieron categóricamente la liberación delos presos.

La empresa alemana obtuvo licencia del Tesoro de Estados Unidos para trabajar con la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA, propietaria de las plantas, a través de terceros y con la eléctrica Corpoelec

Como parte de un plan gubernamental para reconstruir una red que se desmorona, plagada de apagones constantes y falta de mantenimiento, Venezuela contrató al gigante energético mundial Siemens Energy AG, para que repare las centrales eléctricas.

La información fue dada a conocer a través de la agencia Bloomberg, que afirma que Siemens firmó contratos con el Gobierno para trabajar en las instalaciones de generación a gas y diésel que dan servicio a Caracas.

Asimismo, como para aquellas que suministran electricidad a la infraestructura utilizada por la industria petrolera, según informó el gerente comercial de la empresa en el país, Eric Soto, citado por Bloomberg.

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Se pudo conocer que la empresa alemana obtuvo licencia del Tesoro de Estados Unidos para trabajar con la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA, propietaria de las plantas, a través de terceros y con la eléctrica Corpoelec, indicó Soto.

Según los expertos el anuncio marca un atípico acuerdo en el que una empresa internacional trabajará con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que está bajo duras sanciones económicas estadounidenses.

Con estas reparaciones se podría impulsar la generación de energía para Caracas en unos 1.000 megavatios, lo que la ayudaría a superar los apagones regulares y años de racionamiento.

También contribuiría a mejorar el suministro de energía en las áreas productoras de petróleo que se han visto afectadas por apagones.

Destaca la agencia que “ni el Tesoro de EE.UU. ni PDVSA respondieron a los mensajes en busca de comentarios”.

La administración de Maduro  intenta reconstruir el sistema de generación del país con un plan para invertir alrededor de US$1.500 millones para recuperar unos 9.000 megavatios de producción para 2025.

La información se basa en un documento de Corpoelec al que tuvo acceso Bloomberg.

La red, que depende en gran medida de la enorme instalación hidroeléctrica Guri en el sur de Venezuela que produce hasta el 80% de la energía, ha sido devastada por años de mala gestión.

Según Nelson Hernández, consultor energético en Caracas “aunque Guri y otras centrales hidroeléctricas y termoeléctricas tienen capacidad para producir unos 32.000 megavatios de electricidad, el sistema tiene problemas para satisfacer la demanda actual de unos 10.500 megavatios”, cita la agencia.

La agencia especializada destaca  que  “debido a una red de distribución deteriorada y plantas eléctricas disfuncionales, los apagones continuos y los racionamientos comunes, especialmente en los barrios pobres de Caracas y en las ciudades más pequeñas de todo el país. En 2019, los venezolanos se quedaron sin luz durante días debido a un apagón nacional”.

Todos estos problemas afectan la producción en PDVSA, que tiene que regularmente limitar sus actividades en los campos petroleros debido a la falta de energía para las unidades de bombeo.

Se conoció que una de las licencias de EE.UU., otorgada en junio, permite a Siemens trabajar con Corpoelec en plantas termoeléctricas en el estado de Miranda, pero le impide aumentar la capacidad, dijo Soto.

Mientras que una segunda licencia, que vence en octubre, autoriza a Siemens a vender y reparar componentes en centrales eléctricas propiedad de PDVSA. Incluye limitaciones similares.

Siemens, es una alemana que tiene presencia en Venezuela desde hace 60 años y aproximadamente la mitad de las centrales termoeléctricas del país utilizan tecnología de su propiedad; mientras que la otra mitad utiliza tecnología de General Electric Co.

El gerente comercial de la empresa en el país, Eric Soto  recordó que Siemens también produce muchos de los componentes en las subestaciones eléctricas, que necesitan reparaciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes una licencia que autoriza algunas transacciones con PDVSA.

De esta forma, flexibiliza las sanciones contra la industria petrolera, las cuales han limitado sus transacciones en los últimos años.

Asimismo, la licencia número 40 autoriza la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo a Venezuela.

