La afirmación del presidente Donald Trump de que la banda del Tren de Aragua está cometiendo delitos en Estados Unidos bajo la dirección del gobierno de Venezuela fue decisiva para que la semana pasada invocara una ley de guerra a fin de deportar sumariamente a personas de las cuales las autoridades sospechaban que pertenecían a ese grupo.

Sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidenses difundieron el mes pasado unas conclusiones que contradicen claramente las afirmaciones de Trump, informó The New York Times, en un reportaje en el que cita a funcionarios familiarizados con el asunto.

El documento, fechado el 26 de febrero, resumía la opinión compartida de las agencias de espionaje del país de que la banda no estaba controlada por el gobierno venezolano.

La revelación pone en tela de juicio la credibilidad del sustento de Trump al invocar una ley de tiempos de guerra que rara vez ha sido utilizada: la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con la finalidad de trasladar a un grupo de venezolanos a una prisión de alta seguridad en El Salvador, el pasado fin de semana, sin el debido proceso.

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La evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la banda, el Tren de Aragua, no estaba dirigida por el gobierno de Venezuela ni cometía delitos en Estados Unidos, por orden suya, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.

Los analistas consideran que esa conclusión tiene un nivel de confianza “moderado”, dijeron los funcionarios, debido al limitado volumen de información disponible sobre la banda. La mayor parte de la comunidad de inteligencia, incluidas la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, coincidió con esa valoración.

Solo una agencia, el FBI, discrepó parcialmente. Sostuvo que la banda tiene una conexión con el gobierno del presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, basándose en información que las demás agencias no consideraron creíble.

“Se preparan múltiples evaluaciones de inteligencia sobre asuntos por diversas razones”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. “El presidente estaba dentro de su autoridad legal y constitucional para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de nuestro país a terroristas extranjeros ilegales”.

El extraordinario uso por parte de Trump de poderes para tiempos de guerra con el fin de impulsar sus medidas represivas contra la migración ha puesto a su gobierno al borde de un enfrentamiento constitucional con el poder judicial.

Un juez de Washington está estudiando si el gobierno violó su orden de bloquear, por ahora, la expulsión de migrantes en virtud de la ley.

El Departamento de Justicia denunció que la orden vulneraba los poderes de Trump en materia de seguridad nacional y pidió a un tribunal de apelaciones que la anulara.

La Ley de Enemigos Extranjeros faculta al poder ejecutivo para expulsar sumariamente a ciudadanos extranjeros cuyo gobierno esté en guerra declarada con Estados Unidos o que esté invadiendo o realizando una “incursión depredadora” en territorio estadounidense.

El gobierno utilizó la ley por última vez durante el internamiento y repatriación de ciudadanos japoneses, italianos y alemanes durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

A primera vista, la ley parece requerir no solo que exista una invasión o incursión, sino un vínculo con las acciones de un gobierno extranjero.

En su proclamación, Trump invocó efectivamente tal vínculo a la existencia legal al decir que había determinado que el Tren de Aragua era un representante del gobierno venezolano y cometía delitos en Estados Unidos bajo su dirección porque Maduro buscaba desestabilizar el país.

“Llego a estas conclusiones haciendo uso de toda la autoridad que me confiere la Constitución para dirigir los asuntos exteriores de la nación”, dijo Trump.

Pero las principales afirmaciones fácticas de Trump contradecían la anterior evaluación de los servicios de inteligencia, dijeron los funcionarios. En ella se concluía que la banda no actuaba bajo la dirección del gobierno de Maduro y que, por el contrario, ambos bandos son hostiles entre sí, citando incidentes en los que las fuerzas de seguridad venezolanas intercambiaron disparos con miembros de la banda.

Dado que la información disponible en el mundo de la inteligencia suele ser imperfecta o incompleta, los analistas asignan niveles de confianza a las afirmaciones y conclusiones factuales.

Estas advertencias indican que, aunque la mayoría o la totalidad de las pruebas actualmente disponibles apunten en una dirección, sigue siendo posible que aparezca algo más que les haga cambiar de opinión.

