El caso de la pareja de venezolanos, integrada por Julio César Sánchez Puentes y Luddis Norelia Sánchez García, dio un nuevo giro, tras un fallo de un juez que ordena su liberación.

Se trata del juez federal de distrito, David Briones, en El Paso, Texas, quien emitió el fallo el viernes a favor de bloquear temporalmente las deportaciones de inmigrantes venezolanos bajo una ley estadounidense de tiempos de guerra del siglo XVIII conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros.

Asimismo ordenó la liberación de una pareja acusada de ser miembros de una banda criminal venezolana.

El juez escribió que los abogados del gobierno «no han demostrado tener ninguna base legal» para continuar deteniendo a la pareja por supuesta violación de la ley de enemigo extranjero, reseña AP.

La pareja recibió estatus de protección temporal después de ingresar a Estados Unidos desde México en octubre de 2022.

Sin embargo, fueron notificados de que su estatus terminó el 1 de abril y fueron arrestados el 16 de abril en el aeropuerto de El Paso mientras iban de regreso a su hogar en Washington, D.C., donde viven con sus tres hijos.

Los venezolanos viajaron a Texas para una audiencia previa al juicio el 14 de abril relacionada con procedimientos de deportación.

Cabe destacar que el caso fue pospuesto hasta el 23 de junio, y se permitió a la pareja permanecer libre bajo fianza, según documentos judiciales citados por la agencia.

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Los venezolanos son señalados de formar parte del Tren de Aragua, que la administración Trump ha designado como una organización terrorista extranjera.

El fallo del juez se aplica solo a los inmigrantes venezolanos bajo custodia federal en el distrito judicial del juez.

Una medida que también han adoptado magistrados federales en Colorado, el sur de Texas y Nueva York han emitido fallos similares.

Briones ordenó al gobierno dar un aviso de 21 días antes de intentar remover a alguien en el oeste de Texas, en contraste con las 12 horas que el gobierno sostiene que son suficientes.

Para el juez Briones no hay duda de que el uso «sin precedentes en tiempos de paz del poder de guerra por parte del Poder Ejecutivo ha causado caos e incertidumbre para las peticiones individuales, así como para el Poder Judicial en cómo manejar y evaluar las afirmaciones del Ejecutivo sobre la membresía en el Tren de Aragua, y la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros en su conjunto».

Con información AP

La deportación masiva de venezolanos desde EE.UU. a la cárcel CECOT en El Salvador ha generado una crisis y críticas internacionales.

El gobierno de Nayib Bukele defiende la medida como parte de la lucha contra el Tren de Aragua, mientras que organizaciones de derechos humanos alertan sobre posibles violaciones de derechos.

Esta situación surge de una política migratoria más estricta de EE.UU., pero el acuerdo entre Donald Trump y Bukele sobre el traslado de presuntos criminales plantea preocupaciones sobre el respeto al debido proceso.

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Una venezolana con tres años de haber llegado a los Estados Unidos, y un bebé nacido en este país fue obligada ponerse un grillete electrónico cuando fue a migración a buscar su pasaporte para salir legalmente.

Según explicó su intención es salir con la orden firmada de un juez, por lo que decidió ir a buscar su pasaporte, y en vista de qué no lo conseguían le colocaron un grillete.

Dentro de ocho días tiene que ir a otra oficina para que le entreguen el pasaporte y le expliquen el motivo por el cual se lo colocaron.

Entre lágrimas confesó que no tuvo opción era colocarse el grillete o quedarse detenida por lo que optó por la primera opción.

Dijo que se sentía muy mal porque ni siquiera haciendo las cosas bien se podía ir en buenos términos de Estados Unidos.

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El papa Francisco condenó el martes las deportaciones de migrantes irregulares del presidente estadounidense Donald Trump, una «importante crisis» que, según él, «lastima la dignidad» de las personas.

En una carta a los arzobispos estadounidenses, el jesuita argentino, de 88 años, pidió «no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados».

El pontífice ha defendido repetidamente los derechos de los migrantes durante sus 10 años al frente de la Iglesia católica.

«He seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas», escribió en la carta.

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En el documento, publicado por el Vaticano, el papa reconoce «el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar».

Pero al mismo tiempo, advierte de que el «acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras».

También «los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión», añade.

Justo antes de la investidura de Trump, el papa había advertido que su plan de deportar masivamente a migrantes irregulares sería una «desgracia».