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“Todas las transacciones y actividades relacionadas con la exportación o reexportación, directa o indirectamente, de gas licuado de petróleo a Venezuela, que involucren al Gobierno de Venezuela, PDVSA, o cualquier entidad en la que PDVSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o más, que estén prohibidas, están autorizadas hasta las 12:01 a.m., del 8 de julio de 2022″, establece la medida.

Desde el 2017, las sanciones en contra de las empresa sy los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro limitó sus acciones.

De acuerdo con Nicolás Maduro esto agravó la crisis generalizada que existe en el país.

Asegura que en el ámbito petrolero Venezuela se ha visto afectada, y por ende los recursos limitados.

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas a cuatro funcionarios nicaragüenses cercanos al presidente, Daniel Ortega.

Entre los sancionados está su hija Camila Antonia Ortega Murillo, luego de una serie de arrestos de opositores denunciados por Washington.

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Las medidas punitivas alcanzan «a cuatro personas que apoyan al régimen de Ortega”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado, reseñó la agencia AFP.

Añade que este es un “régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes».

#9Jun #Nicaragua EEUU sanciona a cuatro funcionarios de Nicaragua allegados a Ortega (Tesoro).Vía @AFPespanol

El gobierno saliente de Estados Unidos de Donald Trump incluyó en la lista de sanciones a Alessandro Bazzoni, Philipp Apikian y Francisco D’Agostino, quienes están involucrados en la red de negocios que hizo Alex Saab con el petróleo de Venezuela.

Además, incluyen en la lista negra a 14 entidades y seis embarcaciones que negocian y transportan petróleo con la administración de Nicolás Maduro para evadir las sanciones.

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«Quienes facilitan los intentos del régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro de eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Aseguran que «Estados Unidos sigue comprometido con atacar a quienes permitan el abuso de los recursos naturales de Venezuela por parte del régimen de Maduro».

Recientemente el portal Armando.Info en un reportaje publicó nuevos documentos que muestran el imperio que tejió el barranquillero.

En ellos están involucrados los tres sancionados Bazzoni, Apikian y D’Agostino.

“Saab tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente”, según el reportaje.

Aseguran que esta red le permitió al empresario “seguir comerciando en todo el planeta con millones de barriles de crudo de Pdvsa”.

Muchas de estas “empresas fantasmales” están registradas en países como México, Rusia o Emiratos Árabes Unidos.

Además, Bazzoni también ha operado con una compañía de Pdvsa en Petrodelta, donde es socio Francisco D’Agostino, según el portal de investigación, es cuñado del opositor Henry Ramos Allup.

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) autorizó las operaciones entre la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) y el Gobierno de Estados Unidos. La oficina es una instancia que depende del Departamento del Tesoro,

A través de una aclaratoria publicada este lunes, la OFAC, reiteró que Washington “apoya al pueblo venezolano». Igualmente «al actual presidente interino de Venezuela Juan Gerardo Guaidó Márquez”.

La Oficina informó que, gracias a la emisión de la Licencia General 31A, quedan permitidas varias actividades. Las mismas «involucran al actual Presidente Interino de Venezuela».

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También añade «a la Asamblea Nacional asentada el 5 de enero de 2016 y su Comisión Delegada». Incluye «a sus respectivos miembros y personal, que de otro modo están prohibidos por el régimen de sanciones”.

La OFAC precisó que “la autorización (…) cubre las transacciones y actividades de determinadas personas designadas por Guaidó, la Asamblea Nacional y su Comisión Delegada”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la jueza y al fiscal del régimen que actuaron en el juicio de los seis exejecutivos de Citgo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designó a la jueza Lorena Carolina Cornielles Ruiz. Ella encabezó el proceso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El fiscal Ramón Antonio Torres Espinoza, también recibió una sanción.

«Todas las propiedades de Cornielles Ruiz y de Torres Espinoza en Estados Unidos o en posesión de estadounidenses serán bloqueadas. Se prohíbe a los estadounidenses efectuar transacciones con ellos», dice el fallo.

