Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), afirmó que los migrantes enviados a la megacárcel de El Salvador deberían ser encerrados allí “por el resto de sus vidas”, según reseñó Axios.

«Estamos seguros de que las personas que están [encarceladas en El Salvador] deberían estar allí, y deberían permanecer allí por el resto de sus vidas», dijo Noem después de un evento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El pasado 16 de marzo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la llegada de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT).

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Todos fueron deportados a El Salvador luego de que Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros que data de 1798 y la cual permite que los migrantes sean expulsados de Estados Unidos sin un juicio.

Con información de EVTV Miami

Una jueza federal estadounidense ordenó este viernes al gobierno de Donald Trump que repatríe al migrante deportado por error en marzo a una prisión de El Salvador, según documentos judiciales.

El salvadoreño vivía en Estados Unidos bajo estatus legal protegido hasta que fue trasladado a El Salvador junto con cientos de presuntos pandilleros el 15 de marzo, según AFP.

En 2019, durante el primer mandato de Trump, se acusó a Ábrego García de ser pandillero, pero no fue condenado por ningún delito y un juez prohibió que fuera deportado porque corre peligro en su país de origen.

La Casa Blanca reconoció este semana que su expulsión fue un «error administrativo» pero advirtió que el migrante «no regresará» y lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13, declarada por Washington organización terrorista global.

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En una vista judicial de emergencia, la magistrada Paula Xinis ordena sin embargo a la administración «facilitar y llevar a cabo el retorno» del salvadoreño «a más tardar el lunes 7 de abril» antes de la medianoche.

Estima que Ábrego García tiene derecho a un «debido proceso de conformidad con la Constitución y los estatutos de inmigración que rigen» en Estados Unidos.

En opinión de la jueza «su permanencia en El Salvador, por razones obvias, constituye un daño irreparable».

El migrante está recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel visitada la semana pasada por la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kristi Noem.

El gobierno de Trump utiliza un sistema de puntos para decidir qué venezolanos deben ser deportados como presuntos miembros de la banda del Tren de Aragua, según documentos judiciales federales.

El documento, al que tuvo acceso El Nuevo Herald, indica que el sistema se utilizará para tomar decisiones de deportación, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

El documento parece otorgar discreción a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar a venezolanos con una puntuación inferior a ocho puntos.

Sin embargo, el agente del ICE debe consultar con un supervisor y la Oficina del Asesor Legal Principal de la agencia antes de tomar la decisión. Si se decide no validar a la persona como miembro del Tren de Aragua y la expulsión se considera apropiada, los agentes del ICE deben iniciar la deportación bajo otra ley federal: la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que impone medidas más estrictas, como un mayor escrutinio de los posibles inmigrantes, deportaciones aceleradas y procedimientos de naturalización más rigurosos.

La Guía de Validación de la Ley de Enemigos Extranjeros se divide en cinco categorías para validar si una persona es miembro de la pandilla (TDA), mediante el sistema de puntuación:

–Resultados Judiciales y Documentos Oficiales (15 puntos): Esta categoría incluye condenas en las que la persona participó en actividades delictivas que promueven los objetivos de la pandilla, así como documentos como acusaciones formales o sentencias que confirman la pertenencia a la TDA y describen acciones específicas relacionadas con ella.

–Autoconfesión (10 puntos): Si la persona se identifica verbalmente o por escrito como miembro o asociado de la TDA ante las fuerzas del orden, incluso de forma inadvertida, como mediante la interceptación legal de comunicaciones.

–Conducta e Información Criminal (17 puntos): Esta categoría incluye diversos factores, como la participación en actividades delictivas con miembros de la TDA, informes policiales o de inteligencia que identifiquen al sujeto como miembro de la TDA, testimonios de víctimas o informantes, e informes de medios de comunicación de fuente abierta que detallen el arresto del sujeto o actividades relacionadas con la TDA. Además, las transacciones financieras que indiquen actividad delictiva, como el lavado de dinero, contribuyen a la puntuación.