«Esta cuestión no es menor: un auténtico estado de derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial, los más pobres y marginados», escribió el papa en su carta.

«Esto no obsta para promover la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal. Sin embargo, la mencionada ‘maduración’ no puede construirse a través del privilegio de unos y el sacrificio de otros», subrayó.

En los últimos ocho meses, Estados Unidos ha deportado a cerca de medio millón de migrantes que no pudieron demostrar una «base legal» para permanecer en el país.

Así lo indica el DHS a través de un comunicado, citado por los medios, donde explican que entre el lunes y el jueves, salieron desde Estados Unidos varios vuelos hacia Venezuela y otros países de Centroamérica.

Desde mayo, las expulsiones se ubican en 482,000 personas, al tiempo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha aumentado el número de vuelos con deportados.

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Se trata de una medida que se intensificó después del 12 de mayo, cuando quedó sin efectos el Título 42, que permitía la expulsión inmediata de indocumentados por razones sanitarias.

Cabe destacar que en los últimos dos meses, ese ha evidenciado un aumento en las acciones de deportación.

Las autoridades de EE.UU. y Venezuela acordaron realizar vuelos para el retorno de los venezolanos a tu tierra natal, por lo que se realizan repatriaciones directas desde octubre pasado, tras cuatro años de suspensión de esa práctica.

Son deportados todos aquellos que que no tenían una base legal para permanecer en el país, incluidos adultos solteros y familias.

La administración de Maduro aspira que pese a las sanciones, EE.UU. permita que los vuelos de Conviasa aterricen en su territorio y así poder repatriar a los venezolanos “en virtud de que fueron estafados, engañados”.

Así lo declaró, el integrante de la comisión de Desarrollo de las Comunas y presidente de la Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos, diputado, Julio Chávez, durante una entrevista en Unión Radio.

El parlamentario asegura que el acuerdo suscrito entre el gobierno de Venezuela y EE.UU,- sobre migración, que va a permitir la ejecución del programa «Vuelta a la Patria», para repatriar a ciudadanos venezolanos.

Dicho acuerdo “va a permitir que nuestros aviones puedan aterrizar en suelo estadounidense porque Conviasa está sancionada”.

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Advierte que los aviones podrán realizar la carga de combustible y la no confiscación de ninguna de estas aeronaves, “en virtud de que todavía existe la sanción contra nuestra aerolínea al menos se va a permitir el aterrizaje de sus aviones”.

A juicio de Chávez muchos migrantes, entre ellos jóvenes, fueron víctima de manipulación mediática a través de las redes sociales, por lo que el programa les permitirá “retornar a su país en virtud de que fueron estafados, engañados”.

No perdió la oportunidad para ratificar las nefastas consecuencias de las sanciones, que tuvo incidencias, el abandono del país con el accionar de muchas ONG que convirtieron estos desplazamientos de venezolanos en un negocio, dijo en el programa Al Instante.

Agregó que “todo esto que han venido generado estos países como EEUU y los de la Unión Europea -UE- han estimulado esta migración inducida por razones económicas a partir de un ataque a la soberanía del país, pero ha habido un reconocimiento de que esta no es la forma”.

También se detalló que estos gobiernos “se han sentado con el gobierno de Venezuela para permitir esta repatriación”.

Sin poder devolverlos a su país de origen y de acuerdo a una polémica norma, Estados Unidos comenzó a deportar a venezolanos a Colombia.

A los primeros dos inmigrantes originarios de Venezuela que estaban bajo su custodia y que antiguamente habían residido en Colombia los deportaron el 27 de enero. Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, en inglés) a través de un comunicado enviado a BBC Mundo.

El DHS precisó que la deportación se produjo con base en el Título 42. Esta es una política instaurada por la Administración de Donald Trump (2017-2021) y mantenida por la de Joe Biden. La misma permite expulsar rápidamente a migrantes por la pandemia de COVID-19.

Y añadió que el gobierno estadounidense espera que los vuelos con venezolanos que anteriormente residieron en el país latinoamericano se realicen «de manera regular». Los mismos deben estar operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

La agencia «se compromete a garantizar que cada migrante encontrado sea procesado de manera segura, ordenada y humana», añade el comunicado oficial.

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El gobierno colombiano, a través de la oficina de Migración, confirmó la llegada de los ciudadanos venezolanos expulsados el 27 de enero.

«Estos extranjeros, quienes llegaron con su documentación en regla, habían salido del territorio nacional rumbo a México y posteriormente cruzando de manera irregular hacia los Estados Unidos». Así lo dijo un vocero de Migración Colombia a la agencia de noticias AFP.