También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, de 50% o más de las personas designadas.

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La medida argumenta que los juicios de cada uno de los ejecutivos se basaron en motivos políticos. «Se vieron empañados por la falta de garantías procesales», dice el comunicado del Tesoro.

“La detención y sentencia injustas de estas seis personas estadounidenses demuestra aún más cómo la corrupción y el abuso de poder están profundamente arraigados en las instituciones de Venezuela”, expresó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

“Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger a sus ciudadanos y atacar a quienes contribuyen a la usurpación del poder del régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela”, agregó.

Cornielles Ruiz es jueza de la Dirección Ejecutiva del TSJ. Mientras que Torres Espinoza era el fiscal principal que representó al régimen de Maduro durante el juicio.

El TSJ del régimen condenó a finales de noviembre a 13 años y siete meses de prisión al expresidente de Citgo José Ángel Pereira Ruimwyk, por “peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista”, así como por “delito de asociación para delinquir”.

Además, condenó a ocho años y 10 meses a otros cinco directivos de esa empresa -Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina- por “concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir”.

Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y antigua enfermera del expresidente Hugo Chávez, fue imputada junto a su esposo en EE.UU. A ambos se les acusa de manejo ilícito de divisas y lavado de dinero. Según informó este miércoles el Departamento de Justicia.

Díaz y su marido Adrián José Velásquez fueron imputados en una acusación presentada en el Distrito Sur de Florida, EE.UU. por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos por lavado de dinero. Velásquez, fue miembro de la guardia personal de Chávez.

Ambos residen en España y están solicitados también por Venezuela por blanqueo de capitales.

Este caso deriva de las acusaciones contra Raúl Gorrín, el empresario dueño del canal privado Globovisión. Este fue imputado en 2018 en EE.UU. por pago de sobornos y lavado de dinero.

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Tanto Díaz como Gorrín están sancionados por el Departamento del Tesoro.

Esta acusación supletoria indica que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros de Venezuela, Alejandro Andrade y Díaz.

El marido de la acusada también recibió pagos para beneficiarla en un esquema de corrupción. Para aprovechar las tasas ventajosas de un país con un rígido control de cambios.

«Gorrín envió dinero que benefició a Andrade y a Díaz, incluyendo sumas para aviones privados, yates, casas, caballos de competición y relojes de lujo y accesorios de moda». Según indicaron autoridades EE.UU.

Andrade, presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela entre 2007 y 2010, fue sentenciado en Florida a diez años de cárcel por lavado de dinero en noviembre de 2018.

Con información de AFP.

Varios opositores que en la actualidad tienen vínculos con Nicolás Maduro y miembros de la AN ilegítima, están sancionados por el Departamento del Tesoro.

La lista la encabeza el presidente de la AN ilegítima, Luis Eduardo Parra Rivero, el presidente ad hoc de Primero Justicia, José Brito Rodríguez.

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También están, el secretario general ad hoc de PJ, Miguel Antonio José Ponente Parra, Guillermo Antonio Luces Osorio (Luces), secretario general ad hoc del TSJ de Voluntad Popular (VP) y el presidente del partido ad hoc José Gregorio Noriega Figueroa (Noriega).

Asimismo, José Bernabé Gutiérrez, presidente del partido TSJ ad hoc de Acción Democrática (AD).

La lista de sancionados la completan: Chaim Jose Bucaran, quien junto con Adolfo Ramón Superlano, solicitó al TSJ el control de Un Nuevo Tiempo (UNT).

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), estos individuos “han actuado como parte de un esquema más amplio para manipular las elecciones parlamentarias”.

“Colocaron el control de los partidos de oposición venezolanos en manos de políticos afiliados con Nicolás Maduro, socavando cualquier desafío de oposición creíble a ese régimen”.

“Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar al régimen de Maduro y sus partidarios por su flagrante corrupción para garantizar que el pueblo venezolano obtenga las elecciones libres y justas que se merecen”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin.