La conclusión general se calificó con un nivel “moderado” de confianza, y algunos puntos de apoyo se calificaron en un nivel “bajo” de confianza, dijeron los funcionarios, porque no había tantos reportes como los que los analistas suelen desear para considerar que son de “alta” confianza. Estados Unidos lleva mucho tiempo examinando al gobierno de Venezuela, pero solo recientemente ha empezado a enfocarse en el Tren de Aragua, dijeron.

La evaluación, según un agente, también describía a la banda como carente de recursos y demasiado desorganizada —con escaso mando y control centralizados— para poder cumplir las órdenes del gobierno.

Además, a decir del agente, la evaluación afirma que, aunque un puñado de funcionarios venezolanos corruptos tienen vínculos con miembros de la banda, esto no significa que la banda esté bajo el control del gobierno en su conjunto.

La evaluación, dijo también este funcionario, afirma que cuando el Departamento de Estado designó a la banda como organización terrorista extranjera el mes pasado por orden de Trump, un ministro del gobierno de Maduro elogió públicamente la medida. (La medida del gobierno de Estados Unidos rompió con la práctica de limitar las designaciones de “terrorismo” a las organizaciones que tienen una clara motivación ideológica).

Normalmente, los tribunales federales se remiten a las declaraciones fácticas del poder ejecutivo sobre lo que está ocurriendo y el motivo, en lugar de indagar sobre lo que puede estar ocurriendo realmente. Esto ocurre especialmente en asuntos de seguridad nacional y política exterior.

Pero esa deferencia se basa en la idea de que los funcionarios toman decisiones de buena fe y recurren a los recursos del poder ejecutivo, como las agencias de inteligencia, para evaluar situaciones rápidas y a veces peligrosas. El patrón de Trump de distorsionar la verdad está poniendo a prueba esa práctica.

También se ha cuestionado la insistencia del gobierno en que todos los hombres que envió a El Salvador son miembros del Tren de Aragua. En una comparecencia judicial, un funcionario reconoció que muchos carecen de antecedentes penales, pero dijo que la escasez de detalles solo subrayaba que “son terroristas de los cuales no tenemos un perfil completo”.

Los abogados de algunos de los migrantes han recogido declaraciones de familiares y otras personas que niegan su participación en la banda. La abogada de uno de los detenidos, por ejemplo, identificó a su cliente como un jugador de fútbol que había sido torturado por participar en protestas contra Maduro, por lo que huyó a Estados Unidos para solicitar asilo.

La abogada dijo que los funcionarios estadounidenses lo acusaron de pertenecer al Tren de Aragua por un tatuaje y por un gesto que hizo con la mano en una foto publicada en las redes sociales. Pero, dijo, el tatuaje era una versión del logotipo de un equipo de fútbol, y el gesto de la mano era un símbolo común del “rock and roll”.

La proclamación de Trump mencionaba escasas pruebas de su conclusión fundamental de que el Tren de Aragua, como organización, ha estado cometiendo delitos para desestabilizar a Estados Unidos “bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela”.

Su detalle más concreto era que la banda se había expandido desde 2012 hasta 2017, cuando Tareck el Aissami ocupó el cargo de gobernador del estado de Aragua, y en 2017 Maduro lo nombró vicepresidente. Pero la proclama omitía que El Aissami ya no forma parte del gobierno de Maduro, que lo procesa por cargos de corrupción.

El sábado, mientras aviones trasladaban migrantes venezolanos a El Salvador, el juez James E. Boasberg, presidente del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, prohibió temporalmente al gobierno la expulsión sumaria de personas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Boasberg, exfiscal, fue nombrado juez por primera vez por un presidente republicano y ascendido a su cargo actual por un presidente demócrata. Su decisión de bloquear las deportaciones del gobierno de Trump en virtud de la ley ha indignado al presidente y a sus aliados, lo que ha llevado a Trump a pedir su destitución.

