Yorelis Hernández fue uno de los deportados a Venezuela el pasado 25 de abril, llegó al país sola sin su esposo y sin su pequeña hija de dos años.

Es un video difundido por el Ministerio Interior y Justicia, la venezolana rompe el silencio de cómo fue el proceso desde su detención hasta su llegada a Venezuela, y la separación tanto de su esposo como de su hija.

Revela que hasta último momento le habían dicho que la niña se regresaría con ella a Venezuela, sin embargo, esto no ocurrió.

Se trata de un episodio de Yorelis que no solo la separó de su hija, sino que la entregó a una familia sustituta.

El MIJ ratifica que “el Gobierno Bolivariano alerta al mundo sobre esta agresión, una violación de los DDHH, un recordatorio de que los migrantes, no son solo cifras”.

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Una publicación compartida de Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz (@mijpvzla)

Cabe destacar que durante la transmisión del programa Sin Truco ni Maña, del viernes, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció el robo de niños venezolanos por parte del Gobierno estadounidense.

Cabello se refirió al caso de Hernández, quien arribó al país en un vuelo reciente del Plan Vuelta a la Patria.

Al su llegada, Hernández aseguró le fue arrebatado su hija de dos años, antes de abordar el avión, mientras ella fue obligada a subir.

Denunció que «el Gobierno de Estados Unidos se está robando los niños venezolanos y esto tiene que ver con la trata de personas. Eso hay que denunciarlo ante el mundo».

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS) emitió una comunicación en la cual admite que separó a una niña venezolana de sus padres por ser presuntos integrantes del Tren de Aragua.

Asegura que la menor está bajo custodia y recibiendo atención, en vista de que sus padres pertenecían a la banda y están implicados en tráfico de drogas, reclutamiento para prostitución y otros delitos.

“A pesar de las afirmaciones del gobierno venezolano de que Estados Unidos “secuestró” a una niña, la verdad es que el DHS tomó medidas porque ambos padres son parte del Tren De Aragua”, indica la publicación del DHS.

El DHS cita una publicación de Telesur en inglés sobre la denuncia del ministro del Interior, Diosdado Cabello donde “acusa a Estados Unidos de separar sistemáticamente a las familias migrantes, citando la separación forzada de una madre de su hijo de 2 años durante los vuelos de deportación bajo políticas antiinmigrantes”.

Cabello se refirió al caso específico de Yorelis Bernal, deportada a Venezuela sin su hijo.  «Están secuestrando niños con el pretexto de controlar la inmigración; esto es criminal».

Cabello, vinculó “el incidente con acusaciones más amplias de trata de menores que involucran a figuras de la extrema derecha venezolana”, destaca la publicación de Telesur.

Mientras que medios como ABC, indica Maiker Espinoza-Escalona, quien se dedica a la barbería, fue trasladado el mes pasado al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.

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EE.UU. alega que “el padre de la niña, Maiker Espinoza-Escalona, ​​es teniente del Tren de Aragua y supervisa homicidios, tráfico de drogas, secuestros, extorsión, tráfico sexual y dirige una casa de tortura”.

Mientras que “la madre de la niña, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, supervisa el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución”.

Aseguran que estos inmigrantes “ingresaron al país ilegalmente y contaban con órdenes judiciales de deportación”, por lo que “ambos miembros de bandas criminales han sido expulsados ​​de nuestro país”.

“La niña fue retirada del manifiesto de deportación para su seguridad y bienestar. Permanece bajo el cuidado y la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados y actualmente se encuentra con una familia de acogida”, dijo esto se logró en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Por si fuera poco, acusan a “la administración anterior permitió que muchos niños que cruzaron la frontera sin compañía fueran ubicados con patrocinadores que, en realidad, eran contrabandistas y tratantes de personas con fines sexuales”.

En un balance de los primeros 100 días de gobierno de Trump, indican que “ya han reunido a más de 5,000 niños no acompañados con un familiar o tutor seguro”.

La tarde de este miércoles 23 de abril arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, un vuelo de Conviasa procedente de Honduras con 174 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos.

La aeronave Airbus de Conviasa trasladó desde Honduras hasta Venezuela este grupo migrantes que fueron recibidos por las autoridades venezolanas.

Se encontraban en  el lugar, el ministro de interior y justicia; Diosdado Cabello, Anaís Arismendi del Instituto de protección del menor,  el diputado Nicolás Maduro guerra y demás entes del Estado.