Los rectores principales del CNE de Maduro, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra, y el procurador Reinaldo Enrique Muñoz Mendoza son los nuevos sancionados de EE.UU.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU., están sancionados por “socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela”.

En la lista de funcionarios sancionados,  también está el ex gobernador de Anzoátegui, David Eugenio De Lima.

El 12 de junio de 2020, Indira Alfonzo Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra, son elegidos rectores principales del Consejo Nacional Electoral por el TSJ controlado por Nicolás Maduro.

Esta jugada la hizo el régimen, para impedir que la Asamblea Nacional, nombrara a través de la Comisión Electoral -tal como lo establece la Constitución de Venezuela- rectores que garantizaran la transparencia y comicios libres y justos.

En abril de 2020, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza (Muñoz Pedroza) es nombrado el Procurador General del régimen.

La AN solicitó sancionar a Muñoz Pedroza y a los abogados nombrados por él por su colaboración política con el régimen de Maduro.

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Aseguran que el procurador “obstaculiza la legítima defensa de los intereses venezolanos y la transición de la nación a la democracia”.

David De Lima es acusado por la oposición venezolana de ser el emisario del régimen que con maletines de dinero intentó comprar voluntades en la Asamblea Nacional.

Esta acción fue denunciada por el diputado Alfonso Marquina que la denominó Operación Alacrán.

Aseguran que también está involucrado en los negocios del régimen con Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro.

Saab es artífice de la red de corrupción de los ClAP, hoy preso en Cabo Verde, esperando por extradición a Estados Unidos.

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela informó este jueves que tras 4 meses de intenso trabajo de su Gobierno y al superar saboteo del régimen Nicolás Maduro, se ha logrado la autorización que permitirá usar los fondos recuperados y protegidos para el apoyo económico de $300 para los “Héroes de la Salud”.

Mediante un comunicado, informó que a partir del lunes 24 de agosto se dará inicio al proceso de apertura de las billeteras digitales a los más de 62 mil beneficiarios del programa. Y transcurrirán los días hábiles requeridos para transferir los recursos hasta la plataforma de pago digital, y de allí a los beneficiarios.

De igual manera informó que dicha licencia también autoriza el uso de USD 4.500.000 para apoyar casos de salud de venezolanos que estén riesgo de vida o muerte, así como USD 1.182.430 para deudas del Poder legislativo. Esto incluye salarios de los años 2016 y 2017 de 192 diputados principales y suplentes a quienes la dictadura privó ilegalmente de su remuneración constitucional por al menos 4 años. A razón de $200 mensual por diputado principal y $160 por diputado suplente.

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Guaidó resaltó que por primera vez en la historia, se estarán haciendo uso de recursos recuperados y protegidos de la corrupción para hacer transferencias directas a ciudadanos que aún viven bajo una dictadura. Sin pasar por intermediarios, instituciones financieras sujetas al control de la usurpación, o necesitar cuentas en el exterior. Por lo tanto, implica una serie de retos y obstáculos financieros, legales, institucionales, políticos y tecnológicos que involucra grandes esfuerzos.

En calidad de presidente encargado, destacó el trabajo del Comisionaduría Presidencial para Desarrollo Económico, la Procuraduría Especial. Así como de la Comisión del Gasto del Fondo de Liberación y a la Contraloría Especial, quienes, junto a los Departamentos de Estado y del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América, han realizado una labor sin precedentes.

Pidió a los beneficiarios del Bono “Héroes de la Salud” estar atentos a los canales oficiales del Gobierno Legítimo, donde podrán informarse sobre los próximos pasos a seguir.

De igual forma, Guaidó invitó a estar alertas ante posibles falsas publicaciones e informaciones que salgan desde la dictadura, para confundir y obstaculizar el cobro del pago.

“Héroes de la Salud” es una muestra de lo que juntos como nación podemos alcanzar si trabajamos unidos por un país libre y próspero, ha dicho Guaidó en su comunicado.

Desde el Gobierno Legítimo prometió no desfallecer en su lucha por alcanzar ese país anhelado.