En su comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. subrayaba que la decisión de deportar a venezolanos a territorio colombiano se tomó tras «mantener conversaciones con Colombia».

En relación con esto, medios colombianos informaron que en diciembre ambos gobiernos habían mantenido conversaciones para explorar esa posibilidad. Pero la canciller colombiana —y vicepresidenta—, Marta Lucía Ramírez, aseguró que no había un acuerdo sobre el tema con EE.UU.

«No hemos firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para recibir a 6.000 venezolanos deportados como lo señalan algunos medios», le dijo a la cadena Blu Radio.

«Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos, que han llegado con colombianos, de manera irregular, los vayan a deportar. Si son colombianos, depórtelos, si son venezolanos, que hacen parte del Estatuto de Protección Temporal, y ya no quieren vivir en Colombia, pues lo analizaremos», agregó.

Colombia ha sido el gran receptor de la migración venezolana debido a la crisis económica que ha golpeado al país vecino en la última década. Alberga a más de 1,7 millones de venezolanos.

Pero el creciente flujo de venezolanos que salen de su país también tiene otros destinos.

En diciembre, las autoridades estadounidenses encontraron a venezolanos cruzando la frontera mexicana de forma ilegal en casi 25.000 ocasiones. Es la segunda nacionalidad después de los mexicanos. La cifra fue más del doble que la de solo tres meses antes y muy superior a las cerca de 200 del año anterior.

Y desde que rompiera relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro, los funcionarios de migración estadounidenses no tienen forma de procesar las deportaciones de venezolanos a su país de origen.

La embajada de Venezuela en Estados Unidos exhortó al gobierno de EE.UU. a que permita que «los migrantes venezolanos puedan presentar su solicitud de asilo».

Asimismo, advirtió de que la imposición de mayores restricciones para los venezolanos «solo profundizará la crisis. Alerta que acrecentará negocios ilegales como la trata y tráfico de personas».

Tal como apunta el DHS en su comunicado, las deportaciones de venezolanos a Colombia se están llevando a cabo siguiendo las indicaciones del llamado Título 42.

Se trata de una excepción a la ley de salud del país. La misma permite restringir la entrada de extranjeros por vía terrestre por motivos sanitarios (incluso para quienes tienen visa).

La norma data de 1940 y establecía que si algún médico certificado por el gobierno determinaba que una persona presentaba un riesgo de introducir una enfermedad contagiosa en el país, esta persona debía ser expulsada de inmediato.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha mantenido la política migratoria de su antecesor, Donald Trump.

Esa decisión después pasó a ser competencia exclusiva de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Pero en marzo de 2020 el entonces presidente Donald Trump lo reactivó en el contexto de la pandemia. Despertando la polémica porque la norma restringía el derecho a buscar asilo en el país.

Y en septiembre del año pasado la radio estadounidense NPR reportó que el gobierno de Joe Biden había solicitado ante una corte mantener el Título 42 activo. Lo hizo para temas migratorios con el fin de «ralentizar la expansión de la COVID-19 en el país».

Olga Byrne, directora de asuntos migratorios del Comité Internacional de Rescate, critica la medida.

«A pesar de los compromisos anunciados por la administración de Estados Unidos en los primeros 100 días, las políticas dañinas como el Título 42 siguen vigentes», señaló este martes en un comunicado.

«Las expulsiones por Título 42 privan a los solicitantes de asilo del debido proceso. En cambio, los envían de regreso a condiciones peligrosas, similares, si no peores, a aquellas de las que escaparon. En ciertos casos, los envían a terceros países, como Colombia, que durante años han dado un paso adelante para recibir a los solicitantes de asilo venezolanos».

Los venezolanos se han convertido en la segunda nacionalidad, detrás de los mexicanos, que buscan cruzar la frontera sur de EE.UU. Esto, de acuerdo a datos de las propias autoridades estadounidenses.

Los venezolanos suelen viajar hasta Mexicali, en México, y de ahí intentan cruzar por el paso de Yuma.

El pasado septiembre, la ONU confirmó que cerca de seis millones de venezolanos habían salido del país en los últimos años. Muchos de ellos señalaron que habían emigrado por causa de la crisis económica que atraviesa el país sudamericano.

Colombia, el principal receptor de esa migración, activó un ambicioso plan de naturalización de los migrantes venezolanos, que se estima es de millón y medio de personas.