El gobierno ha recurrido al Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. El caso está ahora ante los jueces Karen Henderson y Justin Walker, ambos de designación republicana, y Patricia Millett, de designación demócrata.

Los tribunales de apelación suelen rechazar las impugnaciones de órdenes de alejamiento temporales. Pero el tribunal ha ordenado que se acelere la presentación de informes y ha programado la presentación de alegatos, lo que sugiere que está considerando la posibilidad de decidir sobre los fundamentos jurídicos de la invocación de poderes de la Ley sobre Extranjeros Enemigos por parte de Trump.

Cualquier fallo podría depender en parte de si los jueces aceptan las afirmaciones de Trump sobre el Tren de Aragua y sus supuestos vínculos con el gobierno venezolano, como ha insistido el gobierno.

El Departamento de Justicia escribió que “la determinación de si ha habido una ‘invasión’ o una ‘incursión predatoria’, si una organización está suficientemente vinculada a una nación o gobierno extranjeros, o si se han comprometido de otro modo intereses de seguridad nacional como para implicar la LEE, es fundamentalmente una cuestión política que debe responder el presidente”.

El «zar de la frontera» del gabinete de Donald Trump, Tom Homan, lanzó una dura advertencia a las ciudades y estados demócratas que se resisten a las deportaciones masivas de migrantes por parte de la administración republicana: «Que empiece el juego».

«Solo estamos tratando de ayudar a la seguridad pública en su comunidad», dijo Homan en Fox News.

Homan confirmó que las deportaciones masivas comenzaron el martes después de la toma de posesión de Trump, mientras la nueva administración inicia su ofensiva contra la inmigración ilegal, reiterando la importancia de la misión en lo que respecta a la seguridad pública y la seguridad nacional.

Señaló que hubo 766 detenciones en la frontera sur en las últimas 24 horas, en comparación con miles en un día cualquiera bajo la administración de Biden.

«Nos estamos concentrando primero en lo peor, las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional», dijo Homan. «Y solo ayer, en las últimas 24 horas, ICE arrestó a más de 308… criminales graves. Algunos de ellos eran asesinos. Algunos de ellos eran violadores. Algunos de ellos violaron a un niño. Algunos fueron agresiones sexuales a un niño», apuntó.

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Afirmó que “ICE está haciendo su trabajo y está priorizando, tal como dijo el presidente que lo haría», continuó. «ICE está teniendo un excelente desempeño en este momento en el campo y continuará todos los días».

«Quiero salvar vidas. Una frontera segura salva vidas», dijo Homan. «Cuando el presidente Trump cierre esta frontera, menos mujeres y niños serán víctimas de tráfico sexual en este país, menos extranjeros morirán en ese viaje. Bajo el presidente Biden, hemos tenido un número récord de personas que mueren cruzando esa frontera (y un) aumento del 600 % en el tráfico sexual».

Reiteró que “no se puede tener una seguridad nacional sólida si no se tiene seguridad fronteriza», continuó. «Por eso, necesitamos saber quién entra, qué entra, por dónde entra y por qué entra. Por eso, repito, el presidente Trump es un factor decisivo. Ya ha marcado una diferencia significativa en esa frontera. Este país ya es fuerte gracias al presidente Trump».

“¿Adivinen qué? Si están en los Estados Unidos ilegalmente, también serán arrestados», sentenció.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio vía libre a las redadas de migración en lugares previamente considerados «protegidos» como escuelas, iglesias y hospitales, a la vez que comenzaron las deportaciones masivas de extranjeros a México.

Según medio mexicanos, Tijuana recibió a los primeros deportados, luego de que fueran detenidos en redadas en los campos de Denver, Colorado. Pero, también comenzaron a llegar deportados a Matamoros, Reynosa y Ciudad Juárez.

Cerca de 100 migrantes fueron repatriados y varios expresaron su indignación, señalando que las políticas del presidente «afectan a los trabajadores honestos».

Se supo que los migrantes fueron llevados por el Instituto Nacional de Migración a puntos desconocidos en la ciudad.