–Documentos y Comunicaciones (25 puntos): Esto incluye comunicaciones escritas o electrónicas con miembros conocidos de la TDA, como correos electrónicos o mensajes de texto, llamadas telefónicas para hablar sobre negocios relacionados con la TDA, transacciones financieras vinculadas a actividades delictivas y posesión de documentos que sugieran membresía o lealtad a la TDA.

–Simbolismo (14 puntos): La puntuación incluye símbolos visibles de afiliación a la TDA, como tatuajes, publicaciones en redes sociales, grafitis que marcan el territorio de la TDA, señales con las manos o ropa con insignias relacionadas con la TDA, observadas por las fuerzas del orden, ya sea en persona o virtualmente.

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Varias familias venezolanas que hablaron con el medio de comunicación informaron que sus familiares fueron identificados como miembros del Tren de Aragua únicamente por sus tatuajes, sin otras condenas, admisiones, conducta criminal ni documentación que los vinculara con la pandilla. Un venezolano, a quien el gobierno estadounidense le había otorgado estatus de refugiado tras una verificación de antecedentes de 17 meses, fue deportado a El Salvador a pesar de la aprobación de su estatus de protección. Otro venezolano, sin tatuajes y cuya solicitud de asilo estaba pendiente, también fue deportado a la mega prisión.

Algunos de los tatuajes que el Departamento de Seguridad Nacional ha vinculado con la pandilla Tren de Aragua incluyen imágenes de trenes, AK47, estrellas, el logo de «Jumpman» (23) —un tatuaje icónico asociado con la estrella del baloncesto Michael Jordan cuando jugaba en los Chicago Bulls—, relojes y frases como «Real hasta la muerte», un eslogan común del rapero puertorriqueño Anuel.

Los elevados costos operativos del traslado de migrantes indocumentados en aviones militares aviones a la base militar de Guantánamo, en Cuba, obligó a la administración de Donald Trump, a suspenderlos.

La información fue dada a conocer por The Wall Street Journal, basado en información de oficiales de la Defensa, quienes indicaron que el último vuelo de deportaciones con avión militar fue el 1 de marzo.

Entre otros detalles revela que el Pentágono confirmó que no hay más vuelos de ese tipo agendados para las siguientes 48 horas; mientras que uno programado para el jueves se canceló. No se descarta que sea una medida permanente.

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Cabe recordar que, tras asumir la presidencia, Trump empezó a utilizar aeronaves militares para trasladar a algunos migrantes a otros países.

Aunque la estrategia era mostrarse “rudo” con los migrantes que ingresaran al país de forma ilegal, lo cierto es que los elevados costos llevan a una revisión.

Hasta la fecha las estimaciones son 30 vuelos con migrantes en aviones C-17 y alrededor de una docena en aviones C-130, con destinos que incluyen India, Guatemala, Ecuador, Perú, Honduras, Panamá y la bahía de Guantánamo, reseña Proceso.

Según el análisis de The Wall Street Journal los vuelos militares han tomado rutas más largas y transportado a menos pasajeros, a un costo más elevado que el que tienen los vuelos de deportación en aviones comerciales, que normalmente realiza el gobierno.

Para más señas Wall Street Journal, advierte que solo tres vuelos de deportación a la India costaron 3 millones de dólares cada uno, mientras que algunos vuelos llevaron a una docena de personas a Guantánamo a un costo de al menos 20 mil dólares por migrante.

Mientras que un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos cuesta 8 mil 500 dólares por hora de vuelo y según exfuncionarios del ICE serían unos 17 mil dólares por hora de vuelo para viajes internacionales.

Por su parte, el Comando de Transporte de Estados Unidos estima que Volar un avión militar C-17 cuesta 28 mil 500 por hora, una cifra considerable si se toma en cuenta que los vuelos a Sudamérica, son más largos porque no utilizan el espacio aéreo de México.