Tras autorización de OFAC para uso de recursos protegidos, Gobierno Legítimo informa que el lunes comenzará apertura de billetera digital para Héroes de la Salud. pic.twitter.com/uSO6MJIKy2

Estados Unidos impuso el jueves sanciones a dos venezolanos por las acusaciones que ayudaron a apoyar al régimen y al hijo de Nicolás Maduro, las últimas acciones de Washington dirigidas al líder socialista.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, miembros de una familia de “socios de confianza” de Maduro y su hijo, ayudan a distribuir activos para el presidente venezolano y su familia, informó la agencia Reuters.

El Tesoro también dijo que los dos hermanos son figuras centrales en la industria del oro de Venezuela y supervisan el mecanismo financiero de un plan de oro ilícito que involucra al hijo de Maduro, también llamado Nicolás Maduro, que anteriormente había sido incluido en la lista negra de Washington.

La acción del jueves congela los activos estadounidenses de los hermanos y prohíbe que los estadounidenses hagan negocios con ellos.

“Estados Unidos está comprometido a atacar a las personas que facilitan y permiten este régimen corrupto mientras continúan ignorando el bienestar del pueblo venezolano”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

Estados Unidos y docenas de otros países han reconocido al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, considerando la reelección de Maduro 2018 como una farsa. Pero Maduro ha permanecido en el poder, respaldado por los militares del país y por Rusia, China y Cuba.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos multó con $134.000 a la empresa Amazon  por efectuar envíos y ofrecer servicios, entre otros, a personas sancionadas en Venezuela.

A través de un comunicado, aseguran que “Amazon aceptó y procesó pedidos de personas que figuran en la Lista de OFAC Ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas de conformidad con el Reglamento de sanciones por tráfico de estupefacientes, Reglamento de sanciones a Venezuela”, entre otros países.

A continuación documento completo:

OFAC llega a un acuerdo con Amazon.com, Inc. con respecto a la posible responsabilidad civil por violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones Amazon.com, Inc. (“Amazon”), una empresa con sede en Seattle, Washington, que ofrece servicios minoristas, comercio electrónico y servicios digitales a millones de clientes en todo el mundo, ha acordado pagar $ 134,523 para liquidar su posible responsabilidad civil por violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones de la OFAC. Como resultado de deficiencias relacionadas con los procesos de detección de sanciones de Amazon, Amazon proporcionó bienes y servicios a personas sancionadas por la OFAC; a personas ubicadas en la región o países sancionados de Crimea, Irán y Siria; y a personas ubicadas o empleadas por misiones extranjeras de países sancionados por la OFAC. Amazon tampoco informó oportunamente de varios cientos de transacciones realizadas de conformidad con una licencia general emitida por OFAC que incluía un requisito de informe obligatorio, lo que anula esa autorización con respecto a esas transacciones. El monto del acuerdo refleja la determinación de OFAC de que las violaciones aparentes de Amazon no fueron atroces y se revelaron voluntariamente, y refleja aún más las medidas correctivas significativas implementadas por Amazon al descubrir las violaciones aparentes.

Descripción de las violaciones aparentes y la conducta que conduce a las violaciones aparentes

Desde el 15 de noviembre de 2011 hasta el 18 de octubre de 2018, las personas ubicadas en Crimea, Irán y Siria hicieron pedidos o realizaron negocios en los sitios web de Amazon para bienes y servicios de consumo y minoristas donde los detalles de la transacción demostraron que se proporcionarían bienes o servicios a personas en Crimea, Irán o Siria. Amazon también aceptó y procesó pedidos en sus sitios web para personas ubicadas o empleadas por las misiones extranjeras de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.