Esto ocurre luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) revocó una directriz de la Administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca a ellos.

El Gobierno alega que la decisión «empodera» a los agentes de migración a «seguir las leyes» y capturar a los que llaman «criminales extranjeros», según indicó un portavoz del DHS en un comunicado.

?? PRIMEROS DEPORTADOS A MÉXICO DE EE.UU.Reportan que cerca de 100 migrantes fueron los primeros deportados de EE.UU. tras ser detenidos en una redada en Denver, Colorado. Fueron llevados a la cuidad méxicana de Tijuana la madrugada de este 22Ene ?Vía @JLMNoticias pic.twitter.com/Y94GPwBBvI

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El texto asegura además, sin citar pruebas o ejemplos, que hay «criminales» que se «esconden en las escuelas y las iglesias» de EE. UU. para evadir ser arrestados.

Entre los «sitios protegidos» se incluía tanto los centros educativos, como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural.

Por su parte, el “zar para la frontera de Trump, Tom Homan, confirmó a Fox News que “desde hoy” iniciaron los arrestos masivos de migrantes.

Las redadas son ejecutadas por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las designaciones de personas claves  como el zar de la frontera y la designación del Departamento de seguridad hacen anticipar que la política migratoria del electo Donald Trump hará énfasis en las detenciones y deportaciones masivas, así como el regreso de “Quédate en México”.

Un análisis publicado por CNN, explica que los encargados de adelantar estas políticas migratorias serían el veterano funcionario de inmigración Tom Homan como “zar de la frontera”, y la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.

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Entre los planes de la administración Trump destacan, según análisis de declaraciones previas, «grandes instalaciones de preparación cerca de la frontera para detener y deportar migrantes, y redadas en lugares de trabajo, que la administración Biden canceló en 2021».

Según fuentes consultadas por CNN, la nueva administración aplicará medidas estrictas en la frontera, dejará atrás la política migratoria de la era de Joe Biden y pondrá en marcha la detención y deportación de inmigrantes a gran escala.

Trump tomó la inmigración como tema central de su campaña presidencial de 2024, con énfasis en el aspecto legal hacia la aplicación de leyes en el territorio y la expulsión de inmigrantes indocumentados.

Los expertos y personas cercanas a Trump plantea que hay un escenario probable para sentar las bases para expandir las instalaciones para detenidos y cumplir así su promesa de campaña de deportaciones masivas.

Para llevar a cabo esto, es necesario una revisión de las áreas metropolitanas donde existen estas instalaciones. Así como la aplicación de una ley poco conocida de 1798.

También se maneja el regreso del programa informalmente conocido como “Quédate en México” (Remain in Mexico, en inglés), que requiere que los migrantes permanezcan en México durante sus procedimientos de inmigración en EE.UU.

El veto a un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y una nota de protesta de Chile motivada por la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión a dos días de los comicios, en los que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.

Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival el domingo al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.

Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro.

«El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar», relató Moscoso en una rueda de prensa. «Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!».

Fox, en tanto, lo consideró una «mala señal».

El miércoles, líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada.

«Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (…), le dicen: ‘por favor, tenga la amabilidad, y se retira’ (…). Son showseros», dijo Cabello en la televisión estatal. «Acá no van a venir a joder», agregó, reseña la AFP.

El gobierno chileno, por su parte, envió la noche de este viernes una nota de protesta a Venezuela por negar el ingreso al país de los senadores conservadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast, que viajaron para ejercer como veedores y que fueron regresados a su país.

«Eso demuestra que todas las palabras de algunos que dicen que esto es una democracia, es simplemente una gran mentira», aseguró Kast.

También diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre «un baño de sangre» si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.

También este viernes, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, hizo un «llamado urgente para que cesen todas las formas de hostigamiento y persecución contra la oposición política y el proceso electoral en sí».

Se dijo preocupado de «ver cómo ahora las figuras recalcitrantes de una vieja política quieren perpetuarse en el poder, quieren mantener a esta próspera nación secuestrada».