Las autoridades militares y de inmigración de Estados Unidos dijeron que han transferido exclusivamente a inmigrantes venezolanos que están sujetos a órdenes finales de deportación a la estación naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, donde casi 180 recién llegados están detenidos en tiendas de campaña e instalaciones de alta seguridad, según documentos judiciales publicados este jueves.

La presentación judicial realizada por los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos proporciona el relato oficial más exhaustivo hasta la fecha sobre quiénes están detenidos en el remoto complejo militar y por qué, apunta Associatet Press (AP).

El presidente Donald Trump dijo en enero que quería ampliar las instalaciones de detención de inmigrantes en Guantánamo para albergar hasta 30.000 personas, aunque la capacidad actual en el centro de operaciones para inmigrantes de baja seguridad de Guantánamo es de aproximadamente 2.500.

La base naval es más conocida por albergar a sospechosos detenidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero también se ha utilizado para retener a personas atrapadas tratando de llegar ilegalmente a los EE.UU. en barco y para coordinar el reasentamiento de inmigrantes en los EE. UU.

El 4 de febrero, las autoridades iniciaron vuelos casi diarios desde una base del ejército estadounidense en el oeste de Texas a Guantánamo. Cincuenta y uno de los inmigrantes recién llegados están retenidos en tiendas de campaña de baja seguridad, mientras que otros 127 están confinados en una zona de alta seguridad.

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Los Departamentos de Seguridad Nacional y de Defensa argumentaron en la presentación judicial del jueves que los detenidos no tienen derecho a asistencia legal porque todos están sujetos a órdenes finales de deportación a Venezuela, lo que les otorga “derechos de debido proceso muy limitados”.

Los familiares de los nuevos detenidos en Guantánamo y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han acusado al gobierno de Estados Unidos de retener a los inmigrantes sin acceso a un abogado o a cualquier medio para reivindicar sus derechos, en medio de acusaciones infundadas o controvertidas de vínculos criminales.

Las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente las identidades individuales de los inmigrantes transportados recientemente a la bahía de Guantánamo.

Con información de AP

La deportación masiva en Estados Unidos de venezolanos a su patria ha significado un vuelco a la vida de muchos migrantes, para otros la oportunidad de volver con sus familias. Per todo no termina ahí, la migración ha sido de interés año tras año por la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela, según activistas, ONG y organismos internacionales.

Este año 2025 la discusión ha girado con la eliminación de asilo político y de permisos de permanencia temporal en el norte por parte de la Administración Trump.

El abogado y coordinador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (Cefi) en Universidad de los Andes, Carlos Casanova Leal, afirma que estamos ante un problema “complejo” y que “debe atenderse” especialmente porque Venezuela no estaría lista para recibir a siete millones de venezolanos, recoge Radio Fe y Alegría Noticias.

«El problema es muchísimo más complejo y debe atenderse. Y lo primero que yo considero es que se debería discutir realmente cuáles son las políticas para que se genere el empleo, porque si no tenemos empleo y adicionalmente de ello regresan siete millones de venezolanos, pues la crisis humanitaria se profundizará en el país», expresó el jurista en entrevista para el programa «Punto y Seguimos», de referido medio de comunicación.

En este contexto, Salas alertó que, además de que los países no quieren recibir migraciones masivas, los recursos financieros que anteriormente se aportaban para la atención de migrantes se están paralizando.

Según Casanova Leal, en la región no se ha atendido las causas del problema migratorio.

«Cuando nosotros apreciamos, por ejemplo, que llegan de regreso los deportados, uno de lo primero que tiene que preguntarse es por cuál razón se fueron, y si las razones por las que se fueron ya cambiaron. Si ya cambiaron, pues bienvenido, pero si las razones por las que se fueron son las mismas, si iban a ir a buscar un destino mejor, pues ya sabe que de regreso tampoco lo va a conseguir», puntualizó.

“Esto debería llamarnos a una reflexión global”, insistió.

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Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha adelantado que se prepara un plan para apoyo de emprendimientos a estos connacionales que regresan al país, pero si el retorno es muy acelerado también se deberá atender con premura esta situación.