Además, Amazon aceptó y procesó órdenes de personas que figuran en la Lista de ciudadanos y personas bloqueadas de la OFAC (la “Lista SDN”) que fueron bloqueadas de conformidad con el Reglamento sobre sanciones por tráfico de narcóticos, el Reglamento sobre sanciones por proliferación de armas de destrucción masiva, el Código penal transnacional Reglamento de Sanciones de las Organizaciones, el Reglamento de Sanciones de la República Democrática del Congo, el Reglamento de Sanciones de Venezuela, el Reglamento de Sanciones de Zimbabwe, el Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo y el Reglamento de Sanciones Extranjeras de Narcóticos Extranjeros. En general, las violaciones aparentes consistieron principalmente en transacciones que involucraron bienes y servicios minoristas de bajo valor para los cuales el valor total de la transacción de las violaciones aparentes fue de aproximadamente $ 269,000.

Estas violaciones aparentes ocurrieron principalmente porque los procesos automatizados de detección de sanciones de Amazon no pudieron analizar completamente todas las transacciones y datos de clientes relevantes para el cumplimiento de las regulaciones de sanciones de la OFAC. En algunos casos, las órdenes se referían específicamente a un sancionado jurisdicción, una ciudad dentro de una jurisdicción sancionada, o una ortografía alternativa común de un jurisdicción sancionada, sin embargo, los procesos de selección de Amazon no marcaron las transacciones para revisión. Por ejemplo, los procesos de detección de Amazon no marcaron pedidos con campos de dirección que contiene una dirección en “Yalta, Krimea” para el término “Yalta”, una ciudad en Crimea, ni para el variación de la ortografía de Crimea. En otro ejemplo, Amazon no pudo interceptar o de lo contrario pedidos de banderas enviados a la Embajada de Irán ubicada en terceros países. Además, en varios cien instancias, los procesos automatizados de detección de sanciones de Amazon no pudieron marcar correctamente deletrea nombres y direcciones de personas en la lista SDN de OFAC.

En consecuencia, esta conducta resultó en violaciones aparentes del Reglamento de Control de Activos de Cuba, 31 C.F.R. Parte 515 (CACR); Reglamento de Sanciones de la República Democrática del Congo, 31 C.F.R. Parte 547 (DRCSR); el Reglamento de Sanciones de Kingpin de Narcóticos Extranjeros, 31 C.F.R. Parte 598 (FNKSR); el Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo, 31 C.F.R. Parte 594 (GTSR); el Reglamento iraní de transacciones y sanciones, 31 C.F.R. Parte 560 (ITSR); el Reglamento sobre sanciones por tráfico de estupefacientes, 31 C.F.R. Parte 536 (NTSR); el Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, 31 C.F.R. Parte 510 (NKSR); el Reglamento de Sanciones Sirias, 31 C.F.R. Parte 542 (SySR); el Reglamento de sanciones de Sudán, 31 C.F.R. Parte 538 (SSR) 1; el Reglamento de Sanciones de Organizaciones Criminales Transnacionales, 31 C.F.R. Parte 590 (TCOSR); Orden ejecutiva 13685 del 19 de diciembre de 2014, “Bloquear la propiedad de ciertas personas y prohibir ciertas transacciones con respecto a la región de Crimea en Ucrania”; el Reglamento de Sanciones de Venezuela, 31 C.F.R. Parte 591 (VSR); el Reglamento de Sanciones sobre Armas de Destrucción Masiva de Proliferadores, 31 C.F.R. Parte 539 (WMDPSR); y el Reglamento de Sanciones de Zimbabwe, 31 C.F.R. Parte 541 (ZSR).