Tal como se ha hecho en otras oportunidades, los migrantes son recibidos y si lo hacen todos los protocolos sanitarios y de seguridad a fin de garantizar el buen estado de salud en el que se encuentran.

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Según el reporte de VTV, llegaron desde el aeropuerto de Palmerola, en la ciudad de Comayagua en Honduras, 29 mujeres y 145 hombres.

Hasta la fecha, con el Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero, han arribado 2.731 venezolanos.

El juez James Boasberg, considera que la administración Trump a «ignorado deliberadamente» el fallo que prohíbe la deportación de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros lo que puede considerarse una causa de «desacato judicial».

Se trata de un dictamen emanado por el juez federal que señala al gobierno del presidente Donald Trump de haber «ignorado deliberadamente» el 15 de marzo su decisión de prohibir la deportación de migrantes bajo una ley del siglo XVIII.

El juez indicó que «el tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden».

Recordemos que Boasberg, suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798.

Se trata de caso de la deportación masiva a El Salvador de más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda Tren de Aragua.

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El juez advierte que este hecho es «suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato penal».

El 8 de abril la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley de 1798, pero consideró que los deportados deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados, y no en Washington.

Por su parte, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump presentará un recurso «inmediatamente» contra las conclusiones de un juez que lo acusa de «desacato»,

«El presidente está 100% comprometido con garantizar que los terroristas y los inmigrantes ilegales criminales ya no sean una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades en todo el país», indicó.

Con información AFP

El presidente Nicolás Maduro responsabilizó a María Corina Machado de las acciones emprendidas por el gobierno de EE.UU. en contra de los migrantes venezolanos, como la suspensión del TPS y el envío de migrantes a El Salvador.

“Fue la Sayona la culpable que le quitarán el TPS a los venezolanos, fue la culpable que enviaran los 238 migrantes venezolanos a El Salvador”, dijo.

Comentó que como venezolano le daba dolor ver como muchos venezolanos pasaron trabajo y atravesaron varios a países para llegar a EE.UU.

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“Yo les pregunto ¿Qué fueron a buscar y qué trajeron? (…) Uno tiene que realizar su sueño en su pueblo (…) Uno tiene que realizar su sueño en su pueblo, en su hogar, tantos extranjeros que consiguieron su sueño aquí”, destacó al tiempo que recordó que Venezuela ha sido tierra de migrantes.

“Venezuela es la tierra bendita de las oportunidades y hemos aprendido a nadar contra la corriente y enfrentar las dificultades y nos hemos hecho fuertes. No le temo a las dificultades, ni a los problemas, confío en el pueblo y su fortaleza y seguiremos en un país democrático y libre”, recalcó.

También responsabilizó a Machado de aliarse con los principales pranes de las cárceles para adelantar un plan de violencia, que el gobierno frustró.

Luego de la llegada de más 300 venezolanos provenientes de México, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos negó que este 20 de marzo se estén realizando vuelos de repatriación de venezolanos vía México.

A través de sus redes sociales asegura que «Nicolás Maduro miente con esta información».

La aclaratoria se hace luego que los medios cercanos al gobierno de Maduro difundieron la llegada de un avión de Conviasa al Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía con 311 personas procedentes de México.

Se trata de un vuelo que se inscribe en la operación «Vuelta a la Patria», tal como han afirmado autoridades venezolanas.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en su cuenta de X (anteriormente Twitter), alertó que «como se esperaba, Nicolás Maduro y sus cómplices continúan mintiendo. A pesar de los informes de los medios, los vuelos de repatriación a Venezuela vía México no están teniendo lugar hoy».

Recordemos que Nicolás Maduro, informó que este jueves llegarían más de 300 venezolanos de México.

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?? "MADURO Y SUS COMPINCHES SIGUEN MINTIENDO"La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. dice que los vuelos de repatriación a Venezuela vía México "no se están realizando hoy""Nuestra Unidad de Asuntos Venezolanos espera su respuesta" pic.twitter.com/YszVAmsZHi

“Si una persona es solicitante de asilo y se reconoce que su vida corre peligro al regresar a Venezuela, EE.UU. tiene una obligación internacional de no devolver a las personas”.

La afirmación la hizo Laura Cristina Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), quien manifestó estar preocupada por la falta de información sobre el acuerdo de deportaciones entre Estados Unidos y Venezuela, anunciado este jueves.