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó un video con la llegada del primer vuelo de migrantes que llegó a la cárcel de Guantánamo.

Cabe destacar que el miércoles las autoridades, confirmaron que en los vuelos fueron trasladados miembros del Tren de  Aragua.

Según las cifras de Seguridad Nacional, hasta el 03 de febrero se registraron 8.768 detenciones de migrantes irregulares y 5.693 deportaciones hacia distintos destinos fuera del territorio estadounidense.

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Luego de las gestiones realizadas por militares de EE.UU. en la base de Guátanamo, la Casa Blanca confirmó el pasado martes los primeros vuelos de migrantes.

El anuncio se da luego que el lunes, más de 150 militares de EE.UU. llegaron a la base naval de Guantánamo (Cuba) para terminar de alistar del centro de detención de migrantes indocumentados con capacidad de albergar al menos a 30.000 personas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox Business, que “hoy los primeros vuelos de Estados Unidos a la Bahía de Guantánamo con migrantes ilegales están en curso”.

Cabe destacar que en este centro detienen a peligrosos criminales, y según New York Times, los migrantes y los presos acusados de terrorismo se encuentran en zonas distintas del centro.

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La incertidumbre por las deportaciones no solamente afecta a los migrantes indocumentados en Estados Unidos, sino a los empresarios que tiene como mano de obra a muchos estas personas que están a la espera de las nuevas medidas que tomará el presidente electo Donald Trump.

Según el Centro de Migración Global de la Universidad de California-Davis, citado por CNN, estima que hay 10,5 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU., de los cuales aproximadamente 8,5 millones están empleados.

La cita la hace Giovanni Peri, economista y director del Centro de Migración Global de UCDavis, quien advierte que lo dueños de negocios, miembros de la industria y economistas advierten que medidas que planea la nueva administración Trump podrían tener un impacto sísmico en el mercado laboral y la economía de EE.UU..

 Estamos hablando de las deportaciones a gran escala de inmigrantes indocumentados, junto con medidas fronterizas más estrictas y la revocación de protecciones que implementó el presidente Joe Biden.

Los sectores  más golpeados por las políticas migratorias serían la agricultura, el ocio y la hospitalidad, la construcción y la atención médica podrían sufrir algunos de los mayores golpes.

Peri argumenta que “disminuir la [oferta de] trabajadores en un período en el que esos sectores necesitan más trabajadores y están teniendo dificultades para encontrarlos generará claramente una desaceleración”.

Al tiempo que agrega que “eso probablemente reducirá el sector, no llenarán las vacantes, algunas empresas cerrarán, algunas se ralentizarán y, luego, muchos otros efectos en cadena pueden ocurrir que pueden desacelerar el crecimiento y reducir el tamaño de la economía”.

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CNN pulsó la opinión de los migrantes ante esta nueva realidad que se acerca con la asunción al poder de Trump, entre ellos el restaurador veterano Sam Sánchez, quien destaca que los efectos son evidentes.

Durante su visita esta semana a Little Village, en Chicago, un vecindario conocido como el “México del Medio Oeste”, advirtió que “algunos de los restaurantes [de Little Village] me dijeron que están en un 50% menos en ventas”.

“Las personas tienen miedo de caminar por las calles en este momento; hay mucho miedo … mucho miedo”, agregó  Sánchez.

Explica que la situación genera incertidumbre “y ahí es donde comienza. Los empleados comenzarán a preocuparse y dirán: ‘¿Debería ir a trabajar? ¿Debería arriesgarme?’. La gran preocupación es que los restaurantes cerrarán sin empleados, y esta es solo una industria: hay millones de personas que trabajan y que son indocumentadas”.

 A través de un comunicado, Migración Colombia fijó posición respecto a las recientes medidas adoptadas por la administración de Joe Biden,  de deportar a ciudadanos que ingresen de manera irregular a su territorio.

En el texto Migración Colombia alertó sobre el aumento de migración irregular de connacionales hacia Estados Unidos y que muchas veces ponen en riesgo su vida en las largas travesías para cumplir con el sueño americano.