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Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude.

«Tenemos todo listo», dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.

El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios.

«¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral», cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser «árbitro».

González Urrutia pidió a esa institución «respetar y hacer respetar» los resultados en las urnas.

Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X «su solidaridad y respaldo» en la «lucha por la democracia».

«Siempre estaremos junto al pueblo venezolano», le respondió Milei.

La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas.

Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.

El anuncio acerca de que las administraciones de Nicolás Maduro y Joe Biden llegaron a un acuerdo para la deportación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos a Venezuela, cayó como un balde de agua fría para los connacionales que han migrado a esa nación.

Pero ¿qué hay detrás de ese anunció? ¿Cuándo y por qué se tomó la medida? ¿En qué consiste ese acuerdo? Son preguntas que surgen en torno a este tema, sobre todo porque las relaciones entre ambas naciones están rotas y solo se sabía de conversaciones alrededor de las sanciones o sobre el tema petrolero.

Tras conocerse la noticia, el Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado que arroja luces sobre las razones de la medida.

En primer lugar, el documento oficial aclara que las repatriaciones directas son para «venezolanos que crucen nuestra frontera ilegalmente y no establezcan un base legal para permanecer».

Y agrega que «este anuncio sigue a la decisión de las autoridades de Venezuela de aceptar el regreso de ciudadanos venezolanos, así como a las conversaciones de alto nivel en la Ciudad de México entre Estados Unidos, México, Colombia y Panamá».

En ese encuentro «el Secretario de Estado Antony Blinken, el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall, hablaron sobre los esfuerzos coordinados en curso para abordar la migración irregular en el hemisferio occidental».

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En el comunicado se pone énfasis en que la meda «es consistente con los esfuerzos de la Administración (Biden) para implementar una estrategia de aplicación humana, segura y ordenada de nuestras leyes de inmigración y para procesar a las personas de manera justa y rápida».

A lo que añade que «estos esfuerzos incluyen la importante expansión por parte de la Administración de vías legales para ingresar a los Estados Unidos, incluso para los venezolanos, que han permitido que cientos de miles de venezolanos ingresen al país de manera segura y ordenada a través de nuestro proceso de permiso humanitario y después de hacer una cita a través del Aplicación móvil CBP One».

«El anuncio deja en claro que estamos comprometidos a hacer cumplir estrictamente las leyes de inmigración y expulsar rápidamente a las personas que no aprovechan estos procesos ordenados y deciden cruzar nuestra frontera ilegalmente», agrega.

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Para EE.UU. «la migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional».

Tanto así que recuerda que «a través del marco establecido bajo la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, otros socios en todo el hemisferio también están implementando nuevas acciones para abordar este desafío, incluido el aumento de las repatriaciones de venezolanos y otros migrantes sin solicitudes de protección válidas».

En consecuencia, resalta que los «socios también continúan avanzando en la ampliación de las vías legales para que las personas no se vean obligadas a realizar el peligroso viaje hacia el norte».

Explica que «según la Declaración de Los Ángeles, que el presidente Biden y 20 líderes adoptaron el año pasado, tenemos el encargo colectivo de tomar medidas coordinadas para estabilizar los flujos, ampliar las vías legales y gestionar humanamente sus fronteras. La realización de repatriaciones es una pieza clave de este enfoque equilibrado».

Estados Unidos «continúa instando a los migrantes que buscan venir a Estados Unidos a aprovechar las vías legales que hemos puesto a disposición y ampliado significativamente, en lugar de poner sus vidas en manos de contrabandistas insensibles y cruzar nuestra frontera ilegalmente sólo para ser expulsados».

Entre tanto, a través de la agencia Efe, se supo de la posición del secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, sobre el tema.

El alto funcionario defendió la medida y afirmó que el regreso producto del acuerdo es «seguro».

«Hemos tomado la determinación de que el regreso es seguro para aquellos venezolanos que llegaron a Estados Unidos después del 31 de julio y no tengan base legal para quedarse», detalló.