En entrevista con Vladimir Villegas, la experta en derechos humanos dijo que este pacto se da en un contexto electoral, tanto en Estados Unidos como en Venezuela.

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“Hay presiones por parte de gobernadores y del Congreso para que Biden adopte medidas para frenar la migración”, comentó.

Pero, en sus redes sociales, Dib alertó sobre los alcances de la medida, porque «en Venezuela no ha cesado la violación masiva de derechos humanos ni la emergencia humanitaria compleja. De hecho, bajo ese mismo argumento EE.UU. acordó extender el TPS a personas que ingresaron antes del 31/07/23 y adoptó el parole humanitario».

La activista aclara, sin embargo, que se debe ahondar en cuanto a los detalles del acuerdo y por ello pide que se ofrezca más información.

El Departamento de Seguridad Interna de EEUU anunció que había llegado a un acuerdo con Venezuela para llevar a cabo deportaciones de personas que hubiesen ingresado de forma irregular al país. https://t.co/MIrRsQmYo4 Voy con hilo ?

La organización Human Rights Watch pidió al gobierno de Chile “poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos” que realiza en el marco de una ley de migración.

Asimismo, solicitó asegurar que todas las expulsiones “cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”.

En un documento publicado la noche del miércoles, HRW señala una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados.

Entre ellas, impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias.

Luego de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el organismo internacional identificó también “violaciones al debido proceso” antes de que se concrete la expulsión, reseñó la agencia EFE.

“Los tribunales de Chile demostraron que muchos venezolanos que buscan escapar de la devastadora crisis en su país de origen los deportaron sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, expresó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

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Vivanco considera “contradictorio” que el gobierno de Sebastián Piñera “condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”.

Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente a 7% de la población-.

A la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.

HRW señaló que el Ejecutivo chileno anunció la expulsión de 1.500 personas a lo largo de 2021 en 15 vuelos chárter.

Según el Servicio Jesuita Migrante, para abril había deportado a 294 personas, en la mayoría de los casos «sin control judicial» y principalmente venezolanos.

Esta política del gobierno se enmarca en una ley que contempla la expulsión de aquellos migrantes sobre los que pesan causas judiciales, para que cumplan la pena en su país.

También la de quienes ingresaron clandestinamente al país y se encuentran en una situación administrativa irregular.

Según la revisión de HRW, en la gran mayoría de los casos “los policías chilenos no permitieron que los migrantes objetaran su deportación antes de que se dictara la orden”.

Con esto menoscaban los derechos consagrados en tratados internacionales ratificados por el Estado chileno, como “su derecho a escuchar y presentar pruebas para impugnar la expulsión”.

La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo insuficiente”.

Pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación, indicó HRW.

“Las entrevistas realizadas por HRW y las resoluciones dictadas en estos casos demuestran que, en los hechos, el Gobierno chileno privó a los migrantes de la posibilidad de ejercer plenamente los derechos garantizados por el derecho internacional”, señala el informe.

La organización explica que las decisiones no hacen referencia a las circunstancias individuales de cada caso, “que no parecen haber sido tomadas en cuenta”.

Si bien se presentaron resoluciones administrativas por cada persona deportada, “el lenguaje empleado en diversos casos fue prácticamente idéntico y no se realizó un análisis caso por caso”.

Al analizar las deportaciones en Chile, las agencias de la ONU en el país han destacado en reiteradas oportunidades que todas las personas tienen derecho a que se evalúen sus circunstancias de forma individual.

Esto incluye la necesidad de recibir protección y los riesgos que la deportación podría representar para su vida, su libertad o su integridad, recordó HRW.

Las deportaciones sumarias, establece el documento, impiden a gran cantidad de ciudadanos venezolanos probar vínculos familiares en Chile.

Esto considerando que tanto estado civil como parental no se encuentran registrados ante el Estado chileno.

A ello se suma la dificultad de obtener certificados o documentos oficiales tanto en Venezuela como en el extranjero.

Los servicios consulares del país caribeño están “limitados”.

HRW, asegura que abogados de derechos humanos manifiestan que algunas personas que van a expulsar no mencionan sus vínculos familiares.

Esto para evitar que otros integrantes los deporten.

“Estas deportaciones pueden violar el derecho de los niños y niñas a la unidad familiar. Chile debe priorizar el interés superior de los niños y niñas y facilitar su reunificación con sus padres”, enfatizó la ONG.