Finalmente, Amazon reveló a la OFAC que no informó 362 transacciones relacionadas con Crimea que había realizado de conformidad con la Licencia General No. 5, “Autorización de ciertas actividades prohibidas por la Orden Ejecutiva 13685 del 19 de diciembre de 2014 necesarias para cerrar las operaciones que involucran a la región de Crimea de Ucrania “(GL 5), que autorizó ciertas transacciones prohibidas por EO 13685 hasta el 1 de febrero de 2015. Los términos de GL 5 incluían el requisito de que las transacciones autorizadas por GL 5 se informaran dentro de los 10 días posteriores a la conclusión de las actividades de liquidación. Como se establece en § 501.801 (a) del Reglamento de Informes, Procedimientos y Sanciones, 31 C.F.R. Parte 501, “Las personas que se benefician de ciertas licencias generales pueden tener que presentar informes y declaraciones de acuerdo con las instrucciones especificadas en esas licencias. El hecho de no presentar oportunamente toda la información requerida en dichos informes o declaraciones puede anular la autorización que de otro modo proporciona la licencia general y dar lugar a violaciones aparentes de las prohibiciones aplicables que pueden estar sujetas a la acción de cumplimiento de la OFAC “. Amazon identificó previamente e informó a la OFAC 245 transacciones que involucran Crimea realizadas de conformidad con GL 5 el 13 de febrero de 2015 (dentro del período de informe requerido), pero no informó 362 transacciones adicionales hasta mucho después de que expiró el período de informe requerido. Debido a esta falla en el informe, la autorización en GL 5 se anula con respecto a esas 362 transacciones.

Cálculo de penalizaciones y análisis de factores generales

El monto legal máximo de penalización monetaria civil por las violaciones aparentes fue de $ 1,038,206,212. Sin embargo, OFAC determinó que Amazon divulgó voluntariamente las violaciones aparentes y que las violaciones aparentes constituyen un caso no grave. En consecuencia, bajo las Pautas de cumplimiento de sanciones económicas de la OFAC, 31 C.F.R. Parte 501, aplicación. R., el monto de la multa civil monetaria base por las violaciones aparentes es igual a la suma de la mitad del valor de la transacción por cada violación aparente, que en este caso es de $ 134,523.

El monto del acuerdo de $ 134,523 refleja la consideración de la OFAC de los Factores Generales bajo las Pautas de Aplicación.

La OFAC consideró que los siguientes factores son agravantes:

(1) Amazon no actuó con la debida precaución o cuidado cuando implementó procesos de detección de sanciones que no detectaron adecuadamente las transacciones que involucran a personas bloqueadas y jurisdicciones sancionadas. En particular, Amazon no revisó ni evaluó adecuadamente las direcciones, los nombres de los clientes o las variaciones comunes de dichos datos como parte de su revisión de sanciones.

(2) Si bien las violaciones aparentes implicaron principalmente la provisión de bienes y servicios minoristas y de consumo de bajo valor, algunas de las violaciones aparentes se relacionaron con el procesamiento de pedidos de productos de seguridad personal por parte de Amazon en nombre de personas ubicadas en las embajadas iraníes en Tokio, Japón y en Bruselas, Bélgica.

(3) Amazon proporciona bienes y servicios de consumo a través de sus sitios web de comercio electrónico y procesa miles de millones de transacciones globales anualmente, y es una de las compañías más grandes y comercialmente más sofisticadas del mundo.

La OFAC consideró que los siguientes factores son atenuantes:

(1) Amazon no había recibido una notificación de penalización o un hallazgo de violación por parte de la OFAC en los cinco años anteriores a la fecha más temprana de las transacciones que dieron lugar a las violaciones aparentes.

(2) Amazon divulgó voluntariamente las violaciones aparentes a la OFAC, cooperó con la investigación de la OFAC proporcionando análisis de datos de las violaciones aparentes y presentando información detallada de una manera bien organizada, y celebró acuerdos de peaje con la OFAC. Además, Amazon realizó una investigación interna sin recibir una citación administrativa e identificó y reveló las circunstancias de las transacciones que condujeron a las violaciones aparentes.