También dijo que EE.UU. «es una nación de inmigrantes pero también de leyes».

«El Título 42 permanecerá vigente hasta el 23 de mayo y, hasta entonces, el DHS continuará expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentren en la frontera suroeste», anunció el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.

Con el anuncio queda claro que Estados Unidos  rescindirá la orden de salud pública conocida como Título 42, impuesta por la pandemia de COVID-19 y que requiere la expulsión de los migrantes no autorizados que llegan a las fronteras terrestres.

La orden, conocida como Título 42, se implementó en marzo de 2020 durante la administración del expresidente republicano Donald Trump para frenar la propagación del coronavirus en instalaciones fronterizas abarrotadas.

Específicamente permite la expulsión de adultos solteros y unidades familiares no autorizadas que lleguen a las fronteras terrestres de Estados Unidos.

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Tras la vigencia del Título 42  son más de 1 millón de migrantes detenidos en la frontera, a los que expulsaron rápidamente a México u otros países. Este procedimiento ocurre  a menudo a las pocas horas de haber sido retenidos.

Mayorkas explicó que «una vez que la orden del Título 42 ya no esté vigente, el DHS procesará a las personas encontradas en la frontera de conformidad con el Título 8, que es el procedimiento estándar que utilizamos para procedimientos de deportación».

«Permítanme ser claro: aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados», dijo Mayorkas según cita AFP.

Mayorkas dijo que se estaban desplegando más agentes fronterizos para «procesar a los recién llegados, evaluar las solicitudes de asilo y expulsar rápidamente a aquellos que no califican para la protección».

Los defensores de los inmigrantes habían argumentado que el Título 42 se estaba volviendo obsoleto dado que los casos de COVID-19 disminuyen y que era una afrenta a las convenciones internacionales que permiten a las personas solicitar asilo.

El gobierno también planea aumentar el personal y los recursos según sea necesario y desplegar a más de 600 agentes en la frontera.

Cabe destacar que, con la política de expulsión relacionada con la pandemia se vio afectado  el sistema de asilo de Estados Unidos en la frontera con México, esto trajo como consecuencia una crisis humanitaria en la zona.

Esa es una de las razones por lo que líderes demócratas, expertos médicos y las Naciones Unidas han instado a Estados Unidos a ponerle fin.

Sin embargo los republicanos argumentan que el fin del Título 42  alentará a más inmigrantes a ingresar ilegalmente.

 A través de un comunicado, Migración Colombia fijó posición respecto a las recientes medidas adoptadas por la administración de Joe Biden,  de deportar a ciudadanos que ingresen de manera irregular a su territorio.

En el texto Migración Colombia alertó sobre el aumento de migración irregular de connacionales hacia Estados Unidos y que muchas veces ponen en riesgo su vida en las largas travesías para cumplir con el sueño americano.

Las medidas tomadas por los Estados Unidos, así como por cualquier otro país, son decisiones autónomas y soberanas, que desde Colombia respetamos.

Actualmente, y conforme a su legislación, los Estados Unidos vienen tomando respecto a quienes violan su legislación, independientemente de su nacionalidad, dos tipos de medidas.

La primera de ellas, que se viene aplicando desde hace más de 10 años, y que está sustentada en el Título 8, es la medida de deportación.

Una medida que se aplica para aquellos migrantes que han cometido delitos y han cumplido su pena o bien, que han sido extraditados y deben regresar a Colombia o para quienes se encuentran en condición irregular en los Estados Unidos.

La medida de deportación funciona de manera coordinada a través de una comunicación permanente entre el Homeland Security de los Estados Unidos y Migración Colombia.

Mensualmente se realiza un vuelo denominado vuelo de deportados, en el que llegan en promedio cerca de 90 personas.

Advirtió tal como lo evidenció en su visita a los Estados Unidos hace aproximadamente 15 días, se viene registrando un aumento en la migración irregular de diferentes nacionalidades;incluida la colombiana, en la frontera entre México y Estados Unidos.