Las medidas tomadas por los Estados Unidos, así como por cualquier otro país, son decisiones autónomas y soberanas, que desde Colombia respetamos.

Actualmente, y conforme a su legislación, los Estados Unidos vienen tomando respecto a quienes violan su legislación, independientemente de su nacionalidad, dos tipos de medidas.

La primera de ellas, que se viene aplicando desde hace más de 10 años, y que está sustentada en el Título 8, es la medida de deportación.

Una medida que se aplica para aquellos migrantes que han cometido delitos y han cumplido su pena o bien, que han sido extraditados y deben regresar a Colombia o para quienes se encuentran en condición irregular en los Estados Unidos.

La medida de deportación funciona de manera coordinada a través de una comunicación permanente entre el Homeland Security de los Estados Unidos y Migración Colombia.

Mensualmente se realiza un vuelo denominado vuelo de deportados, en el que llegan en promedio cerca de 90 personas.

Advirtió tal como lo evidenció en su visita a los Estados Unidos hace aproximadamente 15 días, se viene registrando un aumento en la migración irregular de diferentes nacionalidades;incluida la colombiana, en la frontera entre México y Estados Unidos.

 “En ese orden de ideas, y en ejercicio de su autonomía y soberanía, buscando mantener una migración regulada y salvaguardar la integridad de los migrantes, las autoridades de los Estados Unidos han decidido aplicar una medida de retorno a su país, a los extranjeros que hayan ingresado de manera irregular a los Estados Unidos, en medio de la actual pandemia, soportada en el Título 42 de su legislación”.

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 Durante el mes de marzo, Migración Colombia ha recibido a cerca de 600 ciudadanos colombianos. Se trata de mayores de edad, retornados desde los Estados Unidos en 6 vuelos, los cuales han sido costeados por las autoridades americanas.

 Es por ello que Migración Colombia hace un llamado a los colombianos para que no expongan su vida en este tipo de travesías.

También garantizan que continuaran  trabajando con todas las autoridades migratorias de la región; con el fin de mantener una migración ordenada y segura, la cual permita proteger personas.

La información conocida por Impacto Venezuela sugiere que varios de los deportados permanecían de manera legal en la isla caribeña, incluso con documentación por parte de ACNUR que los acreditaba como exiliados.

Con la nueva deportación, la isla estaría violando otra vez los derechos de migrantes que deciden irse a la Trinidad y Tobago huyendo de la difícil situación en Venezuela.

Son 100 adultos, y 30 niños fueron deportados este sábado en un bote y permanecían detenidos hace 60 días. Retornan a Venezuela sin las debidas medidas de protección y violando cualquier tratado internacional migratorio.

«Son 130 en total que tenían más de 60 días detenidos en el centro de cuarentena, un acto que demuestra que la protección internacional es violentada», denunció a Impacto Venezuela Karla Henriquez, ministra permanente del PIDH en Canadá.

Para la ministra se trata de un hecho «inaudito» consecuencia de las continuas violaciones sistemáticas de derechos humanos por ser expresiones de xenofia y discriminación.

«El derecho al asilo es un derecho, no es un crimen», aseguró.

La protección internacional debe garantizarse por parte de todos los países que hacen partes de esos convenios.

«Inclusive Trinidad deben ser garante de la protección internacional de estas personas que son seres humanos», manifiesta vehementemente Karla Henriquez.

El nuevo episodio se conoce después de que esta semana se conociera la deportación masiva de 16 niños, entre ellos un bebé de 4 meses, los cuales permanecen en Trinidad y Tobago después de denunciarse la situación.

Por su parte la comunidad internacional ha rechazado tajantemente este acto violatorio que vulnera todo tipo de tratado internacional.

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?ÚLTIMA HORA ⚠️Nueva deportación masiva de venezolanos desde Trinidad y Tobago: 130 hermanos lanzados al mar. 30 niños. Habla Karla Henriquez, del programa internacional de Derechos Humanos Canadá. ? pic.twitter.com/vThYkNnxbA