(3) Al descubrir las aparentes violaciones, Amazon tomó medidas correctivas significativas para abordar sus deficiencias en la detección de sanciones y también acordó, como parte de su acuerdo con la OFAC, asumir varios compromisos de cumplimiento de sanciones adicionales diseñados para minimizar el riesgo de recurrencia de conducta similar en el futuro. Dichas medidas incluyen:

Consideraciones de cumplimiento

Este caso demuestra la importancia de implementar y mantener controles de cumplimiento de sanciones efectivos y basados ??en el riesgo, incluidas las medidas de detección de sanciones apropiadas para el comercio electrónico y otras empresas basadas en Internet que operan a escala global. Estas empresas grandes y sofisticadas deben implementar y emplear herramientas y programas de cumplimiento que sean proporcionales a la velocidad y escala de sus operaciones comerciales. En particular, las compañías globales que dependen en gran medida de los procesos automatizados de detección de sanciones deben tomar medidas razonables y basadas en el riesgo para garantizar que sus procesos estén configurados adecuadamente para detectar información relevante del cliente y capturar problemas de calidad de datos, como errores ortográficos comunes. Las pruebas de rutina de estos procesos para garantizar la efectividad e identificar deficiencias también pueden ser apropiadas. Además, las empresas que descubren una debilidad en sus controles internos de cumplimiento pueden beneficiarse al tomar medidas inmediatas y efectivas, en la medida de lo posible, para identificar e implementar controles compensatorios hasta que se pueda determinar y remediar la causa raíz de la debilidad.

Este caso también demuestra la importancia del cumplimiento de todos los aspectos de los términos de las licencias generales de la OFAC, incluido el cumplimiento oportuno de cualquier obligación de informar de conformidad con esas licencias.

Recursos de cumplimiento y cumplimiento de la OFAC

El 2 de mayo de 2019, OFAC publicó un marco para los compromisos de cumplimiento de la OFAC con el fin de proporcionar organizaciones sujetas a la jurisdicción de los EE. UU. Productos o servicios de origen estadounidense, con la perspectiva de la OFAC sobre los componentes esenciales de un programa de cumplimiento de sanciones. El Marco también describe cómo la OFAC puede incorporar estos componentes en su evaluación de violaciones aparentes y la resolución de investigaciones que resultan en acuerdos.

El Marco incluye un apéndice que ofrece un breve análisis de algunas de las causas profundas de las violaciones aparentes de los programas de sanciones comerciales y económicas de EE. UU. Que OFAC ha identificado durante su proceso de investigación.

Se puede encontrar información sobre el proceso de sanciones civiles en los reglamentos de la OFAC que rigen cada programa de sanciones; el Reglamento de Informes, Procedimientos y Sanciones, 31 C.F.R. Parte 501; y las Pautas de aplicación de sanciones económicas, 31 C.F.R. Parte 501, aplicación. R. Estas referencias, así como las recientes sanciones civiles finales y la información sobre cumplimiento, se pueden encontrar en el sitio web de la OFAC en www.treasury.gov/ofac/enforcement.

El departamento del Tesoro de los Estados Unidos revocó sanciones a ocho compañías y tanqueros que decidieron no enviar combustible al régimen de Nicolás Maduro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) está revocando y archivando en su sitio web Licencia General 37 relacionada con Venezuela “Autorización de la liquidación de transacciones que involucran a Delos Voyager Shipping Ltd, Romina Maritime Co Inc y ciertos buques”.

Además, elimina los siguientes nombres de su lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas.SEAHERO Crude Oil Tanker Bahamas flag; Vessel Registration Identification IMO 9315642 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: ADAMANT MARITIME LTD).

ADAMANT MARITIME LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands; Identification Number IMO 5869890 [VENEZUELA-EO13850].

SANIBEL SHIPTRADE LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands; Identification Number IMO 4124196 [VENEZUELA-EO13850].

VOYAGER I Crude Oil Tanker Marshall Islands flag; Vessel Registration Identification IMO 9233789 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: SANIBEL SHIPTRADE LTD).

DELOS VOYAGER SHIPPING LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands; Identification Number IMO 6019130 [VENEZUELA-EO13850].

ROMINA MARITIME CO INC, 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece; Identification Number IMO 5967632 [VENEZUELA-EO13850].

DELOS VOYAGER Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9273052 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: DELOS VOYAGER SHIPPING LTD).

EUROFORCE Crude Oil Tanker Liberia flag; Vessel Registration Identification IMO 9251585 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: ROMINA MARITIME CO INC).