 “En ese orden de ideas, y en ejercicio de su autonomía y soberanía, buscando mantener una migración regulada y salvaguardar la integridad de los migrantes, las autoridades de los Estados Unidos han decidido aplicar una medida de retorno a su país, a los extranjeros que hayan ingresado de manera irregular a los Estados Unidos, en medio de la actual pandemia, soportada en el Título 42 de su legislación”.

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 Durante el mes de marzo, Migración Colombia ha recibido a cerca de 600 ciudadanos colombianos. Se trata de mayores de edad, retornados desde los Estados Unidos en 6 vuelos, los cuales han sido costeados por las autoridades americanas.

 Es por ello que Migración Colombia hace un llamado a los colombianos para que no expongan su vida en este tipo de travesías.

También garantizan que continuaran  trabajando con todas las autoridades migratorias de la región; con el fin de mantener una migración ordenada y segura, la cual permita proteger personas.

Para Human Rights Watch (HRW) las deportaciones de inmigrantes venezolanos, especialmente de menores de edad por arte de Trinidad y Tobago, “no sólo constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos, sino son, además, un lamentable reflejo de su lealtad al régimen de Nicolás Maduro”.

Un reporte de HRW da cuenta de que 24.000 venezolanos han hecho el camino de solo 25 millas que separa a Venezuela de la isla.

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Los venezolanos huyen de la grave crisis y se espera que esa cifra aumente a 30.000  al concluir 2021, reseñó VOA.

Asimismo, considera que la pandemia del COVID-19 que afronta la isla,  “no justifica deportaciones que violan el derecho internacional”.

Razón por la cual Human Rights Watch pidió detener las deportaciones.

“El gobierno de Trinidad y Tobago sigue arrodillándose ante el mismo régimen cuya mala gestión económica y abusos han impulsado el éxodo masivo de más de 5,5 millones de personas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a seis niños migrantes venezolanos que están en riesgo de ser deportados de Trinidad y Tobago por segunda vez.

«La Comisión observó que los seis niños han denunciado que enfrentan riesgos a su vida y a su integridad personal si vuelven a Venezuela», indicó.

Los beneficiarios forman parte de un grupo de 16 niños que pidieron asilo en Trinidad y Tobago a principios de noviembre, reseñó la agencia AFP.

Los menores fueron deportados el 21 de noviembre hacia aguas internacionales y obligados a navegar hacia Venezuela.

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Estuvieron navegando en precarias embarcaciones, unos minutos antes de que comenzara la audiencia de su caso.

Tras estar desaparecidos en el mar, los niños volvieron a ser localizados en una comunidad indígena del Delta del Orinoco.

Luego los niños regresaron a Trinidad y Tobago.

Entonces, obtuvieron respuestas de protección «dispares» de las autoridades, ya que solo algunos lograron permiso para quedarse en el país hasta que su solicitud fuera revisada.

No fue el caso de los beneficiarios de las medidas cautelares que podrían ser deportados tras el fin de la cuarentena que se les impuso, que terminó el 8 de diciembre.

La ONG que solicitó las medidas cautelares indicó que Trinidad y Tobago está realizando «detenciones colectivas y expulsiones de individuos».

Estas acciones las hacen, «sin una evaluación legal adecuada de la situación de cada detenido».

La Cidh pidió a Trinidad y Tobago que adopte las medidas necesarias para «garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal» de los niños.

Además solicitó específicamente se abstenga de deportarlos o expulsarlos a Venezuela.

Esto hasta que las autoridades hayan analizado su caso y los riesgos que denuncian, de una forma que sea conforme a los estándares internacionales.

Según la ONU más de cinco millones de venezolanos salieron de su país desde finales de 2015.

Esta situación, forzados por una crisis política y económica que lleva al país a transitar hacia su séptimo año de recesión.

La CIDH expresó además su «preocupación» de que la deportación fuera llevada a cabo colocando a los niños y a los adultos en pirogas en aguas internacionales.

«Esto implica serios riesgos para sus vidas».